Carlos Alberto Medina Padilla
Expediente 1659/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1659/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 11/12/2019
Partes del expediente
- Carlos Alberto Medina Padilla
Actuaciones
- Principal
Únicamente agréguese el escrito del ocursante, por el que realiza manifestaciones, en razón de que no tienen carácter alguno reconocido en autos.
- Principal
Visto el oficio signado por el Comisario General de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, por el que informa las gestiones realizadas para dar cumplimiento con la ejecutoria de amparo; agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar y téngasele en vías de cumplimiento. Por tanto, con fundamento en los artículos 192, cuarto párrafo, y 193, tercer párrafo, de la ley de la materia, requiérase nuevamente a la citada autoridad responsable, para que dentro del término de tres días dé cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitiendo a esta autoridad constancia fehaciente de ello, esto es, se realicen los pagos correspondientes ordenados por la Superioridad en la ejecutoria de amparo. En la inteligencia de que subsisten los apercibimientos decretados en proveído de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, de conformidad con el tercer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo.
- Principal
Glósese a los autos el oficio de la Directora de Recursos Financieros de la Secretaría del Transporte del Estado de Jalisco, en el que en atención al requerimiento de seis de agosto del año en curso, informa la imposibilidad para acatar la ejecutoria de amparo y solicita una prórroga; indíquesele que no ha lugar a proveer de conformidad su solicitud, pues no acredita encontrarse en vías de cumplimiento al omitir acompañar las constancias que demuestran haber realizado gestiones posteriores a las ya informadas, ni justifica la causa del retraso, tal y como lo exige el tercer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo para que sea procedente ampliar el plazo para el cumplimiento puntual del fallo protector. Máxime si en proveídos de veinticuatro de abril; catorce, veintidós y treinta y uno de mayo; doce de junio; uno y dieciocho de julio; y seis de agosto, todos del dos mil diecinueve, se concedieron diversas prórrogas para tales efectos y a la fecha no demuestra gestiones diversas. Por tanto, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco, por conducto de la dependencia correspondiente, para que dentro del término de tres días posteriores a su notificación, dé cumplimiento puntual a la ejecutoria de amparo, esto es, pague al solicitante del amparo la indemnización y los demás pagos a que tiene derecho por el puesto que desempeñaba, en términos de lo expuesto por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito en el toca de queja 280/2019, remitiendo constancia fehaciente de ello. Bajo apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $8,449.00 ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional, en términos de los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo; y, se procederá a dar inicio al procedimiento de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Así mismo, en acatamiento al ordinales 192, segundo párrafo, 193, primer párrafo, y 194 de la ley en cita, se ordena notificar y se requiere al Secretario de Transporte del Estado de Jalisco, quien resulta ser el superior jerárquico de la autoridad citada en líneas que anteceden, para que le ordene a ésta, cumplir con la ejecutoria de amparo, y remita a este Juzgado constancia fehaciente de que lo hizo, apercibido que de no hacerlo, esto es, no demostrar que dio la orden, se le impondrá una multa en los mismos términos expuestos en el párrafo que antecede.. Sin que pase inadvertido para este Juzgado de Distrito que la autoridad manifiesta la imposibilidad para dar cumplimiento al fallo protector por las razones que expresa, no obstante, el cumplimiento de la ejecutoria de amparo corresponde a la autoridad oficiante, por tanto, deberá realizar las gestiones conducentes para obtener los recursos necesarios para ello. Lo anterior, tomando en consideración la autonomía financiera y libre disposición en el presupuesto, además que en la sentencia de amparo cuyo cumplimiento implica una obligación de pago a favor del quejoso por parte de las autoridades, como en el presente caso, debe tomarse en cuenta que si alguna de éstas goza de las atribuciones para disponer de los recursos presupuestales que permitan efectuar el pago respectivo, aun cuando los recursos no estén destinados específicamente para tal fin, deberá realizar el pago correspondiente para dar cumplimiento a la sentencia de amparo, sin que ello implique violación alguna al artículo 126 de la Constitución General de la República. Es aplicable el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 126 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TRATÁNDOSE DE LAS OBLIGACIONES DE PAGO DERIVADAS DE SU CUMPLIMIENTO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, fundamentalmente en la Quinta y Sexta Épocas del Semanario Judicial de la Federación, emitió diversas tesis en las cuales sostuvo el criterio predominante de que tratándose de obligaciones de pago derivadas de sentencias de amparo a cargo de las autoridades responsables, no se sancionaría su incumplimiento cuando el pago no se encontrara previsto en el presupuesto autorizado, de manera que la responsabilidad de aquéllas quedaba limitada a la mera gestión ante los órganos competentes para que se autorizara el gasto correspondiente. En este sentido se orientan los siguientes criterios históricos, de rubros: "CASO EN QUE NO ES APLICABLE, DE MOMENTO, LA FRACCIÓN XI EL ARTÍCULO 107 CONSTITUCIONAL. DEFECTO DE EJECUCIÓN."; "SENTENCIAS DE AMPARO, EJECUCIÓN DE LAS."; "SENTENCIAS DE AMPARO, INELUDIBLE EJECUCIÓN DE LAS." e "INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA IMPROCEDENTE.", publicados, respectivamente, en el Informe de 1941, página 131 y en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XXXI, página 2277 y Tomo XLVII, página 4882, y Sexta Época, Volumen LXXVIII, Primera Parte, página 14. Sin embargo, estos criterios no deben prevalecer en la actualidad pues, por una parte, obedecen a la interpretación aislada del artículo 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (que originalmente era el 125) y, por otra, desconocen la fuerza vinculatoria de las ejecutorias de amparo cuya eficacia deriva del mandato constitucional. Lo anterior es así, pues si bien es cierto que el presupuesto de egresos se rige por el principio de anualidad, porque el ejercicio fiscal, por razones de política tributaria, comprende un periodo de un año, para el cual se planea precisamente el gasto público que implica la programación de actividades y cumplimiento de proyectos al menos durante ese tiempo, también lo es que el citado artículo 126 de la Norma Fundamental acepta que el presupuesto no debe ser estricto, inflexible, ni imposible de modificar, pues prevé la posibilidad de que pueda variarse al establecer que no podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto o determinado por ley posterior, de donde se desprende que en el propio texto de la norma constitucional referida, subyace el principio de modificación presupuestaria, al permitir que el gasto pueda programarse en dos momentos, uno anterior y otro posterior, a saber: a) Al aprobarse el presupuesto de egresos; o, b) En ley posterior, la que por su cronología necesariamente sucede a aquel proyecto presupuestario original en el tiempo; de manera que el precepto constitucional en mención, en lugar de constituir un valladar insuperable para la autoridad responsable, prevé la posibilidad de modificación del presupuesto original para adecuarlo a las necesidades sobrevenidas, es decir, su virtud es la de establecer un remedio para los casos fortuitos, que le permite solicitar los ajustes presupuestarios necesarios para enfrentar las obligaciones pecuniarias del Estado, gasto que necesaria e ineludiblemente debe autorizarse por tratarse del cumplimiento de un mandato de amparo cuya ejecución es impostergable. Además, si la autoridad ya tiene autorizado un presupuesto que le permite efectuar un pago, aun cuando no esté previsto específicamente en él, debe realizarlo si con ello da cumplimiento a un mandato de amparo, pues exclusivamente en esta hipótesis no podría considerarse jurídicamente que vulnerara la prohibición contenida en el artículo 126 de la Constitución General de la República, en razón de que el cumplimiento de las sentencias de amparo no puede quedar condicionado a la determinación de si se aprueba o no una partida presupuestal para hacer frente a la obligación impuesta, dado que la majestad de la Constitución Federal impone categóricamente que aquéllas sean cumplidas inexcusablemente, por lo que únicamente en esta hipótesis no puede operar el principio de responsabilidad que deriva del mencionado artículo 126 constitucional, pues técnicamente no se estaría contraviniendo, sino que se actualizaría un caso de excepción en el que no sería punible la conducta de la autoridad. Asimismo, tal proceder tampoco contravendría el artículo 134 del Ordenamiento Fundamental, relativo al manejo de los recursos económicos con apego al principio de honradez, la cual se entiende como un actuar probo, recto, sin desvío alguno, pues no hay improbidad alguna en cumplir con un mandato de amparo, por el contrario, es un principio rector de los actos de la autoridad cumplir y hacer cumplir la Constitución y, por ende, los mandatos de amparo que derivan de ésta, cuya finalidad es el restablecimiento del orden constitucional". (Incidente de inejecución 493/2001, Época: Novena Época, Registro: 187083, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Abril de 2002, Materia(s): Constitucional, Tesis: P. XX/2002, Página: 12) En ese orden de ideas, es menester establecer, si bien las autoridades vinculadas al cumplimiento del fallo protector pueden solicitar al órgano legislativo competente la ampliación del presupuesto respectivo, ello no obsta para que válidamente y con el objeto de acatar el mandato constitucional dentro del plazo fijado por este Juzgado Federal, deban necesariamente acudir a los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado, tomando en cuenta, por una parte, el carácter preferente que asiste a la respectiva obligación constitucional de pago, y por otra, que ninguna disposición legal de rango inferior a la Constitución General puede establecer obstáculos al cumplimiento de una sentencia de amparo. Tienen aplicación los criterios del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dicen: "SENTENCIAS DE AMPARO CUYO CUMPLIMIENTO IMPLICA UN PAGO. AUN CUANDO LAS AUTORIDADES PUEDAN SOLICITAR UNA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA ACATARLAS TAMBIÉN ESTÁN OBLIGADAS A INSTRUMENTAR SIMULTÁNEAMENTE, PARA ESE FIN, MECANISMOS DE TRANSFERENCIAS Y ADECUACIONES DE LAS PARTIDAS QUE LO INTEGRAN. Si bien en términos de lo previsto en los artículos 74, fracción IV; 116, fracción II, párrafo cuarto; 122, apartado C, Base Primera, fracción V, inciso b), 115, fracción IV, párrafo penúltimo y 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presupuesto de egresos de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios debe aprobarse, respectivamente, por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de los Estados, la Asamblea Legislativa y los Ayuntamientos, sin que válidamente puedan realizarse pagos que no estén comprendidos en los presupuestos respectivos, lo cierto es que tratándose de las sentencias de amparo que implican el pago de recursos monetarios, las autoridades deben desarrollar todas las acciones que resulten pertinentes, dentro de su ámbito de atribuciones, para dotar a la partida presupuestal correspondiente de los recursos necesarios para acatar la obligación constitucional derivada de las sentencias en comento, conforme a lo dispuesto en los artículos 17, párrafos segundo y sexto y 107, fracción XVI, de la propia Norma Fundamental, los cuales disponen que deben ejecutarse de manera pronta y completa en los plazos y términos fijados, al tenor de lo previsto en la Ley de Amparo y conforme lo ordene el juzgador de garantías. Por tanto, aunque las diversas autoridades vinculadas al cumplimiento del fallo protector pueden solicitar al órgano legislativo competente o, en el ámbito municipal al Ayuntamiento, la ampliación del presupuesto respectivo, también tienen la obligación de instrumentar los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado, tomando en cuenta, por una parte, el carácter preferente que asiste a la respectiva obligación constitucional de pago -la que debe cumplirse en el plazo fijado en la sentencia respectiva- y, por otra parte, que ninguna disposición legal de rango inferior a la Constitución General puede condicionar su acatamiento". (Incidente de inejecución 542/2008, Época: Novena Época, Registro: 162469, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 5/2011, Página: 10) "SENTENCIAS DE AMPARO CUYO CUMPLIMIENTO IMPLICA UN PAGO A CARGO DE AUTORIDADES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y GASTO EFICIENTE DE ESA ENTIDAD NO IMPIDE A ÉSTAS, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, REALIZAR ADECUACIONES PRESUPUESTALES PARA CUMPLIR CON AQUÉLLAS CUANDO SE AGOTE LA PARTIDA PRESUPUESTAL AUTORIZADA PARA TAL EFECTO POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL. Como se advierte de lo dispuesto en el citado precepto legal para cada ejercicio fiscal la Asamblea Legislativa debe aprobar en el Decreto del Presupuesto de Egresos una partida presupuestal para cumplir las resoluciones definitivas pronunciadas por los órganos jurisdiccionales y, en caso de que dicha partida presupuestal sea insuficiente, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría de Finanzas, podrá solicitar a la Asamblea una ampliación. En ese tenor, si la intención del legislador con el establecimiento de dicho numeral, según se desprende de la respectiva exposición de motivos, fue garantizar el Estado de Derecho mediante la aprobación de la partida específica, la interpretación conforme de ese mandato legal, atendiendo a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos específicamente en sus artículos 17, párrafos segundo y sexto así como en el 107, fracción XVI, -este último en el caso de las sentencias de amparo-, lleva a concluir que el referido artículo 73 no tiene como finalidad obstaculizar el cumplimiento de las sentencias, impidiendo la aplicación del sistema general de adecuaciones presupuestarias establecido en el Capítulo III del Título Tercero de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, sino que constituye un mecanismo que permite al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, por conducto de la Secretaría de Finanzas, solicitar a la Asamblea Legislativa la ampliación de la partida en comento una vez que los recursos que puedan transferirse a dicha partida, provenientes de las diversas que integran el presupuesto de egresos del Gobierno del Distrito Federal, se hayan agotado, mediante las adecuaciones presupuestales autorizadas por las autoridades competentes de esa entidad política, al no ser disponibles, sin menoscabo de que la ampliación referida en el citado numeral pueda solicitarse simultánea o posteriormente a la realización de las adecuaciones en comento, quedando bajo el prudente arbitrio de las autoridades competentes determinar el mecanismo presupuestal que les permita cumplir con la sentencia concesoria en el plazo correspondiente con el objeto de evitar la aplicación de lo previsto en la fracción XVI del artículo 107 constitucional. Importa destacar que interpretar el citado artículo 73 en el sentido de que impide acudir a los mecanismos de adecuaciones presupuestarias y que, por ende, prevé como única opción, una vez agotados los recursos destinados originalmente a la partida respectiva, solicitar una ampliación a la Asamblea Legislativa, implicaría atribuir a este órgano legislativo la intención de establecer una regulación contraria a lo previsto en el párrafo sexto del artículo 17 constitucional, pues tal limitación constituiría un grave obstáculo al cumplimiento de las sentencias, al generar un sistema al tenor del cual resultaría más complejo el pago de gastos exigidos constitucionalmente que otros derivados de los vínculos jurídicos que voluntariamente celebre el gobierno del Distrito Federal". (Incidente de inejecución 542/2008, Época: Novena Época, Registro: 162470, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 8/2011, Página: 8).
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