Carlos Alberto Molina Vera
Expediente 324/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 15 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 324/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 20/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Carlos Alberto Molina Vera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veinte de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que la parte a quien pudiera causarle perjuicio el auto de veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, interpusiera recurso de revisión en su contra, sin que lo haya hecho; consecuentemente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívense las actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 20, fracciones I y III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés, resulta procedente decretar que el presente juicio de amparo y el incidente de suspensión, son SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al haberse sobreseído en el presente juicio de amparo y negado la suspensión definitiva de los actos reclamados, por lo que una vez transcurridos más de tres años se procederá para tal efecto después del VEINTE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTISÉIS. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de mérito. Notifíquese por lista de acuerdos a las partes y por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veintinueve de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos sin mayor proveer, el oficio del Secretario de Seguridad Pública y Director General Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, ambas con sede en esta ciudad, a través del Director General Jurídico y representante legal del Secretario y de la Secretaría de dicha dependencia, mediante el cual rinden su informe justificado. Lo anterior, toda vez que el veintiséis de mayo de la presente anualidad, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto. Cúmplase.
- Principal
ACTUARIO.- SE NOTIFICA POR LISTA LO SIGUIENTE: Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veintiséis de mayo de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio signado por el Delegado Administrativo en la Dirección General de Transporte del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual, da cumplimiento al requerimiento que se le hiciera en proveído de diecisiete de mayo del año en curso. Asimismo, dicho oficiante remite las constancias con las cuales acredita su dicho, así como diversa constancia con la que demuestra que el quejoso presentó su renuncia a la relación laboral que mantenía con la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, con sede en esta ciudad. Por tanto, se tiene por cumplido el requerimiento efectuado al oficiante, a través de tal misiva y, por ende, se deja sin efectos el apercibimiento con el que fue conminado. En ese sentido, en términos del artículo 119, de la Ley de Amparo, téngase como prueba de su parte, las documentales anexas al oficio de cuenta, las cuales merecen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 197 y 202 de la Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, al haber sido expedida por autoridad en ejercicio de sus funciones. Tiene aplicación la Jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Quinta Época, Tomo VI, Parte SCJN, página 153, con número de registro 394182, de contenido siguiente. "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por otra parte, visto el estado de autos, se advierte que el acto reclamado en esta vía constitucional por el quejoso Carlos Alberto Molina Vera por propio derecho y en representación de su menor hija de identidad reservada con iniciales M.M.V., se trata del siguiente: I La infundada, inmotivada, ilegal y discriminatoria orden de comisión de nueve de marzo de dos mil veintitrés, por oficio SSP/UA/DRH/1573/2023, emitida por el Lic. Ulises Rodríguez Landa, en funciones de Jefe de la Unidad Administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, que ordena el cambio de funciones administrativas en la Dirección General de Transporte del Estado, en lugar de la adscripción en que venía desempeñando como analista administrativo de la Oficina de Vinculación y Supervisión Técnica, dependiente de la Oficina de Recursos Materiales, de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social. II La infundada, inmotivada, ilegal y discriminatoria orden de asignación de prestación de servicio por oficio SPP/DGTE/DA/RH/265/2023, de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, emitida por el Lic. Alberto Anastasio Aburto Aguilar en funciones de Delegado Administrativo en la Dirección General de Transporte del Estado, mediante la cual ordena al aquí quejoso el cambio de adscripción como auxiliar administrativo al módulo de licencias ubicado en Acayucan, en lugar de la adscripción que desempeñaba como Analista Administrativo de la Oficina de Vinculación y Supervisión Técnica, dependiente de la Oficina de Recursos Materiales, de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social. Ahora, al analizar las constancias de autos, así como las que remite la autoridad oficiante, se advierte que: 1. El veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, el Delegado Administrativo en la Dirección General de Transporte del Estado, con sede en esta ciudad, emitió el oficio SSP/DGTE/DA/RH/265/2023, dirigido al quejoso Carlos Alberto Molina Vera, en el que se comunicaba: a partir del día treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés y hasta nueva orden, pasa a prestar sus servicios como AUXILIAR ADMINISTRATIVO en el módulo de licencias ubicado en Acayucan. 2. El veinte de abril de dos mil veintitrés, el oficiante emitió un nuevo documento, identificado con el número SSP/DGTE/DA/RH/81-ABR/2023, en el que comunicaba al quejoso: a partir del día veintiséis de abril y hasta el veinticinco de octubre del dos mil veintitrés, pasa a prestar sus servicios como auxiliar administrativo en el módulo de licencias ubicado en Tierra Blanca, Veracruz. 3. Por escrito signado por el quejoso Carlos Alberto Molina Vera, de ocho de mayo del año en curso, dirigido al Director General de Prevención y Readaptación Social, con sede en esta ciudad, informó que daba por finalizada la relación laboral con la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, y manifestó haber recibido las prestaciones que en derecho correspondían, por lo que presentó de manera voluntaria su renuncia, y manifestó no tener acción presente o futura que ejercer contra la citada dependencia. 4. El veinticuatro de mayo del presente año, mediante oficio SSP/SUBPPC/DGPRS/DA/ORH/1724/2023, el Delegado Administrativo en la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, remitió al oficiante copia simple de la renuncia del quejoso, en su escrito realizado de manera voluntaria. En el caso, la suscrita juzgadora, de oficio, advierte que se actualiza una causa de improcedencia del juicio de amparo que se resuelve, en los siguientes términos: El artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado, pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y." Sobre dicha causa de improcedencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que debe tenerse presente que, por regla general, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por considerarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia del Alto Tribunal ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio de garantías que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que, en su caso, llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. En relación con la causa de improcedencia prevista en el numeral y fracción transcritos, el Máximo Tribunal del país estableció que el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se considere violada, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado susceptible de reparación, o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de garantías. Cabe destacar que la causa de improcedencia invocada tiene como base la imposibilidad de que se realicen o se continúe la ejecución o los efectos del acto reclamado, por haber dejado de existir la materia del mismo; de ahí que la no realización de los efectos del acto impugnado en el caso previsto en la fracción XXII, es mucho más restringida que en la hipótesis a que se refiere la fracción XXI, puesto que está subordinada a una condición: que deje de existir el objeto o la materia del acto reclamado. Además, la distinción entre ambas causas de improcedencia, radica en que, por lo que se refiere a la cesación, requiere de la actividad o participación de la autoridad respectiva, que es la única que puede hacer cesar los efectos del acto autoritario; mientras que para la actualización de la causa establecida en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o se continúen realizando, por haber dejado de existir totalmente el objeto o materia del acto, lo que acontece por causas ajenas a la voluntad de la autoridad en comento. Es aplicable a la anterior consideración, el criterio 2a. XLVIII/98,1 sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Así, la fracción XXII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, establece como presupuestos necesarios para que se actualice tal causa de improcedencia los siguientes: a.- Que subsista el acto reclamado; y, b.- Que no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. Los actos reclamados en el presente juicio lo constituyen la orden de comisión de nueve de marzo de dos mil veintitrés, por oficio SSP/UA/DRH/1573/2023, emitida por el licenciado Ulises Rodríguez Landa, en funciones de Jefe de la Unidad Administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, que ordena el cambio de funciones administrativas en la Dirección General de Transporte del Estado, en lugar de la adscripción en que venía desempeñando como analista administrativo de la Oficina de Vinculación y Supervisión Técnica, dependiente de la Oficina de Recursos Materiales, de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social y la orden de asignación de prestación de servicio por oficio SPP/DGTE/DA/RH/265/2023, de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, emitida por el licenciado Alberto Anastasio Aburto Aguilar en funciones de Delegado Administrativo en la Dirección General de Transporte del Estado, mediante la cual ordena al aquí quejoso el cambio de adscripción como auxiliar administrativo al módulo de licencias ubicado en Acayucan, Veracruz. Ahora, para sustentar la determinación que se emite, es de vital importancia tomar en consideración que el quejoso Carlos Alberto Molina Vera, en su escrito signado el ocho de mayo del año en curso, presentó su renuncia voluntaria, en la que expresó que con esa data y por así convenir sus intereses, daba por terminada la relación de trabajo que mantenía con la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, con sede en esta ciudad. Por tanto, resulta innegable que el primer requisito de la causa de improcedencia anunciada, identificada en el inciso a), consistente en que subsista el acto reclamado, se colma en el presente caso, pues no consta indicio o prueba alguna con la que se acredite que las autoridades señaladas como responsables en el juicio de amparo que se resuelve, hayan dejado insubsistente los oficios que se señalan como actos reclamados, por lo que es incuestionable que la orden de comisión que se emitió a cargo del quejoso para cambiar sus funciones de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, en esta ciudad, a la Dirección General de Transporte del Estado, radicada en esta ciudad; así como, la diversa designación para que prestara sus servicios en el módulo de licencias, en Acayucan, Veracruz, continúan subsistente, es decir, no han dejado de surtir sus efectos legales, pues, se insiste, no existe mandamiento alguno en que se haya ordenado dejar sin efecto tales determinaciones. De igual manera, se colma el segundo de los requisitos exigidos en la referida causa de improcedencia, señalado con el inciso b), consistente en que el acto que aún subsiste, no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; ello en virtud de que, como se ha hecho notar, el quejoso Carlos Alberto Molina Vera, presentó su escrito signado el ocho de mayo del año en curso, de renuncia voluntaria manifestando que con esa data y por así convenir sus intereses, daba por finalizada la relación laboral que tenía con la Dirección General de Prevención y Reinserción Social. Entonces, si bien la orden de comisión de nueve de marzo de dos mil veintitrés, contenida en el oficio SSP/UA/DRH/1573/2023, que ordena el cambio de funciones administrativas en la Dirección General de Transporte del Estado, en lugar de la adscripción en que venía desempeñando como analista administrativo de la Oficina de Vinculación y Supervisión Técnica, dependiente de la Oficina de Recursos Materiales de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social y la orden de asignación de prestación de servicio contenida en el diverso oficio SPP/DGTE/DA/RH/265/2023, de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, emitida por el licenciado Alberto Anastasio Aburto Aguilar, en funciones de Delegado Administrativo en la Dirección General de Transporte del Estado, mediante la cual ordena al aquí quejoso el cambio de adscripción como auxiliar administrativo al módulo de licencias ubicado en Acayucan, continúan subsistentes, es decir, no han dejado de surtir sus efectos legales, pues, se insiste, no existe mandamiento alguno en que se haya ordenado dejar insubsistentes los oficios aludidos, lo cierto es que ya no es factible que surtan efectos material ni legal alguno, porque al haber renunciado voluntariamente el quejoso Carlos Alberto Molina Vera, resulta incuestionable que ya no existe materia alguna que implique obediencia ni materialización alguna del cambio de funciones y designación de nueva adscripción que se ordenó realizar al quejoso. Entonces, si bien la orden de comisión de nueve de marzo de dos mil veintitrés, que ordena el cambio de funciones administrativas en la Dirección General de Transporte del Estado, en lugar de la adscripción en que venía desempeñando como analista administrativo de la Oficina de Vinculación y Supervisión Técnica, dependiente de la Oficina de Recursos Materiales, de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social y la orden de asignación de prestación de servicio por oficio SPP/DGTE/DA/RH/265/2023, de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, a través de la cual se ordena al aquí quejoso el cambio de adscripción como auxiliar administrativo al módulo de licencias ubicado en Acayucan, continúa subsistiendo, lo cierto es que ya no puede surtir efecto legal o material alguno, porque al haberse concluido la relación laboral entre la autoridad responsable y el quejoso, por renuncia del trabajador quejoso, es incuestionable que ya no existe materia sobre la cual realizar revisión alguna de los precitados oficios que se reclamaron. Por consiguiente, a pesar de que no se ha declarado insubsistente ni dejado sin efectos los oficios SSP/UA/DRH/1573/2023, de nueve de marzo de dos mil veintitrés, y la orden de asignación de prestación de servicio por oficio SPP/DGTE/DA/RH/265/2023, de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, éstos no pueden surtir efectos al haber renunciado voluntariamente el quejoso, razón por la que el objeto de los actos reclamados, dejó de existir. Por lo anterior, es que la suscrita juzgadora considera que aun cuando se pudiera conceder la protección constitucional a la parte quejosa, los efectos de tal protección no se podrían materializar, porque la consecuencia que podría generarse con tal concesión, en caso de que esta procediera, sería, de manera probable, que se dejaran insubsistentes los oficios reclamados y se emitieran otros diversos, ya sea para fundarlos o motivarlos, o para considerar que, provisionalmente, se le restituyera al lugar en que se encontraba materialmente prestando sus servicios y, no llevar a cabo ni la orden de comisión ni el cambio de adscripción, lo que no podría concretarse, puesto que el quejoso solicitó dar por finalizada la relación laboral que lo unía con la dependencia multicitada, y manifestó haber recibido las prestaciones que en derecho correspondían, por lo que presentó de manera voluntaria su renuncia, y manifestó no tener acción presente o futura que ejercer, de ahí que se considere, sin lugar a dudas, que la causa de improcedencia de que se trata, se encuentra acreditada fehacientemente. Ilustra lo expuesto la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 189, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro electrónico 173858, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Por tanto, con fundamento en el artículo 61, fracción XXII, en relación con el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee el presente juicio de garantías fuera de audiencia . Apoya a lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2 , cuyo rubro y contenido es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En esa tesitura, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL CUATRO DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS.3 De igual modo, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo, en su oportunidad, archívese el presente asunto como definitivamente concluido. Sin que la anterior determinación, deje al quejoso en estado de indefensión, ya que al haberse actualizado la causa de improcedencia analizada en párrafos que anteceden, no tendría un resultado distinto la presente determinación ni aun celebrándose la audiencia constitucional; es decir, el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Notifíquese personalmente al quejoso; por oficio a las autoridades responsables y a la agente del Ministerio Público de Federación adscrita. Así lo proveyó y firma electrónicamente la licenciada Daniela María León Linarte, Jueza Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistida de Luis Alberto Vázquez del Orbe, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Notifíquese personalmente al quejoso; por oficio a las autoridades responsables y a la agente del Ministerio Público de Federación adscrita.
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