Carlos Alberto Hernández Gómez y Otros.

Expediente 1212/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1212/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
03/10/2022

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Hernández Gómez y Otros.
  • Juzgado Segundo Especializado en Materia Burocrática, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte legitimada no interpuso recurso de queja contra el auto por el cual se desechó la demanda de amparo que nos ocupa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el inciso d), del artículo 21, Capitulo Octavo, de dicho acuerdo; además de que no tiene relevancia documental para su conservación.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por **; contra actos del Juzgado Segundo Especializado en Materia Burocrática, con residencia en esta ciudad, a quien le reclama lo siguiente: IV. ACTOS RECLAMADOS.- Se reclama la omisión de exigir el cumplimiento por todos los medios legales a su alcance, más allá de requerimientos y apercibimientos de cumplimiento del laudo de fecha 10 de diciembre de 2014 y que condena al Municipio de Cintalapa, Chiapas, al pago de diversas prestaciones, en el juicio laboral numero antes 480/F/2012 ahora 1993/2020, como consecuencia se reclama la dilación procesal en la que ha caído la responsable por no haber logrado el cumplimiento del laudo condenatorio después de 7 años. Fórmese expediente y regístrese su ingreso con el número 1212/2022-VIII, en el libro de gobierno respectivo. Antes de proveer sobre su admisión y con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda; y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo antes trascrito, tenemos que es obligación del Juez de Distrito examinar, ante todo, el escrito de demanda y anexos que se acompañan a ella y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las causas de improcedencia reguladas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Ahora, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual. Es aplicable, la tesis del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO." Asimismo, resulta aplicable por identidad jurídica esencial, la tesis aislada número VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, Novena Época, que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS, REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Ahora bien, este órgano jurisdiccional estima que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII en relación con el 217, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna." El primero de los preceptos transcritos, establece que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la propia Ley de Amparo; cuestión que no viola el derecho de acceso a la justicia, en virtud de que la hipótesis normativa que contiene, como presupuesto procesal, fue regulada para que los órganos jurisdiccionales que conozcan del juicio tengan la posibilidad de que a través de un enlace armónico con los demás preceptos de la Constitución y de la ley indicada, obtengan una variedad de causas de improcedencia que tienden a evitar el dictado de decisiones de fondo manifiestamente contrarias a la naturaleza del juicio de amparo o contra los principios generales que lo rigen; pero ello no significa que se esté restringiendo la acción de amparo, más bien, al igual que cualquier juicio, son presupuestos procesales que deben cumplirse previo a una decisión de fondo. Asimismo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que el Juez de Distrito debe desechar la demanda de amparo indirecto sólo cuando de ésta se advierta, sin lugar a dudas, un motivo manifiesto de improcedencia. Entonces, es factible el desechamiento de la demanda como causa notoria y manifiesta cuando se impugnen actos cuya naturaleza ha sido definida mediante jurisprudencia, pues dichos criterios son de observancia obligatoria en términos del artículo 217, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para todos los órganos de menor jerarquía, vedando así cualquier posibilidad de que el obstáculo declarado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para entrar al estudio del fondo del asunto sea superado. Sostener lo contrario, implicaría admitir que un órgano de menor jerarquía puede revisar un criterio obligatorio que derivó de un ejercicio hermenéutico del contenido de una norma, lo que sería tanto como permitir distorsionar la certeza y la seguridad jurídica que genera la definición del tema vía jurisprudencia del máximo intérprete constitucional. En el caso, aplica la jurisprudencia PC.VII.L. J/10 L (10a.), autoría del Pleno en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, consultable en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 63, febrero de 2019, Tomo II, página 1469, registro 2019185, de rubro y tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA UNA CAUSA NOTORIA E INDUDABLE CUANDO EN LA DEMANDA SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA OMISIÓN GENÉRICA DE PROVEER LA EJECUCIÓN DEL LAUDO. El Juez de Distrito, al analizar la demanda de amparo, debe examinarla en su integridad para fijar el acto reclamado, y una vez establecido como la omisión genérica de la Junta laboral de proveer la ejecución del laudo, debe atender al criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contenido en la jurisprudencia 2a./J. 15/2011 (10a.), de rubro: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA.", en el que definió la naturaleza jurídica de dicho acto como inexistente, porque se requiere de una participación individualizada del quejoso para vincular a la autoridad responsable a que lleve a cabo la ejecución del laudo, lo cual resulta aplicable a los procedimientos de la Ley Número 364 Estatal del Servicio Civil de Veracruz que regulan la ejecución del laudo a petición de parte; de ahí que se actualice la causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo que resulta de relacionar los artículos 61, fracción XXIII y 217 de la Ley de Amparo que autoriza, por ende, su desechamiento de plano en términos del diverso numeral 113 de dicha legislación, pues no se requiere la sustanciación del juicio para constatar o desvirtuar la causa de improcedencia en cita, al no poder ser desvirtuado ese acto, en tanto que nada de lo que se arguya o pruebe podrá modificar o superar la naturaleza del acto reclamado consistente en la omisión genérica de proveer la ejecución del laudo, pues así queda fijada en el momento de la presentación de la demanda". Por tanto, como se precisó, si el acto reclamado en esta sede constitucional, consiste en la omisión por parte del Juzgado Segundo Especializado en Materia Burocrática, con residencia en esta ciudad, de ejecutar el laudo de diez de diciembre de dos mil catorce; en consecuencia, se actualiza la hipótesis contemplada en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217, ambos de la Ley de Amparo, pues aquel constituye una omisión genérica de proveer respecto de la ejecución del laudo, supuesto que torna improcedente el juicio constitucional, al existir jurisprudencia reiterada en ese sentido. Máxime que al no acompañar constancias al libelo inicial no demuestra que -como parte en el juicio laboral 480/F/2012 ahora 1993/2020-, haya gestionado ante la responsable a fin de dar impulso a la ejecución forzosa del laudo ahí dictado; ello, ya que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, es decir, se requiere una participación individualizada de la parte actora, aquí quejosa, para vincular a la autoridad responsable a que lleve a cabo la ejecución del laudo; de ahí que dicha obligación recaiga en quien obtuvo una resolución favorable, y no en la autoridad laboral correspondiente, ya que la Ley Federal del Trabajo no prevé que, de oficio, pueda realizar actuaciones para la continuación de la etapa aludida. Es aplicable la tesis aislada 2a. CXLI/97, registro 197269, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Diciembre de 1997, Novena Época, Materia Común, Pagina 366, que dice: "ACTOS NEGATIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. SI SU EXISTENCIA REQUIERE DE PREVIA SOLICITUD, AL QUEJOSO CORRESPONDE DEMOSTRAR QUE LA FORMULÓ. La jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia, en cuyo sumario se dice: "ACTOS NEGATIVOS.- Tratándose de actos negativos, la prueba corresponde no a quien funda en ellos sus derechos, sino a su contendiente.", constituye una regla genérica que no es aplicable cuando la existencia de la conducta negativa de la autoridad responsable aplicadora requiere, necesariamente y de una manera previa, la existencia de una solicitud del particular -el quejoso- para que la autoridad ejerza la facultad prevista en la ley aplicable, lo cual implica que si bien al quejoso no corresponde probar la conducta omisa de la responsable, sí le toca, en cambio, acreditar que realizó los trámites conducentes para exigir la actuación de esta última." Orienta lo expuesto, la jurisprudencia PC.I.L. J/10 L (10a.), correspondiente al Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, septiembre de 2015, Tomo II, página 844, registro 2010025, que dice: "AMPARO INDIRECTO. DEBE SOBRESEERSE CUANDO SE RECLAMA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE LA OMISIÓN GENÉRICA DE PROVEER LO CONDUCENTE PARA LA EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO." También es aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 15/2011 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se encuentra en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, diciembre de 2011, Tomo 4, página 2771, registro 2000011, intitulada: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA." Lo resaltado es propio. Del mismo modo, la jurisprudencia 2a./J.16/2011 (10a.), atribuible a la referida Sala, localizable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, diciembre de 2011, Tomo 4, página 2772, registro 2000025, cuyo texto es el siguiente: "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA." En ese sentido, como se dijo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 113, con relación al 61, fracción XXIII, en relación al 217 de la Ley de Amparo y 107 Fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo promovida por Carlos Jiménez Remigio, apoderado legal de Carlos Alberto Hernández Gómez, Adin Hernández Cabrera, José Guadalupe Pérez Ángel, María Eugenia López Hernández, Mayra Ramírez López, Clemente Jorge Méndez Cruz, Teodulo Sánchez Toledo y Ana Karen Martínez Cruz. Con apoyo en los artículos 304 y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el preámbulo de la demanda y, como autorizados en los términos que señala a los profesionistas mencionados en su ocurso de mérito; y únicamente enunciativos el número telefónico y correo electrónico. Ahora, toda vez que de la certificación de cuenta, se advierte que de una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), se encontró registrado el usuario "CarlosJimeRemigio"; en tal virtud, con fundamento en los numerales 34 a 41 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado el doce de junio de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se autoriza la consulta del expediente electrónico con el referido usuario. Hágase del conocimiento del Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, la autorización de consulta de expediente electrónico, ello para los efectos legales conducentes. Se faculta al quejoso y autorizado el uso de medios electrónicos, como scanner, cámara fotográfica, lectores láser, siempre y cuando, el medio que utilicen no amerite ser implantado en el equipo de cómputo de este Órgano Jurisdiccional, ya que de acuerdo a las políticas informáticas, este Órgano de Control Constitucional no está acreditado para introducir unidades de almacenamiento o cualquier otro que se asemeje al equipo de este Juzgado, en virtud que cualquier software malicioso dañe el sistema operativo de las máquinas, propiedad del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior con fundamento en la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por las razones que expone, resulta aplicable en la especie, la Tesis, del rubro y tenor siguientes: "COPIAS CERTIFICADAS. SU EXPEDICIÓN SÓLO PUEDE HACERSE EN PAPEL Y NO EN DISCO MAGNÉTICO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)." Información sobre el presente juicio; necesidad de agendar citas para presentarse al Juzgado de Distrito; y recepción de promociones...

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 3 dela Ley de Amparo, agréguese a los presentes autos, el oficio de cuenta, signado por el Jefe de Departamento de lo Contencioso Administrativo, perteneciente a la Dirección de Notarías del Estado dependiente de la Subsecretaría de Servicios y Gobernanza Política de la Secretaría General de Gobierno, con residencia en esta ciudad, por el que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio de amparo, informa que en determinación de cinco de agosto de dos mil veintidós, acordó lo relativo a la expedición del oficio de autorización para la obtención de sello para la Notaría Pública 229 en el Estado de Chiapas, con residencia en Mapastepec, Chiapas, en el sentido que no existe expediente personal del licenciado Guillermo Alberto Penagos Villar con motivo del inicio de funciones como Notario Público, dado que no ha presentado algunos de los documentos enunciados por los artículos 48 y 258 de la Ley del Notariado para el Estado de Chiapas, así como del 76 del Reglamento de esa normativa; y, que por tal motivo no les es posible la autorización de la elaboración del sello para el ejercicio de la función notarial del interesado. Al efecto, insertó la transcripción del acuerdo en comento, y exhibió copia certificada del oficio 2388/2022, de ocho de agosto de dos mil veintidós, de su índice, relativo a la notificación de la determinación de la misma fecha, hecha a Guillermo Alberto Penagos Villar. En atención a lo anterior, se tiene a la autoridad responsable en vías de cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por su parte, y dado lo informado por la Dirección de Notarias del Estado, con copia del oficio de cuenta, infórmese al quejoso Guillermo Alberto Penagos Villar, para efectos de que gestione lo que a su persona corresponde en relación al cumplimiento de los requisitos enunciados por la autoridad responsable Dirección de Notarías del Estado de Chiapas; en el entendido que una vez acontecido ello, deberá informar a éste juzgado a fin que se prosiga con la vigía del cumplimiento del fallo constitucional. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO, CON COPIA DEL OFICIO DE CUENTA

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