Carlos Alberto Martinez Uribe
Expediente 805/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 805/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Carlos Alberto Martinez Uribe
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, trece de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y visto el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98, con relación al 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de tres de noviembre de dos mil veinte, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por Carlos Alberto Martínez Uribe, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes, con fundamento en el artículo 288, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido. Transferencia. Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el artículo 21, párrafo primero, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente acuerdo destrúyase dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del citado numeral y remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y documentación del propio Consejo. Clasificación documental. Por otra parte, en cumplimiento a lo que establece el artículo 35, del Acuerdo General señalado en el párrafo precedente, este expediente a criterio de este juzgador no es de relevancia documental, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio. Destrucción del expediente. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente es destruible, al ubicarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, párrafo primero, inciso d), del Acuerdo General citado. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, tres de noviembre de dos mil veinte. Recepción de demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por Carlos Alberto Martínez Uribe, por propio derecho, contra actos que reclama del Fiscal General de Justicia del Estado de México y otras autoridades. Registro de demanda. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado con el consecutivo 805/2020, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Estudio de la demanda. Previo a acordar lo que en derecho corresponda, conviene precisar que en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se establece la obligación que tiene este juzgador de examinar en su integridad la demanda de amparo, y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Los artículos precisados son del tenor literal siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con lo expuesto por diversos tribunales de la Federación, éstos se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por los motivos que la informan, la Jurisprudencia VI.2o. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 80, Agosto de 1994, Octava Época, visible a página 64, cuyo rubro y texto, son: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." Ahora, en el caso a estudio se actualiza la causal de improcedencia se encuentra prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente ley, 26 y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". Ello es así, porque el quejoso reclama de las autoridades señaladas como responsables la supuesta orden de aprehensión, detención o presentación girada en su contra; sin embargo, del contenido de los antecedentes del acto reclamado, se observa que a la fecha de la presentación de la demanda no existe mandamiento de captura contra el promovente, pues así se deduce de su propia afirmación en la que precisa que: "1.-El día 25 de Octubre de 2020, siendo aproximadamente las 18:00 horas, se constituyeron en mi domicilio cito en CARRETERA LAGO DE GUADALUPE NUMERO 110 SAN MIGUEL XOCHIMANGA MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA ESTADO DE MEXICO; 4 (CUATRO) sujetos del sexo masculino a bordo de una pickup, Marca Toyota negra y otro automóvil gris que desconozco la marca; indicándole a mis familiares que ahí se encontraban que eran Agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, pero sin acreditar dicha calidad, ya que no portaban gafete alguno, tratando de introducirse por la fuerza a mi domicilio, y manifestado: que en colaboración y por indicaciones de la C. FISCALIA GENERL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MEXICO, tenían instrucciones de detenerme y presentarme. Sin embargo en ningún momento les mostraron documento alguno u oficio, que los facultara para llevar a cabo y en mi contra algún tipo de aseguramiento; Ni se identificaron plenamente, pero si les indicaron a mis familiares que se encontraban en mi domicilio QUE REGRESARÍAN MÁS TARDE Y QUE MÁS VALÍA QUE NO ME ESTUVIERA OCULTANDO; Es menester precisar que el día 26 de Octubre de 2020, de nueva cuenta regresaron este grupo de sujetos a mi domicilio aproximadamente a las 14:00 horas, utilizando el mismo modus operandi y amenazando a mis familiares que ahí se encontraban, por lo que toda vez que el suscrito no es delincuente, ni a cometido ilícito alguno, ni existe hecho flagrante que hubiese cometido en forma ilícita, es por ello que ante el temor de ser privado de mi libertad en forma injusta y arbitraria, acudo a solicitar el AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL en contra de los actos que se reclaman a fin de que no se me vulnere mis garantías individuales. Es pertinente hacer notar que las mencionadas personas que acudieron a buscarme mismas que iniciaron ser Agentes de la Policía de Investigación, en ningún momento mostraron a las personas que en ese momento se encontraban en mi domicilio, alguna identificación Oficial u oficio alguno que les facultara para pretender introducirse en mi domicilio o llevar acabo en mi contra alguna orden de presentación o detención. Sin embargo se condujeron como si fueren efectivamente Agentes de la Policía y argumentaron que regresarían a detenerme, situación está que desde luego es atentatoria de mis Garantías Individuales." De lo descrito se observa, que no obstante que el quejoso refiere que su familia le hizo saber que "agentes de la policías de investigación" acudieron a su domicilio con el objeto de detenerlo; sin embargo, en ningún momento refiere que se le hayan mostrado o dejado alguna orden dictada por alguna autoridad, y que con motivo de ella exista la amenaza real e inminente de ser privado de su libertad personal, máxime no hay mandamiento escrito emanado de Órgano Jurisdiccional. De esta forma, es evidente que la reclamación del peticionario de amparo, es la afectación en su interés por supuestos actos de autoridad, por lo tanto, debe probar de manera indiciaria que se afecta su esfera jurídica de derechos, ya que el mero temor de que se lleve a cabo un acto de autoridad que lesione su ámbito jurídico, de ninguna manera significa la afectación a los derechos tutelados por la norma jurídica, ni que a partir de entonces tenga el promovente de amparo obligación de intervenir en el juicio en defensa de sus intereses, pues esa obligación sólo nace desde la fecha del conocimiento del acto reclamado, que debe ser en forma personal y directa y no por inducciones, tal y como acontece en el caso concreto. En las condiciones anteriores, al ser manifiesta e indudable la causal de improcedencia invocada, con apoyo en lo previsto por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por Carlos Alberto Martínez Uribe, por propio derecho. Notificaciones a la parte quejosa. Por otro si bien señala como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados, debe decirse que ésta es una forma de notificar a las partes y no propiamente un domicilio procesal; no obstante lo anterior, se le tienen las listas que se publiquen en este juzgado, para oír y recibir notificaciones, de acuerdo a lo previsto en los artículos 27 y 29 de la Ley de Amparo. Autorizados. Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley de Amparo, en relación con el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, ténganse por autorizadas a las personas mencionadas en el escrito de demanda, únicamente para oír y recibir notificaciones, hasta en tanto acrediten estar legalmente autorizadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. En el entendido de que una vez hecho lo anterior, podrán promover en los términos amplios del dispositivo legal invocado. Exhorto a las partes para continuar la tramitación del juicio mediante del uso de su Firel o E.firma (antes Fiel). Ahora, de conformidad con el artículo 1, fracción I, párrafo tercero del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este juzgador exhorta a la parte quejosa, para que, de ser posible, continúe la tramitación del presente juicio de amparo a través del sistema de "juicio en línea", es decir, mediante el uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. A efecto de que los justiciables tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la actuación mediante juicio en línea, el manual de uso actualizado se encontrará disponible en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ juicioenlinea/Home/Ayuda. Para ello, conforme a ese Acuerdo General, las partes o sus representantes, a través de una promoción electrónica desde el Portal de Servicios en Línea, deberán: 1. Solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones; y 2. Proporcionar el nombre de usuario respectivo. En el entendido de que la actuación por este medio requiere de la utilización de una Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (FIEL o e.firma), a fin de que a través del mismo puedan notificarse de las resoluciones jurisdiccionales emitidas por este Juzgado de Distrito, así como enviar digitalmente promociones al mismo. Integración del expediente físico. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Transparencia y acceso a la información pública. Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. NOTIFÍQUESE.
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