Carlos Alberto Magaña Medina

Expediente 251/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 10 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
251/2021
Año
2021
Actuaciones
10
Última actuación
21/10/2022

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Magaña Medina
  • Junta Especial Número Treinta Y Uno de la Federal de Conciliación Y Arbitraje En el Estado de Morelos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por la Presidente de la Junta Especial Numero Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, residente en esta Ciudad; mediante el cual solicita información acerca del estado procesal que guarda el juicio de amparo indirecto en que se actúa. Al respecto, infórmese que con fecha diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, se dictó la sentencia correspondiente en la que se determinó negar el amparo y protección de la Justicia Federal y por auto de cinco de enero del año en curso, causó ejecutoria la citada resolución y se ordenó el archivo del presente juicio de amparo. En consecuencia, al tratarse de un asunto totalmente concluido, se ordena devolver a la autoridad responsable Junta Especial Numero Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, las documentales que acompañó a su informe justificado para los efectos legales procedentes; sin que sea necesario el acuse de recibo respectivo. Finalmente, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en días y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se les haga entrega de los documentos originales que se hubieren exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con la Secretaria María del Rosario García Jiménez, que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, once de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, firmado electrónicamente por Brayan Alberto Magaña Plata., mediante el cual solicita la devolución de los autos originales del expediente laboral 964/2019; al respecto, dígase a la parte ocursante que por el momento no ha lugar acordar favorable su petición, toda vez que el ocusante del escrito de cuenta no es parte en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con la Secretaria María del Rosario García Jiménez, que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a cinco de enero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó negar el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. . Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se Negó la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, la sentencia definitiva, y determinaciones emitidas por la Superioridad para el caso de que las haya, esto último en términos de lo dispuesto en el numeral 18 párrafo tercero del citado Acuerdo General. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con la Secretaria María del Rosario García Jiménez, que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el nueve de noviembre de dos mil veinte, ante la Junta Especial Treinta y uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, Carlos Alberto Magaña Medina, por conducto de su apoderado legal, promovió amparo directo, solicitando el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por los actos siguientes: Autoridad responsable. Junta Especial Treinta y uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Acto reclamado: ".lo constituye el incidente de liquidación dictado en forma de laudo de fecha 10 de febrero del año 2020". SEGUNDO. El diez de marzo de dos mil veintiuno, por buzón judicial de la oficina de correspondencia común a los Tribunales colegiados en Materia de Trabajo del Décimo Octavo Circuito, recibió el informe justificado que rinde la Junta Especial Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, manifestando que es cierto el acto reclamado. TERCERO. El dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, en el amparo directo 79/2021, la superioridad, declaró su incompetencia para conocer del juicio de amparo y remitió los autos a la oficina de correspondencia común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, oficio 1180/2021, que recibió el veintidós de marzo siguiente, a través del buzón judicial. CUARTO. El veinticuatro de marzo del año en curso, esta autoridad recibió el oficio de la superioridad, admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 251/2021, sin necesidad de requerir a las responsables su informe justificado y emplazar al tercero interesado pues tal requisito procesal estaba satisfecho, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional la que tuvo lugar en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de las autoridades responsables: La sentencia interlocutoria de diez de febrero de dos mil veinte, que resuelve el incidente de liquidación de laudo, en el juicio laboral 964/2009. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad Junta Especial Treinta y uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, pues así lo informó de manera categórica, y remitió expediente original del juicio laboral 964/2009 y otros anexos, documentales a la que se les otorga valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por su ordinal 2º. CUARTO. Causales de improcedencia. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo, debe precisarse que las partes fueron omisas en invocar alguna causa de improcedencia, y el suscrito advierte que no se surten los supuestos que en ese sentido dispone el artículo 61, de la Ley de Amparo; situación que se hace constar por ser de estudio oficioso, de conformidad con el numeral 62 de la citada normatividad. QUINTO. Estudio del asunto. El impetrante del amparo expresó los conceptos de violación que aparecen insertos en el escrito de demanda, los cuales se tienen por reproducidos en este apartado, en aras del principio de economía procesal y en relación con lo dispuesto por la Tesis de Jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Son inoperantes los argumentos aducidos por el peticionario, sin que se actualice algún supuesto contemplado en el artículo 79 de la Ley de Amparo que materialice la suplencia de la queja a su favor. Se califican de inoperante los conceptos de violación formulados por la parte quejosa porque a través de ellos omite controvertir las consideraciones que sustentan la resolución incidental reclamada. Para mejor comprensión, cabe señalar, en lo que aquí interesa, los siguientes antecedentes del acto reclamado: 1.- El cinco de julio de dos mil diecisiete, la responsable emitió laudo en cumplimiento a la ejecutoria en el amparo directo 66/2017, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del décimo octavo Circuito, en lo que interesa se transcribe de la siguiente forma: ".2.- Procede el pago de salario caídos de la fecha del despido 2 de noviembre de 2009 y hasta la fecha que sea reinstalado física jurídica y materialmente, que se fija al 18 de noviembre de 2016 en 2573 días que se multiplican por el salario diario integrado de $290.50, la cantidad de $747,456. 50 (.), dejando a salvo los que se sigan generando aumentos o incrementos al salario concedidos durante la tramitación del juicio. 4, 5, 6, 8, 10, 11 y 12.- El pago de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, fondo de ahorro, ayuda para actividades culturales, y recreativas, despensa, ayuda de renta de casa habitación cláusula 63 bis incisos a, b, y c del Contrato colectivo de Trabajo, prestaciones contractuales que el demandado reconoce su existencia y pago durante el tiempo que prestó servicios al actor, que aparecen en los recibos de pago como conceptos 029 prima vacacional, 049 aguinaldo, 055 fondo de ahorro, 048 ayuda para actividades culturales y recreativas, 050 ayuda para despensa, 011 ayuda de renta cláusula 63 bis inciso b C.C. T. 020 ayuda de renta cláusula 63 bis inciso c. C.C.T., que es procedente su pago y otorgamiento durante el tiempo que ha ocupado el juicio, al no precisar el periodo que reclama, conceptos que quedan comprendidos en el pago de salarios caídos fijados con el salario mensual integrado confesado por el actor. 7.- Es procedente se reconozca como tiempo efectivo laborado el que ocupe el juicio, del 2 de noviembre de 2009 y hasta que se reinstale al actor en el puesto y categoría que venía desempeñando. 9.- con relación al concepto 152 fondo de jubilación que refleja el tarjetón de pago,. 13.- En cumplimiento a la sentencia de amparo que estableció, que se bien es cierto que el actor no exhibió la cláusula 56 del contrato Colectivo de Trabajo, la misma fue ofrecida por el INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ya que obra a fojas 131 de los autos y esta Junta la admitió en el acuerdo de 6 de diciembre de 2001, cláusula que establece el derecho del trabajador al pago de una indemnización para el caso de ser despedido injustamente, en el presente asunto, cuando el trabajador reclama su reinstalación, resultando procedente el pago de 90 días de sueldo tabular vigente a la fecha de separación, conforme a la cláusula 56 del contrato colectivo de trabajo. Para determinar el monto de la prestación se toma como base el tarjetón de pago de la segunda quince de octubre de 2009 (f.106), que en el recuadro de sueldo obtiene la cantidad diaria de $130.46 que se multiplica por 90 días, $11,741.40, que deberá cubrir el demandado por concepto de cláusula 56 contractual. Del análisis de las pruebas aportadas y quedar explicado que el INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL despidió injustificadamente al actor el 2 de noviembre de 2009, esta Junta deberá condenar al INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL a reinstalar al c. CARLOS ALBERTO MAGAÑA MEDINA en los términos y condiciones en que lo venía desarrollando hasta antes de ser injustamente despedido, en el puesto de Operador Telefónico B, pagó de salarios caídos del 2 de noviembre de 2009 y hasta la fecha que sea reinstalado física, jurídica y materialmente, que se fijan al 5 de julio de 2017 en 2802 días que se multiplican por el salario diario integrado de $290.50, la cantidad de $813,981.00 (.), salvo error u omisión de carácter aritmético, dejando a salvo los que se sigan generando, aumentos o incrementos al salario concedidos durante la tramitación del juicio, pago de la cantidad de $11,741.40 (.), por concepto de cláusula contractual, reconocimiento de antigüedad, como se expreso al analizar cada prestación, de conformidad con los artículos 840, 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo y cláusulas 1, 43, 55, 55 bis, 56 del Contrato Colectivo de Trabajo. Por lo expuesto y fundado, es de resolverse y se: RESUELVE. PRIMERO.- La actora acreditó la procedencia de su acción. SEGUNDO.- Se condena al INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL a reinstalar al C. CARLOS ALBERTO MAGAÑA MEDINA en los mismo términos.pagó de salario caídos del 2 de noviembre de 2009 y hasta la fecha en que sea reinstalado física, jurídica y materialmente, que se fijan al 5 de julio de 2017 en 2802 días que se multiplican por el salario integrado de $290.50, la cantidad de $813,981.00 (.), salvo error u omisión de carácter aritmético, dejando a salvo los que se sigan generando, aumentos o incrementos al salario concedido durante la tramitación del juicio, pago de la cantidad de %11,741.40 (.), por concepto de cláusula 56 contractual, reconocimiento de antigüedad, como se expresó al analizar cada prestación, de conformidad con los artículos 840, 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo y cláusulas 1, 43, 55, 55 bis, 56 del Contrato Colectivo de Trabajo. TERCERO.- NOTIFIQUESE PERSONALMENTE." 2.- Mediante escrito de uno de septiembre de dos mil diecisiete, la parte actora, promovió incidente liquidación, que la responsable admitió a trámite en acuerdo de cinco de octubre de dos mil diecisiete. 3. Diligencia de treinta de noviembre de dos mil diecisiete, desahogada a las once horas, donde el fedatario laboral da fe de la reinstalación del trabajador física, jurídica y materialmente en el puesto que venía desempeñando, en forma definitiva y por tiempo indeterminado, actor que manifestó su conformidad. 4.- Mediante resolución interlocutoria de diez de febrero de dos mil veinte, se resolvió el incidente de liquidación de laudo, en lo que interesa en los siguientes términos: ". CONSIDERANDO I.- Debe precisarse que el laudo contiene condena liquida con base en el salario diario integrado de $290.50, salarios caídos fijados al día 5 de julio de 2017 en 2802 días. Se ordenó la apertura del incidente de liquidación en términos dela (sic) artículo 843 de la Ley Federal del Trabajo, únicamente para determinar los aumentos o incrementos al salario, en caso de haberse otorgado. Cuantificación de salarios caídos que abarcará de la fecha del despido, 2 de noviembre de 2009 al 30 de noviembre de 2017, fecha de la reinstalación física, material y jurídica, como lo hizo constar y dio fe el C. actuario de esta Junta., en acta actuarial de esa fecha (f. 444). La parte actora afirma que el salario diario actualizado a la fecha de la planilla de liquidación, 1 de septiembre de 2017, es por la cantidad de $760.08 y sueldo nominal $306.05, sin aportar pruebas para acreditar los incrementos al salario y prestaciones contractuales, aun cuando la audiencia incidental se llevó a cabo el día 9 de febrero de 2018 y el actor fue reinstalado el 30 de noviembre de 2017, estando en posibilidad de demostrar el salario y prestaciones actualizado. Contrario a lo anterior, se allanó al cálculo realizado por el demandado en contestación al incidente. El Instituto fija salarios caídos del 2 de noviembre de 2009 al 5 de julio de 2017, 2802 días que multiplica por el salario diario determinado en el laudo de $290.50, más la cantidad por concepto de cláusula 56 contractual, determinada en el laudo, sin tomar en cuenta el acta actuarial de reinstalación de fecha 30 de noviembre de 2017, ni probar que el actor fue reinstalado el 5 de julio de 2017. No obstante que el actor confiesa que fue reinstalado el 5 de julio de 2017, en autos únicamente existe acta de reinstalación de fecha 30 de noviembre de 2017, (f.444) y escrito del demandado de fecha. El dictamen contable rendido por el perito de la parte actora, LIC., carece de eficacia probatoria al no confirmar la forma en que obtuvo los incrementos al salario y prestaciones, dejó de analizar lo decretado en el laudo firme, que en el pago de salarios caídos quedaban incluidas las prestaciones de vacaciones, 029 prima vacacional, 049 aguinaldo, 055 fondo de ahorro, 048 ayuda de actividades culturales y recreativas, 050 para despensa, 020 ayuda de renta de casa habitación cláusula 63 bis incisos a, 011 ayuda de renta de casa habitación cláusula 63 bis inciso b y 022 ayuda de renta de casa habitación cláusula 63 bis incisos c, del Contrato Colectivo de Trabajo (f.411). La parte actora no precisa la forma en que obtuvo la cantidad diaria por salario integrado y nominal ni refiere si durante el tiempo que ha durado el juicio existieron incrementos o aumentos al salario y el monto de éstos. El demandado realiza la cuantificación con el salario integrado determinado en el laudo. Al no acreditar que durante el tiempo que ha durado el juicio se sucedieron incrementos al salario y prestaciones se deben cuantificar los salarios caídos con el monto determinado en el laudo firme de $290.50, cantidad en la que quedaron incluidas las prestaciones de vacaciones 029 prima vacacional, 049 aguinaldo, 055 fondo de ahorro, 048 ayuda de actividades culturales y recreativas, 050 para despensa, 020 ayuda de renta de casa habitación cláusula 63 bis incisos a, 011 ayuda de renta de casa habitación cláusula 63 bis inciso b y 022 ayuda de renta de casa habitación cláusula 63 bis incisos c, del Contrato Colectivo de Trabajo, como se decreto en el laudo (f.410-411), al fijar los salario caídos con el salario diario integrado confesado por el actor en la demanda. Dentro de la incidencia no se demostró que dichas prestaciones o salario se incrementaran. El laudo contiene condena liquida del 2 de noviembre de 2099 al 5 de julio de 2017 por la cantidad de $813,981.00 por concepto de salarios caídos. Del 6 de julio al 30 de noviembre de 2017 (f.444) fecha de la reinstalación se sucedieron 147 días, que se multiplican por el salario diario integrado de $290.50, la cantidad de $42,703.50, en suma por salario caídos de la fecha del despido 2 de noviembre de 2009 al 30 de noviembre de 2017 la cantidad de $856,684.50. cantidad a la que se adiciona el monto de $11,741.40por pago o concepto de cláusula 56 contractual. En suma se adeuda la cantidad de $868,425.90 (.) por concepto de cláusula 56 del Contrato Colectivo de Trabajo y salarios caídos de la fecha del despido 2 de noviembre de 2009 al 30 de noviembre de 2017 (f.444) fecha de la reinstalación física, material y jurídica del actor, cantidad que incluye el pago de vacaciones 029 prima vacacional, 049 aguinaldo, 055 fondo de ahorro, 048 ayuda de actividades culturales y recreativas, 050 para despensa, 020 ayuda de renta de casa habitación cláusula 63 bis incisos a, 011 ayuda de renta de casa habitación cláusula 63 bis inciso b y 022 ayuda de renta de casa habitación cláusula 63 bis incisos c, del Contrato Colectivo de Trabajo, al fijarse los salarios caídos con el salario diario integrado afirmado por el trabajador, lo anterior con fundamento en el artículo 843 de la Ley Federal del Trabajo. De las constancias que obran en autos (f.460-462) se advierte que, la cantidad liquida que obtenga el actor como pago de laudo, se deberá retener el 30% por concepto de pensión alimenticia que corresponde al C..por mandato judicial. Por lo expuesto y fundado se: RESUELVE. PRIMERO.- La condena establecida en el laudo de fecha 5 de julio de 2017 se fija en la cantidad total de $868,425.90 (.), salvo error u omisión de carácter aritmético, por salario caídos de la fecha del despido 2 de noviembre de 2009 al 30 de noviembre de 2017 y pago de cláusula 56 del contrato Colectivo de Trabajo, con fundamento en el artículo 843 de la Ley Federal del Trabajo. De la cantidad liquida que obtenga el actor como pago del laudo, se deberá retener el 30% por concepto de pensión alimenticia que corresponde. NOTIFIQUESE." Determinación que constituye el acto aquí reclamado. Con la finalidad de resolver la cuestión efectivamente planteada, parte de las disidencias serán estudiadas en orden distinto al que fueron propuestas, esto con apoyo en el artículo 76, de la Ley de Amparo y el criterio jurisprudencial número 304, sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, que este Tribunal comparte, visible en la página 1677, Tomo XXIX, febrero de dos mil nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto dicen: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO. El artículo 79 de la Ley de Amparo previene que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Juzgados de Distrito pueden realizar el examen conjunto de los conceptos de violación o agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, empero no impone la obligación al juzgador de garantías de seguir el orden propuesto por el quejoso o recurrente en su escrito de inconformidad, sino que la única condición que establece el referido precepto es que se analicen todos los puntos materia de debate, lo cual puede hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso." En la especie, contra dicho acto, la parte quejosa inconforme, en sus conceptos de violación, adujo lo siguiente: Primero. Que causa agravio el razonamiento de la responsable, al manifestar que los salarios caídos fijados al cinco de julio de dos mil diecisiete, da un total de dos mil ochocientos dos días, lo que dice no es cierto, pues del dos de noviembre de dos mil nueve al cinco de julio de dos mil diecisiete, da un total de dos mil setecientos sesenta días, que dice la responsable que tanto en el laudo de dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis como el de cinco de julio de dos mil diecisiete, no se ordenó la apertura del incidente de liquidación, por lo que se debe conceder el amparo. Segundo. Que la responsable rechaza el salario diario actualizado que el trabajador percibe ya que como se afirma comenzó a laborar a partir del treinta de noviembre de dos mil diecisiete, en que fue reinstalado que cada dos años se otorga aumento salarial, que la demandada al contestar el incidente se refirió únicamente al pago de salarios caídos y como estaban más o menos adaptados a los intereses del trabajador decidió allanarse a ese cálculo por la demandada. Tercero y Cuarto. Que es falso que del dos de noviembre de dos mil nueve al cinco de julio de dos mil diecisiete, dé un total de dos mil ochocientos dos día, y sumando la cantidad de la cláusula 56 contractual es evidente que la suma esta fuera de la realidad; que es falso que el quejoso haya manifestado que fue reinstalado el cinco de julio de dos mil diecisiete, cuando ello ocurrió el treinta de noviembre de dos mil diecisiete; que se allanó al cálculo de la planilla de liquidación de la demandada el nueve de febrero de dos mil dieciocho, fue porque el cálculo se aproximaba a la cantidad reclamada. Sexto. En este disenso, manifiesta que le causa perjuicio que la responsable haya manifestado que el laudo de cinco de julio de dos mil diecisiete, contiene condena liquida, y que como la responsable carece de conocimiento en contabilidad es por ello que, cita cantidades disparejas, ya que señala que el total de salarios caídos suman $813,981.00 pesos, más $11,741.40 pesos, que en total dan $825,722.40 pesos, y que en la resolución de salarios caídos son $856,684.50 pesos más el monto de $11,741.40 pesos, resultando en total $868,425.90 pesos, por lo que se refiere a dos cantidades distintas. Dichos motivos de disenso son inoperantes. Lo anterior, se considera de esa forma, debido a que están dirigidos a refutar cuestiones que únicamente pueden ser analizadas por la autoridad responsable al momento de resolver el laudo correspondiente y, no cuando se resuelve un incidente de liquidación en etapa de ejecución del mismo; por tanto, dicho reclamo no forma parte de la litis constitucional. Se afirma lo dicho, porque dada la especial naturaleza de los incidentes de liquidación, que no tienen más objeto que cuantificar una condena pronunciada en el laudo correspondiente, las resoluciones que en ellos se dicten no pueden en modo alguno contrariar o rectificar las bases establecidas en los considerandos y resolutivos del propio laudo, que constituye cosa juzgada, de tal suerte que si en el mencionado laudo existió, por ejemplo, un error aritmético o de otra naturaleza, el agraviado por el mismo debió reclamarlo en amparo directo o vía aclaración y, si no lo hizo, no es el incidente de liquidación donde puede rectificarse lo que ya tiene la calidad de cosa juzgada y, por lo mismo, es obligatorio para las partes que intervinieron en el juicio. Es aplicable a lo anterior por similitud de criterio, la Jurisprudencia I.11o.C. J/10, publicada en la página 2381, Tomo XXVI, septiembre de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 171449, con el rubro y del tenor literal siguiente: "INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN. NO PUEDE DESCONOCER UN DERECHO YA RECONOCIDO EN LA SENTENCIA DEFINITIVA. Los incidentes de liquidación, aun cuando tienen objeto y contenido propios, como conflictos jurisdiccionales de cognición, sólo tienen como fin primordial determinar con precisión la cuantía de ciertas prestaciones a las que quedaron obligadas las partes en el juicio, con el propósito de perfeccionar la sentencia en detalles que no se pudieron dilucidar en el fallo y que son indispensables para exigir su cumplimiento y llevar a cabo su ejecución, pero no pueden modificar, anular o rebasar lo decidido en la sentencia definitiva, pues ello sería antijurídico e ilegal, porque atentaría contra los principios fundamentales del proceso, como los de la invariabilidad de la litis, congruencia y cosa juzgada, ya que en la sentencia definitiva dictada en el juicio natural el juzgador decide sobre las prestaciones deducidas por las partes, ya sea en forma específica o general; en consecuencia, el incidente no tiene como finalidad desconocer un derecho ya decidido en la sentencia definitiva sino, en su caso, sólo la liquidación respectiva de lo que fue materia del juicio." En consecuencia la Junta responsable, al momento de resolver el incidente de liquidación origen del acto reclamado, no estaba obligada a analizar los argumentos que al respecto que hizo referencia la parte quejosa, por lo que este Juzgador también se encuentra impedido para analizar ese tópico en el juicio de amparo, de ahí la inoperancia de los motivos de disenso. Máxime que, de autos se observa que la parte demandada estuvo en aptitud de recurrir el laudo dictado en autos, mediante el juicio de amparo directo y, no lo hizo; causando estado, y como consecuencia inició el procedimiento de ejecución. No obstante, la anterior calificativa, de la resolución reclamada se advierte que, con relación al tema, la Junta laboral de origen, no propiamente analizó las prestaciones reclamadas, pero sí hizo pronunciamiento respecto a que la apertura del incidente de liquidación en términos del artículo 843 de la Ley Federal del Trabajo, fue únicamente para determinar los aumentos o incrementos al salario, a partir de la emisión del laudo -cinco de julio de dos mil diecisiete- a la data de la reinstalación del trabajador que ocurrió el treinta de noviembre de dos mil diecisiete, corrieron 147 días, que multiplicados por el salario diario integrado de $290.50 pesos, resulta la suma de $42,703.50 pesos, así al contener el laudo condena liquida periodo del dos de noviembre de dos mil nueve al cinco de julio de dos mil diecisiete, por la cantidad de $813,981.00 pesos, relativa al concepto de salarios caídos, más la cantidad de $42,703.50, pesos y $11,741.40 pesos, por concepto de cláusula contractual da como resultado $868,425.90 pesos. Al respecto en la interlocutoria que se impugna la junta responsable dijo: ".El laudo contiene condena liquida del 2 de noviembre de 2099 al 5 de julio de 2017 por la cantidad de $813,981.00 por concepto de salarios caídos. Del 6 de julio al 30 de noviembre de 2017 (f.444) fecha de la reinstalación se sucedieron 147 días, que se multiplican por el salario diario integrado de $290.50, la cantidad de $42,703.50, en suma por salario caídos de la fecha del despido 2 de noviembre de 2009 al 30 de noviembre de 2017 la cantidad de $856,684.50, cantidad a la que se adiciona el monto de $11,741.40por pago o concepto de cláusula 56 contractual. En suma se adeuda la cantidad de $868,425.90 (.) por concepto de cláusula 56 del Contrato Colectivo de Trabajo y salarios caídos de la fecha del despido 2 de noviembre de 2009 al 30 de noviembre de 2017.". Como se ve, los argumentos desplegados por la Junta laboral del conocimiento, en la citada resolución, referente a la apertura del incidente de liquidación de laudo, se encaminan únicamente a la cuantificación de salarios caídos a partir de la emisión del laudo hasta la reinstalación del trabajador -treinta de noviembre de dos mil diecisiete- al estar cuantificado en el laudo de cinco de julio de dos mil diecisiete, el periodo comprendido del dos de noviembre de dos mil nueve al cinco de julio de dos mil diecisiete, por dos mil ochocientos dos días resultando la cantidad de $813,981.00 pesos, a razón de $290.50 pesos como salario diario integrado, la parte quejosa no las combate de manera alguna en sus conceptos de violación, pues únicamente se limitó a afirmar que la responsable incurrió en errores aritméticos para señalar los días transcurridos a partir del dos de noviembre de dos mil nueve al cinco de julio de dos mil diecisiete, que en los dos laudos no existe disposición expresa de apertura del incidente de liquidación, que los incrementos salariales de acuerdo al Contrato Colectivo de Trabajo se dan cada dos años, que el último aumento al salario actualizado fue el uno de septiembre de dos mil diecisiete, sin señalar cual fue, que la reinstalación del trabajador fue el treinta de noviembre de dos mil diecisiete y no el cinco de julio de ese año como lo refiere la junta responsable, empero, la junta responsable determinó que existe diligencia de reinstalación de treinta de noviembre de dos mil diecisiete, por lo que tomó esa data como verídica; se insiste la parte quejosa no realiza argumentos que combatan los vertidos por la Junta laboral, máxime que el propio quejoso argumentó que se allano a la planilla de liquidación de la demandada porque le beneficiaba, de ahí lo inoperante de los conceptos de violación. Quinto. Se duele el quejoso que la Junta laboral no otorga valor probatorio al dictamen del perito de su parte, al señalar que no se ciñe al laudo firme, que en el pago de salarios caídos quedaron incluidos los conceptos de vacaciones 029 prima vacacional, 049 aguinaldo, 055 fondo de ahorro, 048 ayuda de actividades culturales y recreativas, 050 para despensa, 020 ayuda de renta de casa habitación cláusula 63 bis incisos a, 011 ayuda de renta de casa habitación cláusula 63 bis inciso b y 022 ayuda de renta de casa habitación cláusula 63 bis incisos c, del Contrato Colectivo de Trabajo, que por ello, al trabajador le corresponde únicamente el pago mencionado en el laudo de cinco de julio de dos mil diecisiete, pues dice, la responsable no tomó en cuenta todos los años que estuvo rescindido aproximadamente ocho años, por ello, incurre en errores graves, por lo que no desahoga conforme a derecho la prueba pericial. Dicho motivo de disenso es inoperante, ello, es así, tomando en cuenta que, en el laudo de cinco de julio de dos mil diecisiete, se determinó lo siguiente: ".4, 5, 6, 8, 10, 11 y 12.- El pago de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, fondo de ahorro, ayuda para actividades culturales, y recreativas, despensa, ayuda de renta de casa habitación cláusula 63 bis incisos a, b, y c del Contrato colectivo de Trabajo, prestaciones contractuales que el demandado reconoce su existencia y pago durante el tiempo que prestó servicios al actor, que aparecen en los recibos de pago como conceptos 029 prima vacacional, 049 aguinaldo, 055 fondo de ahorro, 048 ayuda para actividades culturales y recreativas, 050 ayuda para despensa, 011 ayuda de renta cláusula 63 bis inciso b C.C. T. 020 ayuda de renta cláusula 63 bis inciso c. C.C.T., que es procedente su pago y otorgamiento durante el tiempo que ha ocupado el juicio, al no precisar el periodo que reclama, conceptos que quedan comprendidos en el pago de salarios caídos fijados con el salario mensual integrado confesado por el actor." De donde se desprende que en el laudo de cinco de julio de dos mil diecisiete, se abordó y resolvió que dichas prestaciones que ahora pretende el quejoso sean cuantificadas mediante el dictamen pericial, están incluidas en el salario diario integrado -$290.50 pesos-, que forman parte de la cosa juzgada en el laudo firme de cinco de julio de dos mil diecisiete, por ello, la determinación de la junta responsable de no conceder valor probatorio al dictamen pericial contable, por no ceñirse al laudo, resulta atinada y, por tanto, inoperante el concepto de violación en estudio. En consecuencia, dicho monto fue tomado en consideración para la cuantificación de los salarios caídos del seis de julio al treinta de noviembre de dos mil diecisiete, a las que fue condenado el Instituto, y también señala no existe incremento salarial en dicho periodo al no indicarse por las partes; de ahí que, el análisis de dichos rubros, resultaron improcedentes en la vía incidental, pues ésta no da la oportunidad de iniciar un nuevo juicio para probar prestaciones, o que propiamente constituya una nueva oportunidad para ampliar la controversia o para introducir nuevos elementos ajenos a los que ya fueron decididos en el laudo correspondiente. En ese tenor, el peticionario de amparo omitió rebatir los razonamientos torales que rigen el sentido de la determinación reclamada, sin que en el caso se advierta deficiencia que suplir. En este orden de consideraciones, se concluye que, se actualiza la calificativa de mérito, al tomar en consideración que, todo motivo de inconformidad, a fin de que sea estudiado en esta instancia, debe contener al menos la causa de pedir, es decir, que a través del mismo se exponga cuál es la lesión o agravio que estiman les causa el acto reclamado, así como también las razones que lo originaron, so pena que, de carecer de esas bases, como ocurre en el caso, los conceptos de violación se califiquen de inoperantes. De modo que, con su actuar, la parte inconforme soslayó rebatir eficazmente las consideraciones esenciales expresadas por la autoridad responsable, pues nada dijo respecto de los argumentos torales que sustentan la determinación adoptada. Por tanto, si los motivos de inconformidad que formuló el impetrante de amparo no controvierten frontalmente las consideraciones de la responsable en la emisión de la resolución impugnada, como se dijo con anterioridad, resulta que esos argumentos son inoperantes. Máxime que, a ésta no se le dejó sin defensa, porque estuvo en aptitud de contradecir a través de los conceptos de violación el contenido de la resolución que constituye el acto reclamado, pero esa omisión no puede ser reparada por este órgano jurisdiccional, amen, que estuvo en oportunidad de impugnar en emparo directo el laudo de cinco de julio de dos mil diecisiete, como no lo hizo adquirió autoridad de cosa juzgada y obligado a su observancia. Es aplicable, la jurisprudencia emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 116 y 117, Tomo VI, Materia Común, Sexta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que es del tenor siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO. Si los conceptos de violación no atacan los fundamentos del fallo impugnado, la Suprema Corte de Justicia no está en condiciones de poder estudiar la inconstitucionalidad de dicho fallo, pues hacerlo equivaldría a suplir las deficiencias de la queja en un caso no permitido legal ni constitucionalmente, si no se está en los que autoriza la fracción II del artículo 107 reformado, de la Constitución Federal, y los dos últimos párrafos del 76, también reformado, de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado no se funda en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte, ni tampoco se trate de una queja en materia penal o en materia obrera en que se encontrare que hubiere habido en contra del agraviado una violación manifiesta de la ley que lo hubiera dejado sin defensa, ni menos se trate de un caso en materia penal en que se hubiera juzgado al quejoso por una ley inexactamente aplicable". Así como por analogía, el criterio Emitido por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, Volumen 217-228, Cuarta Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, de contenido siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. INOPERANTES, CUANDO NO COMBATEN LOS RAZONAMIENTOS DE LA SENTENCIA RECLAMADA, SIN QUE EXISTA VIOLACIÓN MANIFIESTA DE LA LEY QUE MOTIVARA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA. Si el quejoso, sustancialmente repite, en sus conceptos de violación, los agravios que hizo valer ante el tribunal responsable, pero se olvida de impugnar los fundamentos de la sentencia reclamada, que dieron respuesta a tales agravios, y además no existe violación manifiesta de la ley que le hubiera dejado en estado de indefensión, que ameritara suplir la deficiencia de la queja, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 107, fracción II, segundo párrafo de la Constitución y 76 bis de la Ley de Amparo, debe concluirse que dichos conceptos son inoperantes porque, por una parte en el amparo no se debe resolver si el fallo de primer grado estuvo bien o mal dictado sino si los fundamentos de la sentencia reclamada, que se ocuparon de aquellos agravios, son o no violatorios de garantías; y por otra, porque si tales fundamentos no aparecen combatidos en la demanda de amparo ni resultan manifiestamente violatorios de la ley, mantienen vivos para continuar rigiendo la sentencia que se reclama." Bajo las consideraciones expuestas, al ser los conceptos de violación analizados en este considerando, inoperantes, sin que se advierta queja deficiente que suplir para preservar u otorgar algún derecho, y sin que resulte procedente realizar un estudio oficioso expreso del asunto, por lo que, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado en contra del acto reclamado a la Junta Especial Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, con sede en esta ciudad, consistente en la resolución de diez de febrero de dos mil veinte, emitida en el expediente laboral 964/2009, mediante la cual resolvió el incidente de liquidación de laudo propuesto por la parte actora. Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO ampara NI protege al quejoso Carlos Alberto Magaña Medina, respecto del acto reclamado a la Junta Especial Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, por las razones expuestas en la parte considerativa de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Roberto Bravo Vargas, hasta hoy diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

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