Carlos Alberto González Valdivia
Expediente 1286/2017 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1286/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/09/2017
Partes del expediente
- Carlos Alberto González Valdivia
Actuaciones
- Principal
- Agreguese alos autos para que obre como corresponda la razón actuarial levantada por . . . se comisiona al actuario efectuar la notificacion de dicho proveído de veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete " Vista la demanda de amparo promovida por CARLOS ALBERTO GONZÁLEZ VALDIVIA, contra actos del Juez del Sistema Penal Acusatorio y Oral en el Estado de Querétaro, en funciones de Juez de Control de la Unidad II y otras autoridades, con fundamento en los artículos 94, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fórmese y regístrese el juicio de amparo bajo el número 1286/2017-VI, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora bien, tomando en consideración que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, este Juzgado de Distrito procede a analizar si en la especie es o no competente para conocer y resolver sobre la demanda de amparo. Al respecto, los artículos 34, 47 y 170 de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma." "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo". (El subrayado es agregado) De una interpretación literal, sistemática y armoniosa de los artículos transcritos se aprecia, en lo que aquí toma relevancia, que es competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, conocer del juicio de amparo directo. Que serán materia del amparo directo, las sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. Entonces, cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. Precisado el contexto jurídico que antecede, se aprecia que la demanda de amparo se promueve en contra del decomiso del vehículo MARCA VOLKSWAGEN, TIPO JETTA, COLOR BLANCO, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN GHL 471-A, PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, NÚMERO DE SERIE 3VW2W11K4BM018382, como instrumento del delito, el cual se decretó en la sentencia dictada el uno de septiembre de dos mil diecisiete, una vez concluida la audiencia de debate en el procedimiento abreviado en la carpeta judicial 211/2017 derivada del número único de causa CI/QRO/7606/2016 del índice del Juzgado del Sistema Penal Acusatorio y Oral en el Estado de Querétaro, en funciones de Juez de Control de la Unidad II, seguida en contra del quejoso por el delito de robo especifico (a casa habitación) y su ejecución. Es decir, el acto que destaca como reclamado en su demanda de amparo, lo constituye una sentencia definitiva dictada en el procedimiento abreviado, y que por ende es materia de amparo directo, pues como se aprecia de una lectura integral y armónica de la totalidad del escrito de cuenta, el acto que se reclama es la sentencia dictada el uno de septiembre de dos mil diecisiete, una vez concluida la audiencia de debate en el procedimiento abreviado en la carpeta judicial 211/2017 derivada del número único de causa CI/QRO/7606/2016 del índice del Juzgado del Sistema Penal Acusatorio y Oral en el Estado de Querétaro, en funciones de Juez de Control de la Unidad II, seguida en contra del quejoso por el delito de robo especifico (a casa habitación) y su ejecución, en la cual se decretó el decomiso del vehículo MARCA VOLKSWAGEN, TIPO JETTA, COLOR BLANCO, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN GHL 471-A, PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, NÚMERO DE SERIE 3VW2W11K4BM018382, como instrumento del delito y su ejecución; en virtud de que en la misma audiencia de debate se dictó sentencia, por medio de la cual se dio por terminado de manera anticipada el proceso penal acusatorio en contra del quejoso; conforme a los artículos 201 al 207 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sirve de apoyo a lo anterior, aplicado por mayoría de razón, la jurisprudencia 2a./J. 55/98, localizada en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta la página 227 del Tomo VIII, Agosto de 1998, Novena Época, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." También es aplicable, la jurisprudencia P./J. 40/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Lo anterior, sin que esta Juzgadora prejuzgue si respecto de dicha sentencia procede algún recurso, pues ello es una cuestión de procedencia y no de competencia. Es aplicable, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con clave P./J. 6/2015 (10a.), localizada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta la página 95 del Tomo 1, Abril de 2015, Décima Época, que dice: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor" En consecuencia, con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo, se declina la competencia legal para conocer y resolver de la demanda de amparo que dio origen al expediente en que se actúa, por lo que mediante atento oficio, se ordena enviar el presente expediente al Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, con residencia en la Ciudad de Querétaro, por conducto de la oficina de correspondencia común de los Tribunales Colegiados de Circuito, para lo que a bien tenga determinar. Es importante precisar que la declaratoria de incompetencia del Juez de Distrito y su remisión al Tribunal Colegiado de Circuito no prejuzga sobre la procedencia del amparo; pues, al ser la competencia de análisis previo y preferente, corresponderá al Tribunal Colegiado su estudio por ser competente para pronunciarse sobre este aspecto. Solicítese al Tribunal de Alzada, que informe la decisión que asuma en cuanto a la competencia que se declina, como lo prevé el artículo 47 de la Ley de Amparo. Con motivo de ello, se ordena formar cuaderno de antecedentes del expediente en que se actúa y hacer las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Por otra parte, se tiene como autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ANTONIO CANO RODRIGUEZ, en virtud de no contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito (sin perjuicio de reconocerles las diversas facultades que les fueron conferidas, una vez que acrediten ante éste Órgano estar plenamente autorizada para ejercer la profesión de abogado), y por señalado domicilio procesal el ubicado en calle Cristina Ortega número 301 de la Colonia Casa Blanca, en la ciudad de Querétaro, que es el que señala el quejoso en su escrito de demanda. Con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo, del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles que sean necesarios para el adecuado despacho de los asuntos, con el fin de no entorpecer su trámite. Para el caso de que en el presente asunto, se ordene alguna notificación de carácter personal, en términos de los artículos 26 y 27, incisos b) y c), de la Ley de Amparo vigente; con fundamento en el diverso 29, del citado ordenamiento legal, se faculta al actuario de la adscripción para que publique, en su caso, la lista correspondiente a que se refiere este último precepto legal. Conforme a lo dispuesto por el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de esos órganos del Poder Judicial de la Federación, Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, en concordancia con el numeral 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para omitir sus datos personales cuando se haga pública la sentencia respectiva que se dicte en el presente asunto, en la inteligencia de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que dicha sentencia se publique sin supresión de datos. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2015, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia penal Federal; publicado en el Diario Oficial de la Federación, el diecinueve de diciembre de dos mil quince, así como artículo 3 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, digitalice las demandas, recursos, incidentes, promociones y documentos que presentan las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información y toda información con el presente expediente.. . .. ." por medio de lista . . .
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por CARLOS ALBERTO GONZÁLEZ VALDIVIA, contra actos del Juez del Sistema Penal Acusatorio y Oral en el Estado de Querétaro, en funciones de Juez de Control de la Unidad II y otras autoridades, con fundamento en los artículos 94, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fórmese y regístrese el juicio de amparo bajo el número 1286/2017-VI, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora bien, tomando en consideración que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, este Juzgado de Distrito procede a analizar si en la especie es o no competente para conocer y resolver sobre la demanda de amparo. Al respecto, los artículos 34, 47 y 170 de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma." "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo". (El subrayado es agregado) De una interpretación literal, sistemática y armoniosa de los artículos transcritos se aprecia, en lo que aquí toma relevancia, que es competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, conocer del juicio de amparo directo. Que serán materia del amparo directo, las sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. Entonces, cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. Precisado el contexto jurídico que antecede, se aprecia que la demanda de amparo se promueve en contra del decomiso del vehículo MARCA VOLKSWAGEN, TIPO JETTA, COLOR BLANCO, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN GHL 471-A, PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, NÚMERO DE SERIE 3VW2W11K4BM018382, como instrumento del delito, el cual se decretó en la sentencia dictada el uno de septiembre de dos mil diecisiete, una vez concluida la audiencia de debate en el procedimiento abreviado en la carpeta judicial 211/2017 derivada del número único de causa CI/QRO/7606/2016 del índice del Juzgado del Sistema Penal Acusatorio y Oral en el Estado de Querétaro, en funciones de Juez de Control de la Unidad II, seguida en contra del quejoso por el delito de robo especifico (a casa habitación) y su ejecución. Es decir, el acto que destaca como reclamado en su demanda de amparo, lo constituye una sentencia definitiva dictada en el procedimiento abreviado, y que por ende es materia de amparo directo, pues como se aprecia de una lectura integral y armónica de la totalidad del escrito de cuenta, el acto que se reclama es la sentencia dictada el uno de septiembre de dos mil diecisiete, una vez concluida la audiencia de debate en el procedimiento abreviado en la carpeta judicial 211/2017 derivada del número único de causa CI/QRO/7606/2016 del índice del Juzgado del Sistema Penal Acusatorio y Oral en el Estado de Querétaro, en funciones de Juez de Control de la Unidad II, seguida en contra del quejoso por el delito de robo especifico (a casa habitación) y su ejecución, en la cual se decretó el decomiso del vehículo MARCA VOLKSWAGEN, TIPO JETTA, COLOR BLANCO, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN GHL 471-A, PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, NÚMERO DE SERIE 3VW2W11K4BM018382, como instrumento del delito y su ejecución; en virtud de que en la misma audiencia de debate se dictó sentencia, por medio de la cual se dio por terminado de manera anticipada el proceso penal acusatorio en contra del quejoso; conforme a los artículos 201 al 207 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sirve de apoyo a lo anterior, aplicado por mayoría de razón, la jurisprudencia 2a./J. 55/98, localizada en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta la página 227 del Tomo VIII, Agosto de 1998, Novena Época, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." También es aplicable, la jurisprudencia P./J. 40/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Lo anterior, sin que esta Juzgadora prejuzgue si respecto de dicha sentencia procede algún recurso, pues ello es una cuestión de procedencia y no de competencia. Es aplicable, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con clave P./J. 6/2015 (10a.), localizada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta la página 95 del Tomo 1, Abril de 2015, Décima Época, que dice: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor" En consecuencia, con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo, se declina la competencia legal para conocer y resolver de la demanda de amparo que dio origen al expediente en que se actúa, por lo que mediante atento oficio, se ordena enviar el presente expediente al Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, con residencia en la Ciudad de Querétaro, por conducto de la oficina de correspondencia común de los Tribunales Colegiados de Circuito, para lo que a bien tenga determinar. Es importante precisar que la declaratoria de incompetencia del Juez de Distrito y su remisión al Tribunal Colegiado de Circuito no prejuzga sobre la procedencia del amparo; pues, al ser la competencia de análisis previo y preferente, corresponderá al Tribunal Colegiado su estudio por ser competente para pronunciarse sobre este aspecto. Solicítese al Tribunal de Alzada, que informe la decisión que asuma en cuanto a la competencia que se declina, como lo prevé el artículo 47 de la Ley de Amparo. Con motivo de ello, se ordena formar cuaderno de antecedentes del expediente en que se actúa y hacer las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Por otra parte, se tiene como autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ANTONIO CANO RODRIGUEZ, en virtud de no contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito (sin perjuicio de reconocerles las diversas facultades que les fueron conferidas, una vez que acrediten ante éste Órgano estar plenamente autorizada para ejercer la profesión de abogado), y por señalado domicilio procesal el ubicado en calle Cristina Ortega número 301 de la Colonia Casa Blanca, en la ciudad de Querétaro, que es el que señala el quejoso en su escrito de demanda. Con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo, del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles que sean necesarios para el adecuado despacho de los asuntos, con el fin de no entorpecer su trámite. Para el caso de que en el presente asunto, se ordene alguna notificación de carácter personal, en términos de los artículos 26 y 27, incisos b) y c), de la Ley de Amparo vigente; con fundamento en el diverso 29, del citado ordenamiento legal, se faculta al actuario de la adscripción para que publique, en su caso, la lista correspondiente a que se refiere este último precepto legal. Conforme a lo dispuesto por el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de esos órganos del Poder Judicial de la Federación, Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, en concordancia con el numeral 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para omitir sus datos personales cuando se haga pública la sentencia respectiva que se dicte en el presente asunto, en la inteligencia de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que dicha sentencia se publique sin supresión de datos. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2015, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia penal Federal; publicado en el Diario Oficial de la Federación, el diecinueve de diciembre de dos mil quince, así como artículo 3 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, digitalice las demandas, recursos, incidentes, promociones y documentos que presentan las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información y toda información con el presente expediente.
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