Carlos Alberto Garcia Godinez
Expediente 682/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 18 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 682/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 15/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Carlos Alberto Garcia Godinez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Morelia, Michoacán, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se tienen por recibidos los oficios que remiten las siguientes autoridades: 1. Apoderado Legal de Teléfonos de México, con sede en la ciudad de México; y, 2. Director del Registro Público de la Propiedad del Instituto Registral y Catastral del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. Mediante los cuales informan lo relativo del registro de domicilio a nombre de las terceras interesadas ******************** ******************** Ahora bien, los mismos se ordenan agregar sin necesidad de hacer mayor pronunciamiento, ya que como se advierte del estado que guardan los autos, el nueve de noviembre del año en curso se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa, por lo que resulta innecesario hacer manifestación alguna respecto de la información que proporcionan las citadas autoridades. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Angélica Estefanía Aponte Ayala, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, trece de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se tienen por recibidos los oficios que remiten las siguientes autoridades: Apoderado Legal de Teléfonos de México; Jefa del Departamento del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Michoacán; Subadministradora Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de Michoacán "1", adscrita a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente ; Administradora de Rentas de Morelia; Director de lo Contencioso de la Dirección Jurídica encargado de la defensa jurídica de la Secretaría de Finanzas y Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán y sus Unidades Administrativas; Subdirector en suplencia por ausencia del Titular de la Oficina de Pasaportes en Michoacán de la Secretaría de Relaciones Exteriores, todos con sede en esta ciudad. Mediante los cuales informan lo relativo al registro de domicilio a nombre de las terceras interesadas ******************** ******************** Ahora bien, los mismos se ordenan agregar sin necesidad de hacer mayor pronunciamiento, ya que como se advierte del estado que guardan los autos, el nueve de noviembre del año en curso se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio en que se actúa, por lo que resulta innecesario hacer manifestación alguna respecto de los domicilios de las referidas terceras con interés. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Angélica Estefanía Aponte Ayala, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el proveído y/o resolución de 09 de noviembre del dos mil veintitrés, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.
- Principal
Morelia, Michoacán, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se tienen por recibidos los oficios que remite la Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia, por el cual informa lo siguiente: *El veintisiete de octubre del año en curso, se ejecutó la orden de aprehensión emitida en contra del quejoso Carlos Alberto García Godínez; *En virtud a lo anterior, señaló el veintiocho de octubre del año en curso para la audiencia de formulación de imputación en cumplimiento a orden de aprehensión; *El treinta y uno de octubre del año en curso, se vinculó a proceso al quejoso, por su probable intervención en el delito de homicidio calificado, previsto y sancionado por el artículo 117, 122 y 135, fracción I, inciso b), del Código Penal del Estado de Michoacán, en agravio de Misael Cortez Morales; *Se impuso a Carlos Alberto García Godínez, la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa con fundamento en el artículo 19, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el tiempo que dure el proceso sin que exceda de dos años, salvo que su ejercicio se deba al derecho de defensa; y, *Que en términos del artículo 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se fijó como plazo de cierre de investigación un lapso de tres meses, que concluirá el treinta y uno de enero de dos mil veinticuatro. Asimismo, remite las constancias con las que acredita lo anterior, mismas que obran en un disco compacto, probanza que alcanzan valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 703, Libro XXIII, agosto de dos mil trece, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación, materia común, de rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." En relación con lo anterior, resulta pertinente destacar que el acto reclamado en la demanda de amparo que dio origen al juicio en que se actúa, consistió en lo siguiente: 1. La orden de aprehensión girada en contra del quejoso Carlos Alberto García Godínez, así como su ejecución. Ahora bien, por ser preferente su estudio este Juzgado de Distrito examina de oficio la procedencia del juicio de amparo, conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia II. 1°.J/5, consultable en la página noventa y cinco, Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación, mayo de mil novecientos noventa y uno, Octava Época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, de rubro: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO". Al respecto, el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo instituye que el juicio de amparo será improcedente cuando por virtud de cambio de situación jurídica se consideren consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en la nueva situación jurídica, como se cita a continuación: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; ." En relación con lo anterior, debe decirse que el juicio de amparo será improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial o administrativo, cuando por el cambio de situación jurídica se deban considerar consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó en la tesis 2a. CXI/96, ubicada en el Tomo IV, página 219, de Diciembre de 1996, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 199808, lo siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional". Esto es, para que opere el cambio de situación jurídica, deben concurrir los siguientes supuestos: a) Que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial o administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica, y ese cambio afecte al acto reclamado; c) Que si se analiza la constitucionalidad del acto reclamado, ésta afecte la nueva situación jurídica; y, d) Que exista autonomía o independencia entre el acto que se reclama y la nueva resolución dictada en el juicio de origen, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. En la especie, la parte quejosa reclama la orden de aprehensión dictada por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de homicidio calificado en agravio Misael Cortez Morales. Sin embargo, mediante oficio de 7811/2023 la juez responsable remitió acta de audiencia celebrada el treinta y uno de octubre del año en curso, mediante la cual se vinculó a proceso al quejoso, por su probable intervención en el delito de homicidio calificado, previsto y sancionado por el artículo 117, 122 y 135, fracción I, inciso b), del Código Penal del Estado de Michoacán, en agravio de Misael Cortez Morales. Asimismo, se advierte que impuso a Carlos Alberto García Godínez, la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa con fundamento en el artículo 19, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, es claro que el auto de vinculación a proceso dictado contra el quejoso originó una situación jurídica diversa a aquélla en que se encontraba al momento de la presentación de la demanda, habida cuenta que no es posible decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, pues ello implicaría desconocer la situación jurídica que surgió en virtud de la diligencia de treinta y uno de octubre del año en curso, en el que se vinculó a proceso al peticionario de amparo; por tanto, las violaciones que se pudieron cometer en el acto reclamado -orden de aprehensión- se deben considerar consumadas de manera irreparable. Lo anterior es así porque la situación jurídica del quejoso ya no deriva de la orden de aprehensión aquí reclamada, sino del auto de vinculación a proceso, el cual generó diverso estatus jurídico, aunado a que dicho auto guarda autonomía con el acto reclamado, ya que puede subsistir, con independencia de que el acto reclamado resultara o no inconstitucional. En consecuencia, dado que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 62 de la Ley de Amparo, con apoyo en el dispositivo 63, fracción V, de la invocada ley, se sobresee en el presente juicio de amparo, respecto de los actos atribuidos a las autoridades responsables. Cobra aplicación, por contener el principio jurídico apuntado, la jurisprudencia 17/2008, de rubro: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN.". Asimismo, apoya lo anterior lo dispuesto en la jurisprudencia I. 7o.P. J/3, localizable en la página mil seiscientos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Septiembre de dos mil cuatro, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, del rubro: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, QUE DA LUGAR A SOBRESEER FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL." Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución del mandamiento de captura al no reclamarse por vicios propios. Sustenta lo anterior la jurisprudencia VI. 2o J/7, de registro 230811, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS.". El sobreseimiento se decreta fuera de audiencia sin que sea necesario esperar a la celebración de la misma, pues estimar lo contrario traería consigo el retardo en la misma impartición de justicia, de acuerdo a lo que dispone el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve como sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, consultable en la página 386 del Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Atento lo anterior, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional fijada para las diez horas con veinte minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Por otra parte, se tiene por recibido los oficios que remiten las siguientes autoridades: Director de Amparos de la Fiscalía General del Estado de Michoacán en representación del Fiscal General del Estado; Coordinador General de la Policía de Investigación; Subdirectora Jurídica del Instituto Registral y Catastral del Estado de Michoacán; y, Auxiliar Jurídico del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia, todos con sede en esta ciudad. Mediante los cuales informan lo relativo del registro de domicilio a nombre de las terceras interesadas Ana Isled Reyes Guerrero Ana y Martha Elena ambas de apellidos Cortes Morales. Ahora bien, los mismos se ordenan agregar sin necesidad de hacer mayor pronunciamiento, ya que como se advierte de lo expuesto en párrafos precedentes, en el presente juicio se sobreseyó fuera de audiencia por lo que resulta innecesario hacer manifestación alguna respecto de los domicilios de las referidas terceras con interés. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Angélica Estefanía Aponte Ayala, secretaria que autoriza y da fe.
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