Carlos Alberto Lujan Pérez

Expediente 734/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 7 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
734/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
31/08/2022

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Lujan Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Ciudad de México, treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que feneció el término con que contaba la parte quejosa para desahogar la vista ordenada en proveído de dieciocho de abril del año en curso; sin que lo haya hecho, no obstante que fue debidamente notificada. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito verificará si la sentencia de amparo se encuentra cumplida. En tales condiciones, cabe precisar que la concesión del amparo dictada en resolución de tres de marzo de dos mil veintidós (fojas 75 a 97), emitida por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, fue para el efecto siguiente: ... En ese sentido, mediante oficio registrado con el folio 6667 (fojas 104 a 113), el Magistrado Presidente de la Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, informó que procedió a dejar insubsistente el auto de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el juicio 17840/17-17-02-9 y remitió copia certificada del acuerdo de uno de abril de dos mil veintidós, emitido en cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el que determinó: ... Lo anterior, revela que la autoridad responsable atendió el fallo de la ejecutoria de amparo, con las consideraciones que estimó se ajustaba a las porciones normativas correspondientes, determinó que la sentencia definitiva dictada el treinta de abril de dos mil dieciocho, así como la resolución del recurso de queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia de diecisiete de enero de dos mil veinte, se encuentran debidamente cumplidas. En consecuencia, con fundamento en el segundo y tercer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplido el fallo protector, sin que se advierta exceso o defecto en su acatamiento. Previas las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con lo dispuesto por el cuarto párrafo del artículo 196, de la ley de la materia, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. ... Inclúyase el presente asunto en el acta y relación que deberá elaborarse en su oportunidad, para efectos de la transferencia del archivo judicial o de la destrucción de expedientes, según corresponda, de conformidad con la normatividad aplicable. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Ciudad de México, dieciocho de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Magistrado Presidente de la Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el cual informó que dejó insubsistente el auto de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, asimismo, adjunta copia certificada del auto de uno de abril de dos mil veintidós, emitido en el expediente ******************, en el que en lo conducente se asentó: "Ahora bien, del análisis practicado al oficio SP/1725/2020 de seis de abril de dos mil veinte, se advierte que la autoridad demandada al dar cumplimiento al fallo definitivo; así como, a la interlocutoria de queja, determinó lo siguiente:  En principio la autoridad procedió a digitalizar la parte conducente de la sentencia definitiva; así como, a la interlocutoria de queja. Posteriormente la autoridad demandada procedió a digitalizar la Constancia de Evolución Salarial emitida por el Departamento de Pagos de Remuneraciones FONE del Sistema Educativo Estatal de Baja California. Asimismo insertó una tabla denominada "TABLA DE PORCENTAJES DE LOS TRABAJADORES EN ACTIVO", en donde insertó los porcentajes que apreció de la Constancia de Evolución Salarial, explicando la forma en que calculó el porcentaje aplicado por año. Insertó una tabla denominada "TABLA DE PORCENTAJES POR EL ISSSTE", en la que identificó los porcentajes de incremento la forma en que calculó el porcentaje aplicado por año. De igual forma insertó una tabla comparativa entre los porcentajes resultantes del incremento al sueldo de los trabajadores en activo y los porcentajes resultantes forma al incremento de la cuota diaria pensionaria, identificando, cuáles son los incrementos en mayor beneficio entre unos y otros; mismos que aplicó a la cuota diaria inicial desde el año de 1993 al 2020. Posteriormente la autoridad insertó las tablas denominadas "TABLA 1. PENSIÓN QUE SE DEBIÓ PAGAR" y "TABLA II. PENSIÓN PAGADA", y respecto de las cuales identificó el incremento aplicable únicamente respecto de los últimos cinco años posteriores a la fecha de reclamo, explicando la forma en que calculó el porcentaje aplicado por año. De las anteriores tablas la autoridad demandada determinó que tuvo que haber pagado un monto de ******************, mientras que pagó el monto de *****************, resultando una diferencia en cantidad de ************* monto al cual le restó el resultado de *************** en virtud de que el mismo ya había sido pagado al demandante a través del cheque número **************; con lo que concluyó que existía un monto pendiente de pago en cantidad de $*************; así como, una cuota diaria resultante de $****************. De lo anterior, se advierte que la autoridad demandada mediante la emisión del oficio SP/1725/2020 de seis de abril de dos mil veinte, observó los extremos ordenados tanto en la sentencia definitiva, como en la interlocutoria de queja; no obstante lo anterior, es importante mencionar que a juicio del demandante, la misma aún no se encuentra cumplida en atención a que la autoridad demandada no realizó una tabla comparativa en la que se advirtiera los incrementos a que tiene derecho el demandante con base en la Constancia de Evolución Salarial, en relación con los incrementos ya aplicados por el Instituto, incluso en mayor proporción a los que por derecho le corresponden, y los cuales, la autoridad tuvo que respetar, en atención al principio non reformatio un peius; por lo que la misma se encuentra indebidamente fundada y motivada; argumento que a juicio de esta Sala resulta infundado en atención a las siguientes consideraciones. Previo a iniciar el estudio del agravio que se atiende, se estima necesario precisar, que por lo que toca al anterior principio, esta Sala no pasa por alto la jurisprudencia 2a./J.10/2021 (11a.) cuyo rubro es "INCREMENTOS DE LA PENSIÓN OTORGADA POR EL ISSSTE. ALCANCE DEL ARTÍCULO 57, FRACCIÓN I, INCISO C, ÚLTIMA PARTE DEL PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CUANDO SON PAGADOS INCORRECTAMENTE EN BENEFICIO DEL PENSIONADO, POR NO SER COMPATIBLES CON EL RÉGIMEN QUE LE CORRESPONDE"; sin embargo, a la fecha de emisión de la sentencia definitiva e interlocutoria de queja, la misma no se encontraba vigente y, por tanto, esta Sala, para el caso particular, se aparta de su contenido. Precisado lo anterior, se tiene que el demandante refiere que la autoridad no ha dado cumplimiento a la sentencia definitiva e interlocutoria de queja, en virtud de que la autoridad dejó de observar los incrementos ya aplicados y procedió a considerar únicamente los que por derecho le corresponden; argumento que a juicio de esta Sala, resulta infundado en virtud de que éste realiza una indebida interpretación del principio non reformatio in peius, en relación al principio de mayor beneficio y lo ordenado tanto en la sentencia definitiva, como en la interlocutoria de queja. (.) De lo anterior se advierte que el demandante pretende que la autoridad sume al porcentaje de 16.8% (11.45 más 5.35) el de 7% que aplicó el Instituto durante ese año, lo anterior bajo el argumento de que el día primero de enero del año en cuestión, el Instituto aplicó un incremento (7%), mientras que la dependencia para la cual laboró no aplicó en ese período; por lo que, el porcentaje de 7% no debe ser desconocido. Sin embargo el razonamiento resulta infundado ya que el demandante pierde de vista que la autoridad en observancia al principio non reformatio in peius, debe armonizar los incrementos aplicados en el año calendario entre el Instituto y el que por derecho corresponde (en este caso, conforme al incremento al sueldo de los trabajadores en activo -Constancia de Evolución Salarial); esto es, debe entenderse que en el año de 1993 el Instituto aplicó el incremento de 7%, mientras que la dependencia para la cual laboró el demandante aplicó el incremento de 16.8%, respecto de los cuales, el que le da un mayor beneficio es este último; por lo que, pretender que se deben sumar dichos porcentajes (16.8% más 7%) en virtud de que en ese día y mes la autoridad aplicó un incremento que la dependencia no, resulta inexacto, en tanto que, debe entenderse aplicado al incremento en cada año (en total), entre uno y otro, ya que de lo contrario, se llegaría al extremo de que la autoridad al dar cumplimiento sume los incrementos que aplicó la autoridad en determinada fecha y que no coincidieron con las fechas (día y mes), en que la dependencia le aplicó determinados incrementos. Ahora bien, esta Sala no pasa por alto que el demandante pueda considerar que, si la autoridad aplicó un incremento en una fecha diferente a la que por derecho le corresponde, podría generar un perjuicio, al no haber percibido dicha cantidad durante determinado período, sin embargo, debe tomarse en consideración que de ahí viene que el Instituto al aplicar los incrementos a las pensiones, proceda a realizar pagos retroactivos, derivado de dichos incrementos. (.) Esta Sala no pasa por alto la prueba pericial ofrecida por el demandante, sin embargo, siendo que el Tribunal Colegiado ordenó verificar en términos del artículo 58 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo, si la sentencia definitiva e interlocutoria de queja se encontraban cumplidas, sin que se encuentre previsto el desahogo de dicha prueba, o incluso de prueba alguna, aunado al hecho de que la misma tiene por efecto demostrar lo que ya fue desestimado en el presente acto, luego, su ofrecimiento no resulta idónea para los efectos pretendidos. En ese orden de ideas, a juicio de esta Sala, se advierte que la autoridad sí dio cumplimiento tanto a la sentencia definitiva, como a la interlocutoria de queja, pues contrario al dicho del demandante, de la resolución que se analiza, se observa que la autoridad si insertó un cuadro en el que identificó tanto los incrementos aplicados por la dependencia para la cual laboró el demandante (mismos que desprendió de la Constancia de Evolución Salarial), como los ya aplicados por el Instituto demandado, destacando cuáles fueron los aplicados en mayor beneficio; tal como se desprende la siguiente digitalización: (.) Así las cosas, el hecho de que el demandante refiera que la autoridad no procedió a respetar los incrementos ya aplicados y respecto de los cuales tiene derecho conforme al principio non reformatio in peius, bajo la consideración de que no consideró los incrementos ya aplicados en los días y meses en los que la dependencia no realizó incremento alguno; el mismo resulta infundado, ya que por un lado, la autoridad sí procedió a armonizar los incrementos que conforme a derecho corresponden y los previamente aplicados a la cuota pensionaria, identificando los que mayor beneficio le confieren; y por otro, porque tal como se analizó, el agravio del demandante antes descrito y analizado resulta inexacto. En ese tenor y atendiendo a las consideraciones expuestas por el demandante al sostener la indebida fundamentación y motivación del acto que se analiza, los mismos resultan infundados, ya que a juicio de esta Sala, la autoridad demandada sí identificó las razones particulares y circunstancias; así como, los fundamentos legales en los que soportó su determinación, aunado al hecho de que el argumento con base en el cual la parte actora sostiene la ilegalidad del acto resulta inexacto a la luz de las consideraciones previamente expuestas; por las anteriores consideraciones, a juicio de esta Sala la sentencia definitiva e interlocutoria de queja se encuentran debidamente cumplidas". En tal virtud, dado que en la ejecutoria de tres de marzo de dos mil veintidós, dictada en el recurso de revisión R.A. 265/2021 por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, concedió el amparo y protección de la justicia federal en favor de la parte quejosa para: "En las relatadas consideraciones, al resultar fundados los conceptos de violación, se impone conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal a la quejosa, para el efecto de que, la Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa determine de manera fundada y motivada, si la sentencia definitiva dictada el treinta de abril de dos mil dieciocho, así como la resolución del recurso de queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia de diecisiete de enero de dos mil veinte, se encuentran debidamente cumplidas". Así las cosas, con el oficio y anexo de cuenta, dése vista a la parte quejosa, para que en el plazo de tres días, contados a partir de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, manifieste lo que a su derecho convenga. En la inteligencia que, de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, procederá a resolver de oficio si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó la Jueza Celina Angélica Quintero Rico, Titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida de la Secretaria Ana Cruz Morales Ramírez, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Ciudad de México, veintitrés de marzo de dos mil veintidós. Agréguese al presente expediente el oficio y anexos de cuenta, provenientes del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mediante el cual, remite testimonio y tres copias de la ejecutoria de tres de marzo de dos mil veintidós, dictada en el recurso de revisión R.A. 265/2021, formado con motivo del recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa en contra de la sentencia dictada el diez de agosto de dos mil veintiuno; asimismo, devuelve el expediente del juicio de amparo en que se actúa, tres legajos relativos al Juicio de Nulidad JN *******************, una carpeta de revisión y un legajo de copias certificadas; glósense al expediente únicamente las constancias originales del cuaderno de antecedentes; y, las restantes de dicho cuaderno, previa certificación que se realice, procédase a su destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En ese sentido, hágase del conocimiento de las partes, que el órgano colegiado revisor resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se REVOCA la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a *******************, en los términos y para los efectos precisados en el último considerando de esta ejecutoria". Los cuales consistieron en: "En las relatadas consideraciones, al resultar fundados los conceptos de violación, se impone conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal a la quejosa, para el efecto de que, la Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa determine de manera fundada y motivada, si la sentencia definitiva dictada el treinta de abril de dos mil dieciocho, así como la resolución del recurso de queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia de diecisiete de enero de dos mil veinte, se encuentran debidamente cumplidas". En consecuencia, con fundamento en los artículos 192, último párrafo y 193 de la Ley de Amparo requiérase a la autoridad responsable Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, autoridad directamente obligada a dar cumplimiento, para que remita las constancias con las que se acredite haber dado cumplimiento al fallo protector. Dicha autoridad tendrá un plazo de diez días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, para que remita las constancias que acrediten el cumplimiento de la ejecutoria con base en las atribuciones conferidas a la misma. Es importante destacar que al ser autoridad obligada al cumplimiento, debe agotar el uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables puedan formular e imponer, para conseguir ese cumplimiento total de la sentencia de amparo; razón por la cual está vinculada al cumplimiento en todas las etapas correspondientes por haber sido la autoridad responsable en el presente juicio. 2 Sin que en el caso, haya lugar a requerir al superior jerárquico de la Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, toda vez que dicha autoridad es un organismo plenamente autónomo en el ámbito jurídico, que realiza funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, y están desvinculadas de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo; es decir, no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirle como ha de resolver y cumplir, por lo que no tiene superior inmediato a quién requerirle para el cumplimiento con una ejecutoria de amparo. Apercibida que de no acatar lo ya ordenado: ?Se le aplicará lo previsto en los artículos 192 y 193, en relación con el 258 de la Ley de Amparo, es decir, se le impondrá, una multa de cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, en términos del tercer transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. ?Se determinará por qué a juicio de este Juzgado no se encuentra cumplida la ejecutoria de amparo, y; ?Se procederá conforme al punto cuarto, fracción IV, del Acuerdo General 5/2013, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto es, indefectiblemente se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en turno, para los efectos a que se refiere la fracción XVI del artículo 107 de la Carta Magna, los que en su caso, podrían consistir en la separación inmediata del cargo por 3 contumacia y su consignación penal ante el Juez de Distrito correspondiente. Con independencia de lo anterior, se hace del conocimiento de la autoridad responsable, que en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo vigente, el cumplimiento extemporáneo injustificado, no las exime de responsabilidad. Devuélvase a la Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, los anexos relativos al juicio *****************que remitió en apoyo a su informe justificado; sin que sea necesario acusar el estilo de recibo respectivo, toda vez que la notificación de la presente determinación hace el acuse de la devolución del mismo. Notifíquese. Lo proveyó la Jueza Celina Angélica Quintero Rico, Titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida de la Secretaria Ana Cruz Morales Ramírez, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Ciudad de México, veintidós de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese al presente expediente el oficio de cuenta, proveniente del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a través del cual acusa recibo del oficio y anexos que menciona; asimismo informa que admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por la autorizada de la parte quejosa, contra la sentencia dictada en el presente juicio de amparo el nueve de agosto del año en curso, terminada de engrosar el diez de agosto siguiente; registrándolo con el amparo en revisión R. A. 265/2021; de lo que este órgano jurisdiccional toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó Eduardo Vázquez Torres, Secretario del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, autorizado para desempeñar las funciones de Juez de Distrito por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en términos de la comunicación contenida en el oficio CCJ/ST/2238/2021 de doce de julio de dos mil veintiuno, asistido de la secretaria María del Rocío Sainz Echevarría, que autoriza y da fe.

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