Carlos Alberto Martinez Palafox

Expediente 197/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
197/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
26/03/2019

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Martinez Palafox

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta que antecede y en virtud de que ha transcurrido el plazo de cinco días para la interposición del recurso de queja que establece el artículo 97 de la Ley de Amparo, contra el auto de once de marzo del año en curso, en que se desechó la demanda de amparo, sin que se haya hecho valer; consecuentemente, SE DECLARA FIRME EL MISMO. Por lo tanto, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. Sin embargo, se hace la observación de que el presente expediente es susceptible de destrucción--. Notifíquese.

  2. Principal

    Con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de garantías por ser notoriamente improcedente, ya que el presente caso, se surte la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII con relación en el ordinal 6, ambos de la Ley de Amparo, por las siguientes razones: En efecto, el artículo 61, fracción XXIII, de la ley invocada, estatuye: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Por su parte el precepto 6 de la ley de la materia dispone: "Artículo 6.- El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5º de este Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en este Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Así, en términos del artículo 6° de la Ley de Amparo: "el juicio de amparo, únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la norma general, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame"; por ello, no es suficiente que se acredite la existencia de alguna situación abstracta, futura e incierta que pueda estimarse violatoria de derechos fundamentales, para poder concluir, que quien acude al juicio de amparo, en efecto se vea afectado por ésta; sino que es necesario que, quien acude al juicio constitucional, acredite una afectación actual, presente y cierta al derecho que desea se respete, para poder estimar que el acto que reclama le ha ocasionado un agravio personal y directo; pues si un acto de autoridad no lo ocasiona, no existe legitimación para intentar válidamente la acción constitucional contra dicho acto. Ahora, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y escrito aclaratorio se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: "A) De la autoridad responsable ordenadora señalada en el inciso I del capítulo correspondiente, reclamo la ilegal y arbitraria orden de desalojo de mi domicilio ubicado en --. B) De la autoridad responsable ejecutora señalada en el inciso 2 del capítulo correspondiente, reclamo la ejecución la ilegal y arbitraria orden de desalojo de mi domicilio ubicado en --". Como se advierte, la parte quejosa esencialmente sostiene bajo protesta de decir verdad, tanto en su demanda de amparo como en su escrito aclaratorio que la probable orden de desalojo de la que se duele tuvo conocimiento de su existencia con motivo de que personal del Juzgado Décimo de lo Civil de la Ciudad de México, le comentó al personal de vigilancia que resguarda la entrada de la unidad residencial que se encontraba en dicho juzgado; sin especificar número de expediente. De ahí que al no existir acto de ejecución alguno en su contra de la parte quejosa por parte de la responsable -sino simplemente rumores o dichos de personas- es que no se le afecta ningún derecho sustantivo en forma actual ni directa, por lo que el agravio no es actual ni directo, pues en su caso si llegare a existir un acto de entonces estará en aptitud de hacer valer lo que a su derecho corresponda, porque la probable (como lo aduce el quejoso) existencia de una orden de desalojo y algún otro acto que le pudiera causar perjuicio es un acto futuro e incierto, el cual sólo puede ser cuestionado cuando éste exista. Lo anterior es así porque la misma parte quejosa afirma bajo protesta de decir verdad, que la orden de desalojo de la que se duele tuvo conocimiento de su existencia con motivo de que personal del Juzgado Décimo de lo Civil de la Ciudad de México, le comentó al personal de vigilancia que resguarda la entrada de la unidad residencial que se encontraba en dicho juzgado; sin especificar número de expediente. Así, es incuestionable que la parte quejosa no reclama algún acto privativo o de molestia que afecte de forma cierta y actual su esfera jurídica; en el entendido que no basta la posible existencia de un procedimiento que a la postre le represente una afectación, sino que es necesario para acudir al amparo la existencia de un acto que lesione sus intereses en forma directa, lo cual no acontece en el caso concreto, pues se trata de simples manifestaciones que le hicieron unas personas, sin que exista acto de ejecución en su contra por parte de autoridad alguna. Son aplicables al caso las jurisprudencias 25 y 26, visibles en la página 17, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del rubro y texto siguientes: "AGRAVIO INDIRECTO.- No da ningún derecho al que lo sufre para recurrir al juicio de amparo". "AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCIÓN DE AMPARO DEBE SER ACTUAL.- De los artículos 73, fracción V, y 4º de la Ley de Amparo, se desprende que el agravio al interés jurídico para ejercitar la acción constitucional, debe ser actual, por referirse a una situación que está causando perjuicio a la peticionaria, o que, por estar pronta a suceder, seguramente se le causará." Ante tales circunstancias, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 6°, ambos numerales de la Ley de la Materia, se desecha la demanda de garantías por notoriamente improcedente, pues no existe duda en el suscrito juzgador, para formarse un criterio distinto, ya que, por las razones apuntadas, está plenamente acreditada la causal de improcedencia invocada. Finalmente, se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la Ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Titulo Tercero de la Ley general de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamentos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se apliquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Notifíquese.

  3. Principal

    Vista la demanda de garantías, promovida por CARLOS ALBERTO MARTÍNEZ PALAFOX, por su propio derecho, contra actos del JUEZ DÉCIMO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y OTRA, por considerar violadas sus garantías consagradas en los artículos, 14 y 16 constitucionales; fórmese juicio de amparo y regístrese con el número 197/2019-II. Ahora bien, a efecto de acordar lo que proceda sobre su admisión, con fundamento en el artículo 114, fracción III, en relación con el 108, fracción I de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa mediante notificación personal, para que dentro del término de CINCO DÍAS, manifieste bajo protesta de decir verdad lo siguiente: 1).- El número y tipo de juicio del índice del Juzgado Décimo de lo Civil de la Ciudad de México. 2).- Si sabe quiénes son las partes en el juicio de origen. 3).- Si conoce la fecha de la emisión del acto reclamado. 4) Asimismo, si con anterioridad a la diligencia que menciona en su ocurso, tuvo conocimiento del juicio radicado ante el Juez responsable, de ser así, indique la fecha. Por otro lado, dígasele a la ocursante que deberá presentar su aclaración EN ORIGINAL Y COPIAS SUFICIENTES, de acuerdo con el artículo 110 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales; apercibida que de no dar cumplimiento a lo ordenado, SE TENDRÁ POR NO PRESENTADA LA DEMANDA, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo. Ahora bien, y toda vez que la parte quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado, en tal virtud, las mismas se le harán por medio de lista, de conformidad con la Tesis sostenida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, consultable en la página 1067, del tomo VIII, del mes de diciembre de 1998, de Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época; cuyo criterio comparte este órgano jurisdiccional, la cual es del tenor siguiente: En otro contexto, en relación a las personas que autoriza en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, no ha lugar a tenerlas por autorizadas, toda vez que no indica el número de cédula profesional, para estar en condiciones de realizar su búsqueda en el referido Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, lo anterior por existir homónimos, por lo que únicamente se les autoriza para oír y recibir notificaciones.

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