Carlos Alberto Guillen Jimenez

Expediente 1969/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1969/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
23/08/2019

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Guillen Jimenez
  • Sara Gomez Sunum Y/O Zunun

Actuaciones

  1. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veintitrés de agosto de dos mil diecinueve. CAUSA ESTADO Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación en la cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de cinco días establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente interpusiera recurso de queja en contra del proveído que tuvo por desechada su demanda. Por consiguiente, y toda vez que la parte interesada no hizo uso del aludido medio de impugnación, con fundamento en el artículo 288, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo causó estado para todos los efectos legales. ANOTACIONES Y ARCHIVO Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente por tratarse de un asunto totalmente concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se acuerda: El presente expediente será resguardado en el archivo de juzgado durante tres años, una vez cumplido dicho término, será transferido al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El expediente será susceptible de destrucción, transcurridos más de cinco años a partir de este acuerdo. El presente asunto no se considera de relevancia documental, jurídica e histórica, en virtud que el mismo no tiene especial trascendencia jurídica, política, social o económica. SE HACE CONSTAR QUE NO EXISTEN DOCUMENTOS PENDIENTES DE DEVOLVER Se hace constar que en el expediente no obran documentos originales susceptibles de devolución. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Finalmente, se ordena la devolución de las constancias remitidas por la autoridad responsable ordenadora. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Millán Escalera, Juez Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistido de Eduardo Sumuano Aguilar, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  2. Principal

    MESA VI-B Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a siete de agosto de dos mil diecinueve. EXPEDIENTE Y REGISTRO Visto el oficio suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, residente en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y anexos que acompaña; acúsese recibo de estilo, fórmese el cuaderno correspondiente y regístrese en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), bajo el número 1969/2019. Ahora, a través del tal comunicado la superioridad remite, entre otras cosas, las actuaciones practicadas con motivo de la interposición de la demanda de amparo promovida por Sara Gómez Sunum o Sara Gómez Zunun, contra actos del Juez Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial del Soconusco, con residencia en esta ciudad; así como el informe justificado de la citada autoridad y demás anexos; esto por considerar que este órgano jurisdiccional es competente para conocer en la vía indirecta de la referida demanda, pues a su miramiento el acto reclamado no constituye una sentencia definitiva o resolución que ponga fin a un juicio. En tal virtud, con fundamento en los artículos 47, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se acata la competencia declinada y este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento del asunto planteado en el libelo relativo DESECHAMIENTO Para estar en condiciones de proveer respecto a la admisión o no de la demanda de mérito, se debe considerar que el normativo 113 de la Ley de Amparo vigente, estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda; y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de derechos fundamentales para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ahora bien, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es menester precisar que del estudio íntegro de la demanda de amparo, se obtiene que el quejoso hace consistir los actos reclamados en: 1.- El auto de veinte de mayo de dos mil diecinueve, en los autos del expediente 361/2017, del juicio especial hipotecario, dictado por el Juez de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en esta ciudad, mediante el cual se ordena sacar a remate el inmueble ubicado en calle licenciado Norberto D´Gyves Córdova, lote veintiséis, manzana "A", colonia Loma Linda, en esta ciudad. Así, en el presente caso, se estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo vigente, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley (.)" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan en archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)" La lectura de los preceptos legales en cita, revelan que el juicio de amparo que se tramita ante el Juez de Distrito, sólo procederá contra los actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ejecutados fuera de juicio o después de concluido; y que en el supuesto que se trate de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse contra la última resolución que se dicte en el procedimiento respectivo, entendiéndose como tal aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Asimismo, el párrafo tercero de la fracción IV del citado artículo 107 de la ley de la materia, establece que en los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento. Establecido lo anterior, debe afirmarse que si el acto reclamado lo constituye el auto de veinte de mayo de dos mil diecinueve, en los autos del expediente 361/2017, del juicio especial hipotecario, dictado por el Juez de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en esta ciudad, mediante el cual se ordena sacar a remate el inmueble ubicado en calle licenciado Norberto D´Gyves Córdova, lote veintiséis, manzana "A", colonia Loma Linda, en esta ciudad; ello no constituye la última resolución del procedimiento de remate en ese juicio, como lo sería aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados; de tal manera, lo anterior torna improcedente la acción constitucional intentada. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 1ª./J. 13/2016 (10ª.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, página 1066, que literalmente dice lo siguiente: REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).- De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial. Robustece, lo antes mencionado la diversa jurisprudencia PC.I.C. J/2 K (10a.), emitida por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página mil setecientos treinta y ocho, Libro 10, Tomo II, septiembre de dos mil catorce, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece: REMATE. LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, ES LA QUE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN Y ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a la interpretación gramatical del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de remate, impugnable a través del juicio de amparo indirecto, es la que en forma definitiva ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, pudiendo combatir en la demanda correspondiente, las demás violaciones cometidas durante esa fase, ya que la intención del legislador fue evitar que se obstaculizara la ejecución de las sentencias que constituyen cosa juzgada, mediante el abuso del ejercicio de la acción constitucional, lo cual se logra prolongando la impugnación hasta la emisión de esos actos en un solo acuerdo o por separado, porque de los artículos 494, 495 y 496 del Código Federal de Procedimientos Civiles, y 507, 581, 589 y 590 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se advierte que aun cuando el remate de bienes embargados o hipotecados, se integra por varios procedimientos, el cumplimiento de la obligación de pago consignado en la sentencia, se colma con la orden específica y directa de otorgar la escritura pública y la entrega de la posesión de los bienes rematados; de modo que, será hasta que se decreten ambas determinaciones coetánea o no cuando se esté ante la última resolución pronunciada en dicho procedimiento de ejecución, y resulta procedente entonces la acción constitucional para impugnarla. En ese tenor, se reitera que en la especie se surte plenamente la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107 fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo en vigor, ya que respecto al acto reclamado, el juicio de amparo es notoriamente improcedente, toda vez que el acto impugnado, no constituye la última resolución del procedimiento de remate en el juicio natural; en consecuencia, la parte quejosa se encuentra en aptitud de impugnar todas las determinaciones que a su estimación se tilden como violaciones de derechos humanos en su perjuicio, en el momento en que en forma definitiva se ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Por lo anteriormente considerado, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, por notoria improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Sara Gómez Sunum o Sara Gómez Zunun. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que señaló en el sumario de origen, Novena avenida Sur número Noventa y Cinco, entre las calles Veinticuatro y Veintiseis, de esta ciudad. AUTORIZACIÓN EN EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y COPIAS Desde ahora se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, como cámaras fotográficas, scanner y lectores láser para copiar constancias que obren en autos del presente expediente, siempre y cuando dichas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa. Por tanto, en el momento en que alguna de las partes, sus autorizados o delegados tengan la intención de hacer uso de ese derecho, deberán informar a la Secretaría del Juzgado para que se levante acta en la que se hagan constar y describan las actuaciones reproducidas. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.3º.C725C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". También se autoriza expedir, en un solo tanto, las copias simples o certificadas que a su costa solicite cualquiera de las partes al comparecer a este juzgado, previa toma de razón y recibo que de ello se deje en autos para constancia legal; lo anterior de conformidad con los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ello, en el entendido de que, de encontrarse algún motivo por el que deba ampliarse esa prerrogativa, el compareciente deberá solicitarla por escrito en la oficialía de partes de este juzgado, la cual se acordará como legalmente corresponda. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. SIGNATURA DE OFICIOS Se autoriza a los secretarios de este órgano jurisdiccional a firmar los oficios que se originen de la presente determinación. RESERVA DE INFORMACIÓN De conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación de once de junio del año dos mil dos, y con el artículo 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el referido medio de difusión oficial el seis de febrero de dos mil catorce, en vigor al día siguiente, así como el artículo 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley antes mencionada, cabe señalar a las partes el derecho que les asiste para oponerse a hacerse públicas las sentencias, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS Los responsables en el manejo de este expediente, procederán a la oportuna digitalización de las constancias que lo integren (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y proceso técnico informático y documental), con excepción de los anexos que dadas sus características y voluminosidad la dificulten. Todo ello a efecto de cumplir con el artículo 3, párrafos quinto y sexto de la ley de la materia Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado Iván Millán Escalera, Juez Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula, asistido del licenciado Eduardo Sumuano Aguilar, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

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