Carlos Alberto Juárez Maqueda
Expediente 595/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 595/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 07/05/2019
Partes del expediente
- Carlos Alberto Juárez Maqueda
Actuaciones
- Principal
AGRÉGUESE A LOS AUTOS EL OFICIO SIGNADO POR...INFORMA QUE SE AVOCO AL CONOCIMIENTO Y ACEPTO LA COMPETENCIA PLANTEADA....SE ORDENA EL ARCHIVO DEL MISMO...EL EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE SER DESTRUIDO....
- Principal
...VISTO EL ESTADO PROCESAL DE AUTOS...SE TIENE POR CONSENTIDO EL AUTO POR EL QUE SE DECLARÓ CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO...ARCHÍVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO...EL EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN...
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*AVISO FIJADO EN PUERTA.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 30/04/2019, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "...Vista la demanda de garantías promovida por CARLOS ALBERTO JUÁREZ MAQUEDA; contra actos de la SEGUNDA SECCIÓN DE LA SALA SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, con fundamento en los artículos 94, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo fórmese y regístrese el juicio de amparo bajo el número 595/2019, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora bien, del análisis de la demanda de garantías, se advierte que este Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, carece de competencia legal para conocer el presente juicio de amparo, dado que el acto reclamado es materia de análisis en amparo directo, por lo que, conforme a lo establecido en el artículo 47 de la Ley de Amparo, procede remitir de inmediato la demanda y sus anexos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, en turno. Ello es así, en virtud de que el acto reclamado se hace consistir en la resolución dictada dentro del recurso de revisión número JCA-74/19-4, en fecha cinco de abril de dos mil diecinueve, por la Magistrada adscrita a la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro, que desechó por improcedente el recurso de revisión interpuesto por Carlos Alberto Juárez Maqueda, contra la sentencia de fecha treinta de enero del presente año, emitida en el juicio contencioso administrativo número 362/2018/C, del índice del Juzgado Administrativo en Cadereyta de Montes, Querétaro, que reconoció la validez del acto impugnado por el actor (quejoso). Luego entonces, si el quejoso en la especie reclama el desechamiento del recurso de revisión que interpuso contra la sentencia de nulidad de treinta de enero del presente año, es inconcuso que se trata de un acto que dio por concluida la instancia, ya que la materia de reclamo en este asunto tiene por efecto que la sentencia de primer grado adquiera firmeza. Conforme a ello, es que la materia del presente juicio constitucional encuadra en la hipótesis establecidas en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 170, fracción I de la Ley de Amparo, que refiere que el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que ponen fin al juicio, esto es a la instancia; siendo que en el caso a estudio el acto reclamado, consiste en el desechamiento del recurso de revisión contra la sentencia de treinta de enero de dos mil diecinueve, que se declaró la validez del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo número 362/2018/C, se trata de una determinación que pone fin al juicio natural. Es aplicable a lo anterior, por idoneidad de las razones jurídicas que la sustentan la jurisprudencia 51/2004, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XX, Agosto de 2004, página 21, con registro 180958, que señala: "APELACIÓN, AUTO DE DESECHAMIENTO. PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en los numerales 46 y 158 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo procede únicamente en contra de las sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio. Por estas últimas se han entendido todas aquellas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido para todos los efectos legales, ya que impiden su prosecución o continuación. Consiguientemente el auto en el que se desecha el recurso de apelación resulta ser, dada su especial naturaleza y los efectos que produce, de aquellos que ponen fin al juicio, pues sin decidir el fondo de la instancia, lo dan por terminado, al dejar firme la sentencia dictada en el juicio natural." Asimismo, es aplicable por identidad de las razones que la conforman la Jurisprudencia 97/2008 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, diciembre de 2008, página 50, con registro 1002934, que señala: "DENEGADA APELACIÓN. LA DETERMINACIÓN QUE DESECHA O DECLARA INFUNDADO ESE RECURSO CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL AMPARO DIRECTO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE PUEBLA). Conforme al artículo 158 de la Ley de Amparo, en relación con las fracciones V y VI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el amparo directo procede contra las resoluciones dictadas por los tribunales judiciales que pongan fin al juicio y respecto de las cuales no proceda algún recurso ordinario por el que puedan modificarse o revocarse; asimismo, los artículos 44 y 46 de la Ley citada señalan que puede promoverse amparo contra resoluciones que pongan fin al juicio, precisando que éstas son las que sin decidirlo en lo principal lo dan por concluido y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan algún recurso ordinario. En congruencia con lo anterior, se concluye que la determinación que desecha o declara infundado el recurso de denegada apelación y deja firme el desechamiento de la apelación intentada contra una sentencia definitiva constituye una resolución que pone fin al juicio y, por tanto, en su contra procede el juicio de amparo directo, pues al dejar intocada la sentencia de primera instancia que resolvió el fondo de la controversia, necesariamente se da por concluido el juicio, además de que tanto los artículos 307 y 308 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, como los diversos 435 a 442 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal que aluden al indicado recurso, no prevén algún medio de defensa en su contra." A mayor abundamiento, conviene destacar que inclusive existe un criterio derivado de un juicio de amparo directo (641/2015) del índice del entonces Cuarto Tribunal Colegiado de este Vigésimo Segundo Circuito, en el cuál se analizó el alcance del numeral 156, de la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo, en torno a la procedencia del recurso de revisión conforme a lo establecido en dicho precepto; cuya materia es análoga o similar a la materia del acto reclamado en la demanda que nos ocupa, precisamente porque se reclama el desechamiento del recurso de revisión que interpuso contra la sentencia de nulidad de treinta de enero del presente año; por lo que no existe duda en torno a que dicha controversia debe ser resuelta en la vía directa. El criterio mencionado dio vida a la tesis XXII.4o.4 A, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 28, marzo de 2016, Tomo II, página 1774, con registro 2011216, que en establece: "RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 156, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO. EL ACTOR PUEDE INTERPONERLO CONTRA LA SENTENCIA QUE DECLARA LA VALIDEZ DE LA RESOLUCIÓN EMITIDA EN UN PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, AL TENER ÉSTA LOS EFECTOS DE UNA ABSOLUCIÓN PARA LA AUTORIDAD DEMANDADA. De conformidad con el citado artículo los particulares podrán interponer el recurso de revisión contra la resolución definitiva que absuelva, condene, decrete o niegue sobreseimientos en materia de responsabilidad administrativa de los servidores públicos. En estas condiciones, para dilucidar si procede o no ese medio de impugnación, no basta con realizar un análisis literal del precepto invocado, porque de hacerlo, jamás procedería, por ejemplo, contra el fallo recaído a un asunto donde se impugnó una resolución que contiene la sanción de destitución impuesta a un servidor público, con motivo de la responsabilidad administrativa que se le atribuyó, pues el Juez de lo contencioso administrativo no es conocedor de procedimientos sancionatorios, sino de los actos que les dan fin y, siendo así, el órgano jurisdiccional sólo puede verificar la legalidad de ese acto y, al fallar, reconocer su validez o declarar su nulidad lo que, en puridad jurídica implica que, en el primer caso, se desestima la acción y, en el segundo, se acoge, es decir, se condena. Por tanto, si el juzgador de la materia declaró la validez de la resolución que puso fin al procedimiento sancionatorio, su determinación tiene los efectos de una absolución para la autoridad demandada, porque no está obligada a satisfacer las pretensiones del actor y, por ende, éste puede interponer el recurso de revisión, con la finalidad de anular, modificar o revocar esa sentencia." Como corolario de lo anterior, debe remitirse de inmediato la demanda y sus anexos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, en turno, solicitando atentamente que de no tener inconveniente legal alguno se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta la competencia, asimismo acuse el recibo de estilo correspondiente. Con motivo de lo anterior, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda y como autorizados únicamente para tales efectos a las personas que refiere por ser los por ser los efectos de su autorización. Con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo, del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles, a fin de llevar a cabo cualquier diligencia que surja dentro del presente sumario. Ahora bien, para el caso de que en el presente asunto, se ordene alguna notificación de carácter personal, en términos de los artículos 26 y 27, incisos b) y c), de la Ley de Amparo vigente; con fundamento en el diverso 29, del citado ordenamiento legal, se faculta al actuario de la adscripción para que publique, en su caso, la lista correspondiente a que se refiere este último precepto legal. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 3, 6, 8, 9, 68, 71, 110, 113, 117, 118 y Segundo transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, así como en los considerandos Décimo Quinto, Décimo Sexto y artículo 33, fracción III, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, indíquese a las partes que las sentencias que emita el Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas, salvaguardando los datos personales concernientes a los promoventes identificados e identificables; haciéndoles saber de igual manera el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición, podría entenderse como el consentimiento de que se publiquen. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que emite las reglas y acuerdos generales correspondientes a la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso del FIREL, a través del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo en vigor, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de septiembre del dos mil catorce, en su oportunidad, digitalícese las demandas, recursos, incidentes, promociones y documentos que presentan las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información con el presente expediente; en la inteligencia de que el Acuerdo General de mérito establece que la integración del expediente electrónico iniciará para este Vigésimo Segundo Circuito en una tercera etapa, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas, haga la declaratoria correspondiente que se publique en el Diario Oficial de la Federación, conforme al artículo Segundo Transitorio, fracciones I y II, del propio Acuerdo General Conjunto..."
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