Carlos Alberto Moncivais Treviño

Expediente 351/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 9 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
351/2020
Año
2020
Actuaciones
9
Última actuación
04/05/2021

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Moncivais Treviño
  • Carlos Alberto Moncivais Treviño y Otros.
  • Abel Silva Petriciolet
  • Carlos Alejandro Martínez Escobedo
  • Kevin Medina Villaseñor
  • Director del CEFERESO Número 1 Altiplano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; cuatro de mayo de dos mil veintiuno. De la certificación de cuenta se evidencia que dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la parte quejosa y el Agente del Ministerio Público adscrito a este órgano jurisdiccional no recurrieron la sentencia de treinta de octubre de dos mil veinte, en la que se sobreseyó en el juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido. En este contexto, atento a lo ordenado en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que: El cuaderno principal es susceptible de destrucción, en virtud de que mediante sentencia de treinta de octubre de dos mil veinte, se sobreseyó en el juicio de amparo (artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo). En consecuencia, una vez que transcurra el plazo de tres años contado a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo como asunto concluido se procederá a su destrucción, al no tratarse de un expediente con relevancia documental. En las relatadas condiciones, con fundamento en el artículo 35 del citado Acuerdo General, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, se ordena remitir como concluido el expediente de que se trata al archivo de este órgano jurisdiccional para su resguardo. Se informa a las partes, que el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran tres años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. De igual forma, se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. En cumplimiento a lo establecido en el acuerdo general 12/2020, artículos 3 fracción lll y 22 párrafo lV, del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se comisiona al Secretario y a los Actuarios Judiciales para revisar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en éste. Asimismo, los oficiales administrativos auxiliarán en ese ejercicio e incluso realizarán la compulsa de las actuaciones que integran el expediente físico para la digitalización de constancias y darán cuenta respecto de la identidad entre las actuaciones de ambos expedientes. En el entendido que, no forman parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 párrafo lV, del acuerdo mencionado. Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; dieciséis de abril de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, agréguese a los autos la constancia de notificación realizada por la actuaria judicial adscrita a este órgano jurisdiccional al quejoso ***(representante común) en la cual manifiesta que señala las listas para recibir notificaciones; por tanto, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se le practicarán por medio de lista que se fije en este Tribunal, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo. En cumplimiento a lo establecido en el acuerdo general 12/2020, artículos 3 fracción lll y 22 párrafo lV, del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se comisiona al Secretario y a los Actuarios Judiciales para revisar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en éste. Asimismo, los oficiales administrativos auxiliarán en ese ejercicio e incluso realizarán la compulsa de las actuaciones que integran el expediente físico para la digitalización de constancias y darán cuenta respecto de la identidad entre las actuaciones de ambos expedientes. En el entendido que, no forman parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 párrafo lV, del acuerdo mencionado. Notifíquese.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; ocho de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal de los autos, se evidencia que de un examen al expediente físico, así como al expediente electrónico (en sus rubros integrar y consultar) y en determinaciones judiciales, se desprende que no ha sido notificada a la parte quejosa, Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, como tampoco, a las autoridades responsables la sentencia de treinta de octubre de dos mil veinte; lo que se produjo atento al estado de emergencia derivada de la pandemia producida por el virus COVID-19, pues ello provocó diversas suspensiones y reanudación de labores, conforme a lo diversos acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal, y algunas circulares de la comisión especial creada para tal efecto. Por tales motivos, se ha generado una serie de acontecimientos que han impedido el funcionamiento normal del juzgado en lo general y de las secretarias en particular, tales como las que ahora se procede a subsanar; en tales condiciones, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se comisiona al actuario judicial de la adscripción, para que de ser el caso, notifique la referida sentencia en sus términos; asimismo, a la secretaria que celebró la audiencia constitucional correspondiente, que realice la debida integración del referido expediente electrónico. En cumplimiento a lo establecido en el acuerdo general 12/2020, artículos 3 fracción lll y 22 párrafo lV, del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se comisiona al Secretario y a los Actuarios Judiciales para revisar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en éste. Asimismo, los oficiales administrativos auxiliarán en ese ejercicio e incluso realizarán la compulsa de las actuaciones que integran el expediente físico para la digitalización de constancias y darán cuenta respecto de la identidad entre las actuaciones de ambos expedientes. En el entendido que, no forman parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 párrafo lV, del acuerdo mencionado. Notifíquese.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México; tres de marzo de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese la razón actuarial de uno de los cursantes, de la que se advierte la imposibilidad de la Actuaria Judicial adscrita, para notificar personalmente la sentencia dictada en este juicio de amparo a la parte quejosa. En consecuencia, notifíquese a la parte quejosa, dicha resolución vía electrónica en el usuario "vhlopez7" mismo que se autorizó en proveído de nueve de junio de dos mil veinte. Notifíquese. En cumplimiento al proveído de tres de marzo de dos mil veintiuno se notifica a la parte quejosa la sentencia de treinta de octubre de dos mil veinte, que a la letra dice: SENTENCIA VISTOS, los autos, para resolver el juicio de amparo número 351/2020 y su acumulado 362/2020; promovido por *****, en favor de *****, *****, ***** y *****, y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo 351/2020. Mediante escrito presentado electrónicamente el ocho de junio de dos mil veinte, ante el Juez Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, **** presentó demanda de amparo en favor de *****, *****, ***** y *****, en la cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y los actos que a continuación se citan: AUTORIDADES RESPONSABLES: "3.- AUTORIDADES RESPONSABLES: Tienen el carácter de ordenadoras y ejecutoras. A).- El Director del CEFERESO Numero 1 Altiplano. B).- El Director del Área Médica del CEFERESO 1 "Altiplano". ACTOS RECLAMADOS: "4.- ACTO RECLAMADO, lo es la omisión de proporcionar al quejoso atención médica urgente aún y cuando está en riesgo su vida al presentar síntomas de COVID-19. II. La omisión de las responsables de practicarle la prueba de COVID-19, a efecto de poder establecer si el quejoso ya se ha contagiado y es portador del virus. III. La negativa de la responsable a efecto de que el quejoso tenga comunicación con su familia y con cuales quiera de sus defensores. IV. La omisión de las responsables de proveer información sobre el estado de salud del quejoso." SEGUNDO. Radicación e incompetencia 351/2020. Mediante acuerdo de ocho de junio de dos mil veinte, el Juez Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, radicó la demanda con el número 238/2020 y determinó carecer de competencia legal para tramitar dicho juicio, ordenando su remisión al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, a quien estimó competente para conocer de la misma. TERCERO. Trámite de la demanda 351/2020. En razón de turno, correspondió el conocimiento de la demanda a este Juzgado de Distrito y por auto de nueve de junio de dos mil veinte, se radicó con el número 351/2020-III, se aceptó la competencia declinada para conocer de la misma y se previno a la parte quejosa; posteriormente, previo desahogo, en proveído de dieciséis de octubre del año en curso se admitió a trámite la demanda; se dio la intervención que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación; se pidió a la autoridad responsable su informe justificado; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. CUARTO. Demanda de amparo 362/2020. Mediante escrito presentado electrónicamente el ocho de junio de dos mil veinte, ante el Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, ***** presentó demanda de amparo en favor de ****, *****, ***** y ****, en la cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y los actos que a continuación se citan: AUTORIDAD RESPONSABLE: "3.- AUTORIDADES RESPONSABLES: Tienen el carácter de ordenadoras y ejecutoras. A).- El Director del CEFERESO Numero 1 Altiplano. B).- El Director del Área Médica del CEFERESO 1 "Altiplano". ACTOS RECLAMADOS: "4.- ACTO RECLAMADO, lo es la omisión de proporcionar al quejoso atención médica urgente aún y cuando está en riesgo su vida al presentar síntomas de COVID-19. II. La omisión de las responsables de practicarle la prueba de COVID-19, a efecto de poder establecer si el quejoso ya se ha contagiado y es portador del virus. III. La negativa de la responsable a efecto de que el quejoso tenga comunicación con su familia y con cuales quiera de sus defensores. IV. La omisión de las responsables de proveer información sobre el estado de salud del quejoso." CUARTO. Radicación e incompetencia 362/2020. Mediante acuerdo de ocho de junio de dos mil veinte, el Juez Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México radicó la demanda de amparo registrándola con el número 238/2020-II y determinó declinar competencia al Juez de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, en turno. QUINTO. Trámite de la demanda 362/2020. Por auto de nueve de junio de dos mil veinte, se aceptó la competencia para conocer de la demanda de amparo y se previno a la parte quejosa; posteriormente, previo desahogo, en proveído de veintiocho de agosto del año en curso se admitió a trámite la demanda; se dio la intervención que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación; se pidió a la autoridad responsable su informe justificado; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. SEXTO. Acumulación. En acuerdo de dieciséis de octubre del año en curso, se decretó de oficio y de plano la acumulación del juicio de amparo indirecto 362/2020 (más reciente), al diverso 351/2020 (más antiguo), ambos del índice de este órgano de control constitucional. Con tal determinación, en el expediente 351/2020 se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en los términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, es constitucional y legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103 y 107 de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, párrafo primero, 37, párrafo primero, 107 de la Ley de Amparo; y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues se promueve contra la omisión de una autoridad que radica dentro de la jurisdicción territorial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debe precisarse que el acto reclamado en esta vía consiste en la omisión de proporcionar atención médica a los quejosos con motivo del Covid-19. TERCERO. Certeza de actos. Es cierto el acto reclamado al Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 1 "altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México y la Encargada del Departamento de Servicios Médicos del Centro Federal de Readaptación Social número 1 "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México, consiste en la omisión de proporcionar atención médica a los quejosos con motivo del Covid-19, pues al rendir su informe justificado, aunque negaron la existencia de tal acto hizo, manifestaciones que evidenciaron su certeza, al afirmar que les proporcionó la atención médica por ser casos sospechosos de covid-19, pero la práctica de la prueba de detección del virus y tratamiento correspondiente se suministró con fecha posterior a la presentación de la demanda de amparo. Sustenta a lo anterior la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 11, del Volumen 97-102, Primera Parte, Materia Civil, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que es del siguiente tenor: "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. CUANDO QUEDA DESVIRTUADA. Si la autoridad ejecutora responsable, niega los actos que se le reclaman y consta en autos el oficio de que el Juez de la causa, autoridad ordenadora señalada como responsable en el amparo, lo envió a la ejecutora y mediante él le ordena lleve a cabo aquellos autos, así como la diligencia actuarial de la que se advierte que sí fueron realizados, la circunstancia de que no se haya cumplimentado el acuerdo judicial en la fecha en que se llevó a cabo la diligencia de referencia, en modo alguno significa la inexistencia de los actos que se le atribuyen, si los mismos son una consecuencia legal inmediata de los que previene el mandamiento judicial cuestionado y el efecto de los mismos depende tan sólo de que surjan o se llenen determinadas condiciones. Por lo tanto, cabe estimar que si con dichas constancias queda demostrada la existencia cierta y necesaria de los actos reclamados, queda también desvirtuada la negativa expresada por la autoridad ejecutora al rendir su informe justificado y que, por tales motivos, no es correcto sobreseer en el juicio de garantías." Además, la certeza del acto reclamado se corrobora con la documental que remitió la autoridad responsable, consistente en copia certificada de las constancias médicas que acreditan que los quejosos fueron incluídos como pacientes sospechosos por Covid-19, analizados clínicamente y recibieron el tratamiento médico correspondiente, para lo cual adjunta copia certificada de las notas médicas, así como de los resultados de las pruebas tomadas y kardex de suministro de medicamentos; prueba a la que se le concede valor probatorio pleno, conforme a lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. Resulta aplicable al respecto, la jurisprudencia 226 del Pleno del Máximo Tribunal del País, consultable en la página 153, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." De igual forma, es aplicable la jurisprudencia Tesis: 2a./J. 25/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2, página 1279, Registro 2000902, de contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LOS JUECES DE DISTRITO ESTÁN FACULTADOS PARA DECRETARLO VALORANDO PRUEBAS DOCUMENTALES APORTADAS CON POSTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL DE LAS QUE APAREZCA PROBADA O SOBREVENGA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Es cierto que las pruebas documentales en el juicio de amparo deben ofrecerse y desahogarse, por regla general, a más tardar en la audiencia constitucional prevista en el artículo 155 de la Ley de Amparo, de manera que las exhibidas con posterioridad a su celebración no podrán tomarse en cuenta, pues de hacerlo se vulneraría la unidad jurídica de dicha actuación procesal, concebida como una secuencia en la cual se ofrecen y desahogan pruebas, se oyen los alegatos y se dicta la sentencia, además de que se menoscabaría el principio de igualdad entre las partes, pues la recepción de pruebas a uno de los contendientes fuera de dicha diligencia implicaría dejar en estado de indefensión a su contraparte, quien sólo puede objetarlas dentro de dicho acto procesal; empero, esta regla general no opera cuando se acredite alguno de los supuestos de sobreseimiento previstos en el artículo 74 de la Ley de Amparo con pruebas documentales exhibidas con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, pues en este caso, dicho precepto legal no hace limitación alguna, por lo que el juzgador se encuentra facultado para sobreseer en el juicio valorando tales pruebas cuando aparezca probada o sobrevenga una causa de improcedencia." CUARTO. Improcedencia del juicio. Examinada la existencia del acto reclamado, se impone analizar la procedencia del juicio constitucional, por ser de orden público y de estudio preferente, ya sea que se cuestione por alguna de las partes o de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En mérito de lo anterior, debe decirse que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Lo anterior es así, pues de las constancias que integran el informe del Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 1 "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México y Encargada del Departamento de Servicios Médicos de dicho centro carcelario, se aprecia que han cesado los efectos del acto reclamado. Para una mejor comprensión de la citada causa de improcedencia, debe decirse que el derecho que la parte quejosa estima fue infringido en su perjuicio por la responsable, está contenido en el artículo 17 constitucional que dice: "Artículo 17. [.] Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." El precepto transcrito consagra el principio de celeridad que se debe observar en la administración de justicia, a fin de que se resuelvan las controversias que sometan a la potestad de las autoridades en el menor tiempo posible. Asimismo, del precepto constitucional antes transcrito se desprende que los órganos jurisdiccionales deberán emitir sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, atendiendo a los plazos y términos que para tal efecto fijen las leyes y, en su caso, deberán ejecutar dichas resoluciones. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a. LIII/2004, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 513, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Mayo de 2004, de la Novena Época que señala: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. SUS ALCANCES. El citado precepto constitucional establece cinco garantías, a saber: 1) la prohibición de la autotutela o "hacerse justicia por propia mano"; 2) el derecho a la tutela jurisdiccional; 3) la abolición de costas judiciales; 4) la independencia judicial, y 5) la prohibición de la prisión por deudas del orden civil. La segunda de dichas garantías puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Ahora bien, si se atiende a que la prevención de que los órganos jurisdiccionales deben estar expeditos -adjetivo con que se designa lo desembarazado, lo que está libre de todo estorbo- para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, significa que el poder público -en cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial- no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de establecer cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales, es indudable que tal derecho a la tutela judicial puede verse conculcado por normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carecen de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador. Sin embargo, no todos los requisitos para el acceso al proceso pueden considerarse inconstitucionales, como ocurre con aquellos que, respetando el contenido de ese derecho fundamental, están enderezados a preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida, como es el caso del cumplimiento de los plazos legales, el de agotar los recursos ordinarios previos antes de ejercer cierto tipo de acciones o el de la previa consignación de fianzas o depósitos." En el caso, se afirma que han cesado los efectos del acto reclamado, pues la parte quejosa reclamó a las autoridades responsables la omisión de brindar atención médica por Covid-19, especialmente el practicarles la prueba de detección del virus el once de junio del año en curso a *****, ***** y **** y el siete de julio de la presente anualidad a *****; así como el suministrarles tratamiento médico correspondiente a ***** y ***** quienes sí resultaron positivos en la prueba correspondiente. En efecto, en el caso han cesado los efectos del acto reclamado, pues el Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 1 "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México y Encargada del Departamento de Servicios Médicos de dicho centro carcelario realizaron la prueba de detección del virus Covid-19 a los aquí quejosos y, aquellos que resultaron positivos se les proporcionó atención médica para su enfermedad hasta que las pruebas médicas de detección del virus Covid-19 resultaron negativas, es decir, hasta que estuvieron clínicamente sanos y fue posible su alta médica, esto es, el acto reclamado quedó subsanado, razón por la que se actualiza la causa de improcedencia que refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que solamente puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable, lo cual da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación se reponga al quejoso en el goce del derecho violado. En ese contexto, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del gobernado, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia del juicio es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así pues, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho individual violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Apoya lo anterior la jurisprudencia 2ª./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Febrero de 1998, página 210, con registro 196820, del tenor siguiente. "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación jurídica anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la ley de Amparo." Consecuentemente, ante la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio, acorde con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la citada ley. Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74, 75, 76, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 351/2020 y su acumulado 362/2020, promovido por *****, *****, ***** y ****. Notifíquese personalmente.

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