Carlos Alberto Góngora Mayoral
Expediente 1420/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 1 actuación registrada, la última del 14 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1420/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 14/11/2023
Partes del expediente
- Carlos Alberto Góngora Mayoral
Actuaciones
- Principal
Mexicali, Baja California, a catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Radicación. Vista la demanda de amparo promovida por *****************, contra actos de Telecomunicaciones de México, con sede en esta ciudad y otras autoridades; fórmese el expediente respectivo, y regístrese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número 1420/2023. Improcedencia. Analizados en forma íntegra el escrito de demanda de amparo, este Órgano Jurisdiccional advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que obliga a desecharla de plano, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Para sustentar tal aserto, conviene citar el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto, el artículo 113, de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano; asimismo, el numeral 62 del citado ordenamiento legal, establece que las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Asimismo, la jurisprudencia ha explicado que "manifiesto" es cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo "indudable", resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo, el suscrito advierte de oficio, que en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con lo que disponen los diversos numerales 1°, fracción I y 5° fracción II de la ley citada, ello es así, toda vez que el mismo, no constituye un acto de autoridad, sino que es el resultado de la relación entre Telecomunicaciones de México (ahora Financiera para el Bienestar), con residencia en esta ciudad, como patronal, y el peticionario del amparo, quien se ostenta como ex trabajador de base, con el puesto de Operador Telegráfico dentro de dicha Institución, relación laboral de la que derivan el acto reclamado en el presente asunto. Los artículos 61, fracción XXIII, 1, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.) El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente ley.". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.". De los citados preceptos se obtiene: - La hipótesis de improcedencia puede resultar de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la ley de la materia. - El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Federal, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. - Los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, es decir, dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar un acto que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, y que sus funciones estén determinadas por una norma general. Por otro lado, es bien sabido que el Estado en su actuación, puede vincularse de distinta manera, por lo cual surgen relaciones jurídicas que producen efectos que pueden o no dar lugar a actos autoritarios. Tales relaciones se clasifican en: - Relaciones de coordinación, que son los vínculos que se entablan por una diversidad de causas, entre dos o más personas físicas o morales, hipótesis en la cual todos concurren en calidad de gobernados. - Relaciones de supra ordinación, que son las que se efectúan entre los diferentes órganos de gobierno en el desempeño de sus atribuciones. - Relaciones de supra a subordinación, que surgen, por una parte, entre los órganos de autoridad, y por otra, los gobernados. En esas relaciones, la autoridad desempeña frente al particular los actos de autoridad propiamente dichos, que tienen como características la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad. Se dice que tales actos son unilaterales porque su existencia depende sólo de la voluntad de la autoridad; son imperativos dado que se imponen aún en contra de la voluntad del gobernado, y son coercitivos toda vez que si no se atacan voluntariamente, se puede lograr su cumplimiento coactivo mediante el uso de la fuerza pública, propia de un acto de autoridad. En otras palabras, el calificativo de actos de autoridad involucra a un órgano del Estado, constituido por una persona o por un cuerpo colegiado, quien ejecuta ciertos actos en ejercicio del poder de imperio; actos que modifican, crean o extinguen una situación de hecho o de derecho por medio de una decisión, con la ejecución de ésta, o bien por ambas, en un plano de supra a subordinación, es decir, entre sujetos colocados en diferentes planos, los particulares por un lado y el Estado por otro, investido con su imperio. De ese modo, la materia a que se constriñe a determinar es si las autoridades señaladas como responsables Telecomunicaciones de México (ahora Financiera para el Bienestar), es o no autoridad para los efectos del amparo. En el escrito inicial de demanda, la parte quejosa señala como acto de aplicación la respuesta otorgada a su ejercicio de "derecho de petición" por el Subdirector de Administración de Personal de Telecomunicaciones de México (ahora Financiera para el Bienestar), con residencia en esta ciudad, como patronal. En efecto, se afirma lo anterior, ya que el acto del que hoy se duele el quejoso, es básicamente la contestación contenida en el oficio 7100-2194/2023, por la cual se le niega el pago de prima de antigüedad al quejoso, al no estar contemplada en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, misma que reguló su relación laboral; lo cual, evidentemente, no corresponde a una relación de supra a subordinación como las que se suscitan entre un ente público dotado de imperio e investidura pública y un particular, sino en un plano de coordinación entre trabajador-patrón. Cierto, autoridad para los efectos del juicio de amparo, es todo ente que, con independencia de su naturaleza formal, es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que, crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. En ese sentido, es menester destacar que en las relaciones de coordinación entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario, administrativo y laboral. La nota distintiva, de este tipo de relaciones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones entabladas entre gobernantes y gobernados, en las que los primeros actúan en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social, se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos humanos como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Así pues, cualquier acción u omisión del Telecomunicaciones de México (ahora Financiera para el Bienestar), con residencia en esta ciudad, respecto la negativa de realizar un pago derivado de una relación laboral, no constituye acto de autoridad, sino que se trata de hechos derivados de la relación de trabajadora-patrón existente entre la parte quejosa y dicha autoridad; y, como tal, las controversias que entre éstos susciten, deben ser dirimidas ante la autoridad ordinaria correspondiente. prestaciones a que tiene derecho) entre la citada autoridad -como patrón- y el aquí quejoso -como trabajador-. Lo anterior, ya que una vez que el aquí quejoso conoció la respuesta de petición su empleador y de estimar que no se satisface su interés, el quejoso debe reclamar en demanda ante los Tribunales de instancia común, y no a través del juicio de amparo. Suponer lo contrario, implicaría que un derecho inminentemente laboral se resuelva a través de un derecho de petición y no a través de un juicio, lo que no es congruente procesalmente. En ese orden de ideas, debe señalarse que los actos reclamados, no constituyen, de acuerdo a su naturaleza, actos de persona de derecho público o de autoridad, sino actos de particulares, pues la señalada como responsable no obra con el imperio de su soberanía, característica de los actos de autoridad, sino como patronal, por lo que es incuestionable que el juicio de amparo en el que se reclama un acto de esta especie resulta improcedente. Ahora, no pasa desapercibido para quien ahora resuelve que el impetrante acude a este biinstancial, reclamando una contestación realizada a una petición realizada; lo anterior, pues el hecho de que la quejosa haya realizado la petición de pago, negada por Telecomunicaciones de México (ahora Financiera para el Bienestar), con residencia en esta ciudad, no conlleva a que el quejoso se encuentre ante dicha autoridad con el carácter de gobernado y se dé así la relación de supra a subordinación. Lo anterior, en la medida que en el caso no es posible se dé esa característica, puesto que la respuesta a la petición, no deriva de una solicitud de un gobernado a un gobernante -con imperio de ley-, sino más bien, como se anticipó, el motivo que llevó al gestor de amparo a presentar la petición que menciona en su demanda, y que culminó en la negativa a su solicitud, nació de la relación de trabajo que tenía con Telecomunicaciones de México y que reconoce en las manifestaciones vertidas en el escrito inicial que nos ocupa, o sea, no acude con la calidad de gobernado, sino de ex trabajador de la consabida Institución, reclamando incluso una prestación laboral, como lo es el pago de "prima de antigüedad". Cabe precisar que para llegar a la anterior convicción se tomaron en cuenta tanto las documentales que adjuntó la quejosa a su demanda, como las afirmaciones de la promovente, las cuales constituyen una confesión expresa en términos del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, a la cual es dable otorgar valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del mismo código. Se dice lo anterior, atendiendo al contenido de la documental pública que en original anexó la parte quejosa, que se visualiza a continuación: De la misma, se advierte que la contestación reclamada, versa sobre la negativa al pago de la prestación laboral de prima de antigüedad y se fundamenta en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; lo que corrobora, como se asentó con anterioridad, que la petición y su contestación deriva de la relación laboral que existió entre el quejoso e Institución. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes asumieron posturas diferentes con relación a si el momento del dictado del auto inicial de trámite de un juicio de amparo biinstancial resulta oportuno, o no, para establecer, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que se surte de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1o., fracción I, y 5o., fracción II, todos de la citada ley, y en su caso desechar la demanda respectiva, cuando se reclama la negativa del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de entregar a su personal jubilado, a la par de la correspondiente pensión, la parte proporcional que estima le corresponde del monto del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del mencionado instituto, en virtud de descuentos a sus percepciones ordinarias por los conceptos: "107. Provisión fondo de jubilación" y "152. Fondo de Jubilaciones", pues mientras uno de los tribunales contendientes sostuvo expresamente, que el auto inicial de trámite es idóneo para desechar la demanda, porque la naturaleza de dicho acto no es de carácter administrativo, sino laboral, pues el citado instituto no actúa en su carácter de organismo fiscal autónomo, sino como ente asegurador, el otro tribunal determinó que el referido auto inicial no es la actuación procesal oportuna para determinar si tales actos son de autoridad para efectos del juicio de amparo, dado que es necesario que el órgano de control constitucional cuente con mayor información con respecto al origen, naturaleza y consecuencias, no sólo del acto que se reclama, sino también de los entes a quienes se les atribuye. Criterio jurídico: El Pleno del Quinto Circuito determina que el auto inicial de trámite del juicio de amparo indirecto sí es idóneo para desechar la demanda donde se reclame la negativa del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de entregar a su personal jubilado, la parte proporcional del monto del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del mencionado instituto, en virtud de descuentos a sus percepciones ordinarias por los conceptos: "107. Provisión fondo de jubilación" y "152. Fondo de Jubilaciones", pues en tales actos el citado instituto no actúa como autoridad para efectos del juicio de amparo, surtiéndose de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1o., fracción I, y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo. Justificación: Constituye una causa de improcedencia manifiesta e indudable, porque no es acto de autoridad, la negativa del Instituto Mexicano del Seguro Social a entregar a su personal jubilado la parte proporcional que éste considera le corresponde, del monto del Fondo de Jubilaciones y Pensiones de esa institución, en virtud de descuentos a sus percepciones ordinarias por los conceptos: "107. Provisión fondo de jubilación" y "152. Fondo de Jubilaciones", porque la naturaleza de dicho acto no es de carácter administrativo, sino laboral, pues los artículos 899-A a 899-F de la Ley Federal del Trabajo, así como 294 y 295 de la Ley del Seguro Social, otorgan ese último carácter a los actos definitivos emitidos por tal ente asegurador, respecto de los reclamos hechos por los asegurados y sus beneficiarios. A ello se suma que conforme al criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 134/2011, en ese supuesto el citado instituto no actúa en su carácter de organismo fiscal autónomo, sino como ente asegurador, esto es, no lo hace en su calidad de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, porque si bien dicho instituto puede determinar sobre la procedencia de las prestaciones que le sean solicitadas, no está investido de facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, porque la relación entre ambos es de igualdad (coordinación), y al resolver sólo verifica el cumplimiento de los requisitos para otorgar una prestación. En ese orden de ideas, cuando de la demanda y sus anexos se logra llegar a la convicción sin lugar a dudas que la autoridad señalada como responsable no tiene ese carácter -tal y como acontece en el caso particular-, es dable su desechamiento, porque independientemente de los elementos que eventualmente pudieran aportar las partes en el procedimiento, éstos no podrían desvirtuar dicha improcedencia; de manera que, como quedó establecido en párrafos superiores, en este caso resultaría estéril y ociosa la tramitación del juicio, en tanto que resulta inconcuso que en el caso en particular cualquier acción u omisión de Telecomunicaciones de México (ahora Financiera para el Bienestar), respecto al pago de prestaciones, no constituye un acto de autoridad, sino un hecho derivado de la relación de patrón-trabajador existente entre la parte quejosa y la Institución en cuestión.
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