Carlos Alberto Martínez Vera
Expediente 1066/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 1066/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Carlos Alberto Martínez Vera
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto de dos de diciembre de dos mil veinte, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo; sin que la parte quejosa hubiese ejercido ese derecho. En consecuencia, se declara que el citado auto ha causado estado para todos los efectos legales. Ahora, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y como de los mismos se advierte que se trata de un asunto totalmente concluido, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO del mismo. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena: DESTRUIR el expediente en términos de lo dispuesto en el inciso d) del artículo 21 del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizar el órgano jurisdiccional una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, en términos del numérico 24 de las disposiciones antes señaladas. Notifíquese en términos de Ley.
- Principal
Villahermosa, Tabasco, dos de diciembre de dos mil veinte. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Vista la demanda de amparo promovida por ********, contra actos del Juez Segundo Familiar de esta ciudad de Villahermosa, Tabasco. Regístrese la demanda de amparo en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado con el número 1066/2020-IX-1; fórmese expediente y regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto el artículo anteriormente citado, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar, con todo detenimiento el libelo actio de amparo, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual, en principio, debe tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improceder efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Proceder que tiene como base constitucional lo contenido en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Por consiguiente, al tratarse de una cuestión de orden público, debe atenderse a los citados elementos a efecto de comprobar que en el caso se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en razón de que el quejoso es parte formal y material en el juicio de origen, por lo que estaba obligado a agotar el principio de definitividad. A lo que el artículo citado dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,31 así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." Del dispositivo apuntado en párrafos que anteceden, se advierte que el principio de definitividad, conforme al cual existe la obligación legal y deber jurídico de agotar los recursos ordinarios previstos en las leyes antes de acudir al amparo. La falta de cumplimiento de esa obligación acarrea la improcedencia del juicio de garantías. Lo anterior obedece a que el juicio de amparo es, de suyo, un medio de defensa extraordinario, de tal manera que los recursos ordinarios se constituyen en una especie de filtro, cuyo objetivo es impedir el abuso del juicio de garantías, ya que a través de la sustanciación de los recursos o medios de impugnación ordinarios pueden darse por terminados conflictos o litigios que, dada su naturaleza, no tienen razón de ser del conocimiento de los tribunales federales de amparo. Entonces, para que se actualice la causal de improcedencia señalada, es necesario que concurran los requisitos siguientes: a) Que se trate de una resolución que provenga de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que proceda en su contra algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual se pueda modificar, revocar o nulificar; y, Casos de excepción al principio: c) Que la parte quejosa sea una persona extraña al juicio de origen. d) Que no se trate de actos que importen peligro a la privación de la vida, ataques a la libertad fuera de procedimiento judicial, o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional. e) Que no se trate de un acto reclamado consistente en órdenes de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación, resolución que niegue la libertad bajo caución o establezca requisitos para su disfrute. Ahora, en el caso a estudio, se actualiza la causal de improcedencia que se invoca, toda vez que se reúnen los requisitos que se precisaron en líneas que anteceden, tal y como se precisará enseguida. Esto, en virtud de que el primero de los requisitos -que el acto reclamado emane de una autoridad judicial, administrativa o del trabajo- se surte en la especie, toda vez que el acto reclamado lo constituye el acuerdo de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, dictado en el juicio 1580/2013, del índice del Juzgado Segundo Familiar de Primera Instancia de esta ciudad de Villahermosa, Tabasco, mediante el cual dicho órgano judicial negó la medida cautelar de retención de pensión de alimenticia decretada en favor de ********* Asimismo, se actualiza el segundo de los requisitos enunciados -proceda algún medio de defensa legal por virtud del cual se pueda modificar, revocar o nulificar el acto que se reclama- en atención a que contra el acto de reclamo procede el recurso de apelación, o en su caso la reclamación de la providencia. Para sustentar dicha afirmación es menester analizar el contenido del artículo 184, 342, 343, 352 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco, mismos que establecen: CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE TABASCO. "ARTICULO 184.- Medidas cautelares innominadas Antes de iniciarse el proceso, o durante su desarrollo, el juzgador podrá decretar todas las medidas cautelares que resulten necesarias para mantener la situación de hecho existente, aunque no sean de las previstas expresamente en este Código. La resolución que decrete o niegue la medida será apelable en el efecto devolutivo. Cuando la mantención de los hechos en el estado que guarden, entrañe la suspensión de una obra, de la ejecución de un acto o de la celebración de un contrato, la demanda deberá ser propuesta por la parte que solicitó la medida dentro del plazo de cinco días, contados a partir de la fecha en que se haya ejecutado la orden de suspensión. La falta de presentación de la demanda dentro del plazo indicado, traerá como consecuencia la caducidad de la medida en los plazos señalados en el artículo 181, párrafo segundo. "ARTICULO 342.- Recursos Para impugnar las resoluciones judiciales se conceden los siguientes recursos: I.- Reconsideración; II.- Apelación; y III.- Queja. ARTÍCULO 343.- Legitimación para impugnar Podrán impugnar: El litigante si creyere haber recibido algún agravio, los terceros que hayan salido al proceso y los demás interesados a quienes perjudique la resolución judicial. ARTÍCULO 352.- Resoluciones apelables. Sólo podrán ser objeto de apelación las siguientes resoluciones de primera instancia: I.- Las sentencias en toda clase de juicios, excepto cuando la ley declare expresamente que no son apelables; II.- Los autos, cuando expresamente lo disponga este Código, y III.- Las resoluciones que dicten los jueces para resolver las reclamaciones que se hagan valer contra las medidas cautelares, conforme al artículo 185. No serán apelables las sentencias y demás resoluciones que se dicten en los juicios de la competencia de los juzgados de paz, con excepción de las que se dicten en los juicios del registro extemporáneo de actas del estado civil, en los términos previstos en el artículo 481 Bis 2 de este Código." De los artículos antes transcritos, se advierte que la apelación procede contra las sentencias en toda clase de juicios, siempre y cuando la ley no mencione expresamente que no son apelables, los autos cuando aparezca disposición expresa en el código; y, respecto de las resoluciones dictadas al resolverse las reclamaciones hechas valer en términos del artículo 185 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco. Asimismo, se advierte que el legislador local contempló que en contra de las medidas cautelares innominadas en las que se decrete o niegue la medida precautoria ésta será apelable. De ahí que, si en el caso, el acto reclamado deriva de una controversia familiar, en la que se medida cautelar -artículo 184 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco-, previo instar el juicio de garantías el aquí quejoso debió agotar el recurso de apelación previsto en los artículos 184, 342, 343 y 352 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco, a fin de modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, tomando en consideración que no puede acudirse directamente al juicio constitucional, sin antes agotar tal proceso de composición. De tal forma que la inconformidad de la parte quejosa con dicha determinación pudo hacerla valer de manera inmediata mediante el medio ordinario de defensa, a través del cual tratara de obtener la modificación del auto que tilda de inconstitucional. Por lo antes expuesto, al poder obtenerse la revocación, modificación o nulificación de tal determinación, pues existe la posibilidad de impugnarla a través de la apelación y por las diversas excepciones y defensas que plantee, para poder obtener, como se dijo en líneas precedentes, la modificación o revocación de tal determinación, emitida en los autos del procedimiento de origen. Lo anterior es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo; de lo contrario, si las partes dentro del juicio ordinario no tuvieran la carga de plantear sus defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote su jurisdicción, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades de la autoridad responsable; además, si los afectados no interponen dichos medios ordinarios de defensa, las violaciones procesales que pudieron haber sido reparadas por la propia responsable mediante la tramitación del recurso respectivo, no podrán ser atendidas en el juicio de amparo que se promueva. Por tanto, contra la medida provisional reclamada por el impetrante es improcedente el juicio de amparo, dado que en contra de la misma tendrá que agotar el recurso de apelación establecido en los artículos 184 y 352 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco. Tiene aplicación la Jurisprudencia I.6o.C.J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 902, del Tomo XV, mayo de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el siguiente rubro y texto: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Por otra parte, respecto a la excepción apuntada en el inciso c), ?que el peticionario de amparo tenga el carácter de tercero extraño?, esta no se actualiza porque el quejoso no tiene tal carácter, puesto que se aprecia de los antecedentes del acto de reclamo, que es parte en el juicio de origen y a la fecha no ha sido vencido en el procedimiento familiar seguido en su contra; por tanto, su acción de amparo se condiciona al previo agotamiento del recurso ordinario procedente. De igual manera, en el particular tampoco se actualizan las salvedades señaladas en los incisos d) y e), tomando en consideración que el acto reclamado deriva de una controversia del orden familiar. Además los criterios excepcionales, el Máximo Tribunal ha establecido que el medio de impugnación debe ser de tramitación inmediata, resulte idóneo, eficaz y se resuelva en un tiempo razonable. Lo que se actualiza en el caso concreto pues del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco, se observa que el recurso de apelación se tramita de forma inmediata, resulta idóneo, eficaz y se resuelve en un tiempo razonable. Es así pues el código de referencia dispone lo siguiente: ARTICULO 359.- Substanciación Para substanciar las apelaciones en segunda instancia, tendrán aplicación las siguientes reglas: I.- Llegado el expediente o el testimonio, en su caso, y transcurrido el plazo concedido a las partes para presentarse a la substanciación del recurso, el Tribunal Superior de Justicia, sin necesidad de vista o informe, dentro de los tres días siguientes dictará resolución en la que a petición de parte o de oficio, decidirá sobre la admisión del recurso y la calificación del grado hecha por el inferior. Si declara inadmisible la apelación, mandará devolver el expediente o el testimonio al inferior; revocada la calificación del grado, se procederá en consecuencia; II.- Confirmada la admisión del recurso, el superior mandará correr traslado a la parte contraria con el escrito de expresión de agravios, por el plazo de diez días, si se trata de sentencia y de cinco, si la apelación se refiere a auto, para que los conteste o en su caso se adhiera a la apelación. Durante el plazo que se señala el expediente quedará a su disposición para que se imponga de él. Cuando se trate de apelaciones admitidas sin expresión de agravios procederá dar vista a la contraparte por cinco y tres días, según se trate de sentencias o autos, respectivamente, para que manifieste lo que a su derecho convenga; III.- En el escrito de contestación a los agravios, la contraparte se referirá a los expresados por el apelante y podrá, además, ofrecer pruebas, especificando los puntos sobre los que deberá versar, que nunca serán extraños a la cuestión debatida, así como oponerse a la acción del apelante para que se reciba el pleito a prueba. La falta de presentación del escrito de contestación a los agravios, no implicará conformidad de la contraparte con éstos; IV.- Presentado el escrito de contestación a los agravios o transcurrido el plazo legal sin hacerlo, el tribunal resolverá sobre la admisión de pruebas, abriendo el plazo probatorio que no podrá exceder de quince días; V.- Si no se promoviera prueba, transcurrido el plazo de la contestación de los agravios o presentada ésta, se citará a las partes para resolución; y VI.- Transcurrido el periodo de prueba se citará a las partes para oír sentencia. Como se observa, una vez que sea recibido el expediente por el Tribunal Superior de Justicia dentro de los tres días siguientes se dictará resolución en la que a petición de parte o de oficio se decidirá sobre la admisión del recurso. Confirmada la admisión del recurso se correrá traslado a la parte contraria con el escrito de expresión de agravios por el plazo de diez días en el caso de que se trate de sentencia; o, en el supuesto de que se trate de un auto el término será de cinco días. Una vez que la contraparte de contestación a los agravios y ofrezca las pruebas que a su derecho convenga el tribunal resolverá lo conducente respecto de ellas, abriendo el plazo probatorio que no podrá exceder de quince días. Finalmente, ya que haya transcurrido el periodo de prueba se citará a las partes para el dictado de la resolución. De lo anterior, se desprende que el recurso de apelación se tramita de forma inmediata pues el plazo para admitirlo es de tres días. Asimismo, el recurso es eficaz pues de resultar procedente tendría el alcance de dejar sin efecto el acuerdo que se impugna. Finalmente, el recurso de apelación se resuelve en un tiempo razonable pues una vez interpuesto se substanciara en el plazo de veintitrés días aproximadamente. No pasa desapercibido el contenido de la jurisprudencia 77/2013; del rubro: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO EN LOS CASOS EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO NO ADMITE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO"; lo anterior, tomando en consideración que dicho criterio tutela los asuntos en los que se pueda provocar un daño a un menor de edad en caso de ejecutarse la resolución reclamada; y por ende, dicha hipótesis no aplica al particular, ya que quien viene al juicio de amparo, lo hace en su calidad de deudor alimentario. De ahí que, se pueda concluir que si la parte quejosa no interpuso el medio de defensa que la ley de la materia contempla, por virtud del cual se puedan revocar el acto que se reclama -previo a acudir al presente juicio-, no obstante su vinculación al juicio de origen, es palmario que no se cumplió con el principio de definitividad; por lo que es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo; y, por ende, debe desecharse la demanda de garantías. En el caso particular, cobra aplicación la jurisprudencia VI.3o.C. J/62, correspondiente a la novena época; instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIII, febrero de 2006, página: 1665, cuyo rubro y texto a la letra dicen: "DEMANDA DE AMPARO. LA CERTEZA DE PROCEDENCIA DE UN RECURSO CONDUCE AL DESECHAMIENTO DE LA. La Suprema Corte de Justicia en la jurisprudencia 603 visible a fojas 1040 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 1988, ha sostenido que la posibilidad de un recurso no es obstáculo para admitir la demanda de amparo; sin embargo, la jurisprudencia de que se trata no tiene aplicación, si la existencia del recurso se advierte en forma patente en el material de que dispone el juzgador, y éste tiene además la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia, sustentada en la inobservancia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo, es operante; de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no sería factible obtener una conclusión diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar eventualmente las partes; de ahí, que deba concluirse que, el Juez Federal al admitir la demanda de que se trata, viola el principio de economía procesal, ya que de darse curso a dicha demanda, se tramitaría un juicio a todas luces improcedente, distrayendo a los órganos jurisdiccionales del conocimiento, con mengua de la atención que debe otorgarse a los demás juicios cuya improcedencia no está controvertida desde su inicio; razones por las que en ese supuesto la demanda de amparo debe desecharse al surtirse la hipótesis que contempla el artículo 145 de la Ley de Amparo." Asimismo, no se soslaya el criterio establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentado en la jurisprudencia visible en la página 990, Tomo 2, Octubre de 2013, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro siguiente: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO EN LOS CASOS EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO NO ADMITE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO."; sin embargo, el mismo no cobra aplicación en el particular tomando en consideración que en el particular no se advierte que existan menores, habida cuenta que en el artículo 358, fracción I, inciso b), del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco, se estableció la procedencia de la apelación en efecto suspensivo en cuestiones inminentemente familiares como acontece en el caso. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su libelo de cuenta, y por autorizados en términos del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo a Marco Antonio Clemente Pérez y Hugo Enrique Alamilla López por no tener registradas sus cédulas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. JUICIO EN LINEA. De conformidad con el Capítulo V del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, en virtud de que en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, la presentación de demandas de amparo, recursos y promociones, así como la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas se realizarán a través de los sistemas tecnológicos del Consejo de la Judicatura Federal conforme a las disposiciones que estipula el capítulo segundo del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal y dado que el artículo 16 dispone lo siguiente: "Artículo 16. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el PJF a través de la Unidad en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 del presente Acuerdo General y se registren en el sistema. Para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (i) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (ii) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (iii) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo. El registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra." Se expone lo anterior, a efecto de que considere una vez realizado dicho trámite proporcione a este órgano jurisdiccional su usuario para otorgarle la autorización respectiva, en virtud de que dicho trámite es personalísimo. Además de solicitar la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. De conformidad, con lo dispuesto por la fracción I del numeral 5° del citado Acuerdo General 21/2020, a efecto de brindar atención a las partes - respecto de comunicaciones no procesales-, se habilita el correo electrónico 5jdo10cto@correo.cjf.gob.mx. AUTORIZACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En otro orden de ideas, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita con fundamento en el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B, DE LA LEY DE AMPARO, SE TIENE POR NOTIFICADO POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS, EL PROVEÍDO DE DOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, A LA PARTE QUEJOSA, TODA VEZ QUE NO COMPARECIÓ A NOTIFICARSE DE MANERA PERSONAL.
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