Carlos Alberto Gonzalez Vilchis
Expediente 1102/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1102/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 07/11/2019
Partes del expediente
- Carlos Alberto Gonzalez Vilchis
- Andrea Ruiz Galan
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, siete de noviembre de dos mil diecinueve. Causa estado. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que trascurrió el plazo que la ley concede al promovente para interponer el recurso de queja previsto por el artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, en contra del auto de dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin que lo hubiese hecho. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Archivo. Así, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, envíese al archivo. Relevancia documental. De igual forma, en observancia a lo previsto en el punto décimo primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso punto vigésimo primero, último párrafo, del citado acuerdo. Expediente principal. Se establece que el cuaderno relativo a este juicio principal es susceptible de destrucción, al encuadrar en la hipótesis del punto vigésimo primero, fracción I, de dicho acuerdo, lo que deberá realizarse en un plazo de cinco años a partir de esta fecha. En tal sentido, háganse las anotaciones correspondientes en la caratula del expediente. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, y en atención a que la parte quejosa CARLOS ALBERTO GONZÁLEZ VILCHIS, no compareció a este órgano jurisdiccional a notificarse, no obstante el aviso que el veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, se le dejó en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, a efecto de que dentro de los dos días hábiles siguientes se presentara a notificarse, por lo cual, al haber transcurrido dicho plazo sin que se presentara, se le hace efectivo el apercibimiento contenido en el aviso y le notifico por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal y por lista en la página electrónica correspondiente, el contenido de la determinación de dieciocho de octubre del año en curso, dictado en el Juicio de Amparo 1102/2019-IV, del índice de esta Juzgado, al mencionado quejoso, mismo que en síntesis dice "...se tiene por no presentad la demanda de amparo...
- Principal
ES NOTIFICACIÓN PERSONAL
- Principal
Tijuana, Baja California, veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve. Radicación. Vista la demanda de cuenta, por lo que fórmese el expediente físico y electrónico respectivos y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 1102/2019-IV. Prevención. En atención al contenido del escrito de demanda, resulta pertinente destacar que es obligación de este órgano jurisdiccional examinarla en su integridad, y si en la misma existiere alguna irregularidad o deficiencia, se mandará prevenir a quien promueve para que cumpla con los requisitos omitidos o haga las aclaraciones que corresponda, para que pueda subsanarlas en tiempo. Requerimiento. Por tanto, previamente a acordar lo relativo a la admisión o desechamiento de la demanda, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, fracciones IV y V, y 114, fracciones I y IV ambos de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del plazo de cinco días hábiles, legalmente computado, por escrito aclare bajo protesta de decir verdad su demanda con relación a lo siguiente: Aclare su acto reclamado, toda vez que en el apartado correspondiente señala la omisión de dar contestación al escrito presentado el pasado veintisiete de agosto de dos mil dieciocho; sin embargo, en el capítulo de conceptos de violaciones refiere que no fundaron ni motivaron la negativa de acordar a su solicitud. Precise si señala como tercero interesado al Director del Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California, o en su caso, como autoridad responsable, toda vez que, de la documental adjunta a su escrito de demanda se advierte que a dicha autoridad le realizó una petición y, en caso afirmativo, precise el acto que se le atribuye. Señale los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto que reclama, dado que lo señalado en el capítulo correspondiente resultan insuficientes para fijar la litis en este juicio. La aclaración requerida habrá de hacerla por escrito y con copias suficientes del ocurso aclaratorio para su distribución entre las partes del juicio constitucional. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior en el término y condiciones antes apuntadas, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, conforme a lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. En la inteligencia que la prevención apuntada deberá ser desahogada por el promovente y no por conducto de diversa persona, en razón de que los hechos que le incumben son de carácter personal, dada la responsabilidad penal que de la protesta de decir verdad pudiera derivarse conforme a lo dispuesto por el artículo 216, fracción I, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la jurisprudencia 2a./J. 88/2006 (número de registro 174745) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido y rubro disponen: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA. El artículo 116 de la Ley de Amparo establece, en sus fracciones I y IV, que la demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre, así como la ley o acto que de cada autoridad se reclama, manifestando aquél, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe ser realizado forzosamente, en términos de la fracción I señalada, por quien promueve la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, motivo por el cual el autorizado por el quejoso en los términos amplios a que se refiere el artículo 27 de la ley citada, no puede desahogar la prevención relativa a que se exprese la protesta de decir verdad omitida en la demanda, pues ello se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes." Domicilio. De conformidad con lo previsto en el artículo 108 de la Ley de Amparo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa. Autorizados. Se tiene por autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la profesionista que se indican, dado que sí cuenta con el registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los tribunales del Circuito y Juzgados de Distrito, como se advierte de la constancia que se glosa y, únicamente para el efecto de oír y recibir notificaciones a la diversa persona que señala por así haberlo manifestado expresamente. Publicación de datos personales. En atención a la solicitud de la parte quejosa, en el sentido de que se opone a la publicación de sus datos personales, de conformidad con el artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, salvo su nombre en la lista de acuerdos, en razón de que es un requisito que al efecto previene el artículo 29, fracción II de la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento cobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Además en términos de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, no se hará la publicación del nombre y datos personales de todas y cada una de las resoluciones que se emiten en el presente juicio de amparo. Expediente electrónico. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no lo integrarán las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponden a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; tampoco las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservaran en este juzgado sin digitalizarse, finalmente con fundamento en el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, a prudente arbitrio de esta juzgadora, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones. Notifíquese en términos de ley.
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