Carlos Alberto Garnica Romero

Expediente 356/2015 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 22 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2016.

Datos del expediente

Expediente
356/2015
Año
2015
Actuaciones
22
Última actuación
20/04/2016

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Garnica Romero
  • Comisionado del Órgano Admiistrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    MESA II. Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, para recurrir la resolución de treinta de marzo del año en curso, que sobreseyó el juicio. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la misma HA CAUSADO EJECUTORIA. En vista de lo anterior, con fundamento en el numeral 214, de la Ley de Amparo, se ordena archivar el presente asunto como concluido y de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de 28 de septiembre de 2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de destrucción. Se llega a esa conclusión, en virtud que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del diverso punto vigésimo primero, ambos del capítulo quinto, de dicho acuerdo, ya que se trata de un asunto que se sobreseyó al actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; además, a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. En ese orden, como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, segundo párrafo y décimo tercero, todos del capítulo tercero y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; por lo cual, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el presente sumario al Centro Archivístico Judicial. Ahora, tomando en consideración que se formó por duplicado y separado incidente de suspensión, provéase lo conducente en los cuadernos incidentales.

  2. Incidental

    MESA II. Visto el estado de autos y tomando en consideración que en esta fecha en el expediente principal del que deriva la presente incidencia, se ordenó el archivo definitivo, con fundamento en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena el archivo de este expediente. Se determina que es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción III, del punto vigésimo primero, capítulo quinto, de dicho acuerdo, ya que se negaron la suspensión provisional y definitiva; además, a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Ahora, tomando en consideración que el presente se formó por duplicado y separado, procédase a la destrucción de aquél, una vez transcurridos seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del citado acuerdo. Asimismo, como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, segundo párrafo, y décimo tercero, todos del capítulo tercero, y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno y una vez que trascurran tres años, deberá transferirse el presente cuaderno incidental al Centro Archivístico Judicial.

  3. Principal

    MESA II. Agréguese a los autos el oficio firmado por el Actuario Judicial del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, mediante el cual acusa recibo del oficio 62923/2015, de dieciocho de diciembre de dos mi quince, por el cual se le remitieron los autos originales del presente juicio. Asimismo, informa que se avoca al conocimiento del conflicto competencial planteado; el cual quedó registrado con el número C.C.P. 01/2016.

  4. Principal

    MESA II. SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, EL AUTO DE DIECIOCHO DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: MESA. II. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca al que anexa el juicio de amparo número 1973/2015-VIII de su índice, promovido por Carlos Alberto Garnica Romero, registrado en este Juzgado bajo el número 356/2015-II-R, mediante el cual informa que no aceptó la competencia planteada por las razones que expone; acúsese recibo. Sin embargo, este órgano de Control Constitucional, contrario a lo argumentado por el órgano oficiante, insiste y sostiene el criterio de que carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo, en razón de territorio. En principio debe precisarse que el Secretario encargado del despacho del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, no aceptó la competencia, medularmente por las siguientes consideraciones: ". el hecho de que el Juez declinante tomara para sostener su incompetencia, las repercusiones o incidencias que pudiera ocasionara al quejoso la respuesta dada por la Coordinadora General de Centros Federales en suplencia del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención Y Readaptación Social, por la cual se negó el traslado de Mauricio Blando Bermejo y Jonny Alejandro Sepúlveda Ccolle, a efecto de llevar a cabo diligencias de desahogo de pruebas ofrecidas por el menor quejoso dentro del expediente 64/2014, ello en forma alguna encuadra en las reglas que definen la competencia de los jueces de Distrito para conocer de una demanda de amparo Además, debe decirse que no puede sostenerse, a priori, que el acto reclamada (sic) genera una afectación al derecho de ofrecer pruebas constituye una violación procesal de la cual no es factible hacer pronunciamiento alguno al abordar el fincamiento de la competencia para conocer de un amparo En ese sentido, se advierte un diferendo entre la naturaleza del acto y el perjuicio (repercusiones o incidencias), elementos que no pueden mezclarse dado que la competencia en el juicio de amparo se determinara conforme a la naturaleza del acto reclamado, para advertir si tiene o no ejecución. En ese contexto, como las repercusiones o incidencias que el acto reclamado pudiera ocasionar a la parte quejosa en el proceso que se le sigue, no se ubican en las reglas que definen la competencia de los Jueces Federales, el suscrito encargado del despacho de este órgano jurisdiccional, disiente de las razones expuestas por el Juez declinante, por ende, no acepta la competencia planteada Lo anterior, porque el acto reclamado es de carácter negativo y carece de ejecución alguna. Este juzgador de amparo difiere de tal criterio por las siguientes consideraciones: Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de amparo, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, ya que su análisis integral impacta en la determinación referente a si el acto requiere ejecución material para estar en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 37, de la Ley de Amparo, aunque en la demanda no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora. En soporte de lo anterior, cobran relevancia los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37, de la Ley de Amparo, que en su orden establecen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes: "(.)" VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridades administrativas, se interpondrá ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutar, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia." "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la interpretación sistemática de los numerales transcritos, se obtienen los criterios básicos para determinar la competencia de los Jueces de Distrito para conocer de los juicios de amparo; reglas que para una mejor comprensión se puntualizan a continuación: 1. Con independencia de dónde radique la autoridad responsable, corresponde conocer del juicio de amparo indirecto al Juez del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquéllos que después de su emisión requieren de ejecución por parte de la misma autoridad o una diversa. Al caso es aplicable el criterio emitido por la entonces Sala Auxiliar del Máximo Tribunal, Séptima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo 217-228, Séptima Parte, Materia Común, página 88, de rubro y texto: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCION DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACION DEL ARTICULO 36 PARRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo." 2. Para el caso que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces Federales residentes en esas localidades, que haya prevenido, será el competente. 3. En el supuesto que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito diverso al que se presentó la demanda de amparo, será competente el Juez donde se presentó la demanda. 4. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De los supuestos indicados, puede apreciarse claramente que para determinar la competencia de un Juez de Distrito, en principio debe atenderse a los efectos producidos del acto desde la perspectiva de la ejecución material. Sobre esa base, tomando como punto de partida el análisis efectuado al escrito de demanda, se conoce que el menor quejoso, esencialmente hace consistir el acto reclamado en: La respuesta dada por la Coordinadora General de Centros Federales en suplencia del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, a la solicitud del Juez Primero para Adolescentes con residencia en el Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, en relación al traslado de Mauricio Blando Bermejo y Sonny Alejandro Sepúlveda Ccolle, a efecto de llevar a cabo diligencias de desahogo de pruebas ofrecidas por el menor quejoso en dentro del expediente 64/2014. Bajo esa perspectiva, se advierte que el Juez Primero para Adolescentes, con residencia en el Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, solicitó al Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, informara si contaba con los medios tecnológicos para llevar a cabo una videoconferencia con relación a Brenda Cristina Garnica Romero, quien se encuentra interna en el Centro Federal de Readaptación Social número Cuatro en Nayarit, así como de los internos Mauricio Blando Bermejo y Sonny Alejandro Sepúlveda Ccole, quienes se encuentran internos en el Centro Federal de Readaptación Social número Catorce, en Durango, ya que consideró que era necesario para salvaguardar el derecho de defensa del menor quejoso, en el proceso 64/2014, que se sigue en Toluca, Estado de México. Asimismo, solicitó que en caso de no contar con los medios tecnológicos solicitados, informara si era posible el traslado de las personas referidas a efecto de salvaguardar el derecho de defensa del menor quejoso. Por su parte, la autoridad responsable dio respuesta mediante oficio SEGOB/CNS/OADPRS/2949/2015, en la que precisó que en cuanto a Brenda Cristina Garnica Romero, sí cuenta con el espacio y la infraestructura necesaria para llevar a cabo diligencias a través del método alternativo de comunicación denominado videoconferencia. No obstante, por cuanto a Mauricio Blando Bermejo y Sonny Alejandro Sepúlveda Ccolle, informó que en el Centro Federal de Readaptación Social número 14 "CPS Durango", no cuenta con la infraestructura necesaria para llevar a cabo diligencias a través de video conferencia y tampoco era posible llevar a cabo su traslado por motivos de seguridad en las prisiones (lo que constituye el acto reclamado). Ahora bien, si el proceso del cual deriva la petición que dio pauta a la emisión del acto reclamado, se sigue en el Estado de México, se considera que los efectos de la negativa de la autoridad administrativa para llevar acabo el traslado de los testigos que refiere el menor quejoso, repercuten en la citada entidad federativa, esto es así, ya que dicha negativa incide directamente con la prosecución del proceso instaurado en contra del quejoso en el Estado de México, con relación a las pruebas ofrecidas por éste. En consecuencia, el supuesto de competencia planteado en el inciso 1) se surte a favor del Juzgado Federal que ejerce jurisdicción dentro del territorio donde tiene ejecución el acto reclamado (repercusión en el derecho de defensa adecuada del quejoso), por tanto, el suscrito considera que corresponde conocer del presente sumario al Juez de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, en turno. No obsta a lo anterior, el hecho de que las autoridades responsables Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación y Coordinadora General de Centros Federales del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, tengan su residencia en esta ciudad, habida cuenta que, como se dijo, el acto que se les reclama repercute en el derecho de defensa adecuada del quejoso, dentro del expediente 64/2014, del índice del Juzgado Primero para Adolescentes, con residencia en el Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, por tanto, es competente para conocer del juicio de amparo el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en donde se materializa el acto reclamado. Por lo anterior, este órgano jurisdiccional está imposibilitado para conocer del presente asunto, ya que no existe evidencia en autos que el acto reclamado tenga ejecución dentro del territorio en que ejerce jurisdicción este Juzgado. Al caso, es pertinente atender al contenido de la jurisprudencia J/40, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, Octava Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 56, agosto de 1992, Materia Penal, página: 36, de rubro y texto: COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo. De igual manera es aplicable por las consideraciones que contiene la Tesis 1ª./J.118/2011 (9ª), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 2183, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 3, Decima Época, número de registro 160608, de rubro y texto: COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. En términos del artículo 36 de la Ley de Amparo -norma que fija los criterios de competencia de los jueces de distrito-, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Ahora bien, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, pues si bien es cierto que la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en los casos en los que la causa penal se siga contra dos o más inculpados internos en centros de reclusión distintos, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado donde radique la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezca el Consejo de la Judicatura Federal en los acuerdos generales conducentes), con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 37 y 48, de la Ley de Amparo, este Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal declara carecer de competencia legal para conocer del presente juicio de amparo. Apoya a lo anterior, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito al resolver el conflicto competencial 10/2015 de su estadística en sesión de dieciséis de octubre del año en curso. En consecuencia, atento a que la autoridad oficiante, sostiene que no debe de conocer de este asunto y este órgano insiste en declinar la competencia, con fundamento en la fracción VI, del artículo 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, remítanse los autos al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en turno, a fin de que resuelva el conflicto competencial suscitado. Dése aviso al Secretario encargado del despacho del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, a efecto de que exponga ante la superioridad lo que estime conducente. En términos del artículo 42, de la Ley de Amparo procede suspender el procedimiento del presente sumario. Glósese al cuaderno de antecedentes que se formó con motivo de la incompetencia planteada copia certificada del oficio de cuenta y el presente proveído para constancia.

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