Carlos Alberto Martínez Ramírez

Expediente 1809/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1809/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
03/11/2022

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Martínez Ramírez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiese interpuesto el recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo se declara que la aludida resolución ha causado estado para todos los efectos de ley. o y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía, archívese este expediente por estar concluido. En otro aspecto, este expediente es susceptible de destrucción, En ese orden de ideas, de conformidad al Acuerdo General indicado, este asunto se considera no relevante.

  2. Principal

    Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda, el oficio que suscribe la Comisionada para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco. Atento a su contenido, se tiene por cumplido el requerimiento formulado en proveído de doce de septiembre del dos mil veintidós, y por ofrecidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las pruebas documentales que allega a su comunicado de cuenta, sin perjuicio de hacer relación de ellas al momento de celebrarse la audiencia constitucional, lo anterior de conformidad con los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo. Con el oficio y anexo de cuenta, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido. Toda vez que con las constancias que remite la responsable se encuentra satisfecho el requerimiento formulado en auto de doce de septiembre del presente año, se deja sin efectos el apercibimiento realizado a la autoridad en el proveído de referencia.

  3. Principal

    Visto lo de cuenta; agréguese a los autos el escrito presentado signado en la vía electrónica por el autorizado de la parte quejosa. Al efecto, se tiene a la parte quejosa realizando manifestaciones a manera de alegatos, cuya relación y valoración se efectuará en la audiencia constitucional, de conformidad con lo previsto por el primer párrafo, del artículo 124 de la Ley de Amparo. En relación, con los puntos del escrito de cuenta en el que señala como hecho notorio la ejecutoria pronunciada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa relativa al amparo en revisión dígasele a la parte quejosa que no ha lugar a tenerla por ofrecida dado que este Juzgado de Distrito no está obligado a tomar en consideración lo resuelto por dicho juzgador, toda vez que lo único que lo obliga es lo señalado por el artículo 192 de la Ley de Amparo

  4. Principal

    V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1040/2022-V, promovido por Adrián Ferreyra Hernández, apoderado legal de HDI SEGUROS, Sociedad Anónima de Capital Variable, contra actos del Juez Cuarto de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, por considerarlos violatorios de las garantías contenidas para su protección en los artículos 14, 16 y 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de Amparo. Adrián Ferreyra Hernández, apoderado legal de HDI SEGUROS, Sociedad Anónima de Capital Variable, el veintinueve de abril de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, presentó demanda de amparo indirecto contra actos del Juez Cuarto de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, que se precisa en el considerando segundo. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de garantías. La demanda de garantías de referencia, se turnó para su conocimiento a este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, por incompetencia legal declinada Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, el cual mediante escrito de tres de mayo de dos mil veintidós, solicitó se aclarara la demanda y por auto de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, se declaró incompetente por territorio, cuyo Titular dictó proveído en primero de junio de dos mil veintidós, en que se acepta competencia y de avoca al conocimiento de la demanda de amparo, ordenando: admitirla a trámite y registrarla bajo expediente 1040/2022-V; pedir informe justificado a la autoridad señalada como responsable; dar intervención a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; y, fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de garantías, de conformidad con los numerales 103, fracción I, y 107, fracciones IV y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 36, 107 fracción III, de la Ley de Amparo y 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que se combaten actos de autoridad civil, cuya ejecución tuvo lugar en la demarcación territorial en que este Juzgado de Distrito ejerce su jurisdicción constitucional. Asimismo, la competencia de este Juzgado de Distrito para conocer del asunto se finca en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; modificado por el Acuerdo General 24/2013, modificado por el Acuerdo General 41/2018. SEGUNDO. Previo a la continuación del dictado de la presente resolución, es preciso destacar que de las constancias que integran el juicio mercantil ordinario 2010/2017 del índice de la responsable, se advierte que los señores Alfonso barba Pino y Manuel Couto Cortes fueron designados como apoderados legales de Carla Paola Schmidt Mendivil (aquí tercera interesada); y respecto de los dos primeros, dentro del expediente 89/2017-IV del índice del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Mercantil, Especializado en Juicios de Cuantía Menor, con sede en Zapopan, Jalisco, el suscrito determiné excusarme del conocimiento del mismo, derivado de las manifestaciones realizadas por Alfonso barba Pino hacia mi persona. Ahora bien, no obstante lo anterior y en estricto cumplimiento al artículo 217 de la Ley de Amparo, en virtud del criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dentro de la jurisprudencia 2a./J. 100/2018, en la que estableció que la causa de impedimento a que se refiere la fracción VIII del artículo 51 de la Ley de Amparo que prevé que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito, así como las autoridades que conozcan de los juicios de amparo deberán excusarse cuando ocurra, entre otras causas de impedimento, la relativa a que se encuentren en una situación diversa a las especificadas en el propio precepto, que implique elementos objetivos de los que pudiera derivar el riesgo de pérdida de imparcialidad; y que ese supuesto normativo no se actualiza, por regla general, cuando una de las partes en el proceso formula manifestaciones ofensivas contra el juzgador de amparo. En ese tenor y tomando en consideración, que los motivos que dieron lugar a la excusa en comento de ser reiteradas, serán motivo de imposición de medidas disciplinarias, en términos del artículo 236 de la Ley de Amparo; es por ello, que se determina continuar con la resolución que ahora nos ocupa, con la imparcialidad que debe imperar en la administración de justicia. TERCERO. Precisión de los actos reclamados. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para tales efectos se analiza en su integridad el libelo actio de amparo, atendiendo a la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XI, abril de dos mil, página 32, cuyo texto y rubro, dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y anexos que forman un todo, se advierte que los actos reclamados en esta instancia constitucional consisten en: La resolución interlocutoria de seis de abril de dos mil veintidós, mediante la cual se resuelve el incidente de liquidación de sentencia del índice de la responsable Juez Cuarto de lo Mercantil de primera instancia del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco. CUARTO. Existencia del acto reclamado. El Juez Cuarto de lo Mercantil del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco, manifestó que es cierto el acto reclamado. Además, la existencia de tal reclamo se corrobora con las constancias que del juicio de origen remitió dicha responsable, a lo que se le concede pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. QUINTO. Conceptos de Violación. Al no invocar las partes alguna causa de improcedencia, ni de oficio, se advierte su configuración, procede estudiar los conceptos de violación, cuya falta de transcripción no transgrede las normas legales que regulan el procedimiento en el juicio de amparo, SEXTO. Estudio de los actos reclamados. Los conceptos de violación son infundados por los motivos que a continuación se exponen. Previo al estudio de los motivos de inconformidad resulta pertinente destacar lo que se obtiene de las constancias certificadas allegadas por la juez responsable relativas al juicio mercantil ordinario en el expediente 2010/1017, del índice de la responsable, que a saber son los siguientes: 1. Mediante escrito presentado el diez de agosto de dos mil diecisiete, ante la Oficialía de Partes Común del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, por conducto de sus apoderados legales Carla Paola Schmidt Mendivil, demandó a HDI SEGUROS, Sociedad Anónima de Capital Variable, en la vía ordinaria por el pago y cumplimiento de diversas prestaciones pecunarias. 2. Por cuestión de turno correspondió el conocimiento del asunto al Juez Cuarto de lo Mercantil de primera instancia del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco, cuyo Titular en acuerdo de treinta de agosto de dos mil diecisiete, lo registró bajo número de expediente 2010/1017, lo admitió a trámite en la vía y forma propuesta, y ordenó emplazar a la parte demandada, para que dentro del plazo legal dieran contestación a la demanda entablada en su contra. 3. Seguido el juicio, el día once de febrero de dos mil veinte, se dictó sentencia definitiva, en la que concluyó con las siguientes proposiciones: PRIMERO. Los presupuestos de competencia, personalidad y vía, quedaron justificados en términos de las de los considerandos I, II, y III de esta sentencia. SEGUNDO. La parte actora aprobó su acción, mientras que las partes demandadas Plan Seguro, S.A, de C.V, Compañía de Seguros y HDI Seguros, S.A, de C.V, no acreditaron las excepciones y defensas que hicieron valer. TERCERO. Se condena a las demandadas Plan Seguro, S.A, de C.V, Compañía de Seguros y HDI Seguros, S.A, de C.V, el cumplimiento del contrato de seguros del que derivó la póliza de seguros 13244/9 con vigencia del 13 trece de diciembre de 2013 al dos mil trece al 13 trece de diciembre de 2014 dos mil catorce. CUATRO. Se condena a las demandadas Plan Seguro, S.A, de C.V, Compañía de Seguros y HDI Seguros, S.A, de C.V, a pagar a favor de la parte actora Carla Paola Schmidt Mendivil, la cantidad de $582,133.83 quinientos ochenta y dos mil ciento treinta y tres pesos moneda nacional, por concepto de reembolso de los gastos derivados del parto y la atención médica de cuidado intensivo de los menores Inés, Santiago y Juan Fernando de apellidos Schmidt Mendivil que Carla Paola Schmidt Mendivil, en cuya cantidad ya va descontado el deducible y coaseguro que se convino a cargo de la actora en el contrato de seguro que fue fundatorio de la acción. QUINTO. Se condena a las demandadas Plan Seguro, S.A, de C.V, Compañía de Seguros y HDI Seguros, S.A, de C.V, el pago de la indemnización por mora; así como el pago de intereses moratorios sobre las obligaciones a las que fueron condenadas, denominadas en Unidades de Inversión, cuya tasa será igual al resultado de multiplicar por 1.25 el costo de capitalización a plazo de pasivos denominados en unidades de inversión de las instituciones de banca múltiple del país, publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, correspondiente a cada uno de los meses en que exista mora, a partir de la fecha de exigibilidad legal, esto es, a partir del día 28 veintiocho de febrero de 2014 dos mil catorce y hasta el día inmediato anterior a aquella en que se efectuó el pago, los cuales deberán cuantificarse mediante el incidente de liquidación respectivo, en la etapa de ejecución de sentencia. SEXTO. Se condena a las demandadas Plan Seguro, S.A, de C.V, Compañía de Seguros y HDI Seguros, S.A, de C.V, al pago de cosas a favor de la actora, las que deberán ser reguladas mediante el incidente respectivo, en la etapa de ejecución de sentencia. 4. En tal razón el ocho de diciembre de dos mil veintiuno, se tuvo a Carla Paola Schmidt Mendivil, formulando planilla de liquidación de sentencia y se ordenó dar vista a la parte contraria, y en el diverso de catorce de enero de dos mil veintidós, se tuvo evacuando la vista a la autorizada de la parte demandada, ordenando correr traslado a la parte actora, quien a su vez formuló manifestaciones; y, el treinta de marzo de dos mil veintidós, se ordenó poner los autos a la vista del juzgador para que emitiera planilla de liquidación. 5. El seis de abril de dos mil veintidós, se dictó sentencia interlocutoria en el incidente de liquidación, resolución que constituye el acto reclamado. En lo conducente la resolución en cita establece: "[.] En principio, para determinar el monto por concepto de indemnización legal por mora debe atenderse lo dispuesto por el artículo 276 de la Ley de Seguros y Fianzas, ahora bien, para obtener el valor de la unidad de inversión debe precisarse en primer término la fecha en que se incurre en mora, precisamente el día 28 veintiocho del mes de febrero del año 2018 dos mil dieciocho. [.] Dicha resolución constituye el acto reclamado. En el expediente 1040/2022-V se formula como concepto de violación, el siguiente: Que se conculcan en perjuicio del quejoso, las garantías de audiencia, legalidad y seguridad jurídica, contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, en relación con los artículos 1077 del Código de Comercio, 21, numeral 3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 2397 del Código Civil Federal de la aplicación supletoria y el 276 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y lo dispuesto por los artículos 216, 217 y 221 de la Ley de Amparo en relación a la tesis jurisprudencial citada y transcrita, cuyo rubro es el siguiente: Que la responsable en forma ilegal, infundada y usuraría liquida en la planilla de intereses moratorios que fórmula, el cobro de intereses sobre intereses, excediendo con ello los límites que contempla el artículo 276 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas. Que de las operaciones aritméticas realizadas en el considerando VII del acto reclamado, se evidencia que primeramente obtuvo el interés correspondiente al primer mes, mismo interés que posteriormente suma a la suerte principal para así cuantificar el segundo mes y así subsecuentemente para todos los meses restantes. Sigue diciendo que la responsable está condenando a su poderdante al pago de intereses sobre intereses, lo cual además de ser usurario es ilegal conforme a los artículos 21, numeral 3, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 2397 del Código Civil Federal de aplicación supletoria que establece "Las partes no pueden, bajo pena de nulidad, convenir de antemano que los intereses se capitalizarán y produzcan intereses". La alegación de la parte quejosa involucra la garantía de debido proceso contemplada en el dispositivo 14 constitucional, el cual establece en lo que interesa, que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Dicho precepto contiene una serie de garantías constitucionales que establecen las formas y los procedimientos a que deben sujetarse las autoridades para lícitamente invadir el campo de las libertades individuales, de todo gobernado respetando el orden público necesario para toda sociedad organizada. La serie de requisitos, condiciones o elementos a cumplimentar en todo procedimiento constituye la garantía de seguridad jurídica. La seguridad jurídica, consagrada en la Ley Fundamental, se manifiesta como la sustancia de diversos derechos subjetivos públicos individuales del gobernado oponibles y exigibles al Estado, como son los de legalidad, audiencia, debido proceso y exacta aplicación de la ley. Así, al aludir a las formalidades esenciales del procedimiento que se dicen conculcadas, tal prerrogativa se integra por los derechos de defensa, consistentes en la posibilidad de ser oído en el juicio respectivo y de desahogar pruebas que tiene el afectado, esto es, deben considerarse como tales, los principios formativos del procedimiento judicial necesarios para que las partes tengan la posibilidad real de lograr una decisión justa de la controversia planteada, la cual desde luego está vinculada con los derechos de acción y defensa como lo proclama el artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, el cual establece: "Artículo 10. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal". Esta garantía corresponde a las diversas prescripciones de índole formal que los actos de naturaleza procesal deben revestir para ser válidos lo cual se traduce en una garantía de legalidad en el proceso, establecida en favor de las partes mismas, que enmarca la actuación de la autoridad ya que impide que los actos que lo contienen se realicen de manera caprichosa o contraria a derecho. En efecto dicha garantía de seguridad jurídica aplicada en específico, al tema de legalidad en los actos de autoridad que tiendan a causar molestia en su esfera jurídica, se encuentra prevista en el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece, que todo acto de autoridad que cause molestia al particular gobernado limitando su esfera jurídica, debe emitirse por escrito, surgir de autoridad que cuente con facultades legales para su emisión y además en él se deben precisar con exactitud los preceptos en que la citada autoridad funda tanto su competencia como el acto que emite y con igual exactitud de deben precisar las razones motivos o circunstancias que determinaron su voluntad para resolver de esa forma y su adecuación a la hipótesis normativa. La garantía consagrada en este precepto tiene su fundamento en el principio de legalidad, conforme al cual, las autoridades del Estado sólo pueden actuar cuando la ley se los permite, en la forma y en los términos determinados en la misma; dicho de otro modo, las autoridades únicamente pueden ejercer las facultades y atribuciones previstas en la ley que regula sus actos y consecuencias, cuya eficacia está subordinada a que se ubiquen en el marco legal que rige su funcionamiento. Por otra parte, la autoridad de la cosa juzgada es una forma que las leyes procesales han previsto, como regla que materializa la seguridad y la certeza jurídicas que resultan de haberse seguido un juicio que culminó con sentencia firme. En efecto, la autoridad de la cosa juzgada que se atribuye a la sentencia definitiva o laudo definitivo no se funda en una ficción, sino en la necesidad imperiosa de poner fin a las controversias, a efecto de dar certidumbre y estabilidad a los derechos del litigio, como consecuencia de la justicia impartida por el Estado, por medio de los Jueces. En el sistema jurídico mexicano, la institución de la cosa juzgada se ubica en la sentencia obtenida de un auténtico proceso judicial, entendido éste como el que fue seguido con las formalidades esenciales del procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual da seguridad y certeza jurídica a las partes. Así también, la cosa juzgada se encuentra prevista en el artículo 17 de la propia Constitución Federal, en cuya parte que interesa establece: "Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones.". Ello, porque la plena ejecución de las resoluciones jurisdiccionales se logra, exclusivamente, sólo en cuanto la cosa juzgada se instituye en el ordenamiento jurídico, como resultado de un juicio regular, que se ha concluido en todas sus instancias y ha llegado al punto en que lo decidido ya no sea susceptible de discutirse, en aras de salvaguardar el diverso derecho de acceso a la justicia, establecido en el propio artículo 17 constitucional, pues dentro de tal prerrogativa se encuentra no sólo el derecho a que los órganos jurisdiccionales establecidos por el Estado diriman un conflicto, sino también el derecho a que se garantice la ejecución de la decisión del órgano jurisdiccional. Luego, la autoridad de la cosa juzgada constituye uno de los principios esenciales en que la seguridad jurídica se funda; por tanto, debe respetarse con todas sus consecuencias jurídicas. Así, en un proceso en el que el interesado tuvo adecuada oportunidad de ser escuchado en su defensa y de ofrecer pruebas para acreditar sus afirmaciones, además de que el litigio fue decidido ante las instancias judiciales que las normas del procedimiento señalan, la cosa juzgada resultante de esa tramitación no puede ser desconocida, pues en ella descansa el respeto al Estado de derecho, como fin último de la impartición de justicia a cargo del Estado, siempre que se haya hecho efectivo el debido proceso, con sus formalidades esenciales. En contraposición a ello, la autoridad de la cosa juzgada no puede invocarse y confirmarse cuando ese debido proceso no tuvo lugar en el juicio correspondiente. El valor que la seguridad y la certeza jurídica tienen para el Estado no está a discusión, como tampoco lo está el hecho de que las sentencias definitivas establecen, con carácter rígido, la verdad legal del caso concreto. Esta última, en su inmutabilidad, eficacia y ejecutabilidad, materializa respecto a quienes fueron parte en el juicio, sus garantías de seguridad y certeza jurídica. A través del sistema jurídico debe buscarse proveer de certeza a los litigantes, de modo tal que la actividad jurisdiccional se desarrolle una sola vez y culmine con una sentencia definitiva y firme, por lo cual no debe consentirse la impugnación de la cosa juzgada y no debe abrirse, por tanto, una nueva relación procesal respecto de una cuestión jurídica que ya está juzgada y cuyas etapas procesales se encuentran definitivamente cerradas; la impugnación de la cosa juzgada es irracional, pues la autoridad de esta última, en nuestro sistema, debe estimarse absoluta, sin que pueda considerarse que la cosa juzgada se establezca sólo por razones de oportunidad y utilidad, y que puedan también por excepción justificar su sacrificio, en aras de dotar de eficacia a la garantía de acceso efectivo a la jurisdicción, así como para evitar el desorden y el mayor daño que podría derivarse de la conservación de una sentencia que, como acto jurídico, contenga algún vicio de nulidad que la torna ilegal. De ahí que, en nuestro medio, los principios que inspiran la inmutabilidad de las sentencias son absolutos, y no deben ceder frente a algunos otros de origen también constitucional, como el de incongruencia en las resoluciones, pues aceptando que el proceso se encuentra debidamente garantizado, en la medida que el propio sistema está integrado por diversas instancias y medios de defensa que permiten a los interesados, impugnar oportunamente las decisiones jurisdiccionales, a fin de reparar cualquier vicio del que las decisiones judiciales pudieran adolecer, cuando estos han sido cuestionados y decidida impugnación o aceptado en sus términos, por falta de ejercicio de recursos en su contra se vuelven inmodificables, inimpugnables, inmutables y se tornan obligatorias por ser la verdad legal, al descansar precisamente en dicha inmutabilidad, los principios de seguridad y certeza jurídica. La cosa juzgada formal en realidad constituye una expresión de la institución jurídica de la preclusión, al apoyarse en la inimpugnabilidad y en sentido estricto es la que se califica como material e implica la imposibilidad de que lo resuelto pueda discutirse en cualquier proceso futuro, sin desconocer que la formal es condición necesaria para que la material se produzca. Ahora bien, considerando que en el caso, la sentencia interlocutoria de seis de abril de dos mil veintidós, derivó de la sentencia definitiva en la que se determinó en su proposición quinta condenar a las demandadas Plan Seguro, S.A, de C.V, Compañía de Seguros y HDI Seguros, S.A, de C.V, el pago de la indemnización por mora; así como el pago de intereses moratorios sobre las obligaciones a las que fueron condenadas, denominadas en Unidades de Inversión, cuya tasa será igual al resultado de multiplicar por 1.25 el costo de captación a plazo de pasivos denominados en unidades de inversión de las instituciones de banca múltiple del país, correspondiente a cada uno de los meses en que exista mora, a partir de la fecha de exigibilidad legal, esto es, a partir del día veintiocho de febrero de dos mil catorce y hasta el día inmediato anterior a aquella en que se efectuó el pago, lo cual debería cuantificarse mediante el incidente de liquidación respectivo, en la etapa de ejecución de sentencia. En tanto, que en el considerando tercero de la mencionada sentencia definitiva, párrafo XVII se condenó al pago de la indemnización por mora e interés moratorios en términos de lo dispuesto por el artículo 276 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, en virtud de que la parte actora exigió como prestaciones por concepto de intereses las indicadas en los párrafos segundo y tercero del capítulo de prestaciones de la demanda en los términos que quedaron transcritos en el considerando IV. Denominado ACCIÓN DE ESTA SENTENCIA y de conformidad a lo dispuesto por el citado artículo 276, que en lo que aquí interesa dispone: "ARTÍCULO 276.- Si una Institución de Seguros no cumple con las obligaciones asumidas en el contrato de seguro dentro de los plazos con que cuente legalmente para su cumplimiento, deberá pagar al acreedor una indemnización por mora de acuerdo con lo siguiente: Las obligaciones en moneda nacional se denominarán en Unidades de Inversión, al valor de éstas en la fecha del vencimiento de los plazos referidos en la parte inicial de este artículo y su pago se hará en moneda nacional, al valor que las Unidades de Inversión tengan a la fecha en que se efectúe el mismo, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo de la fracción VIII de este artículo. Además, la Institución de Seguros pagará un interés moratorio sobre la obligación denominada en Unidades de Inversión conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior, el cual se capitalizará mensualmente y cuya tasa será igual al resultado de multiplicar por 1.25 el costo de captación a plazo de pasivos denominados en Unidades de Inversión de las instituciones de banca múltiple del país, publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, correspondiente a cada uno de los meses en que exista mora." (El subrayado proviene de este juzgado) Entonces, el precepto transcrito establece claramente que en caso de Instituciones de Seguro, pagará un interés moratorio sobre la obligación denominada en Unidades de Inversión conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior, el cual se capitalizará mensualmente; por lo que es dable concluir, que en la pluricitada sentencia se condenó al pago de la indemnización por mora e interés moratorios en términos de lo dispuesto por el artículo 276 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, tal y como fue realizado por la responsable dentro de la liquidatoria reclamada. Por tanto, no puede la parte quejosa pretender modificar bajo ninguna circunstancia dicho sentencia definitiva, que constituye cosa juzgada, toda vez que debe entenderse tiene la inmutabilidad de lo resuelto en resolución firme, sin que pueda admitirse modificación por circunstancias posteriores o inconformidad al momento de resolver la planilla de liquidación de sentencia, como en el caso acontece, pues como se dejó establecido en la multicitada sentencia definitiva de once de febrero de dos mil veinte, descansan los principios constitucionales de certeza y seguridad jurídica. Esto, porque para tener por satisfecha la ejecución de la sentencia definitiva, se debe atender a las condenas en ella establecidas; y de las consideraciones vertidas por la parte quejosa, se aprecia con claridad, que lo que pretende es modificar dicha condena. Así es, para poder combatir la misma debió de atacarla de manera correcta mediante amparo directo, por tanto, no puede venir al amparo indirecto a pretender enmendar, mediante esta vía sus propias omisiones. Tiene aplicación, por analogía, la jurisprudencia I.2o.T. J/3 de los Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VII, Junio de 1998, visible a página 479, que a la letra dice: "INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN, SALARIO QUE DEBE CONSIDERARSE EN EL. El objeto de este incidente es tan sólo cuantificar la condena impuesta en el laudo dictado en el juicio laboral, por lo que si en éste se fijó el salario base de la misma, no es procedente que en la resolución incidental se tome en cuenta un salario diferente, aunque el que se precisó en dicho laudo no haya sido el correcto, si no se promovió amparo directo en contra del propio laudo." Por lo que es infundo su concepto de violación en el que argumenta en esencia que resulta ilegal e infundada y usuraría la cantidad liquida condenada en la planilla de liquidación de sentencia, y el cobro de intereses sobre intereses, excediendo con ello los límites que contempla el artículo 276 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas. De la anterior jurisprudencia, se observa que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que el análisis oficioso sobre la posible existencia de usura que deben realizar las autoridades jurisdiccionales corresponde a un tema de índole sustantiva que, al encontrarse íntimamente relacionado con las pretensiones de la demanda, encuentra un límite en la cosa juzgada; es decir, una vez dictada sentencia ejecutoria que defina la condena de intereses, ya no se puede efectuar el control de usura en una etapa posterior al juicio, por ejemplo, en el incidente de liquidación de sentencia. Ante lo infundado de los conceptos de violación y dado que no se demostró la inconstitucionalidad del acto reclamado, procede negar el amparo y la protección de la Justicia de la Unión solicitados, ya que no se encontró violación a los derechos humanos previstos en los artículos 1º, 14 y 16 Constitucionales. Por lo expuesto, y con fundamento, se resuelve: UNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Adrián Ferreyra Hernández, apoderado legal de HDI SEGUROS, Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra de los actos del Juez Cuarto de lo Mercantil de primera instancia del Primer Partido Judicial, por las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia.

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