Carlos Alberto Lara Calvillo

Expediente 1009/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 21 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1009/2021
Año
2021
Actuaciones
21
Última actuación
17/03/2022

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Lara Calvillo
  • Roberto Ugalde Guillen

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Ciudad Victoria, Tamaulipas, a diecisiete de marzo de dos mil veintidós. V I S T A la certificación de cuenta, de la que se desprende que las partes no interpusieron recurso de revisión en contra de la sentencia dictada dentro del presente asunto y que transcurrió el plazo de diez días, que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo para tal efecto, por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme la citada sentencia para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, previa las anotaciones pertinentes en el libro de registro correspondiente, en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, junto con los cuadernos incidentales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de la Materia. Tómese nota que el presente asunto no es considerado de relevancia documental, razón por la que se determina que es susceptible de DEPURACIÓN, debiendo destruirse las constancias respectivas, con excepción de la demanda y sentencia constitucional, de conformidad en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; entonces, una vez que transcurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, hágase lo conducente. Por lo que hace a los incidentes de suspensión, atendiendo al inciso c) del numeral 21, el original de este es destruible, pues se negó la medida cautelar solicitada respecto de todos los actos reclamados; en tanto que el duplicado es destruible en un plazo de seis meses, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del aludido Acuerdo General; se ordena agregar copia certificada de la presente determinación, dentro de los cuadernos incidentales derivados del expediente en que se actúa, sin mayor proveído, para los efectos legales a que haya lugar. Sin que obste que aún no se cuenta con el acuse de notificación de la sentencia a la autoridad responsable, en virtud que no se encuentra facultada para impugnar la presente determinación. No obstante ello, se ordena remitir copia de tal determinación, para los efectos legales respectivos. Finalmente como lo establece el artículo 35 del citado Acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado FERNANDO UREÑA MORENO, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con la licenciada Ernestina Olvera Quiroz, Secretaria que autoriza y da fe.La secretaria que suscribe el presente acuerdo hace constar que en la misma fecha se libra el oficio y se procedió a la captura de la presente determinación en el expediente electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Amparo. Doy Fe. L'EOQ/RCC'

  2. Principal

    Ciudad Victoria, Tamaulipas, a quince de febrero de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda la constancia actuarial de nueve de febrero de dos mil veintidós, en la que el Actuario Judicial adscrito a este Juzgado, manifiesta la imposibilidad de notificar a la parte tercera interesada la sentencia de ocho de febrero de la presente anualidad, por los motivos que expone. Ahora, tomando en consideración el proveído de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, realícese la notificación al tercero interesado Roberto Ugalde Guillen, de la sentencia dictada en autos por medio de lista que se fija en los estrados de este juzgado, en términos del artículo 27, fracción II de la Ley de amparo. Notifíquese y por lista al tercero interesado. Así lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado FERNANDO UREÑA MORENO, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, quien actúa con el licenciado Edgar Iván Cruz Lerma, Secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 1009/2021; promovido por Carlos Alberto Lara Calvillo, contra los actos que reclama del Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Séptimo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Mante, Tamaulipas; y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el diez de junio de dos mil veintiuno, ante el Buzón Judicial con sede en esta ciudad y turnado a este órgano jurisdiccional, Carlos Alberto Lara Calvillo, promovió amparo (fojas 2 a 29 del juicio de amparo en que se actúa). SEGUNDO. Prevención y Trámite. Mediante proveído de once de junio dos mil veintiuno, se registró la demanda con el consecutivo 1009/2021 y se previno a Carlos Alberto Lara Calvillo para que manifestara, bajo protesta de decir verdad, la etapa procesal del expediente 324/2021 del cual deriva su acto reclamado y qué es lo que pretende cancelar con los oficios que refiere le fueron negados (fojas 30 a 32 ídem). Una vez cumplida la prevención, por auto de veintiuno de junio dos mil veintiuno, se admitió la demanda; se dio la intervención legal que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previos diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede (fojas 37 a 40 ídem); y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este órgano jurisdiccional es competente para resolver el juicio de amparo, en términos de lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo previsto en el artículo cuarto, fracción XIX, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que el acto reclamado tiene ejecución en una ciudad donde éste órgano tiene jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se realiza la fijación clara y precisa del acto reclamado. Así, considerada la demanda de amparo como un todo, se obtiene que la parte quejosa reclama del Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Séptimo Distrito Judicial en el Estado, con sede en Mante, lo siguiente: La resolución de veinte de mayo de dos mil veintiuno, del recurso de revocación, emitida en el juicio de desahucio 324/2012, mismo que se encuentra concluido. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Séptimo Distrito Judicial en el Estado, con sede en Mante, aceptó la existencia del acto que se le atribuye (fojas 54 a 65 ídem). Lo que se corrobora con las constancias que remitió en copia certificada, relativas a juicio de desahucio 324/2012, a las cuales se les reconoce pleno valor probatorio en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, al ser expedida por autoridad legalmente competente en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. En apoyo se invoca la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable el Apéndice de 1995, página 153, tomo VI, Parte SCJN, Quinta Época, registro 394182.cuyo rubro y texto son: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por tanto, se tiene como cierto el acto reclamado. CUARTO. Causales de improcedencia. Las partes no hicieron valer contra el acto reclamado alguna causa de improcedencia, ni de manera oficiosa se aprecia alguna que, por ser de orden público, deba ser analizada preferentemente a las cuestiones de fondo, en términos de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. QUINTO. Conceptos de violación. A continuación, se procede al estudio de los conceptos de violación hechos valer por el promovente del amparo, mismos que se tienen por reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.". SEXTO. Estudio. Son ineficaces los conceptos de violación planteados. Antecedentes relevantes. El quince de octubre de dos mil doce, fue radicado el juicio de desahucio 324/2012, en el Juzgado de Primera Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Mante, Tamaulipas, promovido por Roberto Ugalde Guillén contra Carlos Alberto Lara Calvillo (fojas 152 y 153 ídem). Seguida la secuela procesal, el diez de julio de dos mil catorce, se dictó sentencia en el juicio natural de referencia, en la que se condenó al demandado a la entrega material de bien inmueble urbano ubicado en Boulevard Luis Echeverría Álvarez número 207 sur entre Pedro J. Méndez y calle Guerrero en la Zona Centro de Ciudad Mante, Tamaulipas. (fojas 315 a 326 ídem). Derivado de lo anterior, Carlos Alberto Lara Cavillo promovió recurso de apelación del cual se registró como toca 380/2014, de la Segunda Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, que se resolvió el diecisiete de septiembre de dos mil catorce, en el que se confirmó la sentencia de primera instancia (fojas 341 a 306 ídem). Inconforme con la sentencia de segunda instancia, Carlos Alberto Lara Cavillo promovió juicio de amparo directo, que fue admitido y registrado como juicio de amparo directo 196/2015 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativas y Civil, mismo que se resolvió mediante sentencia emitida el veinticuatro de septiembre de dos mil quince y en el cual se negó la protección constitucional solicitada (foja 363 a 390 ídem). El diez de agosto de dos mil dieciséis, se registró y admitió a trámite el juicio de amparo indirecto 1617/2016, promovido por Adán Ramón Lara Aguilar, en el índice de este Juzgado de Distrito y seguida la secuela procesal, se dictó sentencia el diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, por el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán Rosales, Sinaloa en la que se estimó y resolvió lo siguiente: "Ante lo fundado de los conceptos de violación, se impone conceder el amparo y protección constitucional solicitados en contra del acto reclamado al Juzgado de Primera Instancia del Ramo Civil del Séptimo Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, consistente en la orden de desalojo o lanzamiento del inmueble ubicado en boulevard Luis Echeverría Álvarez, número 207 sur, entre Pedro J. Méndez (esquina noreste) y calle Guerrero, zona centro, Ciudad Mante, en la entidad mencionada; por lo que dicho juzgador deberá abstenerse de emitir cualquier orden o pronunciamiento tendente a cumplimentar la sentencia dictada en el juicio 324/2012. (.) ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Adán Ramón Lara Aguilar en contra del acto reclamado al Juzgado de Primera Instancia del Ramo Civil del Séptimo Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, consistente en la orden de desalojo o lanzamiento del inmueble ubicado en boulevard Luis Echeverría Álvarez, número 207 sur, entre Pedro J. Méndez (esquina noreste) y calle Guerrero, zona centro, Ciudad Mante, en la entidad mencionada dentro del juicio 324/2012, conforme al último considerando de esta sentencia". (fojas 411 a 419 ídem) (Lo subrayado es autoría de este Juzgado). Mediante proveído de cuatro de junio de dos mil dieciocho, en el juicio de desahucio 324/2012, la autoridad responsable, a petición del quejoso, acordó levantar los gravámenes trabados sobre las fincas en diligencia de ocho de noviembre de dos mil doce y se ordenó girar oficio al Director del Instituto Registral y Catastral del estado a fin de que procediera a la cancelación de los gravámenes mencionados (fojas 478 y 479 ídem). Por escrito presentado por medios electrónicos el veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, el asesor jurídico del quejoso, solicitó se giraran oficios al Instituto Registral y Catastral con sede en Mante, a fin de que se cancelaran los gravámenes a que hicieron alusión los acuerdos de cuatro y diecinueve de junio de dos mil dieciocho (fojas 497 y 498 ídem); por lo que la responsable, por proveído de treinta de marzo de dos mil veintiuno, acordó reservar dicha petición y suspender el procedimiento, pues de conformidad con el punto cuarto del Acuerdo General 15/20210 del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, era necesario que ambas partes cuenten con los servicios para visualizar acuerdos, presentar promociones electrónicas y recibir notificaciones personales, esto, en razón que la parte actora no contaba con tales servicios (fojas 499 y 500 ídem). Inconforme con la determinación anterior, el asesor jurídico de la parte quejosa, interpuso recurso de revocación ante la responsable, quien mediante resolución de veinte de mayo de dos mil veintiuno resolvió: "ÚNICO. Se declara improcedente el RECURSO DE REVOCACIÓN promovido por el LICENCIADO FILIBERTO GUERRERO FABIÁN, en su carácter de autorizado en términos del artículo 68 bis del Código de Procedimientos Civiles del Estado del C. CARLOS ALBERTO LARA CALVILLO, en contra del auto de fecha treinta de marzo del dos mil veintiuno, declarándose firme para sus efectos legales". (fojas 507 a 510 ídem). Lo anterior, constituye el acto reclamado. Argumentos de procedencia del juicio de amparo. Como cuestión previa, la parte quejosa sostiene que el acto reclamado es de imposible reparación. Así, a fin de demostrar la procedencia del presente juicio, el quejoso sostiene que el acto reclamado viola lo establecido en el artículo 1 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas, pues más de que este acto le causa perjuicio es de imposible reparación, en virtud de que se trata de un asunto terminado en el cual únicamente está pendiente la ejecución del mismo; ello, a fin de que este órgano de control constitucional entre al estudio del asunto. Respecto del tema, de acuerdo con lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando como consecuencia de ellos se afecta de manera cierta e inmediata, alguno de los derechos sustantivos del hombre, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera; de modo tal, que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate. Asimismo, el Alto Tribunal, ha establecido la procedencia del juicio constitucional contra actos dictados después de concluido el juicio y, específicamente, en el periodo de ejecución de sentencia en dos hipótesis: 1. Contra los actos que gocen de autonomía en el periodo de ejecución de sentencia; y, 2. Contra los actos de imposible reparación, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Respecto a la primera hipótesis, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que los actos dictados después de concluido el juicio, en contra de los cuales sí es procedente el amparo indirecto, son aquellos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; esto es, debe entenderse por resoluciones jurisdiccionales autónomas, las que se dictan de manera previa y son necesarias para preparar la ejecución, como las interlocutorias que fijan en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte vencida, o bien, las que impiden, obstaculizan o retrasan dicha ejecución en perjuicio del ejecutante. Sirve por de apoyo la jurisprudencia I.11o.C. J/7 K (11a.), sustentada por Tribunales Colegiados de Circuito, Materia Común, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, registro digital 2024100, del título y contenido siguientes: "ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO (ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA). REGLAS PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencialmente la procedencia del juicio constitucional contra actos dictados después de concluido el juicio y, específicamente, en el periodo de ejecución de sentencia en dos hipótesis: 1. Contra los actos que gocen de autonomía en el periodo de ejecución de sentencia; y, 2. Contra los actos de imposible reparación, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Respecto a la primera hipótesis, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que los actos dictados después de concluido el juicio, en contra de los cuales sí es procedente el amparo indirecto, son aquellos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; esto es, debe entenderse por resoluciones jurisdiccionales autónomas, las que se dictan de manera previa y son necesarias para preparar la ejecución, como las interlocutorias que fijan en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte vencida, o bien, las que impiden, obstaculizan o retrasan dicha ejecución en perjuicio del ejecutante. En cuanto a la segunda excepción a la regla general de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, el propio Alto Tribunal estableció que, excepcionalmente, procede contra actos que afectan de forma inmediata o inminente derechos sustantivos de los previstos en la Constitución General, o normas de derechos humanos contenidas en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte, pero con la condición de que sean ajenos a la cosa juzgada. Además, se dispuso que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la interlocutoria dictada en etapa de ejecución de sentencia que desestime la excepción sustancial y perentoria que opone el ejecutado, porque constituye un acto de imposible reparación. En consecuencia, tratándose de actos dictados en etapa de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto será procedente contra: 1. La última resolución dictada en el periodo de ejecución de sentencia, esto es, la que: a) Aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia; b) Declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; y, c) Ordena el archivo definitivo del expediente; 2. La última resolución pronunciada en el procedimiento de remate, esto es, la que, indistintamente, en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la que ordena la entrega de la posesión de los inmuebles rematados; 3. Actos que gocen de autonomía y no tengan como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como las interlocutorias que fijan en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte vencida; y, 4. Actos que afecten materialmente derechos sustantivos del ejecutante o ejecutado y sean ajenos a la cosa juzgada." En particular, la parte quejosa reclama la resolución del recurso de revocación que confirma el auto mediante el cual suspende el procedimiento en el juicio de origen en tanto ambas partes cuenten con acceso al tribunal electrónico, pues la contraparte del quejoso en el juicio natural, no cuenta con acceso a medios electrónicos. Tal determinación fue emitida después de concluido el juicio de desahucio 324/2012, pues este fue resuelto mediante sentencia definitiva de diez de julio de dos mil catorce, que fuera confirmada mediante resolución de segunda instancia el diecisiete de septiembre de dos mil catorce y a su vez impugnada en amparo directo en fecha veinticuatro de septiembre de dos mil quince tal como ha quedado establecido en el apartado de antecedentes relevantes. De igual forma, tal circunstancia se puede corroborar con las constancias remitidas por la autoridad responsable en su informe justificado a las que les fue dado pleno valor probatorio en términos del 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por lo que, en el particular, el quejoso reclama la resolución que niega girar oficios al Instituto Registral y Catastral, a fin de que se levanten los embargos decretados durante la tramitación del juicio de origen, por lo que es evidente que mientras exista la anotación en tal Instituto se afecta el derecho real de las fincas, porque ante la publicidad de la anotación y las consecuencias de la prelación en el registro, la parte quejosa tendrá limitado su derecho para transmitir o disponer del mismo dada precisamente la sujeción registral que refiere a un gravamen derivado del proceso. Apoya por ilustrativa la jurisprudencia 1a./J. 4/2021 (11a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Undécima Época, Materia Común, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Agosto de 2021, Tomo IV, página 3580, registro digital 2023443, de título y contenido siguientes: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA ORDEN JUDICIAL DE ANOTACIÓN PREVENTIVA REGISTRAL RESPECTO DEL INMUEBLE LITIGIOSO, PUES CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Hechos: Los Tribunales Colegiados contendientes resolvieron asuntos en los que era necesario determinar si procedía el amparo indirecto en contra de la orden judicial que ordena realizar una anotación preventiva en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio respecto del bien inmueble materia de la litis mientras se resuelve la controversia judicial a fin de dar publicidad a que el bien inmueble está en proceso litigioso. Uno de los Tribunales Colegiados determinó que el amparo indirecto era improcedente porque la orden de anotación no podía considerarse un acto de imposible reparación al no irrogar perjuicios inmediatos a la parte promovente del amparo, mientras que los otros Colegiados determinaron que sí procedía la interposición del juicio de amparo indirecto porque la orden de anotación registral del bien inmueble en litigio sí constituye un acto de imposible reparación al afectar directamente el derecho de propiedad de quien promueve el juicio de amparo. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que la orden judicial de anotación preventiva registral respecto del bien inmueble litigioso sí constituye un acto de imposible reparación al limitar directamente el derecho sustantivo de propiedad. Justificación: La orden de anotación preventiva en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del bien inmueble litigioso que se ordena en juicio para salvaguardar derechos litigiosos del actor, mientras se resuelve el juicio de fondo de las prestaciones reclamadas, se hace como medida cautelar y para ofrecer a terceros publicidad de que un bien inmueble está en litigio y evitarles enajenaciones infructuosas como adquirentes de buena fe, respecto de predios y construcciones en controversia; de suerte que ese acto judicial constituye un acto de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo, en tanto afecta de forma directa el derecho humano de propiedad, mismo que se reconoce en los artículos 14, 16 y 27 constitucionales, numeral 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y artículo 17 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, porque sin importar que el acto que se reclama puede quedar sin efectos en la sentencia que pronuncie en el juicio ordinario relativo, es evidente que mientras exista la anotación preventiva en el Registro Público de Propiedad y de Comercio se afecta el derecho real del inmueble litigioso, porque ante la publicidad de la anotación y las consecuencias de la prelación en el registro, quien ostente el derecho de propiedad tendrá limitado su derecho para transmitir o disponer del mismo dada precisamente la sujeción registral que refiere a un proceso litigioso del bien inmueble, por lo que el juicio de amparo indirecto resulta procedente en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo vigente y la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo abrogada." (Lo subrayado es autoría de este Juzgado). En conclusión el acto reclamado sí constituye un acto de imposible reparación al limitar directamente el derecho sustantivo de propiedad de la parte quejosa, sin embargo, resulta ineficaz para la concesión de amparo y protección de la Justicia Federal, y a fin de demostrar tal circunstancia, a continuación se estudiarán los conceptos de violación. Así, atendiendo a la integridad de la demanda de amparo que nos ocupa se obtiene que los motivos de disenso expuestos por la parte quejosa, abordan los siguientes temas: Violación a las reglas de igualdad y equidad procesal. Aplicación retroactiva de la ley. Violación a las garantías de audiencia y seguridad jurídica. Violación a las reglas de igualdad y equidad procesal. El primer motivo de disenso lo hace consistir, esencialmente, en que la resolución impugnada fue dictada en contra de las reglas del procedimiento civil, específicamente las reglas de igualdad y equidad procesal, por lo cual se vulneran los artículos 4, 14 y 16 Constitucionales, esto, pues aduce que en diverso juicio de alimentos que se ventila ante la misma autoridad responsable y en el que su asesor jurídico lo es de una de las partes que integran tal juicio de pensión alimenticia, la propia responsable, de oficio, requirió a la parte contraria para que señalara correo electrónico. Lo anterior resulta infundado. A fin de esclarecer el por qué es así, es preciso mencionar que el Acuerdo General 15/2020 que reactiva los plazos y términos procesales a través de la impartición de justicia en línea, así como establece el esquema de trabajo de los órganos jurisdiccionales y administrativos, dada la contingencia del COVID-19, en su punto de acuerdo cuarto, párrafo tercero, establece lo siguiente: "CUARTO.- Obligación de las partes del uso del sistema electrónico. (.) En caso que alguna de las partes no cuente con acceso al tribunal electrónico, y por ende tal circunstancia impida la prosecución del asunto, a solicitud de parte interesada (con excepción de los asuntos en materia familiar y siempre que sea en beneficio del interés superior del menor, ya que en estos casos el juez realiza la notificación de oficio), el titular del órgano jurisdiccional ordenará que se notifique por medio de la central de actuarios (en los distritos judiciales que cuente con dichas áreas) o por el actuario correspondiente, y por única ocasión, en el domicilio señalado por la parte que no cuente con servicios de Tribunal Electrónico o firma electrónica avanzada, la reactivación de los plazos y términos procesales en el juicio en que se actúa, para que dentro de los diez días hábiles siguientes a su notificación realice las acciones correspondientes previstas en el punto VIGÉSIMO SEXTO del presente Acuerdo General". (Lo subrayado es de autoría propia). En este punto cabe hacer mención que mediante diversas sesiones extraordinarias el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, con sede en esta ciudad, modificó el citado acuerdo plenario en su punto primero para extender su vigencia hasta el treinta de septiembre de dos mil veintiuno. Posteriormente, en sesión extraordinaria celebrada el doce de noviembre de dos mil veintiuno, se emitió el Acuerdo General 7/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, mediante el cual se aprueba que la administración e impartición de justicia se efectúe de manera electrónica y física, así como el establecimiento del esquema de trabajo de los órganos jurisdiccionales y administrativos, dada la contingencia derivada del COVID-19, mismo que implementó un sistema de administración e impartición de justicia hibrido, es decir, en línea y de manera física, así como para establecer el esquema de trabajo de los órganos jurisdiccionales y administrativos, dada la contingencia derivada del COVID-19, por el periodo comprendido del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno al nueve de enero de dos mil veintidós. Finalmente mediante sesión de veintiocho de enero de dos mil veintidós, se prorrogó la vigencia del acuerdo 7/2021 hasta el veintiocho de febrero de dos mil veintidós. Ahora, en tal acuerdo se establece lo siguiente: "OCTAVO.- Que las medidas adoptadas por este Consejo en el Acuerdo General 15/2020, así como en sus modificaciones y adición han resultado positivas, ya que se reactivaron en todos los juicios los plazos y términos procesales a través de la impartición de justicia en línea y a su vez se permitió que se admitieran a trámite todo tipo de procedimientos competencia de los Juzgados de Primera Instancia y los Juzgados Menores, así como los asuntos en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, y en el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes; que han corrido con normalidad para la realización de los actos judiciales (sustantivos y procesales). (.) Por tanto, de conformidad con lo antes expuesto y ante las determinaciones tomadas por diversas autoridades federales y estatales, con el objeto de mitigar la propagación del virus y prevenir efectos en la salud de los servidores públicos y justiciables, pero a su vez ponderando y procurando el acceso total a la justicia como actividad esencial, el Consejo de la Judicatura del Estado de Tamaulipas, expide el siguiente: ACUERDO PRIMERO.- Sistema de justicia hibrido. Se aprueba que la administración e impartición de justicia se efectúe de manera electrónica y física, así como el establecimiento del esquema de trabajo de los órganos jurisdiccionales y administrativos, dada la contingencia derivada del COVID-19; lo anterior, con efectos del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno al nueve de enero de dos mil veintidós. CUARTO.- Obligación de las partes del uso del sistema electrónico. (.) En caso que alguna de las partes no cuente con acceso al tribunal electrónico, y por ende tal circunstancia impida la prosecución del asunto, a solicitud de parte interesada (con excepción de los asuntos en materia familiar y siempre que sea en beneficio del interés superior del menor, ya que en estos casos el juez realiza la notificación de oficio), el titular del órgano jurisdiccional ordenará que se notifique por medio de la central de actuarios (en los distritos judiciales que cuente con dichas áreas) o por el actuario correspondiente, y por única ocasión, en el domicilio señalado por la parte que no cuente con servicios de Tribunal Electrónico o firma electrónica avanzada, la reactivación de los plazos y términos procesales en el juicio en que se actúa, para que dentro de los diez días hábiles siguientes a su notificación realice las acciones correspondientes". Como puede verse, Acuerdo General 7/2021, mediante el cual se aprueba que la administración e impartición de justicia se efectúe de manera electrónica y física, así como el establecimiento del esquema de trabajo de los órganos jurisdiccionales y administrativos, dada la contingencia derivada del COVID-19, se reiteró la misma manera en que las partes están obligadas al uso del sistema electrónico, así como a que se puede requerir a las partes de un juicio a obtener acceso al tribunal electrónico a instancia de parte. Ahora de la transcripción anterior se observa que, el titular del órgano jurisdiccional, tratándose de asuntos en materia familiar, puede ordenar se emita de oficio la prevención a alguna de las partes a fin de requerirles de forma personal, obtengan su firma electrónica y obtengan el acceso al expediente electrónico del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Si en el caso particular, el juicio de origen es un juicio de desahucio, está claro que no se encuentra en las excepciones en las cuales el titular del órgano jurisdiccional debe requerir de oficio a la contraparte a señalar un nombre de usuario a fin de que acceda a los medios electrónicos. Es por lo que, el motivo de disenso se estima infundado. Aplicación retroactiva de la ley. Indebida fundamentación y motivación. Ahora, en su cuarto motivo de disenso, se advierte que la parte sostiene quejosa que la resolución recurrida aplica en forma retroactiva la ley en su perjuicio al fundamentarse en el Acuerdo General 15/2020, pues el juzgador debe evitar la demora y paralización del procedimiento, así como acelerar su trámite, además que el proceso no debe estar paralizado por voluntad del juzgador. Lo anterior es infundado. Resulta esto, pues como ya ha sido destacado, el Acuerdo General 15/2020, del Pleno del Consejo de Ia Judicatura del Estado, a efecto de reactivar los plazos y términos procesales a través de Ia impartición de justicia en línea, así como para establecer el esquema de trabajo de los órganos jurisdiccionales y administrativos, dada Ia contingencia del COVID-19, expedido en sesión extraordinaria de treinta de julio de dos mil veinte, ocasionó en el caso la suspensión del procedimiento. Es decir, el citado Acuerdo, es de índole adjetiva, así tenemos que en el caso se aplica a la materia civil, por lo que es menester resaltar que en este tipo de legislación, por regla general, no hay retroactividad. Apoya lo anterior la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, Materia Comín, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 151-156, Tercera Parte, página 156, registro digital 237699, de título y contenido siguiente: "RETROACTIVIDAD. NO LA CONSTITUYE LA APLICACION DE LEYES PROCESALES. Como los procedimientos en los juicios están formados por actos sucesivos que no se desarrollan en un solo momento, deben regirse por las disposiciones vigentes en la época en que tienen verificativo, sin que ello constituya aplicación retroactiva de la ley." Aunado a lo anterior, el Acuerdo General 15/2020 entró en vigor en treinta de julio de dos mil veinte, mientras que la promoción de la parte quejosa que requirió se enviaran diversos oficios a las oficinas del Instituto Registral y Catastral con sede en Mante, Tamaulipas, fue en veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, es decir cuando el citado acuerdo ya había entrado en vigor. Por otro lado, si la parte quejosa la retroactividad la vincula porque desea ejecutar los autos de cuatro y diecinueve de junio de dos mil dieciocho, que ordenaron levantar los gravámenes trabados sobre las fincas en diligencia de ocho de noviembre de dos mil doce y se ordenó girar oficio al Director del Instituto Registral y Catastral del Estado, a fin de que procediera a la cancelación de los gravámenes mencionados, ello es inatendible, pues no es materia de la litis del juicio de amparo en que se actúa, sino la determinación del recurso de revocación que confirmó el auto de treinta de marzo de dos mil veintiuno. Finalmente, cabe destacar, que con el Acuerdo General 7/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, mediante el cual se aprueba que la administración e impartición de justicia se efectúe de manera electrónica y física, así como el establecimiento del esquema de trabajo de los órganos jurisdiccionales y administrativos, dada la contingencia derivada del COVID-19, que entró en vigor doce de noviembre de dos mil veintiuno, ya se permite un sistema híbrido, es decir pueden presentarse promociones de forma tanto electrónica como física. De ahí lo infundado del concepto de violación. Garantías de audiencia y seguridad jurídica. De lo plasmado en sus conceptos de violación cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo, en síntesis, la parte quejosa aduce que el acto reclamado viola sus garantías de audiencia pues la autoridad responsable negó una petición apegada a derecho, pues el juzgador de origen no puede llevar a cabo un acto sin que la parte quejosa haya sido oída ni vencida en juicio, así como llevar a cabo actos en contra de las normas del procedimiento. En primer término el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, establece: "Artículo 14. [.] Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho." El precepto constitucional transcrito, consagra el derecho de audiencia, como principal defensa de que dispone todo gobernado frente a los actos del poder público que tiendan a privarlo de sus bienes o derechos, que consiste en la limitación a las facultades de la autoridad para privar de forma definitiva un bien o un derecho de la esfera patrimonial del gobernado. Así, el derecho de audiencia constituye el principal instrumento de defensa que tiene el gobernado frente a actos de cualquier autoridad que pretendan privarlo de la vida, la libertad y sus propiedades y, en general de todos sus derechos. Estas consideraciones se encuentran sustentadas en la jurisprudencia 47/95, del Pleno del Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 133, Tomo II, Diciembre de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado.". En torno a dicho precepto constitucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en diversos criterios que la disposición en comento, otorga a la persona el derecho a una defensa adecuada previamente a la emisión de un acto privativo o de molestia, lo que implica para la autoridad el deber de respetar las formalidades esenciales del procedimiento, a fin de evitar que las personas queden en estado de indefensión. Así las cosas, según lo ha sostenido el Alto Tribunal, el derecho a una defensa adecuada en términos generales se traduce en: La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias. La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa. La oportunidad de alegar; y, El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Estas formalidades esenciales del procedimiento permiten que las personas desplieguen sus defensas antes de que las autoridades modifiquen en forma definitiva su esfera jurídica, tal y como se desprende de la tesis jurisprudencial 2a. /J. 16/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Febrero de 2008, página 497, que indica: "AUDIENCIA. SI SE OTORGA LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL RESPECTO DE UNA LEY POR SER VIOLATORIA DE ESA GARANTÍA, LA AUTORIDAD FACULTADA PARA EMITIR UN ACTO PRIVATIVO PODRÁ REITERARLO SI LLEVA A CABO UN PROCEDIMIENTO EN EL QUE CUMPLA LAS FORMALIDADES ESENCIALES, AUN CUANDO PARA ELLO NO EXISTAN DISPOSICIONES DIRECTAMENTE APLICABLES. Si se toma en cuenta que el fin que persiguió el Constituyente a través de la garantía de audiencia fue el de permitir que los gobernados desplieguen sus defensas antes de que las autoridades modifiquen en forma definitiva su esfera jurídica, y no el de impedir que éstas ejerzan las facultades que les fueron conferidas para cumplir con los fines que constitucional o legalmente se les encomendaron, se concluye que cuando se declara la inconstitucionalidad de una disposición de observancia general por no prever un procedimiento en el que antes de la emisión de un acto privativo se respeten las formalidades esenciales a que se refiere el párrafo segundo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en acatamiento del fallo protector, la respectiva autoridad administrativa o jurisdiccional podrá reiterar el sentido de su determinación, siempre y cuando siga un procedimiento en el que el quejoso pueda ejercer plenamente su derecho de audiencia. Ello es así, porque el efecto de la protección constitucional no llega al extremo de impedir el desarrollo de la respectiva potestad, pues permite a la autoridad competente purgar ese vicio antes de su ejercicio, brindando al quejoso la oportunidad de defensa en la que se acaten las referidas formalidades; sin que obste a lo anterior la circunstancia de que no existan disposiciones directamente aplicables para llevar a cabo el referido procedimiento, pues ante ello, al tenor del párrafo cuarto del mencionado precepto constitucional, la autoridad competente deberá aplicar los principios generales que emanen del ordenamiento respectivo o de uno diverso que permitan cumplir con los fines de la garantía citada.". Cierto, en la referida disposición se contempla el "derecho de audiencia", porque previo a cualquier acto de autoridad que pueda llegar a privar o molestar a una persona en sus derechos o posesiones, se le debe dar la oportunidad para defenderse en el juicio, de probar y alegar lo que sea de su interés. Lo anterior, ya sea ante tribunales independientes, imparciales y establecidos con anterioridad al hecho, dentro de un juicio o un procedimiento seguido a manera de éste, o ante las autoridades administrativas en los cuales habrán de seguirse las fases procesales descritas por la ley aplicable al caso concreto, so pena de ser inconstitucional ese actuar, al no respetarse el principio de que todos deben de ser oídos y vencidos en juicio, antes de ser afectados en su esfera o con un acto de autoridad. Asimismo, con el término juicio en sentido amplio, lo que se pretende es el respeto de las formalidades esenciales del procedimiento que deben de observarse no sólo en los procedimientos judiciales, sino también en otros como los administrativos, cuya interpretación corresponde a una consecuencia de actos unidos entre sí, íntimamente vinculados con la intención de llegar a un fin o propósito que es dirimir un punto cuestionado, que los afectados con el acto privativo deberán contar con una verdadera oportunidad de defensa. Así, la audiencia previa a que se refiere el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se traduce en un principio de seguridad jurídica para las personas, que impone la ineludible obligación a cargo de las autoridades, para que de manera previa al dictado de un acto de privación, cumplan con una serie de formalidades esenciales necesarias para oír en defensa a los afectados. Ilustra el criterio la jurisprudencia 1a./J. 11/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, Materias: Constitucional, página 396, Registro: 2005716, que establece: "DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO. Dentro de las garantías del debido proceso existe un "núcleo duro", que debe observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, y otro de garantías que son aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del Estado. Así, en cuanto al "núcleo duro", las garantías del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la "garantía de audiencia", las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente. Al respecto, el Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.", sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento son: (i) la notificación del inicio del procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de alegar; y, (iv) una resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por esta Primera Sala como parte de esta formalidad. Ahora bien, el otro núcleo es identificado comúnmente con el elenco de garantías mínimo que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, como ocurre, por ejemplo, con el derecho penal, migratorio, fiscal o administrativo, en donde se exigirá que se hagan compatibles las garantías con la materia específica del asunto. Por tanto, dentro de esta categoría de garantías que corresponde a todas las personas independientemente de su condición, nacionalidad, género, edad, etcétera, dentro de las que están, por ejemplo, el derecho a contar con un abogado, a no declarar contra sí mismo o a conocer la causa del procedimiento sancionatorio; y la segunda, que es la combinación del elenco mínimo de garantías con el derecho de igualdad ante la ley, y que protege a aquellas personas que pueden encontrarse en una situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico, por pertenecer a algún grupo vulnerable, por ejemplo, el derecho a la notificación y asistencia consular, el derecho a contar con un traductor o intérprete, el derecho de las niñas y los niños a que su detención sea notificada a quienes ejerzan su patria potestad y tutela, entre otras de igual naturaleza.". En otras palabras, de conformidad con el artículo 14 Constitucional, es obligatoria la observancia del derecho de audiencia, y en todo procedimiento para su validez, este mandamiento superior impone la ineludible obligación a cargo de las autoridades para que, de manera previa al dictado de determinados actos, cumplan con una serie de formalidades esenciales, necesarias para oír en defensa a aquellos que se les irrogara perjuicio, con la emisión del acto de autoridad. En el caso particular el acto reclamado, deriva de un juicio donde la parte quejosa es la parte demandada. Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad se desprende que el quejoso dio contestación a la demanda, tuvo oportunidad de ofrecer pruebas e interpuso medios de defensa adecuados para cada etapa procesal. Incluso, el acto reclamado deriva del medio de defensa consistente en recurso de revocación, por lo que se advierte que a la parte quejosa le ha sido respetado su derecho de audiencia y debido proceso, esto en el juicio de desahucio 324/2012. Por lo que se estima infundado dicho concepto de violación. En otra parte de los conceptos de violación sexto, séptimo, octavo y noveno esgrime la parte quejosa que la autoridad transgredió su derecho de seguridad jurídica, consagrado en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto, cabe precisar, que el artículo 16 constitucional contiene el derecho fundamental de legalidad que prevé nuestra Carta Magna, consistente en la debida fundamentación y motivación que las autoridades están obligadas a expresar en sus actos. Por fundamentación del acto de autoridad se entiende que debe sustentarse en una disposición normativa de carácter general; o sea, que la ley prevea una situación concreta para la cual resulte procedente realizar el acto de autoridad, es decir, que exista una ley que así lo autorice, de tal manera que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite. En tanto que la motivación del acto de autoridad, debe entenderse en el sentido que, al existir una norma jurídica, el caso o situación respecto del que se pretende realizar un acto autoritario de molestia, sean aquellos a que alude la disposición legal fundatoria; de suerte que la motivación indica que las circunstancias y modalidades del caso particular encuadran dentro del marco general correspondiente establecido por la ley; así, si una determinada conducta no corresponde o no encuadra en el caso concreto establecido por la ley, el acto de autoridad respectivo violará la exigencia de la motivación legal, por más que se hubiese previsto en una norma, es decir, aunque esté debidamente fundado. En síntesis, la motivación legal implica la necesaria adecuación que debe hacer la autoridad entre la norma general fundatoria del acto de molestia y el caso específico en el que éste va a operar o surtir sus efectos. De modo que, para que una autoridad cumpla con la debida fundamentación y motivación a que se refiere el derecho fundamental previsto en el artículo 16 de la Constitución Federal, es necesario que en sus determinaciones se citen los preceptos legales que le sirvan de apoyo y, además, debe expresar los razonamientos lógicos y jurídicos que la condujeron a la conclusión de que el asunto concreto de que se trata, que las origina, encuadra en los supuestos de la norma que invoca. Es aplicable, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Visible en la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, 97-102 Tercera Parte, página 143, de rubro y texto: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Ahora, en el particular, la responsable, al emitir el acto reclamado, consideró lo siguiente: "Lo anterior se considera así, pues si bien el recurrente pretende impulsar la etapa de ejecución de sentencia mediante la petición que realizó de cancelar los gravámenes que pesan sobre los inmuebles del demandado, y que conforme a lo dispuesto por los artículos 2° y 4° del Código de Procedimientos Civiles del Estado, los asuntos judiciales no deben paralizarse o demorarse, que al contrario, los jueces y magistrados estarán obligados a evitar la demora o paralización de los juicios que se sometan a su consideración, y que para ello, deberán dictar acuerdos de oficio para acelerar los trámites, viendo siempre por una debida economía procesal y una efectiva administración de justicia, en el caso, al no contar con acceso a medios la parte actora, debe precederse en términos de lo establecido en el punto cuatro, del acuerdo general 15/2020, dictado por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, es decir, decretar la suspensión del procedimiento, al existir una causa que impide su prosecución, por lo tanto, fue procedente la suspensión decretada en el auto impugnado, hasta en tanto se de las condiciones para poder continuar el presente juicio, que lo es hasta que ambas partes cuenten con los servicios para visualizar acuerdos, presentar promociones electrónicas y para recibir notificaciones personales electrónicas". (fojas 507 a 510ídem). Por lo que fundamentación y motivación consideradas por la responsable a fin de suspender el procedimiento, hasta en tanto ambas partes cuenten con acceso al tribunal electrónico, atienden a la contingencia sanitaria COVID 19, a efecto de evitar la propagación de contagio del virus SARS-COV2, por lo que la autoridad responsable, con ello resguarda el derecho a la salud a que tienen derecho no solo los trabajadores del órgano jurisdiccional, sino de los propios justiciables. Por lo cual, tal concepto de violación deviene infundado. Por lo expuesto y fundamentado en términos de los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO ampara ni protege a Carlos Alberto Lara Calvillo, contra el acto reclamado al Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Séptimo Distrito Judicial en el Estado, con sede en Mante, por los motivos y fundamentos expuestos en el sexto considerando de esta sentencia. Notifíquese: personalmente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el licenciado FERNANDO UREÑA MORENO, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, ante la licenciada Astrid Alicia Ortiz Sánchez, Secretaria que autoriza y da fe hasta hoy ocho de febrero de dos mil veintidós, en que las labores del juzgado lo permitieron. Con lo que se da por terminada la audiencia. Doy fe.

  4. Principal

    Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 1009/2021; promovido por Carlos Alberto Lara Calvillo, contra los actos que reclama del Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Séptimo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Mante, Tamaulipas; y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el diez de junio de dos mil veintiuno, ante el Buzón Judicial con sede en esta ciudad y turnado a este órgano jurisdiccional, Carlos Alberto Lara Calvillo, promovió amparo (fojas 2 a 29 del juicio de amparo en que se actúa). SEGUNDO. Prevención y Trámite. Mediante proveído de once de junio dos mil veintiuno, se registró la demanda con el consecutivo 1009/2021 y se previno a Carlos Alberto Lara Calvillo para que manifestara, bajo protesta de decir verdad, la etapa procesal del expediente 324/2021 del cual deriva su acto reclamado y qué es lo que pretende cancelar con los oficios que refiere le fueron negados (fojas 30 a 32 ídem). Una vez cumplida la prevención, por auto de veintiuno de junio dos mil veintiuno, se admitió la demanda; se dio la intervención legal que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previos diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede (fojas 37 a 40 ídem); y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este órgano jurisdiccional es competente para resolver el juicio de amparo, en términos de lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo previsto en el artículo cuarto, fracción XIX, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que el acto reclamado tiene ejecución en una ciudad donde éste órgano tiene jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se realiza la fijación clara y precisa del acto reclamado. Así, considerada la demanda de amparo como un todo, se obtiene que la parte quejosa reclama del Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Séptimo Distrito Judicial en el Estado, con sede en Mante, lo siguiente: La resolución de veinte de mayo de dos mil veintiuno, del recurso de revocación, emitida en el juicio de desahucio 324/2012, mismo que se encuentra concluido. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Séptimo Distrito Judicial en el Estado, con sede en Mante, aceptó la existencia del acto que se le atribuye (fojas 54 a 65 ídem). Lo que se corrobora con las constancias que remitió en copia certificada, relativas a juicio de desahucio 324/2012, a las cuales se les reconoce pleno valor probatorio en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, al ser expedida por autoridad legalmente competente en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. En apoyo se invoca la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable el Apéndice de 1995, página 153, tomo VI, Parte SCJN, Quinta Época, registro 394182.cuyo rubro y texto son: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por tanto, se tiene como cierto el acto reclamado. CUARTO. Causales de improcedencia. Las partes no hicieron valer contra el acto reclamado alguna causa de improcedencia, ni de manera oficiosa se aprecia alguna que, por ser de orden público, deba ser analizada preferentemente a las cuestiones de fondo, en términos de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. QUINTO. Conceptos de violación. A continuación, se procede al estudio de los conceptos de violación hechos valer por el promovente del amparo, mismos que se tienen por reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.". SEXTO. Estudio. Son ineficaces los conceptos de violación planteados. Antecedentes relevantes. El quince de octubre de dos mil doce, fue radicado el juicio de desahucio 324/2012, en el Juzgado de Primera Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Mante, Tamaulipas, promovido por Roberto Ugalde Guillén contra Carlos Alberto Lara Calvillo (fojas 152 y 153 ídem). Seguida la secuela procesal, el diez de julio de dos mil catorce, se dictó sentencia en el juicio natural de referencia, en la que se condenó al demandado a la entrega material de bien inmueble urbano ubicado en Boulevard Luis Echeverría Álvarez número 207 sur entre Pedro J. Méndez y calle Guerrero en la Zona Centro de Ciudad Mante, Tamaulipas. (fojas 315 a 326 ídem). Derivado de lo anterior, Carlos Alberto Lara Cavillo promovió recurso de apelación del cual se registró como toca 380/2014, de la Segunda Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, que se resolvió el diecisiete de septiembre de dos mil catorce, en el que se confirmó la sentencia de primera instancia (fojas 341 a 306 ídem). Inconforme con la sentencia de segunda instancia, Carlos Alberto Lara Cavillo promovió juicio de amparo directo, que fue admitido y registrado como juicio de amparo directo 196/2015 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativas y Civil, mismo que se resolvió mediante sentencia emitida el veinticuatro de septiembre de dos mil quince y en el cual se negó la protección constitucional solicitada (foja 363 a 390 ídem). El diez de agosto de dos mil dieciséis, se registró y admitió a trámite el juicio de amparo indirecto 1617/2016, promovido por Adán Ramón Lara Aguilar, en el índice de este Juzgado de Distrito y seguida la secuela procesal, se dictó sentencia el diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, por el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán Rosales, Sinaloa en la que se estimó y resolvió lo siguiente: "Ante lo fundado de los conceptos de violación, se impone conceder el amparo y protección constitucional solicitados en contra del acto reclamado al Juzgado de Primera Instancia del Ramo Civil del Séptimo Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, consistente en la orden de desalojo o lanzamiento del inmueble ubicado en boulevard Luis Echeverría Álvarez, número 207 sur, entre Pedro J. Méndez (esquina noreste) y calle Guerrero, zona centro, Ciudad Mante, en la entidad mencionada; por lo que dicho juzgador deberá abstenerse de emitir cualquier orden o pronunciamiento tendente a cumplimentar la sentencia dictada en el juicio 324/2012. (.) ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Adán Ramón Lara Aguilar en contra del acto reclamado al Juzgado de Primera Instancia del Ramo Civil del Séptimo Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, consistente en la orden de desalojo o lanzamiento del inmueble ubicado en boulevard Luis Echeverría Álvarez, número 207 sur, entre Pedro J. Méndez (esquina noreste) y calle Guerrero, zona centro, Ciudad Mante, en la entidad mencionada dentro del juicio 324/2012, conforme al último considerando de esta sentencia". (fojas 411 a 419 ídem) (Lo subrayado es autoría de este Juzgado). Mediante proveído de cuatro de junio de dos mil dieciocho, en el juicio de desahucio 324/2012, la autoridad responsable, a petición del quejoso, acordó levantar los gravámenes trabados sobre las fincas en diligencia de ocho de noviembre de dos mil doce y se ordenó girar oficio al Director del Instituto Registral y Catastral del estado a fin de que procediera a la cancelación de los gravámenes mencionados (fojas 478 y 479 ídem). Por escrito presentado por medios electrónicos el veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, el asesor jurídico del quejoso, solicitó se giraran oficios al Instituto Registral y Catastral con sede en Mante, a fin de que se cancelaran los gravámenes a que hicieron alusión los acuerdos de cuatro y diecinueve de junio de dos mil dieciocho (fojas 497 y 498 ídem); por lo que la responsable, por proveído de treinta de marzo de dos mil veintiuno, acordó reservar dicha petición y suspender el procedimiento, pues de conformidad con el punto cuarto del Acuerdo General 15/20210 del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, era necesario que ambas partes cuenten con los servicios para visualizar acuerdos, presentar promociones electrónicas y recibir notificaciones personales, esto, en razón que la parte actora no contaba con tales servicios (fojas 499 y 500 ídem). Inconforme con la determinación anterior, el asesor jurídico de la parte quejosa, interpuso recurso de revocación ante la responsable, quien mediante resolución de veinte de mayo de dos mil veintiuno resolvió: "ÚNICO. Se declara improcedente el RECURSO DE REVOCACIÓN promovido por el LICENCIADO FILIBERTO GUERRERO FABIÁN, en su carácter de autorizado en términos del artículo 68 bis del Código de Procedimientos Civiles del Estado del C. CARLOS ALBERTO LARA CALVILLO, en contra del auto de fecha treinta de marzo del dos mil veintiuno, declarándose firme para sus efectos legales". (fojas 507 a 510 ídem). Lo anterior, constituye el acto reclamado. Argumentos de procedencia del juicio de amparo. Como cuestión previa, la parte quejosa sostiene que el acto reclamado es de imposible reparación. Así, a fin de demostrar la procedencia del presente juicio, el quejoso sostiene que el acto reclamado viola lo establecido en el artículo 1 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas, pues más de que este acto le causa perjuicio es de imposible reparación, en virtud de que se trata de un asunto terminado en el cual únicamente está pendiente la ejecución del mismo; ello, a fin de que este órgano de control constitucional entre al estudio del asunto. Respecto del tema, de acuerdo con lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando como consecuencia de ellos se afecta de manera cierta e inmediata, alguno de los derechos sustantivos del hombre, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera; de modo tal, que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate.Asimismo, el Alto Tribunal, ha establecido la procedencia del juicio constitucional contra actos dictados después de concluido el juicio y, específicamente, en el periodo de ejecución de sentencia en dos hipótesis: 1. Contra los actos que gocen de autonomía en el periodo de ejecución de sentencia; y, 2. Contra los actos de imposible reparación, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Respecto a la primera hipótesis, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que los actos dictados después de concluido el juicio, en contra de los cuales sí es procedente el amparo indirecto, son aquellos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; esto es, debe entenderse por resoluciones jurisdiccionales autónomas, las que se dictan de manera previa y son necesarias para preparar la ejecución, como las interlocutorias que fijan en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte vencida, o bien, las que impiden, obstaculizan o retrasan dicha ejecución en perjuicio del ejecutante. Sirve por de apoyo la jurisprudencia I.11o.C. J/7 K (11a.), sustentada por Tribunales Colegiados de Circuito, Materia Común, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, registro digital 2024100, del título y contenido siguientes: "ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO (ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA). REGLAS PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencialmente la procedencia del juicio constitucional contra actos dictados después de concluido el juicio y, específicamente, en el periodo de ejecución de sentencia en dos hipótesis: 1. Contra los actos que gocen de autonomía en el periodo de ejecución de sentencia; y, 2. Contra los actos de imposible reparación, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Respecto a la primera hipótesis, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que los actos dictados después de concluido el juicio, en contra de los cuales sí es procedente el amparo indirecto, son aquellos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; esto es, debe entenderse por resoluciones jurisdiccionales autónomas, las que se dictan de manera previa y son necesarias para preparar la ejecución, como las interlocutorias que fijan en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte vencida, o bien, las que impiden, obstaculizan o retrasan dicha ejecución en perjuicio del ejecutante. En cuanto a la segunda excepción a la regla general de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, el propio Alto Tribunal estableció que, excepcionalmente, procede contra actos que afectan de forma inmediata o inminente derechos sustantivos de los previstos en la Constitución General, o normas de derechos humanos contenidas en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte, pero con la condición de que sean ajenos a la cosa juzgada. Además, se dispuso que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la interlocutoria dictada en etapa de ejecución de sentencia que desestime la excepción sustancial y perentoria que opone el ejecutado, porque constituye un acto de imposible reparación. En consecuencia, tratándose de actos dictados en etapa de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto será procedente contra: 1. La última resolución dictada en el periodo de ejecución de sentencia, esto es, la que: a) Aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia; b) Declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; y, c) Ordena el archivo definitivo del expediente; 2. La última resolución pronunciada en el procedimiento de remate, esto es, la que, indistintamente, en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la que ordena la entrega de la posesión de los inmuebles rematados; 3. Actos que gocen de autonomía y no tengan como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como las interlocutorias que fijan en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte vencida; y, 4. Actos que afecten materialmente derechos sustantivos del ejecutante o ejecutado y sean ajenos a la cosa juzgada." En particular, la parte quejosa reclama la resolución del recurso de revocación que confirma el auto mediante el cual suspende el procedimiento en el juicio de origen en tanto ambas partes cuenten con acceso al tribunal electrónico, pues la contraparte del quejoso en el juicio natural, no cuenta con acceso a medios electrónicos. Tal determinación fue emitida después de concluido el juicio de desahucio 324/2012, pues este fue resuelto mediante sentencia definitiva de diez de julio de dos mil catorce, que fuera confirmada mediante resolución de segunda instancia el diecisiete de septiembre de dos mil catorce y a su vez impugnada en amparo directo en fecha veinticuatro de septiembre de dos mil quince tal como ha quedado establecido en el apartado de antecedentes relevantes. De igual forma, tal circunstancia se puede corroborar con las constancias remitidas por la autoridad responsable en su informe justificado a las que les fue dado pleno valor probatorio en términos del 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por lo que, en el particular, el quejoso reclama la resolución que niega girar oficios al Instituto Registral y Catastral, a fin de que se levanten los embargos decretados durante la tramitación del juicio de origen, por lo que es evidente que mientras exista la anotación en tal Instituto se afecta el derecho real de las fincas, porque ante la publicidad de la anotación y las consecuencias de la prelación en el registro, la parte quejosa tendrá limitado su derecho para transmitir o disponer del mismo dada precisamente la sujeción registral que refiere a un gravamen derivado del proceso. Apoya por ilustrativa la jurisprudencia 1a./J. 4/2021 (11a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Undécima Época, Materia Común, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Agosto de 2021, Tomo IV, página 3580, registro digital 2023443, de título y contenido siguientes: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA ORDEN JUDICIAL DE ANOTACIÓN PREVENTIVA REGISTRAL RESPECTO DEL INMUEBLE LITIGIOSO, PUES CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Hechos: Los Tribunales Colegiados contendientes resolvieron asuntos en los que era necesario determinar si procedía el amparo indirecto en contra de la orden judicial que ordena realizar una anotación preventiva en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio respecto del bien inmueble materia de la litis mientras se resuelve la controversia judicial a fin de dar publicidad a que el bien inmueble está en proceso litigioso. Uno de los Tribunales Colegiados determinó que el amparo indirecto era improcedente porque la orden de anotación no podía considerarse un acto de imposible reparación al no irrogar perjuicios inmediatos a la parte promovente del amparo, mientras que los otros Colegiados determinaron que sí procedía la interposición del juicio de amparo indirecto porque la orden de anotación registral del bien inmueble en litigio sí constituye un acto de imposible reparación al afectar directamente el derecho de propiedad de quien promueve el juicio de amparo. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que la orden judicial de anotación preventiva registral respecto del bien inmueble litigioso sí constituye un acto de imposible reparación al limitar directamente el derecho sustantivo de propiedad. Justificación: La orden de anotación preventiva en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del bien inmueble litigioso que se ordena en juicio para salvaguardar derechos litigiosos del actor, mientras se resuelve el juicio de fondo de las prestaciones reclamadas, se hace como medida cautelar y para ofrecer a terceros publicidad de que un bien inmueble está en litigio y evitarles enajenaciones infructuosas como adquirentes de buena fe, respecto de predios y construcciones en controversia; de suerte que ese acto judicial constituye un acto de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo, en tanto afecta de forma directa el derecho humano de propiedad, mismo que se reconoce en los artículos 14, 16 y 27 constitucionales, numeral 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y artículo 17 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, porque sin importar que el acto que se reclama puede quedar sin efectos en la sentencia que pronuncie en el juicio ordinario relativo, es evidente que mientras exista la anotación preventiva en el Registro Público de Propiedad y de Comercio se afecta el derecho real del inmueble litigioso, porque ante la publicidad de la anotación y las consecuencias de la prelación en el registro, quien ostente el derecho de propiedad tendrá limitado su derecho para transmitir o disponer del mismo dada precisamente la sujeción registral que refiere a un proceso litigioso del bien inmueble, por lo que el juicio de amparo indirecto resulta procedente en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo vigente y la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo abrogada." (Lo subrayado es autoría de este Juzgado). En conclusión el acto reclamado sí constituye un acto de imposible reparación al limitar directamente el derecho sustantivo de propiedad de la parte quejosa, sin embargo, resulta ineficaz para la concesión de amparo y protección de la Justicia Federal, y a fin de demostrar tal circunstancia, a continuación se estudiarán los conceptos de violación. Así, atendiendo a la integridad de la demanda de amparo que nos ocupa se obtiene que los motivos de disenso expuestos por la parte quejosa, abordan los siguientes temas: Violación a las reglas de igualdad y equidad procesal. Aplicación retroactiva de la ley. Violación a las garantías de audiencia y seguridad jurídica. Violación a las reglas de igualdad y equidad procesal. El primer motivo de disenso lo hace consistir, esencialmente, en que la resolución impugnada fue dictada en contra de las reglas del procedimiento civil, específicamente las reglas de igualdad y equidad procesal, por lo cual se vulneran los artículos 4, 14 y 16 Constitucionales, esto, pues aduce que en diverso juicio de alimentos que se ventila ante la misma autoridad responsable y en el que su asesor jurídico lo es de una de las partes que integran tal juicio de pensión alimenticia, la propia responsable, de oficio, requirió a la parte contraria para que señalara correo electrónico. Lo anterior resulta infundado. A fin de esclarecer el por qué es así, es preciso mencionar que el Acuerdo General 15/2020 que reactiva los plazos y términos procesales a través de la impartición de justicia en línea, así como establece el esquema de trabajo de los órganos jurisdiccionales y administrativos, dada la contingencia del COVID-19, en su punto de acuerdo cuarto, párrafo tercero, establece lo siguiente: "CUARTO.- Obligación de las partes del uso del sistema electrónico. (.) En caso que alguna de las partes no cuente con acceso al tribunal electrónico, y por ende tal circunstancia impida la prosecución del asunto, a solicitud de parte interesada (con excepción de los asuntos en materia familiar y siempre que sea en beneficio del interés superior del menor, ya que en estos casos el juez realiza la notificación de oficio), el titular del órgano jurisdiccional ordenará que se notifique por medio de la central de actuarios (en los distritos judiciales que cuente con dichas áreas) o por el actuario correspondiente, y por única ocasión, en el domicilio señalado por la parte que no cuente con servicios de Tribunal Electrónico o firma electrónica avanzada, la reactivación de los plazos y términos procesales en el juicio en que se actúa, para que dentro de los diez días hábiles siguientes a su notificación realice las acciones correspondientes previstas en el punto VIGÉSIMO SEXTO del presente Acuerdo General". (Lo subrayado es de autoría propia). En este punto cabe hacer mención que mediante diversas sesiones extraordinarias el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, con sede en esta ciudad, modificó el citado acuerdo plenario en su punto primero para extender su vigencia hasta el treinta de septiembre de dos mil veintiuno. Posteriormente, en sesión extraordinaria celebrada el doce de noviembre de dos mil veintiuno, se emitió el Acuerdo General 7/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, mediante el cual se aprueba que la administración e impartición de justicia se efectúe de manera electrónica y física, así como el establecimiento del esquema de trabajo de los órganos jurisdiccionales y administrativos, dada la contingencia derivada del COVID-19, mismo que implementó un sistema de administración e impartición de justicia hibrido, es decir, en línea y de manera física, así como para establecer el esquema de trabajo de los órganos jurisdiccionales y administrativos, dada la contingencia derivada del COVID-19, por el periodo comprendido del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno al nueve de enero de dos mil veintidós. Finalmente mediante sesión de veintiocho de enero de dos mil veintidós, se prorrogó la vigencia del acuerdo 7/2021 hasta el veintiocho de febrero de dos mil veintidós. Ahora, en tal acuerdo se establece lo siguiente: "OCTAVO.- Que las medidas adoptadas por este Consejo en el Acuerdo General 15/2020, así como en sus modificaciones y adición han resultado positivas, ya que se reactivaron en todos los juicios los plazos y términos procesales a través de la impartición de justicia en línea y a su vez se permitió que se admitieran a trámite todo tipo de procedimientos competencia de los Juzgados de Primera Instancia y los Juzgados Menores, así como los asuntos en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, y en el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes; que han corrido con normalidad para la realización de los actos judiciales (sustantivos y procesales). (.) Por tanto, de conformidad con lo antes expuesto y ante las determinaciones tomadas por diversas autoridades federales y estatales, con el objeto de mitigar la propagación del virus y prevenir efectos en la salud de los servidores públicos y justiciables, pero a su vez ponderando y procurando el acceso total a la justicia como actividad esencial, el Consejo de la Judicatura del Estado de Tamaulipas, expide el siguiente: ACUERDO PRIMERO.- Sistema de justicia hibrido. Se aprueba que la administración e impartición de justicia se efectúe de manera electrónica y física, así como el establecimiento del esquema de trabajo de los órganos jurisdiccionales y administrativos, dada la contingencia derivada del COVID-19; lo anterior, con efectos del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno al nueve de enero de dos mil veintidós. CUARTO.- Obligación de las partes del uso del sistema electrónico. (.) En caso que alguna de las partes no cuente con acceso al tribunal electrónico, y por ende tal circunstancia impida la prosecución del asunto, a solicitud de parte interesada (con excepción de los asuntos en materia familiar y siempre que sea en beneficio del interés superior del menor, ya que en estos casos el juez realiza la notificación de oficio), el titular del órgano jurisdiccional ordenará que se notifique por medio de la central de actuarios (en los distritos judiciales que cuente con dichas áreas) o por el actuario correspondiente, y por única ocasión, en el domicilio señalado por la parte que no cuente con servicios de Tribunal Electrónico o firma electrónica avanzada, la reactivación de los plazos y términos procesales en el juicio en que se actúa, para que dentro de los diez días hábiles siguientes a su notificación realice las acciones correspondientes". Como puede verse, Acuerdo General 7/2021, mediante el cual se aprueba que la administración e impartición de justicia se efectúe de manera electrónica y física, así como el establecimiento del esquema de trabajo de los órganos jurisdiccionales y administrativos, dada la contingencia derivada del COVID-19, se reiteró la misma manera en que las partes están obligadas al uso del sistema electrónico, así como a que se puede requerir a las partes de un juicio a obtener acceso al tribunal electrónico a instancia de parte. Ahora de la transcripción anterior se observa que, el titular del órgano jurisdiccional, tratándose de asuntos en materia familiar, puede ordenar se emita de oficio la prevención a alguna de las partes a fin de requerirles de forma personal, obtengan su firma electrónica y obtengan el acceso al expediente electrónico del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Si en el caso particular, el juicio de origen es un juicio de desahucio, está claro que no se encuentra en las excepciones en las cuales el titular del órgano jurisdiccional debe requerir de oficio a la contraparte a señalar un nombre de usuario a fin de que acceda a los medios electrónicos. Es por lo que, el motivo de disenso se estima infundado. Aplicación retroactiva de la ley. Indebida fundamentación y motivación. Ahora, en su cuarto motivo de disenso, se advierte que la parte sostiene quejosa que la resolución recurrida aplica en forma retroactiva la ley en su perjuicio al fundamentarse en el Acuerdo General 15/2020, pues el juzgador debe evitar la demora y paralización del procedimiento, así como acelerar su trámite, además que el proceso no debe estar paralizado por voluntad del juzgador. Lo anterior es infundado. Resulta esto, pues como ya ha sido destacado, el Acuerdo General 15/2020, del Pleno del Consejo de Ia Judicatura del Estado, a efecto de reactivar los plazos y términos procesales a través de Ia impartición de justicia en línea, así como para establecer el esquema de trabajo de los órganos jurisdiccionales y administrativos, dada Ia contingencia del COVID-19, expedido en sesión extraordinaria de treinta de julio de dos mil veinte, ocasionó en el caso la suspensión del procedimiento. Es decir, el citado Acuerdo, es de índole adjetiva, así tenemos que en el caso se aplica a la materia civil, por lo que es menester resaltar que en este tipo de legislación, por regla general, no hay retroactividad. Apoya lo anterior la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, Materia Comín, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 151-156, Tercera Parte, página 156, registro digital 237699, de título y contenido siguiente: "RETROACTIVIDAD. NO LA CONSTITUYE LA APLICACION DE LEYES PROCESALES. Como los procedimientos en los juicios están formados por actos sucesivos que no se desarrollan en un solo momento, deben regirse por las disposiciones vigentes en la época en que tienen verificativo, sin que ello constituya aplicación retroactiva de la ley." Aunado a lo anterior, el Acuerdo General 15/2020 entró en vigor en treinta de julio de dos mil veinte, mientras que la promoción de la parte quejosa que requirió se enviaran diversos oficios a las oficinas del Instituto Registral y Catastral con sede en Mante, Tamaulipas, fue en veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, es decir cuando el citado acuerdo ya había entrado en vigor. Por otro lado, si la parte quejosa la retroactividad la vincula porque desea ejecutar los autos de cuatro y diecinueve de junio de dos mil dieciocho, que ordenaron levantar los gravámenes trabados sobre las fincas en diligencia de ocho de noviembre de dos mil doce y se ordenó girar oficio al Director del Instituto Registral y Catastral del Estado, a fin de que procediera a la cancelación de los gravámenes mencionados, ello es inatendible, pues no es materia de la litis del juicio de amparo en que se actúa, sino la determinación del recurso de revocación que confirmó el auto de treinta de marzo de dos mil veintiuno. Finalmente, cabe destacar, que con el Acuerdo General 7/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, mediante el cual se aprueba que la administración e impartición de justicia se efectúe de manera electrónica y física, así como el establecimiento del esquema de trabajo de los órganos jurisdiccionales y administrativos, dada la contingencia derivada del COVID-19, que entró en vigor doce de noviembre de dos mil veintiuno, ya se permite un sistema híbrido, es decir pueden presentarse promociones de forma tanto electrónica como física. De ahí lo infundado del concepto de violación. Garantías de audiencia y seguridad jurídica. De lo plasmado en sus conceptos de violación cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo, en síntesis, la parte quejosa aduce que el acto reclamado viola sus garantías de audiencia pues la autoridad responsable negó una petición apegada a derecho, pues el juzgador de origen no puede llevar a cabo un acto sin que la parte quejosa haya sido oída ni vencida en juicio, así como llevar a cabo actos en contra de las normas del procedimiento. En primer término el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, establece:"Artículo 14. [.] Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho." El precepto constitucional transcrito, consagra el derecho de audiencia, como principal defensa de que dispone todo gobernado frente a los actos del poder público que tiendan a privarlo de sus bienes o derechos, que consiste en la limitación a las facultades de la autoridad para privar de forma definitiva un bien o un derecho de la esfera patrimonial del gobernado. Así, el derecho de audiencia constituye el principal instrumento de defensa que tiene el gobernado frente a actos de cualquier autoridad que pretendan privarlo de la vida, la libertad y sus propiedades y, en general de todos sus derechos. Estas consideraciones se encuentran sustentadas en la jurisprudencia 47/95, del Pleno del Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 133, Tomo II, Diciembre de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado.". En torno a dicho precepto constitucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en diversos criterios que la disposición en comento, otorga a la persona el derecho a una defensa adecuada previamente a la emisión de un acto privativo o de molestia, lo que implica para la autoridad el deber de respetar las formalidades esenciales del procedimiento, a fin de evitar que las personas queden en estado de indefensión. Así las cosas, según lo ha sostenido el Alto Tribunal, el derecho a una defensa adecuada en términos generales se traduce en: La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias. La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa. La oportunidad de alegar; y, El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Estas formalidades esenciales del procedimiento permiten que las personas desplieguen sus defensas antes de que las autoridades modifiquen en forma definitiva su esfera jurídica, tal y como se desprende de la tesis jurisprudencial 2a. /J. 16/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Febrero de 2008, página 497, que indica:"AUDIENCIA. SI SE OTORGA LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL RESPECTO DE UNA LEY POR SER VIOLATORIA DE ESA GARANTÍA, LA AUTORIDAD FACULTADA PARA EMITIR UN ACTO PRIVATIVO PODRÁ REITERARLO SI LLEVA A CABO UN PROCEDIMIENTO EN EL QUE CUMPLA LAS FORMALIDADES ESENCIALES, AUN CUANDO PARA ELLO NO EXISTAN DISPOSICIONES DIRECTAMENTE APLICABLES. Si se toma en cuenta que el fin que persiguió el Constituyente a través de la garantía de audiencia fue el de permitir que los gobernados desplieguen sus defensas antes de que las autoridades modifiquen en forma definitiva su esfera jurídica, y no el de impedir que éstas ejerzan las facultades que les fueron conferidas para cumplir con los fines que constitucional o legalmente se les encomendaron, se concluye que cuando se declara la inconstitucionalidad de una disposición de observancia general por no prever un procedimiento en el que antes de la emisión de un acto privativo se respeten las formalidades esenciales a que se refiere el párrafo segundo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en acatamiento del fallo protector, la respectiva autoridad administrativa o jurisdiccional podrá reiterar el sentido de su determinación, siempre y cuando siga un procedimiento en el que el quejoso pueda ejercer plenamente su derecho de audiencia. Ello es así, porque el efecto de la protección constitucional no llega al extremo de impedir el desarrollo de la respectiva potestad, pues permite a la autoridad competente purgar ese vicio antes de su ejercicio, brindando al quejoso la oportunidad de defensa en la que se acaten las referidas formalidades; sin que obste a lo anterior la circunstancia de que no existan disposiciones directamente aplicables para llevar a cabo el referido procedimiento, pues ante ello, al tenor del párrafo cuarto del mencionado precepto constitucional, la autoridad competente deberá aplicar los principios generales que emanen del ordenamiento respectivo o de uno diverso que permitan cumplir con los fines de la garantía citada.". Cierto, en la referida disposición se contempla el "derecho de audiencia", porque previo a cualquier acto de autoridad que pueda llegar a privar o molestar a una persona en sus derechos o posesiones, se le debe dar la oportunidad para defenderse en el juicio, de probar y alegar lo que sea de su interés. Lo anterior, ya sea ante tribunales independientes, imparciales y establecidos con anterioridad al hecho, dentro de un juicio o un procedimiento seguido a manera de éste, o ante las autoridades administrativas en los cuales habrán de seguirse las fases procesales descritas por la ley aplicable al caso concreto, so pena de ser inconstitucional ese actuar, al no respetarse el principio de que todos deben de ser oídos y vencidos en juicio, antes de ser afectados en su esfera o con un acto de autoridad. Asimismo, con el término juicio en sentido amplio, lo que se pretende es el respeto de las formalidades esenciales del procedimiento que deben de observarse no sólo en los procedimientos judiciales, sino también en otros como los administrativos, cuya interpretación corresponde a una consecuencia de actos unidos entre sí, íntimamente vinculados con la intención de llegar a un fin o propósito que es dirimir un punto cuestionado, que los afectados con el acto privativo deberán contar con una verdadera oportunidad de defensa. Así, la audiencia previa a que se refiere el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se traduce en un principio de seguridad jurídica para las personas, que impone la ineludible obligación a cargo de las autoridades, para que de manera previa al dictado de un acto de privación, cumplan con una serie de formalidades esenciales necesarias para oír en defensa a los afectados. Ilustra el criterio la jurisprudencia 1a./J. 11/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, Materias: Constitucional, página 396, Registro: 2005716, que establece: "DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO. Dentro de las garantías del debido proceso existe un "núcleo duro", que debe observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, y otro de garantías que son aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del Estado. Así, en cuanto al "núcleo duro", las garantías del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la "garantía de audiencia", las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente. Al respecto, el Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.", sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento son: (i) la notificación del inicio del procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de alegar; y, (iv) una resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por esta Primera Sala como parte de esta formalidad. Ahora bien, el otro núcleo es identificado comúnmente con el elenco de garantías mínimo que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, como ocurre, por ejemplo, con el derecho penal, migratorio, fiscal o administrativo, en donde se exigirá que se hagan compatibles las garantías con la materia específica del asunto. Por tanto, dentro de esta categoría de garantías que corresponde a todas las personas independientemente de su condición, nacionalidad, género, edad, etcétera, dentro de las que están, por ejemplo, el derecho a contar con un abogado, a no declarar contra sí mismo o a conocer la causa del procedimiento sancionatorio; y la segunda, que es la combinación del elenco mínimo de garantías con el derecho de igualdad ante la ley, y que protege a aquellas personas que pueden encontrarse en una situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico, por pertenecer a algún grupo vulnerable, por ejemplo, el derecho a la notificación y asistencia consular, el derecho a contar con un traductor o intérprete, el derecho de las niñas y los niños a que su detención sea notificada a quienes ejerzan su patria potestad y tutela, entre otras de igual naturaleza.". En otras palabras, de conformidad con el artículo 14 Constitucional, es obligatoria la observancia del derecho de audiencia, y en todo procedimiento para su validez, este mandamiento superior impone la ineludible obligación a cargo de las autoridades para que, de manera previa al dictado de determinados actos, cumplan con una serie de formalidades esenciales, necesarias para oír en defensa a aquellos que se les irrogara perjuicio, con la emisión del acto de autoridad. En el caso particular el acto reclamado, deriva de un juicio donde la parte quejosa es la parte demandada. Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad se desprende que el quejoso dio contestación a la demanda, tuvo oportunidad de ofrecer pruebas e interpuso medios de defensa adecuados para cada etapa procesal. Incluso, el acto reclamado deriva del medio de defensa consistente en recurso de revocación, por lo que se advierte que a la parte quejosa le ha sido respetado su derecho de audiencia y debido proceso, esto en el juicio de desahucio 324/2012.Por lo que se estima infundado dicho concepto de violación. En otra parte de los conceptos de violación sexto, séptimo, octavo y noveno esgrime la parte quejosa que la autoridad transgredió su derecho de seguridad jurídica, consagrado en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto, cabe precisar, que el artículo 16 constitucional contiene el derecho fundamental de legalidad que prevé nuestra Carta Magna, consistente en la debida fundamentación y motivación que las autoridades están obligadas a expresar en sus actos. Por fundamentación del acto de autoridad se entiende que debe sustentarse en una disposición normativa de carácter general; o sea, que la ley prevea una situación concreta para la cual resulte procedente realizar el acto de autoridad, es decir, que exista una ley que así lo autorice, de tal manera que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite. En tanto que la motivación del acto de autoridad, debe entenderse en el sentido que, al existir una norma jurídica, el caso o situación respecto del que se pretende realizar un acto autoritario de molestia, sean aquellos a que alude la disposición legal fundatoria; de suerte que la motivación indica que las circunstancias y modalidades del caso particular encuadran dentro del marco general correspondiente establecido por la ley; así, si una determinada conducta no corresponde o no encuadra en el caso concreto establecido por la ley, el acto de autoridad respectivo violará la exigencia de la motivación legal, por más que se hubiese previsto en una norma, es decir, aunque esté debidamente fundado. En síntesis, la motivación legal implica la necesaria adecuación que debe hacer la autoridad entre la norma general fundatoria del acto de molestia y el caso específico en el que éste va a operar o surtir sus efectos. De modo que, para que una autoridad cumpla con la debida fundamentación y motivación a que se refiere el derecho fundamental previsto en el artículo 16 de la Constitución Federal, es necesario que en sus determinaciones se citen los preceptos legales que le sirvan de apoyo y, además, debe expresar los razonamientos lógicos y jurídicos que la condujeron a la conclusión de que el asunto concreto de que se trata, que las origina, encuadra en los supuestos de la norma que invoca. Es aplicable, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Visible en la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, 97-102 Tercera Parte, página 143, de rubro y texto: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Ahora, en el particular, la responsable, al emitir el acto reclamado, consideró lo siguiente: "Lo anterior se considera así, pues si bien el recurrente pretende impulsar la etapa de ejecución de sentencia mediante la petición que realizó de cancelar los gravámenes que pesan sobre los inmuebles del demandado, y que conforme a lo dispuesto por los artículos 2° y 4° del Código de Procedimientos Civiles del Estado, los asuntos judiciales no deben paralizarse o demorarse, que al contrario, los jueces y magistrados estarán obligados a evitar la demora o paralización de los juicios que se sometan a su consideración, y que para ello, deberán dictar acuerdos de oficio para acelerar los trámites, viendo siempre por una debida economía procesal y una efectiva administración de justicia, en el caso, al no contar con acceso a medios la parte actora, debe precederse en términos de lo establecido en el punto cuatro, del acuerdo general 15/2020, dictado por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, es decir, decretar la suspensión del procedimiento, al existir una causa que impide su prosecución, por lo tanto, fue procedente la suspensión decretada en el auto impugnado, hasta en tanto se de las condiciones para poder continuar el presente juicio, que lo es hasta que ambas partes cuenten con los servicios para visualizar acuerdos, presentar promociones electrónicas y para recibir notificaciones personales electrónicas". (fojas 507 a 510ídem). Por lo que fundamentación y motivación consideradas por la responsable a fin de suspender el procedimiento, hasta en tanto ambas partes cuenten con acceso al tribunal electrónico, atienden a la contingencia sanitaria COVID 19, a efecto de evitar la propagación de contagio del virus SARS-COV2, por lo que la autoridad responsable, con ello resguarda el derecho a la salud a que tienen derecho no solo los trabajadores del órgano jurisdiccional, sino de los propios justiciables. Por lo cual, tal concepto de violación deviene infundado. Por lo expuesto y fundamentado en términos de los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO ampara ni protege a Carlos Alberto Lara Calvillo, contra el acto reclamado al Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Séptimo Distrito Judicial en el Estado, con sede en Mante, por los motivos y fundamentos expuestos en el sexto considerando de esta sentencia. Notifíquese: personalmente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el licenciado FERNANDO UREÑA MORENO, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, ante la licenciada Astrid Alicia Ortiz Sánchez, Secretaria que autoriza y da fe hasta hoy ocho de febrero de dos mil veintidós, en que las labores del juzgado lo permitieron. Con lo que se da por terminada la audiencia. Doy fe.

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