Carlos Alberto García Valencia
Expediente 1354/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1354/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Carlos Alberto García Valencia
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiocho de diciembre de dos mil veintidós. Causa estado. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación de cuenta, de los que se desprende que no fue impugnado el auto que desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a), y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Archivo. Se ordena el archivo definitivo de este expediente, para lo cual se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. Valoración. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN. Por tanto, de conformidad con el artículo 21, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la persona secretaria Angélica Estefanía Aponte Ayala.
- Principal
Morelia, Michoacán, ocho de diciembre de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de donde se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de quince días a que alude el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las autoridades responsables Cámara de Senadores del Congreso de la Unión; Consejero Adjunto de Control Constitucional y de lo Contencioso del Ejecutivo Federal, en representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; Director General del Diario Oficial de la Federación; Secretario de Gobernación; y, Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, todas con residencia en la Ciudad de México, rindan su informe con justificación en relación al acto reclamado consistente en el artículo 74, fracción VI, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República destacado por el quejoso. Lo anterior, toda vez que al realizar el rastreo de los números de guías 1287921572, 4033958834, 0304401832 y 3575095581 que contienen los oficios 33635/2022, 33637/2022, 33638/2022 y 33647/2022, dirigidos a las primeras cuatro autoridades, derivados del auto de dieciséis de noviembre del año en curso, por medio del cual se les requirió para que lo rindieran, a través de la dirección electrónica https://www.estafeta.com/Herramientas/Rastreo, se pudo constatar que los mismos fueron entregados a sus destinatarios el treinta de noviembre pasado; mientras que, el diverso comunicado 33636/2022, dirigido a la última de las autoridades citadas para tal efecto, fue notificado el veintitrés de noviembre de los corrientes a través de correo electrónico, como se advierte de la constancia correspondiente que obra en autos. Por tanto, el plazo concedido para tal efecto transcurre del uno al veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, para las primeras cuatro de ellas; y, del veinticuatro de noviembre al catorce de diciembre de esta misma anualidad, para la última de ellas. Diferimiento constitucional. Por tanto, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar, se fijan las ONCE HORAS DEL TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la persona secretaria Angélica Estefanía Aponte Ayala.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE OCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, TODA VEZ QUE NO COMPARECIÓ ANTE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO OBSTANTE HABERLE DEJADO EL CITATORIO/AVISO RESPECTIVO, EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES EN ESTA CIUDAD, EL CONTENIDO DEL PROVEÍDO ES DEL CONTENIDO SIGUIENTE: Morelia, Michoacán, ocho de diciembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, este órgano jurisdiccional emite la siguiente determinación: 1. Recepción y registro. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número ********************. 2. Causa de improcedencia. En ese contexto, en términos de los arábigos 62 y 113 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a DESECHAR la demanda, al advertir oficiosamente que en el particular se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 6º, segunda parte del primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. [.]" "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.]". En efecto, de la lectura del precepto 6° citado, se obtiene que uno de los principios rectores del juicio de amparo es el de instancia de parte agraviada, el cual indica que el juicio de amparo podrá ser promovido precisamente por la persona que considere violentados sus derechos con motivo de la actuación de determinada autoridad, lo que, además, podrá realizar por sí mismo, es decir, por su propio derecho, también por conducto de su representante -por ejemplo tratándose de las personas morales- o, bien, a través de su apoderado legal (acreditada esa personería con el documento idóneo); y, sólo en casos excepcionales, por conducto de cualquier persona (supuesto reservado para los casos expresamente señalados en el numeral 15 de la Ley de la materia y 22 constitucional, en los que, incluso, la petición de amparo puede ser verbal). Luego, tal principio obliga al juzgador de amparo a verificar si la petición de amparo corresponde con certeza a la voluntad de quien se dice agraviado por el acto de autoridad de que se trate, precisamente porque al tratarse de un juicio protector de los derechos humanos de una persona o colectividad de personas concretas, es indispensable que las mismas expresen su voluntad de acceder a un procedimiento de esa naturaleza. Por su parte, la fracción XXIII del numeral 61 en comento, establece que la improcedencia del juicio de amparo puede actualizarse no sólo al colmarse cualquiera de los supuestos previstos en las fracciones previas, sino además cuando tal improcedencia se derive de cualquier otra disposición legal vigente. Así, la interpretación conjunta de tales porciones normativas nos permite establecer que será improcedente el juicio de amparo, cuando no se tenga la expresión de la voluntad de la parte quejosa para acudir a promoverlo, precisamente porque tal circunstancia resultaría atentatoria del principio de instancia de parte agraviada que rige el procedimiento constitucional. Por su parte, el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, precisando que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En el caso, al examinar el escrito inicial de demanda, se colige que la misma carece de firma autógrafa -original-, pues únicamente contiene rúbrica en copia simple, tal como lo asentó la oficial de partes en la primera hoja de la misma. Ahora, tradicionalmente se ha considerado que la firma autógrafa imprime la expresión de la voluntad del signante a toda promoción o acto que se presente ante los órganos jurisdiccionales de la Federación, y constituye la base para tener por cierta la manifestación de voluntad del promovente; por lo que, en sentido contrario, la falta de firma en un documento implica que carece de la voluntad de la persona cuyo nombre aparece impreso en el mismo. Debe acotarse que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley de la materia, y con la salvedad que señala el propio numeral, el juicio de amparo se puede promover e impulsar de forma escrita asentando firma autógrafa, o bien, de manera electrónica mediante el empleo de la firma digital correspondiente. Por tanto, para existir pronunciamiento sobre la procedencia o pertinencia de una demanda de amparo debe existir instancia de parte agraviada y esa manifestación de voluntad puede hacerse de forma tradicional, es decir, por escrito estampando el signo gráfico que corresponda a la firma del promovente, o bien, a través de mecanismos tecnológicos empleando una firma electrónica. Con relación al primer supuesto de manifestación de voluntad, es claro que si la demanda de amparo se presenta de manera física por escrito con la firma autógrafa del quejoso, su representante o apoderado y en original -es decir, no en copia- el tribunal de amparo estará facultado y obligado para pronunciarse sobre su pertinencia y procedibilidad; por lo contrario, de no contar con tal signo gráfico en original, es inconcuso que no se tiene una expresión de voluntad de quien aparezca como promovente; por lo que, ello hace improcedente la petición de amparo de que se trate. De lo expuesto hasta aquí, se obtiene que si una demanda es presentada de manera tradicional, obligatoriamente debe emplearse la firma autógrafa de quien promueve, siendo el caso que, si tal ocurso inicial carece de ella, tal petición de amparo debe ser desechada; lo que resulta de ese modo, porque tal demanda, como se ha venido demostrando, no cuenta con la expresión de la voluntad de la parte promovente. En el caso particular, la demanda de amparo fue presentada de manera física y no cuenta con la firma autógrafa, pues la que obra en la misma es una copia fotostática. Apoya las consideraciones anteriores la jurisprudencia P./J. 12/90, del Pleno de nuestro Máximo Tribunal, acorde a las consideraciones en ésta contenidas, de rubro: "REVISION. DEBE DESECHARSE ESE RECURSO CUANDO NO ES AUTOGRAFA LA FIRMA QUE LO CALZA". Por tanto, se considera actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 6º, primer párrafo, segunda parte, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que no existe manifestación de la voluntad de la persona a quien se señala como afectada en sus derechos humanos. Así, al actualizarse la causa de improcedencia citada, se desecha de plano la demanda de amparo que se analiza, por los motivos y fundamentos expuestos en el cuerpo del presente proveído. 3. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad y autorizando para tales efectos a las personas que indica, en los restringidos términos a que laude el artículo 12 de la Ley de Amparo, por así haberlo solicitado expresamente. 4. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). 5. Transparencia. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales; en el entendido de que, ante la falta de manifestación expresa, se publicarán las determinaciones judiciales íntegramente con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, en relación con la información catalogada como personal, sensible o reservada, en términos de lo previsto en los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8º y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación.
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