Carlos Alberto González Ruiz

Expediente 280/2022 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
280/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
23/03/2022

Partes del expediente

  • Carlos Alberto González Ruiz

Actuaciones

  1. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintitrés de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación con que se da cuenta, se desprende que la parte quejosa no interpuso el recurso de queja previsto en artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, en contra del proveído de nueve de marzo de dos mil veintidós (fojas 3 a 6), en el cual se tuvo por desechada la demanda de amparo promovida por Carlos Alberto González Ruiz; por ende, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos aplicados supletoriamente a la legislación de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. En virtud de lo anterior, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo. En otro orden de ideas, de conformidad con el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, y que no existen documentos originales agregados a este cuaderno; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo; además a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula de este cuaderno, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente asunto deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Gilberto Anaya Camargo, secretario que actúa y da fe.

  2. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, nueve de marzo de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo de cuenta, presentada en línea, en la que aparece como quejoso Carlos Alberto González Ruiz, misma que carece de firma electrónica y de la evidencia criptográfica de la persona antes citada que la valide; fórmese expediente impreso y regístrese en el libro de gobierno respectivo con el número 280/2022-VI. Del análisis integral del ocurso de mérito, se advierte que procede desecharlo de plano, en virtud de que carece de firma electrónica del quejoso de cuenta, ello con fundamento en los considerandos sexto y séptimo, así como en el artículo 3°, fracciones I y V, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico, pues es requisito indispensable que los documentos enviados en línea, cuenten con firma electrónica que regule el Poder Judicial de la Federación, por ser el medio de ingreso idóneo para enviar demandas y promociones; para ello, deberá contar con los permisos necesarios, ya que con esto se genera la certeza y efectos jurídicos de una firma autógrafa. Lo anterior, tiene razón de ser, pues si un documento es presentado ante el Tribunal sin firma del interesado, carece del signo gráfico de la voluntad del promovente, por lo que, no puede considerarse a éste como válido, al tratarse de un acto inexistente, requisito que no podría ser subsanable, pues alude a la manifestación de voluntad de quien lo presenta. Luego, si quien aduce ser el quejoso Carlos Alberto González Ruiz, no externó su voluntad personal mediante su firma electrónica y evidencia criptográfica, se incumplen los requisitos para la promoción de expediente en línea, a que se refieren los Acuerdos Generales 12/2020 y 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en torno a la integración y trámite del expediente electrónico; y se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los ordinales 3 y 6, todos de la Ley de Amparo, al no existir voluntad expresa de ejercer la acción constitucional. Por ello, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de la materia, se desecha de plano la demanda electrónica relativa al amparo indirecto que nos ocupa. En sus aspectos estrictamente conducentes, se cita la jurisprudencia P./J.8/2019 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro electrónico digital 2019715, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 65, abril de 2019, tomo I, página 79, bajo el rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." Es improcedente dar trámite al escrito de cuenta sin firma electrónica, pues no se encuentra en ninguno de los supuestos de excepción; en efecto, los artículos 16, 17 y 42 del Acuerdo General 12/2020 (que regula la integración y tramitación de expediente electrónico), prevén los requisitos necesarios para el registro en el Portal de Servicios en Línea, el cual es personalísimo y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Asimismo, dichos ordinales 17 y 42, señalan los casos en que podrá exentarse de la obligación de firma electrónica, concretamente aquellos relacionados con actos mencionados en el numeral 15 de la Ley de Amparo [que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, alguno de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional, o incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales]. Luego, si en la demanda de cuenta no se reclaman actos de los referidos por el dispositivo 15 de la Ley de Amparo y se envió sin firma electrónica, no procede prevenir o aclarar la demanda; pues no se trata de requisitos de forma por subsanar, sino de la falta de voluntad mediante firma autógrafa de quien pretende instar juicio biinstancial. No pasa desapercibido para este órgano de control constitucional, la jurisprudencia I.7o.P. J/10 K (10a.), con registro digital 2023202, de instancia Tribunales Colegiados de Circuito, Undécima Época, Materia Común, Fuente Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.Libro 2, Junio de 2021, Tomo V, página 4877, de rubro: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA VÍA ELECTRÓNICA. LA FALTA DE FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA (FIREL) DEL QUEJOSO, NO ACTUALIZA DE MANERA MANIFIESTA E INDUDABLE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO POR INCUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA, QUE DÉ LUGAR A SU DESECHAMIENTO DE PLANO, ATENTO A LAS CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS DE PANDEMIA QUE PREVALECEN EN EL PAÍS GENERADAS POR EL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19) [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 8/2019 (10a.)]. Empero, del contenido del criterio jurisprudencial del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se observa que el mismo precisa que se deben analizar en consideración las circunstancias particulares de cada caso en particular. Así las cosas, para el presente asunto sometido a esta potestad, y del sentido de la determinación que se toma, no se colma el supuesto de subsanar tal circunstancia, ya que los actos que se pretenden combatir en este juicio biinstancial, como ya se dijo, no son de los referidos en el artículo 15 de la Ley de Amparo [que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, alguno de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional, o incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. Sobre el tema, en lo estrictamente aplicable, se invocan las tesis XI2°93C del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito y I.3°c.208C del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XI, mayo de 2000, página 922 y tomo XIII, enero de 2001, página 1709, de rubros: "DEMANDA. ALCANCES DE LA OBLIGACIÓN DEL JUEZ DE PREVENIR AL ACTOR PARA QUE LA ACLARE, CORRIJA O COMPLETE, CUANDO FUERE OSCURA O IRREGULAR (ARTÍCULO 332 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE MICHOACAN)" "DEMANDA. FACULTAD DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL PARA PREVENIR POR UNA SOLA VEZ AL ACTOR, PARA QUE SUBSANE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN LA, SIN SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA" Dado que el desechamiento de demanda tuvo su origen en la falta de firma de quien aparentemente la promueve, no puede tenerse por hecha y por lo mismo no es posible atender a la designación de autorizados legales y demás información que se pretende en el ocurso de cuenta. Se faculta a la actuaria adscrita para que realice las notificaciones que legalmente procedan. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Gilberto Anaya Camargo, secretario que actúa y da fe.

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