Carlos Alberto Hernandez Vazquez
Expediente 595/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 22 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 595/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 03/10/2023
Partes del expediente
- Carlos Alberto Hernandez Vazquez
- Primer Tribunal de la Region Judicial Ecatepec de Morelos, Estado de Mexico
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, mediante el cual informa el contenido del proveído de veintiocho de septiembre del año en curso, dictado en el juicio de amparo ******************** de su índice y solicita se habiliten los campos necesarios en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a fin de vincular el expediente electrónico del sumario en que se actúa y que dicha autoridad se pueda imponer de su contenido. En tales condiciones, en obvio de mayores dilaciones procesales, como lo solicita el homólogo federal se comisiona a la Oficial Judicial "A" para que realice las gestiones necesarias para habilitar la herramienta electrónica que permita la consulta del expediente electrónico del juicio de amparo ********************, a efecto de que éste sea vinculado en el diverso juicio de amparo ******************** del índice del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que mediante proveído de doce de los actuales, esta juzgadora se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio de amparo 595/2023-VII del índice de este órgano jurisdiccional, por las razones ahí expuestas; por tanto, procédase a la cancelación de la anotación correspondiente a la audiencia constitucional que estaba fijada para las diez horas con cincuenta y cinco minutos del veintidós de septiembre de dos mil veintitrés.
- Principal
Toluca, Estado de México; doce de septiembre de dos mil veintitrés. Estado procesal. Del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante acuerdo de veintiuno de agosto del año en curso (visible en el expediente electrónico), se tuvo por recibido el oficio signado por el Juez del Primer Tribunal Laboral de la Región Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México, a través del cual remitió dos discos en formato DVD, que contienen la totalidad de las actuaciones llevadas a cabo en el expediente electrónico ********** de su índice. Constancias a las cuales se les otorga eficacia probatoria plena de conformidad en lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo en estudio, se advierte que la persona quejosa reclama en la presente instancia constitucional, los actos siguientes: 1. Constancia de no conciliación de treinta de julio de dos mil veintiuno, expedida por el Centro de Conciliación Laboral del Estado de México, Dirección Regional Ecatepec; 2. El ilegal emplazamiento de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, llevado a cabo por la Notificadora adscrita al Primer Tribunal Laboral de la Región Judicial Ecatepec de Morelos, Estado de México, en el juicio laboral **********, de su índice; 3. Acuerdo de catorce de abril del año en curso, que inadmitió el incidente de nulidad de notificaciones interpuesto por el quejoso **********, dentro del juicio laboral **********, del índice del Primer Tribunal Laboral de la Región Judicial Ecatepec de Morelos, Estado de México; y, 4. Sentencia de doce de diciembre de dos mil veintidós, dictada en autos del juicio laboral **********, por el Juez del Primer Tribunal Laboral de la Región Judicial Ecatepec de Morelos, Estado de México. Atento a lo anterior, una vez hecho un análisis integral de las constancias que obran en el presente juicio, esta juzgadora estima carecer de competencia legal para seguir conociendo de la demanda de amparo promovida por **********, por propio derecho, contra actos del Primer Tribunal Laboral de la Región Judicial Ecatepec de Morelos, Estado de México y otras autoridades, por razón de territorio, de conformidad con lo establecido en el artículo 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por las siguientes consideraciones. Para determinar lo anterior, es oportuno precisar que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, la cual se debe analizar antes de resolver las cuestiones de fondo planteadas en la demanda. Es aplicable la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, registro digital 364278, de título, subtítulo y texto siguiente: "COMPETENCIA. La competencia de las autoridades, es materia de interés público, por lo cual, esas mismas autoridades, aun de oficio, deben ocuparse del estudio de esa cuestión, de manera principal y preferente". A efecto de establecer la competencia, el Juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de amparo, sino que es necesario analizarla de manera integral con los demás elementos que se alleguen al proceso, en su caso, para advertir los datos que hagan posible conocer las circunstancias que rodean el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento y resolución del asunto planteado. Es aplicable al tema, la tesis 1a. II/92, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Octava Época, registro digital 206167, de título, subtítulo y texto siguiente: "COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASÍ COMO DE LOS DEMÁS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU. En materia de amparo, la competencia se finca primordialmente en tres factores: el territorio, la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado y la índole especial de la autoridad responsable. Así, para establecer su competencia el juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de garantías, sino que es menester analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para desprender los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Ahora bien, una vez que el juzgador federal ante quien se promueve una demanda de garantías ha arribado a la conclusión de que no es competente para conocer de ella por cualquiera de las causas señaladas, es su obligación proveer en lo conducente de acuerdo con lo que la Ley de Amparo señala para ese efecto." En este sentido, la jurisdicción es la función de los órganos del Estado que tienen encomendada la administración de la justicia, para conocer, resolver y en su caso ejecutar las controversias que se les presenten, mediante la aplicación del derecho. La función de conocer y juzgar los litigios y de ejecutar lo juzgado, es esencialmente la misma, cualquiera que sea la rama del derecho sustantivo que se aplique a dicha función; sin embargo, cada uno de los tribunales en que se reparte la jurisdicción tiene limitantes en sus atribuciones, pues aun cuando en lo individual representan una ramificación de un órgano único, y potencialmente poseen jurisdicción en toda causa, su ejercicio está limitado y esa limitación de sus atribuciones, esa medida de su jurisdicción, es lo que se denomina competencia; por tanto, si bien el juzgador, por el solo hecho de serlo, es titular de la función jurisdiccional, no la puede ejercer en cualquier tipo de negocios, sino sólo en aquellos para los que está facultado por la ley, es decir, en aquellos en que es competente. Entonces, para que un tribunal tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, es necesario que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás jueces y tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia, y normalmente se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. Sobre tal base, es conveniente mencionar que el concepto de competencia, en sentido jurídico general, alude a una idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, de conformidad con el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Federal, el cual establece que nadie puede ser molestado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente. Esa distribución de competencias no resulta ajena a las disposiciones que reglamentan la función jurisdiccional de los órganos del Poder Judicial de la Federación, en tanto que su ley orgánica delimita este tema de acuerdo con la doble función que tiene encomendada, a saber: la judicial, propiamente dicha, y la de control constitucional. Al respecto, la Ley de Amparo, prevé diversos tipos de competencia, la que resulta de: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De la clasificación anterior que define la competencia de los Tribunales de la Federación, interesa destacar la primera, es decir, la definida por razón de territorio. La competencia territorial es la que distribuye entre diversos órganos jurisdiccionales las facultades para juzgar, según diferente asignación de límites geográficos, en otras palabras, la competencia por territorio se refiere al ámbito espacial, en cuya esfera de acción pueden producirse los actos y sus efectos jurídicos, tomando en cuenta el problema que plantea el ángulo de distribución territorial de la competencia entre diversos órganos jurisdiccionales. La competencia por territorio en materia de amparo obedece a un criterio unitario: la naturaleza del acto reclamado, por lo que en principio debe calificarse éste, a fin de determinar si posee ejecución material o bien, si se trata de un acto meramente declarativo y, posteriormente, se deben analizar las características de la ejecución. Este análisis de la ejecución del acto reclamado debe llevarse a cabo considerando sus consecuencias directas o inmediatas y no las cuestiones mediatas o posteriores que se generen como consecuencia, pues su estudio se efectúa tomando en cuenta lo que de manera directa e inmediata se le vincula. A guisa de ejemplo se puede decir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene competencia en todo el territorio nacional, en razón de que las normas jurídicas vigentes no le fijan límites territoriales a su jurisdicción. En cambio, los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, así como los Juzgados de Distrito, solamente tienen competencia para actuar dentro de una determinada circunscripción territorial, la cual es determinada mediante acuerdos generales por el honorable Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, tal es el caso del Acuerdo General 03/2013. Las reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito por razón de territorio, se definen en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal y, numeral 37 de la Ley de Amparo, cuyos supuestos imponen como marco normativo que cuando conforme a las prescripciones de dicha ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquel en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de ellos, a prevención, será competente; que es Juez competente aquel en cuya jurisdicción se presente la demanda, cuando ésta no requiera ejecución material. Para corroborar la certeza del anterior aserto, es conveniente acudir al texto de los preceptos invocados, que es el siguiente: "CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: [.] VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia". "LEY DE AMPARO. Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Como se observa, la competencia de los jueces de distrito para conocer de un juicio de amparo parte del examen del acto reclamado a la luz de los supuestos indicados, por lo cual es importante distinguir la actualización de cada una de ellas, pues las dos primeras reglas exigen ejecución material y se diferencian con la tercera, porque la última no la requiere. Asimismo, los lineamientos competenciales que requieren ejecución material del acto reclamado, distinguen dos hipótesis. La primera, cuando el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado, en cuyo caso el juez que tenga jurisdicción en dicho lugar resulta competente. La segunda, cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito, o bien, ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, en cuyo supuesto el juez de distrito ante quien se presente la demanda es el competente. Lo anterior obedece a la regla general de competencia contenida en la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Federal, que prevé que en el juicio de amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se promoverá ante el juez de distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, de lo que se desprende que el propósito del constituyente fue hacer del juicio de amparo un medio de defensa eficaz en la protección de derechos fundamentales, lo que se logra en cierta medida, mediante el control constitucional de los actos de autoridad susceptibles de ejecución material, por conducto del juez en cuya jurisdicción se materialice o sea susceptible de materializarse dicho acto. Efectivamente, tratándose de la competencia de los jueces de distrito para conocer de un juicio de amparo, se toma en consideración el lugar en el cual deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, pues se estima que el juez que ejerce su función en tal lugar, cuenta con mayor facilidad para la integración del juicio, así como para agilizar el eventual cumplimiento y ejecución de providencias procesales o de una sentencia en la que se haya concedido el amparo y protección de la Justicia Federal. En tales términos, la competencia de un juez de distrito para conocer del juicio de amparo no se encuentra sujeta a determinaciones discrecionales, pues una vez fijada la naturaleza de los actos reclamados y establecido si implican o no un principio de ejecución material, se está en posibilidad de determinar la competencia del juez de distrito que debe conocer del asunto, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo. Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley de Amparo, existen tres supuestos para determinar la competencia de los jueces de distrito para conocer de los juicios de amparo, que son: a) Que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado (párrafo primero). b) El del lugar en que se presente la demanda, siempre que el acto reclamado no requiera de ejecución material (párrafo tercero). c) Que prevenga en el conocimiento del asunto, cuando a otro también le resulte competencia, porque la ejecución del acto reclamado se lleve a cabo en sus jurisdicciones (párrafo segundo). Bajo la anterior óptica jurídica, la suscrita estima carecer de competencia legal para conocer de la demanda que se estudia, en virtud de que del análisis integral de la demanda de amparo que dio origen al juicio en que se actúa, se advierte de manera clara que el acto destacado que reclama el hoy quejoso **********, es la diligencia de emplazamiento de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, practicada en el domicilio ubicado en **********, dentro del juicio laboral **********, por vicios propios; mientras que, la sentencia y la inadmisión del incidente de nulidad, sólo se están impugnando en vía de consecuencia. Lo anterior es así, toda vez que de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso alega que la diligencia de emplazamiento que se le practicó es ilegal, porque a su parecer, se ordenó en un domicilio incompleto y la Notificadora no se cercioró de estar en el correcto, aunado a que en una acta dijo que advirtió que decía "**********" y en otra asentó "**********" (sic), sin que corroborara fehacientemente el nombre del establecimiento y, que ahí habita, labora o tenía su domicilio la persona quejosa, pues preguntó por una persona moral. Por tanto, si el domicilio en donde se llevó a cabo la diligencia de emplazamiento a la persona quejosa y en contra del cual ahora se duele, se encuentra ubicado en ********** (lugar que se encuentra fuera de la jurisdicción de este Juzgado) y, las autoridades que emitieron los actos reclamados (constancia de no conciliación; sentencia y acuerdo de inadmisión del incidente de nulidad, ambos dictados en el expediente laboral **********) se encuentran en el Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, es evidente que dichos actos, tuvieron y seguirán teniendo ejecución material dentro de la jurisdicción territorial de un Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez. Lo anterior es así, dado que el domicilio tanto de la autoridad que emitió la constancia de no conciliación, la que ordenó el emplazamiento, como el lugar en que se practicó, se localizan en dicha demarcación territorial; por tanto, conforme con el punto cuarto del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la jurisdicción territorial de los Juzgados de Distrito, corresponde al Juez de Distrito que ejerce jurisdicción territorial en los municipios en donde se emitieron y ejecutaron los actos reclamados Municipios de Apaxco de Ocampo y Ecatepec de Morelos, Estado de México, los cuales se reitera corresponden a la jurisdicción territorial de un Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez. En este sentido, si en el presente juicio de amparo, se reclaman actos que se ejecutaron y seguirán ejecutándose fuera de la jurisdicción de este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México; esto es, en los municipios de Apaxco de Ocampo y Ecatepec de Morelos, Estado de México, que corresponde a la jurisdicción de Naucalpan de Juárez; es al Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, al que le corresponde seguir conociendo del presente juicio de amparo. [.] Conflicto competencial **********, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito Sin que pase desapercibido para este órgano jurisdiccional, que mediante ejecutoria de veintidós de junio del año en curso, emitida en el conflicto competencial **********, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, resolvió que este Juzgado, era competente para conocer del presente juicio, toda vez que no se tenía la certeza de que la parte demandada se encontraba en el domicilio ubicado en la calle **********, o que ese fuera su domicilio particular o que en el mismo debiera llevarse a cabo la diligencia de emplazamiento; por tanto, no se contaba con elementos suficientes para aducir que el acto reclamado tuvo o tendría ejecución en dicho municipio, y que por ello, resultaba competente el juzgador federal de Naucalpan. Por tanto, con los datos que se contaba en ese momento, debería conocer de la demanda de amparo este Juzgado, que fue ante quien se presentó la demanda, en términos de lo establecido por el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, sosteniendo su determinación en la Jurisprudencia 110/2013, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN QUE SE RECLAMA EL EMPLAZAMIENTO POR VICIOS PROPIOS Y LOS ACTOS QUE PROSIGUIERON. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013)." Sin embargo, de las constancias que integran el expediente laboral ********** y que a la fecha en que se actúa, obran en el sumario en que se actúa, se tiene la certeza de que la diligencia de emplazamiento que reclama el aquí quejoso **********, se llevó a cabo en el domicilio ubicado en ********** (lugar que se encuentra fuera de la jurisdicción de este Juzgado); en consecuencia, este órgano jurisdiccional cuenta con los elementos suficientes para considerar que con fundamento en lo establecido en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, debe conocer y resolver el presente asunto, dado que la citada diligencia de llamamiento a juicio, se ejecutó en el Municipio de Apaxco de Ocampo, Estado de México, el cual se encuentra dentro de la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción, de conformidad con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, que establece lo siguiente: "(.) Los juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los siguientes municipios: Aculco, Apaxco, Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Coyotepec, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chapa de Mota, Ecatepec de Morelos, Huehuetoca, Hueypoxtla, Huixquilucan, Isidro Fabela, Jaltenco, Jilotepec, Jilotzingo, Melchor Ocampo, Naucalpan de Juárez, Nextlalpan, Nicolás Romero, Polotitlán, Tonanitla, Soyaniquilpan de Juárez, Teoloyucan, Tepotzotlán, Tequixquiac, Timilpan, Tlalnepantla de Baz, Tultepec, Tultitlán, Villa del Carbón y Zumpango. Conflicto competencia **********, Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo Aunado a lo anterior, es un hecho notorio para esta juzgadora la existencia del diverso juicio de amparo ********** del índice de este juzgado, en la cual, el codemandado del aquí quejoso también reclamó: o La diligencia de emplazamiento de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, practicada en el domicilio ubicado en **********, dentro del juicio laboral **********. Atento a lo anterior, mediante acuerdo de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, este juzgado determinó carecer de competencia para conocer de dicho asunto, por lo que ordenó su remisión al Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en Turno. Por acuerdo de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de amparo Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez **********, no aceptó la competencia planteada; por lo que este órgano jurisdiccional planteó el conflicto respectivo. Dicho conflicto fue resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo, en sesión de seis de julio de dos mil veintitrés, dentro del conflicto competencial 36/2023, suscitado entre este órgano jurisdiccional y el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, con motivo de la demanda de amparo promovida por el codemandado del hoy quejoso **********, en el juicio laboral **********. En dicha ejecutoria el órgano de colegiado mencionado, esencialmente determinó lo siguiente: [.] Por tanto, este órgano de control constitucional considera que a fin de evitar sentencias contradictorias, el presente asunto debe conocerlo el mismo juzgado que conoce de aquel asunto. Máxime, que la persona quejosa anexó a la demanda de amparo, copia del Registro Federal de Contribuyentes y de la credencial de elector, expedidos a su favor, de los cuales se advierte que su domicilio se encuentra ubicado en ********** (municipio en donde ejerce jurisdicción un Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez), aunado que del escrito de incidente de nulidad interpuesto en el juicio natural, el cual obra en autos, manifestó que reside y tiene sus actividades empresariales y profesionales desde el dieciséis de agosto de dos mil doce, en el citado domicilio. Por tanto, tomando en consideración que: ? La diligencia de emplazamiento realizada en el juicio laboral **********, que constituye el acto reclamado, se llevó a cabo en **********. ? El procedimiento de no conciliación ********** y el juicio laboral ********** , de donde emana el acto reclamado, se tramita en el Municipio de Ecatepec. ? El Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo, al resolver el conflicto competencial **********, derivado del juicio de amparo **********, del índice de este juzgado, en el que también se reclamó la diligencia de emplazamiento practicada en el juicio laboral **********, ejecutada en **********, determinó que dicho asunto correspondía al Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez. ? La persona quejosa refiere que su domicilio y principal asiento de negocios se ubicado en ********** (municipio en donde ejerce jurisdicción un Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez) En consecuencia, no existe elemento probatorio que indique que se ha llevado o se llevará a cabo algún acto relacionado con el juicio laboral ********** del índice del Primer Tribunal Laboral de la Región Judicial Ecatepec de Morelos, Estado de México, dentro de la circunscripción territorial en donde este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción, dado que el domicilio particular de la persona quejosa, de las autoridades responsables y donde se practicó el emplazamiento reclamado (municipios de Tequixquiac, Ecatepec de Morelos y Apaxco de Ocampo), se encuentran dentro de la circunscripción territorial en donde ejerce jurisdicción un Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez. En las relatadas condiciones, procede declinar la competencia a favor de un Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, pues es él que se considera el competente para resolver este asunto, ya que corresponde la jurisdicción en donde se ejecutó la diligencia de emplazamiento reclamada y seguirán ejecutándose las consecuencias de dicho llamamiento a juicio, quien deberá pronunciarse la sentencia de fondo. En conclusión, dado que este Juzgado de Distrito no podría válidamente pronunciarse respecto a la legalidad de los actos reclamados; con fundamento en el artículo 37, primer párrafo de la Ley de Amparo, se declara incompetente para conocer el presente juicio de amparo, por tanto, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir los autos originales del presente sumario constitucional al Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, para que en el término señalado en el artículo en comento, manifieste si acepta o no la competencia planteada. Se ordena formar cuaderno de antecedentes. Con copia de las constancias necesarias, fórmese cuaderno de antecedentes y remítase el expediente en que se actúa, por mensajería acelerada.
- Principal
Toluca, Estado de México; cuatro de septiembre de dos mil veintitrés. Estado de autos. Del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que de conformidad con lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se encuentra transcurriendo el término de ocho días, para que las partes se imponga de las constancias remitidas por el Juez del Primer Tribunal Laboral de la Región Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México, toda vez que se puso a la vista de las partes el veintiuno de agosto del año en curso, y se notificó el veintidós siguiente. Diferimiento. A fin de dar oportunidad a que se cumplimente lo anterior y no violar las reglas procedimentales que rigen el juicio de amparo, la audiencia constitucional señalada para celebrarse en este día se difiere y en su lugar se fijan las diez horas con cincuenta y cinco minutos del veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, para su verificativo. [...]
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