Carlos Alberto Gil Franco
Expediente 1003/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1003/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 02/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Carlos Alberto Gil Franco
- Juez Civico Adscrito Al Centro de Rehabilitacion Cívica Total (Ce.Re.Ci.To)
Actuaciones
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, dos de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del auto mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo, dictado en el presente juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto queda firme para todos los efectos legales conducentes; háganse las anotaciones en el libro respectivo y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, atendiendo que en el presente asunto se otorgó la suspensión de plano, en términos del artículo 18, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se estima que el presente es depurable, en el que deberán conservarse la demanda, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación y este auto; de conformidad con el citado acuerdo y artículo, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Acorde a lo dispuesto en el numeral décimo octavo, del citado acuerdo, se ordena su archivo en este juzgado por tres años, transcurridos los cuales deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, se declara que a juicio de este Juzgado de Distrito este asunto carece de relevancia documental e histórica, y en atención a que se encuentra una suspensión concedida, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, así como también que es depurable. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Hilario Quintero Torres, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
COMPARECENCIA: En Ciudad Juárez, Chihuahua, siendo las catorce horas del catorce de noviembre de dos mil veintidós, el licenciado Hilario Quintero Torres, Secretario de Juzgado, hace constar que se hizo presente, en el local de este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, el directo quejoso Carlos Alberto Gil Franco, quien se identifica con original de la credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral, número IDMEX1353618580, la cual ostenta su fotografía impresa a color la cual se tuvo a la vista, misma que se devuelve a la parte interesada, por ser de su uso personal, documento del cual se deja copia simple para los efectos legales, y concedido que le fue el uso de la palabra al compareciente Carlos Alberto Gil Franco, manifiesta: "Que en éste acto vengo a desistirme lisa y llanamente de la demanda de amparo que se interpuso el trece de los corrientes, a mi favor, por el licenciado Max Frederick Lozano, la cual se encuentra registrada en éste órgano jurisdiccional con el número 1003/2022-V; lo anterior, por así convenir a mis intereses, sin tener nada más que agregar." Con lo anterior se da por terminada la comparecencia, lo que se hace constar ante la presencia judicial para los efectos legales procedentes, firmando como corresponde, los que en ella intervinieron. Doy fe. El Secretario. Lic. Hilario Quintero Torres. El Quejoso. Carlos Alberto Gil Franco.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, catorce de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, así como la comparecencia de cuenta, de la que se advierte que el quejoso Carlos Alberto Gil Franco, no ratificó la demanda de amparo promovida a su favor por Max Frederick Lozano, por así convenir a sus intereses personales; en tal virtud, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 15, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, que al efecto dispone: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. (.)" Consecuentemente, atendiendo lo manifestado por el quejoso Carlos Alberto Gil Franco, en la comparecencia de cuenta y lo expuesto en el artículo descrito en párrafos que precedente, se tiene por no presentada la demanda de amparo promovida a su favor. Lo anterior se determina así, considerando que conforme a lo dispuesto por la fracción I, del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo se sigue a instancia de parte agraviada, no existiendo en el particular interés del directo quejoso para proseguir con la acción interpuesta a su favor, en tales términos resulta procedente resolver en la forma apuntada. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de registro de juicios de amparo, que se tramitan en este Juzgado Federal. Finalmente, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta, y en atención a su contenido, se tiene al Juez Cívico en turno, con residencia en esta ciudad, informando el cumplimiento que emitió en relación a nuestro oficio 25596/2022; asimismo, se le tiene designado como delegados a los profesionistas que señala en el ocurso de cuenta, en términos del numeral 9 de la Ley de Amparo. Notifíquese, haciéndolo personalmente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y por oficio a las autoridades señaladas como responsables.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, trece de noviembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo indirecto presentada por el Licenciado Max Frederick Lozano en representación de Carlos Alberto Gil Franco, contra actos del Juez Cívico adscrito al Centro de Recuperación Cívica Total (CE.RE.CI.TO), con residencia en esta ciudad, de quien reclama el arresto administrativo, detención ilegal fuera de procedimiento e incomunicación y su ejecución, sin que se haya cumplido con las formalidades de ley, de que dice, es objeto el directamente agraviado; sin embargo, del contenido integral de la demanda se advierte que dicha detención deriva del arresto realizado por las autoridades que señala como responsables, por lo que habrá de atenderse a ese acto reclamado. Se ordena capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y anotar en el Libro de Gobierno correspondiente de este juzgado con el juicio de amparo 1003/2022-V Se reserva la admisión de la demanda hasta que sea ratificada, en términos del artículo 15, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Con fundamento en los numerales 24 y 27, fracción I, de la Ley de la Materia, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado. Con fundamento en los artículos 15, 125 y 164, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, y por tratarse de un acto que afecta la libertad personal de la parte quejosa (orden de arresto), atribuida a la autoridad administrativa distinta del Ministerio Público, sin relación con la comisión de un delito, se concede de oficio y de plano la suspensión del acto reclamado (orden de arresto administrativo), para el efecto de que cese de inmediato, esto es, se deje al quejoso Carlos Alberto Gil Franco, en inmediata libertad; apercibido que de no hacerlo, será sancionada en términos del artículo 262, fracción III de la Ley de Amparo, que es del tenor siguiente: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: [...] III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. [...]." Lo anterior en virtud de que si bien el acto reclamado no se encuentra en los supuestos que prevé el artículo 126 de la Ley de Amparo, deben tomarse las medidas pertinentes para evitar perjuicios a la parte interesada y en su caso, no quede sin materia el juicio de amparo, ello en términos de los numerales 128, 131 y 139 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de la Primera Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que puede consultarse en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XCVII, página 984, que establece: "ARRESTO, SUSPENSIÓN TRATÁNDOSE DE. Si se negara a la quejosa la suspensión definitiva del acto reclamado, consistente en un arresto de tres días que le fue impuesto por la autoridad judicial, quedaría el amparo sin materia, puesto que sufriría desde luego tal arresto". Así como, en lo conducente, la jurisprudencia 75/2000 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "ARRESTO COMO MEDIO DE APREMIO. A LA SUSPENSIÓN EN SU CONTRA NO LE SON APLICABLES ANALÓGICAMENTE LAS MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO DEL QUEJOSO PREVISTAS POR LOS ARTÍCULOS 130 Y 136 DE LA LEY DE AMPARO. El arresto como medida de apremio, que tiene su fundamento en el artículo 17 constitucional que exige como garantía individual la de una administración de justicia pronta, completa e imparcial, persigue vencer la resistencia de quien se opone a acatar un mandato judicial. En cambio, las órdenes de aprehensión, detención o retención dictadas por autoridades judiciales del orden penal, por el Ministerio Público o por autoridades administrativas, se refieren a un acto tipificado como delito por la ley y del que se presume probable responsable al quejoso. Las medidas de aseguramiento a que aluden los artículos 130 y 136 de la Ley de Amparo, que debe tomar en cuenta el Juez de Distrito al conceder la suspensión contra las órdenes de aprehensión, detención o retención aludidas, no pueden exigirse al concederse la suspensión contra el arresto como medio de apremio en aplicación analógica de los preceptos citados, en virtud de que el origen y los fines perseguidos en cada tipo de órdenes son distintos y, además, en las segundas no están presentes las razones que justifican el dictado de esas medidas respecto de las primeras porque en aquéllas no hay necesidad de devolver al quejoso a la autoridad responsable en caso de que se niegue el amparo pues no hay hecho delictivo respecto del que deba purgarse pena privativa de la libertad. Además, conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte el arresto como medida de apremio no puede exceder del plazo de treinta y seis horas previsto por el artículo 21 constitucional, por lo que el dictado de medidas de aseguramiento en ese supuesto podría ocasionar la consumación irreparable de los efectos del acto reclamado, tornándose nugatorios los fines de la suspensión al agotarse la materia del amparo. Por último, frente al interés particular del quejoso de obtener su libertad en ambos tipos de órdenes en las que derivan de un hecho delictivo, el interés social exige que quien resulte responsable purgue la pena correspondiente, mientras que en las otras sólo exige el acatamiento al mandato judicial, lo que puede hacer el quejoso en cualquier momento." Lo anterior implica que la suspensión sólo se concede por el arresto administrativo a que se refiere la demanda de amparo y no implica que ésta se otorgue ni surta efectos respecto de actos diversos, como la comisión de algún ilícito penal que se atribuya al quejoso, sea o no por un delito grave así calificado por la legislación, para evitar el riesgo fundado de que pueda sustraerse a la acción de la justicia; que exista una razón o caso urgente que autorice su detención; que se le sorprenda en flagrancia cometiendo uno o varios delitos, ya sea en forma individual o conjuntamente; por lo que, de actualizarse alguno de estos supuestos, la medida cautelar otorgada, no surtirá efectos. Asimismo, se hace la aclaración de que la medida suspensional únicamente surtirá efectos si el arresto a que se refiere es inconmutable; porque de no serlo, esta medida no surtirá efecto legal alguno. Por lo que, requiérase a las autoridades responsables para que dentro del término improrrogable de veinticuatro horas, informen a este juzgado federal, respecto al cumplimiento dado a la presente medida suspensional, bajo el apercibimiento que de no acatar lo ordenado, se dará vista al Ministerio Público de la Federación por la posible comisión del delito previsto en el artículo 262, fracciones III y V de la Ley de Amparo, por cuanto a la desobediencia cometida, con independencia de cualquier otro delito en que puedan incurrir. Por otra parte, como de la demanda de amparo se advierte que el directamente agraviado, se encuentra detenido en las instalaciones del Centro de Recuperación Cívica Total del Municipio de Juárez, Chihuahua, y de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 15 de la Ley de Amparo, el suscrito se encuentra obligado a tomar las medidas necesarias para lograr la comparecencia de la parte agraviada, por ello, se faculta al Actuario adscrito a este Juzgado Federal para que se constituya en dicho centro. Así, una vez que localice a la parte agraviada, dé fe del estado físico que presente a simple vista y mediante notificación personal que se realice al momento de la diligencia con el directo quejoso Carlos Alberto Gil Franco, haga de su conocimiento que tiene el término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la legal notificación de este proveído, a fin de que se constituya en el local que ocupa este Juzgado con identificación oficial vigente, para que ante la presencia del funcionario judicial correspondiente, manifieste si es su voluntad o no ratificar el escrito de demanda; apercibido que de no hacerlo así, de conformidad con el párrafo tercero del invocado artículo, se tendrá por no presentada, quedando sin efectos las providencias dictadas. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita al actuario judicial a efecto de que realice las diligencias necesarias para cumplir la decisión asumida en este proveído, en horas inhábiles, de ser necesario, debiendo razonar ésta y las demás circunstancias que ocurran en la diligencia. En términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo y en relación con los diversos 89, 90 y Sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Servicios Tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del Juicio de Amparo, las Comunicaciones Oficiales y los Procesos de Oralidad Penal en los Centros de Justicia Penal Federal, intégrese y tramítese a partir de este proveído el expediente electrónico del Juicio de Amparo en que se actúa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); para tal efecto se ordena al oficial administrativo la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboren, así como toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo, o en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, procédase a su impresión a efecto de ser incorporados al expediente, y en cuanto a los Actuarios, deberán digitalizar todas aquellas actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; en tanto que el Secretario deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad. Por consiguiente, de conformidad con los artículos 3, 8, Titulo Cuarto Información Clasificada (97-109), Capítulo II, De la Información Reservada (110-112), Capítulo III, De la Información Confidencial (113-117), así como el Capítulo IV, De las Versiones Públicas (118-139), 140 y 141 y con lo dispuesto por el Capítulo I, del Título Séptimo de la mencionada Ley, se deberá proceder, en concordancia con la normativa que rige en lo atingente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en la aplicación de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, para garantizar el derecho de acceso a la Información Pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales o realice actos de autoridad, en los términos previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En tal sentido, hágase del conocimiento de las partes, que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado con la leyenda correspondiente a "información reservada" o "información confidencial", como parte de las medidas necesarias que les corresponde tomar para asegurar su custodia y conservación, de conformidad con el artículo 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aunado a que las documentales respectivas deberán llevar las leyendas que precisa el artículo 30 del Reglamento de la referida ley. En la inteligencia que de no cumplir con lo anterior, se entenderá que se trata del supuesto previsto en el último párrafo del artículo 30 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es decir, que se trata de versiones públicas y consecuentemente, se podrá ordenar que se glosen al expediente quedando a disposición de las partes para su consulta, bajo la total responsabilidad de la parte que las exhiban, debiendo asumir las consecuencias legales que deriven de ello. Apercibidas que en caso de no hacerlo, como se indica, cualquier divulgación de información será atribuible únicamente a la parte que lo hubiese exhibido, debido al incumplimiento de las medidas que se encuentran obligadas a observar, haciéndose además, acreedoras a una multa de cincuenta veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (96.22) de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237, fracción I, en relación con el numeral 259, de la Ley de Amparo. Por tanto, se hace saber a las partes que la sentencia ejecutoria y las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente juicio, una vez emitidas, así como éste una vez concluido, podrán ser consultadas por el público en general conforme al procedimiento de acceso a la información aludido que establezcan las atribuciones de los órganos en materia de Transparencia, así como los procedimientos de acceso a la Información Pública y protección de datos personales. Asimismo, se les comunica que sus datos personales aparecerán en las listas de notificación que se publiquen por vía electrónica, excepto cuando se haga valer por alguna de las partes la oposición a la que se refiere el artículo 8° de la precitada ley, para lo cual quedan expeditos sus derechos. Notifíquese personalmente a Carlos Alberto Gil Franco, en el lugar en que se dice se encuentra privado de la libertad. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Abraham Smeke García, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
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