Carlos Alberto Martínez Benavides
Expediente 1390/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1390/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 20/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Carlos Alberto Martínez Benavides
Actuaciones
- Principal
(4)....Agréguese el oficio **********signado por el Juez Segundo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el despacho ********, acompañando las constancias relativas a la notificación de la autoridad responsable Registradora Pública de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo. Consecuentemente, advirtiéndose de las constancias que remite la autoridad oficiante, que se llevó a cabo la diligencia encomendada, se tiene por notificada respecto del proveído de veinticinco de julio del año en curso, a la autoridad precitada.
- Principal
(4). I. Radicación. Ténganse por recibidos los autos del juicio de amparo ******************* del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, y anexos que acompaña, promovido por *******************por propio derecho, contra actos del Juez en Materia Penal en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral para el Primer Circuito Judicial de Pachuca, Hidalgo, y otra(s) autoridad(es), acúsese recibo de estilo. II. Creación del expediente. Fórmense los expedientes impreso y electrónico, regístrese en el Libro de Gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número ****. III. Decisión sobre la acción de amparo. El Secretario del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, remite por incompetencia el juicio de amparo promovido por *******************, contra actos que reclama del Juez en Materia Penal en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral para el Primer Circuito Judicial de Pachuca, Hidalgo, y otras autoridades, bajo el argumento de que al constituir el acto reclamado la orden de aprehensión dictada en contra de aquél, dentro de la causa penal *******************/2022 del índice del Juez de Control adscrito al Primer Circuito de Pachuca de Soto, Hidalgo, y su ejecución, en términos del ordinal 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, la misma tendrá ejecución únicamente dentro la circunscripción territorial asignada a los Juzgados de Distrito en el Estado de Hidalgo. Lo anterior, porque las autoridades responsables Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio, adscrito a la Unidad de Gestión Judicial Número Doce, Fiscal General de Justicia y Jefe General de la Policía de Investigación, ambos de la Ciudad de México, negaron los actos que les atribuyó; mientras que el Juez de Control adscrito al Primer Circuito de Pachuca de Soto, Hidalgo, aceptó haber girado aquél mandamiento judicial y el mismo se pretende materializar a través de la autoridad responsable Procurador General de Justicia del Estado de Hidalgo, quien también aceptó dicho acto Sin embargo, no se comparte el criterio sostenido por la autoridad oficiante y, por ende, no se admite la competencia planteada, por las consideraciones siguientes: En efecto, acorde a las reglas de competencia para el juicio de amparo, prevista en el artículo 37 de la Ley de la Materia , es juez competente aquél que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado se ejecute, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. En el presente supuesto, el acto reclamado lo constituye la orden de aprehensión, dictada dentro de la causa penal *******************/2022 del índice del Juzgado de Control adscrito al Primer Circuito de Pachuca de Soto, Hidalgo, y su ejecución, misma que al ser restrictiva de libertad deambulatoria necesariamente tienen una naturaleza ejecutiva, ya que al cumplimentarse deberá ser puesto bajo la potestad de que autoridad que lo requiere. Por ello, en congruencia con la regla deducida del numeral 37 de la Ley de Amparo, si los actos requieren de ejecución material, corresponde el conocimiento del juicio constitucional al Juez federal que ejerza sus funciones en el lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. Sin embargo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencia en el sentido de que es competente para conocer de un juicio de amparo el juez de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, empero si las autoridades ejecutoras que por residir dentro de la jurisdicción territorial del juez de Distrito, lo hacían competente, niegan el acto reclamado y el quejoso no desvirtúa esa negativa, dicho juez debe, una vez desarrollada totalmente la audiencia constitucional, salvo el dictado de la sentencia, declararse incompetente y remitir lo actuado al juzgado que resulte competente, para que conforme a sus atribuciones legales dicte la sentencia que corresponda. Así, en caso de que las autoridades señaladas como responsables ejecutoras en sus informes justificados nieguen los actos que se les atribuyen, el quejoso tienen oportunidad para controvertir y desvirtuar esas negativas, desde que se le da vista con el contenido de esos informes hasta la celebración de la audiencia constitucional, de modo que, si una vez iniciada la celebración de la audiencia respectiva, en su fase probatoria no queda acreditada la existencia de esos actos reclamados a las autoridades ejecutoras, esta particular situación debe motivar el desarrollo total de dicha audiencia, salvo el dictado de la sentencia, y entonces el Juez de Distrito debe proceder a formular la declaración de incompetencia respectiva, declinándola en favor del diverso juez federal en cuya jurisdicción y de acuerdo a las constancias de autos aparezca que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Sustenta lo anterior la jurisprudencia por contradicción de datos rubro y texto siguientes: Registro digital: 190373 Instancia: Pleno Novena Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 9/2001 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIII, Enero de 2001, página 5 Tipo: Jurisprudencia COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE CUYA RESIDENCIA LA ORIGINÓ NIEGA EL ACTO RECLAMADO Y ESTA NEGATIVA NO SE DESVIRTÚA, DICHO JUEZ DEBE DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LO ACTUADO AL JUEZ COMPETENTE. Conforme a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, es competente para conocer de un juicio de garantías el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, pero si la autoridad ejecutora que por residir dentro de la jurisdicción territorial del Juez de Distrito lo hacía competente, niega el acto reclamado y el quejoso no desvirtúa esta negativa, dicho Juez debe, una vez desarrollada totalmente la audiencia constitucional salvo el dictado de la sentencia, declararse incompetente y, en los términos establecidos por el artículo 52 de la propia ley, remitir lo actuado al Juez que resulte competente, para que conforme a sus atribuciones legales dicte la sentencia que corresponda. La anterior jurisprudencia incluso fue citada por la propia oficiante en el comunicado de cuenta. Por ende, si bien es verdad que las autoridades ejecutoras residentes en la jurisdicción territorial del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México (que inicialmente lo hacían competente), negaron la existencia del acto reclamado, sin que la parte quejosa desvirtuara esa negativa (hasta el momento en que se emitió el acuerdo de incompetencia, esto es, antes de la celebración de la audiencia constitucional), lo cierto es que de conformidad con el criterio jurisprudencial citado, era menester que diera al quejoso oportunidad de controvertir y desvirtuar esa negativa hasta la celebración de la citada audiencia. Ello, porque para que pueda ejercer la carga procesal probatoria y controvertir los informes respectivos se requiere que el sumario se agote en todas sus etapas hasta la audiencia de ley, en donde tendrá la última oportunidad de aportar los medios de convicción para, en su cao, acreditar que el acto sí existe y que es violatorio de sus derechos fundamentales. De igual forma dan soporte a tales consideraciones la jurisprudencia y criterio de datos, rubro y texto, siguientes: Registro digital: 2016596 Instancia: Plenos de Circuito Décima Época Materias(s): Común, Penal Tesis: PC.I.P. J/39 P (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 53, Abril de 2018, Tomo II, página 1071 Tipo: Jurisprudencia Pleno en Materia Penal del Primer Circuito COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE RADICA LA AUTORIDAD QUE LA EMITIÓ, CUANDO UNA VEZ RENDIDOS LOS INFORMES JUSTIFICADOS DESAPARECE LA POSIBILIDAD DE EJECUCIÓN EN MÁS DE UN DISTRITO A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO. Del precepto indicado se advierte que la competencia para conocer del juicio de amparo, cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, recae en el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. Dicha posibilidad surge con el señalamiento de autoridades ejecutoras con injerencia en distintas demarcaciones territoriales y se toma en consideración para que el Juez de amparo que reciba la demanda sea momentáneamente competente. Ahora bien, tratándose de la orden de aprehensión, si al rendir los informes justificados las autoridades responsables ejecutoras niegan los actos reclamados y el quejoso no desvirtúa esa negativa, es inconcuso que esa posibilidad de ejecución en distintos Distritos desaparece, pues al no existir otro elemento cierto y objetivo que sirva para concluir categóricamente que el acto se ejecutará en otro ámbito territorial y no donde se emitió la orden de aprehensión, debe conocer del procedimiento constitucional, conforme a la regla prevista en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar donde radica la autoridad que la emitió pues, por regla general, es en ese sitio donde el acto deberá tener ejecución. Registro digital: 2004166 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Común, Penal Tesis: 1a./J. 52/2013 (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, página 383 Tipo: Jurisprudencia COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables. Así, con base a lo antes expuesto, se precisa que este Juzgado Federal no acepta la competencia planteada por el Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. Fórmese el cuaderno de antecedentes y comuníquese lo aquí determinado a la autoridad oficiante a través de la vía en que se recibió el oficio de cuenta. IV. Intervención a las partes del juicio de amparo. 1. Parte quejosa: *******************. a. Domicilio. Toda vez que se advierte que la parte quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas que se fijen en los estrados del juzgado oficiante, empero del contenido de la demanda se advierte que su domicilio particular es el ubicado en *******************; se tiene éste como domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente sumario, y en virtud de que el mismo se encuentra fuera de la residencia de este órgano de control constitucional, se ordena realizar la primer notificación personal en el citado domicilio a través de la comunicación oficial respectiva. Sin que haya lugar a notificar personalmente este proveído a la parte quejosa, en virtud de que en atención a lo determinado en el presente auto, es claro que este órgano de control constitucional no se vinculó con el procedimiento. b. Notificaciones vía correo electrónico. Con fundamento en los artículos 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles, 3º y 26, fracción IV, y 30 de la Ley de Amparo, en relación al artículo 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, dígase a(los) promovente(s) que no ha lugar a practicarle(s) notificaciones vía correo electrónico, dado que al efecto debe(n) contar con número de usuario y firma electrónica del Poder Judicial de la Federación. En todo caso, el número de teléfono celular y/o dirección de correo electrónico proporcionados se utilizarán para establecer comunicación no procesal con las partes cuando exista necesidad al respecto, conforme al artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. c. Autorizado(s). Téngase por autorizado(s) en términos del artículo 12, párrafo primero, de la Ley de Amparo, a *******************, ******************* y *******************, y en los restringidos de dicho numeral a *******************, *******************, *******************, hasta en tanto acredite(n) contar con cédula profesional inscrita en el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. f. Uso de medios electrónicos. Hágase del conocimiento del promovente que no requiere de autorización por parte de este tribunal para hacer uso de los mismos en la consulta del expediente físico. V. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta a los actuarios de la adscripción para que, de ser necesario, se constituyan en días y horas inhábiles a efecto de realizar las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Asimismo, se requiere a dichos fedatarios para que, al elaborar las síntesis de los acuerdos que deban publicarse en listas, especifiquen en la forma más completa en contenido de las resoluciones emitidas, además de integrar debidamente al expediente físico las razones de las diligencias que practiquen. VI. Se hace extensivo a las partes el contenido del artículo 12 del ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19. Se hace saber a las partes que de conformidad con el artículo 12 del ACUERDO GENERAL 21/2020 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19 , en este edificio sede se encuentra habilitada la Oficialía de Partes Común (OPC), para la recepción de promociones presentadas físicamente, la cual conforme al artículo 12, fracción I, del ACUERDO GENERAL 7/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-9, en relación con el periodo de vigencia y las facultades de la Comisión Especial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de abril de dos mil veintidós, operará de lunes a viernes de 8:00 a.m. a las 03:00 p.m., con excepción de los días inhábiles. En la inteligencia que dicha Oficialía -por lo que hace a este Juzgado de Distrito- prestará servicios de las 8:00 a las 15:00, exclusivamente, ello en atención a que de conformidad con el ANEXO 1, relativo a la Asignación de turno y horario escalonado para el trabajo presencial en los órganos jurisdiccionales, de conformidad con el artículo 15 del citado ACUERDO GENERAL 7/2022, este juzgado cubrirá un horario matutino, con hora de entrada 8:30 y hora de salida será a las 15:30. Así, con base en el numeral citado, la persona actuante y encargada de la recepción de las promociones que, conforme a la normatividad aplicable deban presentarse ante la oficialía de partes de cada órgano jurisdiccional, hasta en tanto se concluya el turno de la Oficialía de Partes Común (OPC), procederá a entregar la totalidad de las promociones correspondientes a una persona que acuda por cada uno de los órganos jurisdiccionales atendidos por la misma. Esto es, no obstante la hora en que se realice la entrega física de las promociones presentadas por cualquiera de las partes ante dicha Oficialía, será hasta después de las 14:00 horas de ese día cuando serán remitidas a este Juzgado de Distrito, motivo por el cual las mismas no podrán ser observadas físicamente en el día de su presentación, menos aún podrán ser atendidas en las horas programadas en las audiencias señaladas. Lo que se insiste, se hace del conocimiento de las partes a fin de que presenten con la debida oportunidad -y tomando en consideración lo ya expuesto-, toda clase de promociones (informes, alegatos o pruebas); esto es, el día anterior al señalado para la celebración de la audiencia respectiva. VII. Exhortación a que hace alusión el artículo 22 del citado ACUERDO GENERAL 21/2020, a fin de mejorar la comunicación con las partes. De conformidad con el numeral señalado en párrafo que antecede, se exhorta a las partes a que: I. Continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de juicio en línea. II. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. VIII. Expedición de copias. Desde este momento se autoriza la expedición de copias que se soliciten durante el trámite en el presente juicio, con independencia de que en solicitudes ulteriores se autorice a otras personas para recibirlas, distintas de las autorizadas para tales efectos en la demanda de amparo o en los informes justificados; lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. En ese sentido, se hace del conocimiento de las partes que de conformidad con la fracción II, del artículo 6, del Acuerdo General 21/20 antes citado, éstas o sus representantes y personas autorizadas, según las reglas de las leyes aplicables, podrán genera citas, a través del sistema Agenda OJ, para consultar expedientes, realizar el trámite correspondiente a la obtención de copias, así como desahogar requerimientos o comparecencia que le hayan sido exigidas por el órgano jurisdiccional. Esquema de trabajo que continuará en vigor hasta en tanto se emitan disposiciones generales en contrario o que modifiquen el modelo de atención presencial basado en citas contemplado en el precitado Acuerdo General. IX. Transparencia. Hágase del conocimiento de las partes que de conformidad a los artículos 26, 27 y 28 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que este juzgado, como responsable de los datos personales de las partes en el presente juicio de amparo, los mismos serán utilizados para su tramitación y registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con fines estadísticos; asimismo, en términos de los diversos 43 a 48 de la ley general en cita, quedan a salvo los derechos de las partes de acceso, ratificación, cancelación y oposición de tratamiento de datos personales, los que podrán ejercitar directamente ante este tribunal, por medio de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, o ante la Unidad de transparencia de éste, auxiliar de su Comisión de Transparencia. En todo caso, hágase del conocimiento de las partes que este tribunal presume su oposición a la publicación de sus datos personales y únicamente en caso de solicitud expresa, se obrará en contrario. Finalmente, acorde a lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los sujetos obligados en el ámbito federal deberán cumplir con las obligaciones de transparencia y poner a disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos medios electrónicos, la información señalada en el Título Quinto, entre ellas, las sentencias ejecutorias de interés público, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que, en las resoluciones que se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia que la falta de oposición expresa, implicará que en la versión pública correspondiente se suprimirán los datos sensibles que puedan contener de conformidad con el artículo 118 del ordenamiento en cita, entre los cuales se encuentren datos clasificados como confidenciales.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo · 11,948 expedientes
- Carlos Alberto García Sánchez899/2018
- Carlos Alberto García Sánchez861/2023
- Carlos Alberto García Sánchez1020/2017
- Carlos Alberto García Sánchez936/2023
- Carlos Alberto Magaña Morales147/2022
- Carlos Alberto Martínez Benavides1518/2022
- Carlos Alberto Martinez Espinoza25/2016
- Carlos Alberto Rico Fernández661/2023
- Carlos Alberto Sánchez Fernandez303/2018
- Carlos alberto Sánchez Fernandez y Otros.1646/2022
- Carlos Alberto Uribe Skewes704/2022
- Carlos Aldair Cruz Sanchez10/2016