Carlos Alberto Hickman Gutiérrez apoderado

Expediente 308/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
308/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
02/05/2019

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Hickman Gutiérrez apoderado

Actuaciones

  1. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveido de dos de mayo de dos mil diecinueve: Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído del diez de abril de dos mil diecinueve (fojas 55 a 62), en el que desechó la demanda de amparo promovida por Carlos Alberto Hickman Gutierrez, quien se ostentó como apoderado legal de Guadalupe Velasco Sosa, con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el diverso numeral Vigésimo Primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, una vez que transcurra el plazo de cinco años que dispone el referido artículo Vigésimo Primero. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, el presente expediente, deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Devolución de documentos. Asimismo, tomando en consideración que se encuentran resguardados documentos originales aportados por la parte promovente; con fundamento en el segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009; requiérasele para que dentro del término de noventa días comparezca a recogerlos en las instalaciones de este juzgado federal, con el apercibimiento que de no hacerlo, el referido documento podrá ser destruido junto con el expediente.

  2. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveido de diez de abril de dos mil diecinueve: En Apizaco, Tlaxcala, diez de abril de dos mil diecinueve. Radicación de demanda. Vista la demanda de amparo que promueve Carlos Alberto Hickman Gutiérrez, quien se ostenta como apoderado legal de Guadalupe Velasco Sosa, contra actos del Juez Mercantil y de Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y otra autoridad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 308/2019-II. Cuestión previa. Del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que el quejoso señala como acto reclamado, la falta de emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil 648/2017 del índice del Juzgado Mercantil y de Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc; y como consecuencia la sentencia dictada en el mismo y todo lo actuado en dicho procedimiento. Ahora, con apoyo en lo establecido en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, y que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre su actualización, de tal suerte que el trámite del juicio no genere posibilidades probatorias de arribar a una conclusión diversa. Actos consentidos (demanda extemporánea). En el caso, se advierte de oficio la actualización de la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el numeral 61, fracción XIV, en relación con los diversos numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, en virtud de que operó el consentimiento tácito del acto reclamado al presentar la demanda fuera de los plazos establecidos para ello. A efecto de demostrar lo anterior, es indispensable mencionar que dicha causal establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. En relación a dichos plazos, los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo, disponen que el plazo genérico para presentar la demanda es de quince días, computados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto que reclama, o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del mismo o de su ejecución. Como excepciones a este término, se encuentran los siguientes supuestos: Normas generales autoaplicativas y el procedimiento de extradición, en donde el plazo será de treinta días, computados a partir de su entrada en vigor. Sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión, supuesto en que el amparo podrá promoverse en el lapso de hasta ocho años. Actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, cuando el plazo será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en donde la demanda podrá presentarse en cualquier tiempo. Así, tomando en cuenta que el acto sobre el que se analiza la causal de improcedencia en estudio no se sitúa en alguna de las hipótesis de excepción descritas en el arábigo 17 de la Ley de Amparo, es claro que respecto al mismo aplica la regla genérica de quince días para presentar la demanda constitucional, contados a partir del día siguiente al en que haya surtido sus efectos la notificación, conforme a la ley del acto, haya tenido conocimiento o se haya ostentado sabedor del juicio ejecutivo mercantil 648/2017 del índice del Juzgado Mercantil y de Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc. En ese sentido, conforme al artículo 18 de la Ley de Amparo, tenemos que el plazo genérico para presentar la demanda se computa según en la hipótesis en que se ubique, esto es: Desde el día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto que reclama. A partir del día siguiente a aquél en que haya tenido conocimiento. Al día siguiente en que la parte quejosa se ostente sabedora de dicho acto o de su ejecución. Además, precisa que en caso de que se reclame una norma general autoaplicativa, el plazo se computará a partir del día de su entrada en vigor. Ahora bien, de una recta interpretación del último de los preceptos citados, se desprende que los supuestos son excluyentes entre sí, y no guardan orden de prelación alguno; por tanto, es claro que la intención del legislador fue la de establecer que el término para la promoción del juicio de amparo se compute a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de aquéllos. Entonces, tenemos que la diferencia para que se actualice la primera hipótesis relatada, es que la autoridad ante quien se sigue determinado procedimiento haya notificado a la quejosa el acuerdo que reclama, de esa manera el plazo para la promoción del juicio biistancial iniciará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación; en cambio, en los diversos supuestos, se requiere de la obtención del conocimiento fortuito de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos. En el caso, resulta un hecho notorio para quien esto determina de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su ordinal 2, que la demanda de amparo que dio origen al juicio de amparo 87/2019-II, del índice de este Juzgado de Distrito fue promovida por Carlos Alberto Hickman Gutiérrez, quien se ostentó como apoderado legal de Guadalupe Velasco Sosa, contra actos del Juez Mercantil y de Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y otra autoridad. Ahora, en el capítulo de antecedentes del acto reclamado, manifestó "bajo protesta de decir verdad" lo siguiente: "1.- Con fecha treinta y uno de enero del dos mil diecinueve, recibí una llamada de mi representada la señora GUADALUPE VELASCO SOSA, en la cual me comentó, que por informe de una de sus vecinas, se enteró que el día treinta de enero del año dos mil diecinueve, llegó a buscarla a su domicilio la señora MARÍA BELEM GARCIA GOROSPE, y que le preguntó a su vecina la hora en la cual se encontraba en su domicilio mi representada, puesto que, en el Juzgado Mercantil y de Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, dentro del expediente 648/2017 ya habían dictado una sentencia en la que se le condenaba a mi representada a pagar una determinada cantidad de dinero en su favor, y por lo tanto, quería que le pagara, situación que sorprendió a mi representada, dado que, me manifestó que en ningún momento había sido notificada del inicio de dicho procedimiento, por lo que, pidió al suscrito que acudiera al Juzgado Mercantil y de Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, y verificara si era cierto lo que comentó la señora MARIA BELEM GARCÍA GOROSPE a su vecina, fue por ello que el día uno de febrero del año dos mil diecinueve, el suscrito me constituí en el Juzgado antes mencionado, y procedí a pedir el expediente número 648/2017 al personal judicial, dándome cuenta que efectivamente existía el expediente 648/2017 relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, y que efectivamente los demandados eran mi representada la señora GUADALUPE VELASCO SOSA Y el señor JOSÉ LUIS CARMONA MENDEZ en su carácter de deudor Principal y aval respectivamente, así también me pude percatar, que en dicho expediente existen dos actas de fecha doce de diciembre del dos mil diecisiete, levantadas por el Diligenciario adscrito a ese Juzgado, en las que hizo constar que en cumplimiento al auto de fecha tres de octubre del dos mil diecisiete, (.) se constituyó en el domicilio ubicado en Camino Nacional número cincuenta y cuatro, el Rosario Ocotoxco, YAUHQUEMECAN Tlaxcala, y que previo cercioramiento de ser el domicilio que busca, procedió a tocar la puerta, saliendo supuestamente a su llamado mi representada GUADALUPE VELASCO SOSA quien se identificó con su credencial de elector, poniendo de su conocimiento que en el Juzgado Mercantil y de Oralidad Mercantil se había iniciado un procedimiento judicial bajo el número de expediente 648/2017, promovido por la señora MARÍA BELEM GARCIA GOROSPE, y por consiguiente le requería el pago de la cantidad de un millón de pesos cero centavos, situación que al no efectuarlo procedieron a embargarle el predio denominado "LA CAÑADA" ubicado en camino nacional número cincuenta y cuatro, el Rosario Ocotoxco, Yauhquemecan, Tlaxcala, el cual se encuentra inscrito en el registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Tlaxcala, bajo la partida 835, a fojas 234 frente, sección cuarta, volumen 8, del distrito judicial de Cuauhtémoc, con fecha tres de abril del dos mil seis, y la emplazaba a juicio para que dentro del término de ocho días hábiles, a partir de que surtiera efectos la notificación se presente al juzgado hacer el pago llano de la prestaciones reclamadas, para contestar la demanda instaurada en su contra y oponga las excepciones procedentes.". En virtud de lo anterior, resulta evidente el promovente del amparo conoció plenamente de los actos reclamados desde el uno de febrero del año dos mil diecinueve, fecha en la cual se constituyó en el Juzgado señalado como responsable y pudo consultar el expediente 648/2017, dándose cuenta que los demandados eran su representada (Guadalupe Velasco Sosa) y José Luis Carmona Méndez, en su carácter de deudor principal y aval. Ello, pues la expresión efectuada "bajo protesta de decir verdad" en la demanda de referencia, constituye una confesión expresa, acerca de la fecha en que tuvo conocimiento pleno de la existencia de los actos reclamados, lo cual constituye prueba plena de ese hecho en términos de lo establecido por los artículos 197, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 27/96 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 57 del tomo III, Junio de mil novecientos noventa y seis, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA INTERPONERLA (ARTÍCULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo". En ese orden de ideas, si como se explicó el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado desde el uno de febrero de este año, es evidente que el término de quince días para promover el juicio de amparo contra dicho acto ya feneció, dado que dicho plazo empezó a computarse el seis y feneció el veintiséis de febrero de dos mil diecinueve; lo anterior, previo descuento de los días inhábiles. Circunstancia que pone de manifiesto con el siguiente calendario: FEBRERO 2019 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 1 Tuvo conocimiento de los actos 2 3 4 Inhábil 5 Inhábil 6 Día 1 7 Día 2 8 Día 3 9 Inhábil 10 Inhábil 11 Día 4 12 Día 5 13 Día 6 14 Día 7 15 Día 8 16 Inhábil 17 Inhábil 18 Día 9 19 Día 10 20 Día 11 21 Día 12 22 Día 13 23 Inhábil 24 Inhábil 25 Día 14 26 Día 15 27 28 De esta forma, si la demanda se presentó hasta el ocho de abril de dos mil diecinueve, en la oficina de correspondencia común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, es de concluirse que fue presentada en forma extemporánea. En mérito de lo expuesto, la parte quejosa consintió de manera tácita dicho acto, toda vez que no promovió el juicio de amparo dentro del término de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, sin que el acto reclamado encuadre en las excepciones que prevé el mismo numeral. Al caso, resulta aplicable la tesis VI.2o. J/21, del Segundo Tribunal Colegiado Del Sexto Circuito, que se trascribe: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala". En tales condiciones, resulta manifiesto e indudable que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XIV, en relación con los diversos numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo; por tanto, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Lo anterior, sin que pase inadvertido para quien esto determina que en la demanda de cuenta, el promovente haya referido en el apartado de antecedentes del acto reclamado que tuvo conocimiento de los actos combatidos el uno de abril del año en curso, fecha en la cual tuvo acceso al juicio ejecutivo mercantil 648/2017 del índice del Juzgado Mercantil y de Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc al señalar: "1. - Con fecha veintinueve de marzo del dos mil diecinueve, recibí una llamada de mi representada la señora GUADALUPE VELASCO SOSA, en la cual me comentó, que por informe de una de sus vecinas, se enteró que el día veintiocho de marzo del año dos mil diecinueve, llegó a buscarla a su domicilio la señora MARÍA BELEM GARCIA GOROSPE, y que le preguntó a su vecina la hora en la cual se encontraba en su domicilio mi representada, puesto que, en el Juzgado Mercantil y de Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, dentro del expediente 648/2017 ya habían dictado una sentencia en la que se le condenaba a mi representada a pagar una determinada cantidad de dinero en su favor y estaba a punto de adjudicarse el bien inmueble denominado "LA CAÑADA" ubicado en camino nacional número cincuenta y cuatro, el Rosario Ocotoxco, Yauhquemecan, Tlaxcala, por lo tanto, le urgía localizar a mi representada para llegar a un arreglo y así dar por terminado el juicio, situación que sorprendió a mi representada, dado que. me manifestó que en ningún momento había sido notificada del inicio de dicho procedimiento, por lo que, pidió al suscrito que acudiera al Juzgado Mercantil y de Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, y verificara si era cierto lo que comentó la señora MARIA BELEM GARCÍA GOROSPE a su vecina, puesto que me dijo que contaba con la personalidad debida para consultar el expediente, en términos del instrumento notarial que contiene el poder general para pleitos y cobranzas así como de actos de administración y riguroso dominio que otorgo mi representada en favor del suscrito, respecto del predio denominado "LA CAÑADA" ubicado en camino nacional número cincuenta y cuatro, el Rosario Ocotoxco, Yauhquemehcan, Tlaxcala, inmueble que supuestamente estaba a punto de adjudicarse la parte actora dentro de dicho procedimiento, fue por ello que el día uno de abril del año dos mil diecinueve, el suscrito me constituí en el Juzgado antes mencionado, y procedí a pedir el expediente número 648/2017 al personal judicial, dándome cuenta que efectivamente existía el expediente 648/2017 relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, y que los demandados eran mi representada la señora GUADALUPE VELASCO SOSA Y el señor JOSÉ LUIS CARMONA MENDEZ en su carácter de deudora Principal y aval respectivamente.". Sin embargo, ello en nada cambia la determinación de párrafos precedentes, pues las manifestaciones efectuadas en la demanda que originó el diverso juicio de amparo 87/2019-II, también fueron efectuadas "bajo protesta de decir verdad" y por el mismo promovente. Domicilio para oír y recibir notificaciones Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda, con el apercibimiento que de resultar inexacto, las notificaciones del presente proveído y las subsecuentes, incluso las personales, le surtirán efectos mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado, en términos del artículo 27, fracción III, punto a), de la ley de la materia. Autorizados. Por otra parte, se tiene como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a José Cruz Cuamatzi Hernández, Jimmy Gasca Cuahutle Esdras Vásquez López y Germán Javier Hickman y Morales, toda vez que no cuentan con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales del Circuito y Juzgados de Distrito. Resguardo de documentos. Asimismo, dada la naturaleza del documento exhibido por el quejoso, manténganse por separado el mismo y déjese en su lugar copia certificada. Habilitación de días y horas inhábiles. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Autorización para firmar oficios. Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este Juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Supresión de datos. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21. Notifíquese personalmente al promovente. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Carmen Esther Pérez Vargas, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.Juar

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · 10,223 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano