Carlos Alberto Maldonado Palacios

Expediente 70/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
70/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
21/02/2023

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Maldonado Palacios

Actuaciones

  1. Principal

    Causa estado y se ordena su archivo

  2. Principal

    Devuelven exhorto. Téngase por recibido el oficio signado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Noveno de Distrito de Amaro en Materia Penal en la Ciudad de México en funciones de Juez, a través del cual devuelve sin diligenciar el exhorto 69/2023-V, número de orden 69/2023-V, del índice de este órgano jurisdiccional; agréguese, y dese de baja en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para los efectos estadísticos correspondientes. En consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar al quejoso el proveído de veinticinco de enero de dos mil veintitrés, el presente auto, así como las subsecuentes notificaciones personales por medio de lista que se fije en este Juzgado Federal, hasta en tanto, señale domicilio cierto y actual para recibir notificaciones. SE NOTIFICA AUTO DE 25 DE ENERO DE 2023: "Radicación. Vista la demanda de amparo que promueve ******, por propio derecho, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Chalco, Estado de México y otras autoridades; fórmese expediente electrónico e impreso, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado Federal, con el número 70/2023-V. Decisión sobre la instancia constitucional (desechamiento). Ahora bien, conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, y de la lectura integral del libelo constitucional, se advierte que procede desecharla de plano. Ahora bien, a efecto de proveer lo correspondiente a la demanda de cuenta, debe considerarse lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De lo anterior, se impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; por tanto, se procede a efectuar el análisis respectivo. Encuentra apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número XVII.2o.J/11, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Enero de 1999, página 648, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Esencialmente la tesis en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Al respecto, con la finalidad de dar certeza jurídica al presente proveído, conviene precisar que el acto que por esta vía se reclama, es el siguiente: "A) De la ordenadora señalada con el número del apartado correspondiente, la orden de aprehensión, detención, localización y presentación o comparecencia, girada contra el suscrito; así como cualquier acto tendiente a privarme de la libertad B) De las ejecutoras, se les reclama cualquier acto tendiente a la implementación y/o ejecución para cumplimentar la orden de aprehensión, detención, localización y presentación o comparecencia, girada contra el suscrito; ya sea por sí o por las autoridades o agentes bajo su mando". Ahora bien, del capítulo respectivo a los antecedentes del acto reclamado, el solicitante de amparo, bajo protesta de decir verdad, refiere lo que al tenor literal establece: "1. El día 25 de diciembre del año en curso, sin poder precisar la hora exacta se presentaron en el domicilio del suscrito, el ubicado en calle Hidalgo, número 48, en la colonia Centro en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México, varios sujetos del sexo masculino que dijeron eran miembros de la Policía Ministerial del Estado de México, manifestándole a mi empleada que tenían una orden de aprehensión, detención y/o comparecencia girada en mi contra; misma que había sido expedida por las autoridades señaladas en el apartado correspondiente y arriba enlistadas, proporcionando el número de carpeta de investigación NUC/CHA/CGO/JMA/009/341010/22/11". Caso concreto. El promovente del amparo reclama la orden de aprehensión, detención, localización, presentación y/o comparecencia dictada en su contra por el Juez de Control del Distrito Judicial de Chalco, Estado de México y otras autoridades, así como su ejecución, la cual considera violatoria de las garantías contempladas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, manifestando en sus antecedentes que tuvo conocimiento de dicho acto por lo menos desde el veinticinco de diciembre de dos mil veintidós. Manifestaciones bajo protesta de decir verdad de la parte quejosa, las cuales son una confesión para esta Juzgadora, y constituye un medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia de rubro y texto, siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo". En ese contexto, en el presente asunto, se demuestra una causa notoria e indudable de improcedencia del juicio biinstancial, prevista en la fracción XIV, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 17, 18 y 19 de la misma Ley1 . 1 "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." "Artículo 19. Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo todos los del año, con excepción de los sábados y domingos, uno de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, uno y cinco de mayo, dieciséis de septiembre, doce de octubre, veinte de noviembre y veinticinco de diciembre, así como aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, o cuando no pueda funcionar por causa de fuerza mayor." En efecto, de la interpretación del artículo 18, de la Ley de Amparo, se advierte que contempla tres supuestos para fijar el término de quince días con que cuentan los gobernados para presentar la demanda protectora de derechos fundamentales; a saber: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación de la resolución o acuerdo que reclame, conforme a la ley del acto; b) A partir del día siguiente a la fecha en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; y c) A partir del día siguiente a la fecha en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. En ese orden de ideas, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a), es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado a la parte quejosa la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 17 de la Ley de Amparo para interponer la demanda de garantías, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita del acto reclamado, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo cual justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados2 Apoya esta consideración la jurisprudencia 115/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe, contenido y datos de localización siguientes: Por tanto, lo siguiente es determinar en cuál de los supuestos debe empezarse a computar el plazo de quince días para interponer la demanda de amparo. Bajo ese panorama, el presente juicio protector de derechos fundamentales se ubica dentro del segundo supuesto del artículo 18 de la Ley de Amparo; puesto que la parte quejosa tuvo conocimiento del acto que a través de esta vía excepcional combate, desde el veinticinco de diciembre de dos mil veintidós, por lo que es a partir del día hábil siguiente3 (veintiséis de diciembre de dos mil veintidós), en que empezó a correr el plazo de los quince días que otorga el artículo 17 de la ley de la materia para la presentación de la demanda de amparo. Lo anterior, descontando los días treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós, así como uno, siete, ocho, catorce y quince de enero de dos mil veintitrés, por haber sido inhábiles, de ahí que se evidencia que el lapso de quince días transcurrió del veintisiete de diciembre de dos mil veintidós al dieciséis de enero de dos mil veintitrés. "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar". Novena Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Página: 5. Tomo XXXIII, Enero de 2011. Materia(s): Común. 3 Es aplicable, por analogía y razones que expone, la jurisprudencia de datos: Época: Novena Época, Registro: 163172, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, enero de 2011, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 115/2010, Página: 5. DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Por tanto, si la demanda se presentó hasta el veintitrés de enero de dos mil veintitrés, es inconcuso que transcurrió en exceso el término de quince días hábiles que el artículo 17 de la Ley de Amparo, establece para interponer la demanda de amparo tratándose de asuntos de esta naturaleza, de ahí que su promoción es extemporánea. Lo anterior se refleja en el siguiente cuadro: Tuvo conocimiento del acto reclamado Empezó a correr Días inhábiles Concluyó Presentación de la demanda 25 de diciembre de 2022 27 de diciembre de dos mil veintidós 31 de diciembre de 2022, así como 1, 7, 8, 14 y 15 de enero de 2023 16 de enero de 2023 23 de enero de 2023 Lo anterior, máxime que el acto de referencia no se ubica en ninguno de los casos de excepción del citado artículo 17, fracción IV, de la Ley de amparo, pues en el caso no se reclama la aplicación de una norma general, no se trata de la sentencia definitiva condenatoria dictada en el proceso penal, no se impugnan actos que tengan por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, la posesión o disfrute de los derechos agrarios, tampoco se trata de actos que impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, ni de actos de incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (pena de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales). En consecuencia, como el acto reclamado se considera tácitamente consentidos, lo cual actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo. No es inadvertido para esta juzgadora, que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría ser estudiada en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, se estima que tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expedites en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la misma conclusión ahora formulada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.1o.A. J/4, consultable a página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto es el siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". Así como la jurisprudencia VII.2o.C. J/23, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en la página 921, Tomo XXIV, Junio de 2006, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Materia Común, que indica: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico". Designación de domicilio. Toda vez que la parte quejosa, no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la residencia de este juzgado de Distrito, se ordena notificar por lista de acuerdos que se publica en internet los acuerdos subsiguientes que deriven del presente asunto, hasta en tanto subsane tal omisión, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Amparo. No obstante lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26 fracción I inciso c) de la Ley de Amparo y lo dispuesto por los artículos 298, 299, 300 y 301, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, así como lo dispuesto por el artículo 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por única ocasión gírese atento exhorto al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en Turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado de Distrito, instruya a quien corresponda, y con copia simple del presente proveído notifique al quejoso Carlos Alberto Maldonado Palacios, en el domicilio ubicado en Avenida Insurgentes, número 55, Despacho 303, colonia San Rafael, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, debiendo requerirlos para que en el acto de la diligencia o dentro del plazo de tres días contado a partir de la legal notificación de este auto, señalen domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la residencia de este órgano jurisdiccional (Nezahualcóyotl, Estado de México), en el entendido que de no hacerlo, sin ulterior acuerdo, las subsecuentes notificaciones de carácter personal, se le harán por medio de lista correspondiente, con apoyo en el ordinal 26, fracción III, de la ley en la materia. En la inteligencia de que si al constituirse el actuario en el domicilio señalado para tal efecto éste no resultare cierto y fuere informado o investigue que el quejoso en comento puede ser notificado en otro domicilio, practique la notificación encomendada en autos, en el domicilio indicado por el informante, debiendo asentar la razón correspondiente en su caso, siempre y cuando se realice dentro de la jurisdicción de ese tribunal. A fin de que la diligencia ordenada pueda realizarse por el actuario adscrito a dicho juzgado, con fundamento en el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilita días y horas inhábiles para tal efecto

  3. Principal

    Radicación. Vista la demanda de amparo que promueve Carlos Alberto Maldonado Palacios, por propio derecho, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Chalco, Estado de México y otras autoridades; fórmese expediente electrónico e impreso, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado Federal, con el número 70/2023-V. Decisión sobre la instancia constitucional (desechamiento). Ahora bien, conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, y de la lectura integral del libelo constitucional, se advierte que procede desecharla de plano. Ahora bien, a efecto de proveer lo correspondiente a la demanda de cuenta, debe considerarse lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De lo anterior, se impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; por tanto, se procede a efectuar el análisis respectivo. Encuentra apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número XVII.2o.J/11, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Enero de 1999, página 648, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Esencialmente la tesis en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Al respecto, con la finalidad de dar certeza jurídica al presente proveído, conviene precisar que el acto que por esta vía se reclama, es el siguiente: "A) De la ordenadora señalada con el número del apartado correspondiente, la orden de aprehensión, detención, localización y presentación o comparecencia, girada contra el suscrito; así como cualquier acto tendiente a privarme de la libertad B) De las ejecutoras, se les reclama cualquier acto tendiente a la implementación y/o ejecución para cumplimentar la orden de aprehensión, detención, localización y presentación o comparecencia, girada contra el suscrito; ya sea por sí o por las autoridades o agentes bajo su mando". Ahora bien, del capítulo respectivo a los antecedentes del acto reclamado, el solicitante de amparo, bajo protesta de decir verdad, refiere lo que al tenor literal establece: "1. El día 25 de diciembre del año en curso, sin poder precisar la hora exacta se presentaron en el domicilio del suscrito, el ubicado en calle Hidalgo, número 48, en la colonia Centro en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México, varios sujetos del sexo masculino que dijeron eran miembros de la Policía Ministerial del Estado de México, manifestándole a mi empleada que tenían una orden de aprehensión, detención y/o comparecencia girada en mi contra; misma que había sido expedida por las autoridades señaladas en el apartado correspondiente y arriba enlistadas, proporcionando el número de carpeta de investigación NUC/CHA/CGO/JMA/009/341010/22/11". Caso concreto. El promovente del amparo reclama la orden de aprehensión, detención, localización, presentación y/o comparecencia dictada en su contra por el Juez de Control del Distrito Judicial de Chalco, Estado de México y otras autoridades, así como su ejecución, la cual considera violatoria de las garantías contempladas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, manifestando en sus antecedentes que tuvo conocimiento de dicho acto por lo menos desde el veinticinco de diciembre de dos mil veintidós. Manifestaciones bajo protesta de decir verdad de la parte quejosa, las cuales son una confesión para esta Juzgadora, y constituye un medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia de rubro y texto, siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo". En ese contexto, en el presente asunto, se demuestra una causa notoria e indudable de improcedencia del juicio biinstancial, prevista en la fracción XIV, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 17, 18 y 19 de la misma Ley En efecto, de la interpretación del artículo 18, de la Ley de Amparo, se advierte que contempla tres supuestos para fijar el término de quince días con que cuentan los gobernados para presentar la demanda protectora de derechos fundamentales; a saber: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación de la resolución o acuerdo que reclame, conforme a la ley del acto; b) A partir del día siguiente a la fecha en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; y c) A partir del día siguiente a la fecha en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. En ese orden de ideas, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a), es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado a la parte quejosa la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 17 de la Ley de Amparo para interponer la demanda de garantías, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita del acto reclamado, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo cual justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados Por tanto, lo siguiente es determinar en cuál de los supuestos debe empezarse a computar el plazo de quince días para interponer la demanda de amparo. Bajo ese panorama, el presente juicio protector de derechos fundamentales se ubica dentro del segundo supuesto del artículo 18 de la Ley de Amparo; puesto que la parte quejosa tuvo conocimiento del acto que a través de esta vía excepcional combate, desde el veinticinco de diciembre de dos mil veintidós, por lo que es a partir del día hábil siguiente3 (veintiséis de diciembre de dos mil veintidós), en que empezó a correr el plazo de los quince días que otorga el artículo 17 de la ley de la materia para la presentación de la demanda de amparo. Lo anterior, descontando los días treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós, así como uno, siete, ocho, catorce y quince de enero de dos mil veintitrés, por haber sido inhábiles, de ahí que se evidencia que el lapso de quince días transcurrió del veintisiete de diciembre de dos mil veintidós al dieciséis de enero de dos mil veintitrés. Por tanto, si la demanda se presentó hasta el veintitrés de enero de dos mil veintitrés, es inconcuso que transcurrió en exceso el término de quince días hábiles que el artículo 17 de la Ley de Amparo, establece para interponer la demanda de amparo tratándose de asuntos de esta naturaleza, de ahí que su promoción es extemporánea. Lo anterior se refleja en el siguiente cuadro: Tuvo conocimiento del acto reclamado Empezó a correr Días inhábiles Concluyó Presentación de la demanda 25 de diciembre de 2022 27 de diciembre de dos mil veintidós 31 de diciembre de 2022, así como 1, 7, 8, 14 y 15 de enero de 2023 16 de enero de 2023 23 de enero de 2023 Lo anterior, máxime que el acto de referencia no se ubica en ninguno de los casos de excepción del citado artículo 17, fracción IV, de la Ley de amparo, pues en el caso no se reclama la aplicación de una norma general, no se trata de la sentencia definitiva condenatoria dictada en el proceso penal, no se impugnan actos que tengan por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, la posesión o disfrute de los derechos agrarios, tampoco se trata de actos que impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, ni de actos de incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (pena de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales). En consecuencia, como el acto reclamado se considera tácitamente consentidos, lo cual actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo

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