Carlos Alberto May Vera

Expediente 1139/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1139/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
21/08/2018

Partes del expediente

  • Carlos Alberto May Vera

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiuno de agosto de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a estos autos el oficio 34026/2018 signado por la Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, así como el anexo que acompaña consistente en el diverso oficio YUC-AYD-1937/2018 de la Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Célula F Atención y Determinación Mérida; y en atención a lo que solicita, remítasele copia certificada de este expediente, mediante oficio que al efecto se le dirija, para los efectos legales conducentes. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, diecinueve de octubre de dos mil diecisiete. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte a la que le pudo haber causado perjuicio hubiese interpuesto recurso de revisión en contra del proveído de veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la ley de la materia, se declara que el referido proveído en el cual se decretó el sobreseimiento del presente juicio de amparo fuera de audiencia, ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción. Lo anterior, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, trece de septiembre de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo, se tiene a ****, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclama de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad consistente en la omisión de acordar la petición que formuló por escritos presentados el ocho de junio de dos mil diecisiete, en autos del juicio laboral 604/2009. Fórmese expediente, regístrese con el número 1139/2017-IV-B y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Ahora bien, toda vez que la promovente Alejandra Natalí Hevia Suárez, manifestó su imposibilidad para acreditar fehacientemente su personalidad de apoderada de CARLOS ALBERTO MAY VERA, en virtud de que no obstante de haber solicitado a la autoridad responsable copia certificada de la carta poder de siete de octubre de dos mil nueve, mediante promoción de veinticuatro de febrero de dos mil nueve, dicha constancia no le ha sido expedida. Con apoyo en el artículo 121 de la Ley de Amparo en vigor, requiérase a la Junta responsable, para que a la brevedad posible, remita a este Juzgado la referida constancia. Apoya lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE REQUERIR A LA AUTORIDAD OMISA LA APORTACIÓN INMEDIATA DE LAS CONSTANCIAS SOLICITADAS OPORTUNAMENTE POR EL PROMOVENTE PARA ACREDITARLA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY RELATIVA, EN APLICACIÓN DE LA REGLA CONTENIDA EN EL NUMERAL 152 DEL MISMO ORDENAMIENTO, SIN DIFERIR LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA. La regla que prevé la potestad del Juez Federal para requerir a la autoridad omisa la aportación de los documentos solicitados por las partes para exhibirlos como prueba en el juicio de garantías, haciendo uso de los medios de apremio, debe también aplicarse tratándose de la expedición de las constancias solicitadas oportunamente por el promovente para justificar el reconocimiento de su personalidad ante aquélla, cuando al desahogar la prevención para comprobar esa circunstancia, manifieste bajo protesta de decir verdad la imposibilidad para hacerlo debido a la falta de expedición de las constancias, y solicite al Juez su intervención para obtenerlas, pues al no existir en la Ley de Amparo disposición expresa que faculte al juzgador para requerir esa documentación, la cual debe exhibirse previamente a la admisión de la demanda en términos de la jurisprudencia P./J. 23/2009, del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY RELATIVA REQUIERE QUE, PREVIAMENTE A LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA, EL PROMOVENTE EXHIBA LAS CONSTANCIAS QUE ACREDITEN EL RECONOCIMIENTO DE DICHO PRESUPUESTO PROCESAL ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE.", la aplicación de aquella regla resulta indispensable para salvaguardar el derecho del promovente a la prosecución del juicio. Lo anterior no implica que la admisión de la demanda deba diferirse hasta en tanto se expidan las citadas documentales, ya que conforme a los numerales 120, 122 a 124, 130 y 145 a 148 de la Ley de Amparo, el acuerdo respectivo que provee también sobre la suspensión provisional no puede postergarse más allá del plazo extraordinario establecido en el indicado artículo 146 para regularizar la demanda, dada la urgencia de la medida cautelar para preservar la materia del amparo; de ahí que, en el supuesto señalado, el juzgador deberá admitir la demanda sin perjuicio de acordar lo conducente a la personería del peticionario del amparo cuando la autoridad responsable expida las constancias solicitadas o informe sobre ellas." (Novena Época, Registro: 167096, Instancia: Segunda Sala, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX, Junio de 2009, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 79/2009, Página: 297. Por lo anterior, en cuanto a la personalidad de la ocursante, con apoyo en el artículo 11 de la Ley de Amparo, resérvese para ser reconocida, hasta en tanto obre en autos la constancia en la que se acredite la misma. Ahora bien, el suscrito juzgador constituye como un hecho notorio, que la circunstancia aludida por Alejandra Natalí Hevia Suárez, ha sido repetitiva en diversos juicios de amparo del índice de este juzgado, en los que aduce que el motivo por el que se encuentra imposibilitada para exhibir el documento que acredite su personalidad, es el que la Junta responsable ha sido omisa en entregarle copia certificada del mismo, a pesar de haberlo solicitado con mucha anticipación. Por tanto, hágase del conocimiento de la ocursante que de comprobarse que la falta de expedición del documento de mérito, lo es por causas atribuibles a ella, se dará vista al Ministerio Público de la Federación, en términos de lo dispuesto en el artículo 261 de la Ley de Amparo, pues ello se traduciría en afirmar hechos falsos, con la finalidad de obtener una ventaja procesal. En virtud de lo anterior, solicítese a la Junta laboral responsable para que al rendir su informe con justificación, comunique a este juzgado si la solicitud presentada por la promovente de este juicio el veinticuatro de febrero de dos mil catorce, ha sido acordada; en caso afirmativo, remita las constancias del acuerdo respectivo y su notificación. En consecuencia, con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 35, 37, 107, 108, 115, 116, 117 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se admite la demanda de referencia como en derecho procede. No se tramita el incidente de suspensión, por no haberlo solicitado la parte quejosa, ni la naturaleza de los actos reclamados, amerita su tramitación oficiosa, conforme al artículo 127 de la Ley de Amparo. Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE. Dese la intervención que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a quien se hará entrega de una copia de la demanda. Con fundamento en los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a la autoridad responsable que deberá rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio en que se le solicita, en el que se expresarán las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, al que se acompañará, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para apoyarlo, como se establece en el invocado artículo 117 de la citada ley. Apercibida que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, conforme a lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal. Por otro lado, de conformidad con los dispositivos 26, fracción I, inciso b), y 116 párrafo segundo, de la Ley de Amparo, por conducto de uno de los actuarios de la adscripción, emplácese a este juicio a los terceros interesados DISTRIBUIDORA DE MATERIALES LA SANTA CRUZ, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, y GENER RAFAEL MEDINA CASTILLO en el domicilio señalado para tal efecto, entregándole a cada uno copia autorizada del presente acuerdo y de la demanda de amparo, indicándoles que con tal carácter pueden comparecer al mismo si así lo estiman conveniente para hacer valer sus derechos. Hágase saber a las partes, que cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato a este órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten; lo anterior, con fundamento en el numeral 64 de la Ley de Amparo. Apercibidas que en caso de incumplimiento, se les impondrá una multa equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización, conforme a lo dispuesto en el artículo 251 de la Ley de Amparo y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que señala para tal fin en su demanda de amparo, y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a JOSÉ RICARDO ESCALANTE DZIB y ALEJANDRA NATALI HEVIA SUÁREZ, así como a las diversas personas que menciona, pero con las limitaciones que establece el referido artículo, hasta en tanto acrediten estar debidamente autorizados para ejercer la profesión de abogado o licenciado en derecho, debiendo no solamente proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización, si no proceder a su registro en los términos que establece el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente. Además, tal como lo solicita la parte quejosa, de conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente, así como del informe justificado y anexos que en su caso remita la autoridad responsable. En cumplimiento al artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De conformidad con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. Fórmese el correspondiente expediente electrónico de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Notifíquese, haciéndolo personalmente a la parte quejosa, terceros interesados y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y cúmplase.

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