Carlos Alberto Garcia Cortes
Expediente 1015/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1015/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Carlos Alberto Garcia Cortes
- Fiscal General del Estado de San Luis Potosi, Por Si Y Por Personal A Su Cargo
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, nueve de agosto de dos mil veintitrés. Escrito de quejosa Agréguese a los autos el escrito de cuenta, mediante el cual, la quejosa Alondra Navarro Martínez, formula ampliación de demanda respecto a diversos actos y autoridades responsables; por lo que se provee: Ampliación de demanda Con fundamento en los artículos 1º, 103, fracción I, 107, fracciones I, III, y XV, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 35, 37, 107, 108, 111, 112 y 115, de la Ley de Amparo, téngase ampliada la demanda inicial en cuanto a los actos precisados en el ocurso de mérito, reclamados al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades. Incidente de suspensión Sin tramitar incidente de suspensión por no haberse solicitado. Requerimiento de informe justificado Pídase informe justificado a las nuevas autoridades responsables, quienes deberán rendirlo dentro del término de quince días, siguientes al en que reciban el oficio en el que se les solicita. Requiérase a las responsables para que en caso de que sea cierto el acto que se les atribuye, al rendir el respectivo informe justificado, se remitan las constancias a que alude el artículo 117, de la ley de la materia, enviando el duplicado o bien copias certificadas, legibles, completas y ordenadas en forma consecutiva del expediente de que se trate, a fin de analizar su constitucionalidad; con el apercibimiento que de no hacerlo, se impondrá una multa por el equivalente a cien días del valor de la unidad de medida y actualización, de conformidad con el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237, fracción I, 238 y 260, fracción II, de la ley en consulta. Indíquese a las autoridades responsables que preferentemente deberá remitir el informe de ley y las constancias solicitadas en el párrafo anterior, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal) del servidor público que lo suscriba. Vista al agente del Ministerio Público Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde en términos del artículo 5°, fracción IV, de la ley reglamentaria, a quien se le exhorta para que su actuación se dé desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Audiencia Constitucional Por otra parte, hágasele saber a las nuevas autoridades responsables, que se encuentran fijadas las once horas con diez minutos del cinco de septiembre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional. Causas de sobreseimiento Requiérase a las partes para que en caso de actualizarse alguna causa de sobreseimiento, lo comuniquen de inmediato a este Juzgado de Distrito en términos del artículo 64 de la ley de referencia, de lo contrario se les impondrá una multa al emitirse la sentencia correspondiente de conformidad con el numeral 251 de la citada legislación. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticinco de julio de dos mil veintitrés. Recepción de documento, formación y registro de expediente Vista la demanda promovida por *******, contra actos del Fiscal General del Estado de San Luis Potosí, por si y por personal a su cargo y otra autoridad, por una violación que estima a los derechos humanos contenidos en los artículos 1, 8, 14, 16, 17, 19, 10 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese el expediente y regístrese con el consecutivo 1015/2023-VII. Desechamiento Ahora bien, una vez analizada la demanda de amparo de que se trata, se advierte que en esencia, los actos que por esta vía se impugna se hacen consistir, según manifiesta el promovente bajo protesta de decir verdad, en la negativa de tener acceso a la carpeta de investigación instaurada en su contra, que bajo protesta de decir verdad, manifiesta tener conocimiento de su existencia. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el órgano judicial que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano; en virtud de ello, se procede a determinar tal cuestión. En ese sentido, el impetrante *****, refiere que el veinte de los actuales, una persona del sexo femenino, quien no se identificó pero portaba una placa de identificación de una dependencia, se presentó en su oficina y preguntó a su cuñada por el referido quejoso y por su domicilio, informándole que tenía una carpeta de investigación en su contra. Que al indagar en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, concretamente en la Unidad de Atención Inmediata y Justicia Alternativa, fue informado por la persona que atendía dicha unidad, que no se encontraba autorizado para brindar ese tipo de información y al constituirse en la oficialía de partes de la Unidad de Trámite Común, le comunicaron que tampoco podían informarle respecto de lo que solicitaba. Sentado lo anterior, esta instancia constitucional considera que con relación al citado acto reclamado, se surte de un modo manifiesto la causa de improcedencia prevista por la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 5°, fracción I, del citado cuerpo normativo. Dichos preceptos, en lo conducente, reseñan: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo, individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." De acuerdo a lo establecido en las disposiciones antes invocadas, se tiene que el juicio de amparo sólo podrá promoverlo la parte directamente agraviada, entendiéndose como tal, el gobernado que sufre una lesión directa a sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, por alguna ley, cualquier acto u omisión que provenga de una autoridad. Así, interés jurídico debe entenderse como el derecho que le asiste a un particular para reclamar mediante el juicio de amparo, algún acto violatorio de derechos humanos en su perjuicio; es decir, la afectación a un derecho tutelado constitucionalmente o por alguna disposición legal, o la ofensa, daño o lesión en los derechos o intereses legítimos provocado por un acto u omisión de autoridad. Resulta aplicable a lo expuesto la jurisprudencia VI.2o.J/87, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que aparece en la página 364 del tomo VI del Semanario Judicial de la Federación, julio a diciembre de 1990, Octava Época, cuyo texto es: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUE CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." De lo anterior, se colige que el acto precisado como reclamado, no es susceptible de generar un agravio personal y directo al quejoso, puesto que deriva de la función indagatoria del Ministerio Público en atención a las facultades y obligaciones que le son conferidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, pueden ser desvirtuados o contrarrestados dentro de la etapa ministerial o bien, hasta que la autoridad jurisdiccional a quien corresponda conocer de la causa penal respectiva, determine sobre la procedencia en su caso, del correspondiente mandamiento de captura, momento en el cual, real y efectivamente, se afectará su esfera jurídica. No se soslaya que con la emisión del acto que en esta vía se combate, podrían derivarse actos de molestia al impetrante de amparo; sin embargo, la propia carpeta de investigación de origen se encuentra supeditada a los resultados que arrojen las diligencias de indagación que en su momento practique la representación social. De ahí que se sostenga que, de momento, no se genera afectación alguna en los derechos sustantivos de Carlos Alberto García Cortes, puesto que podría llegarse al extremo incluso de que dicho agente investigador, determine que no existe conducta delictiva alguna por la cual deba ejercerse acción penal. Por lo anterior, se afirma que el acto reclamado en el presente asunto, no es de aquéllos que generen un agravio personal y directo al quejoso para poder ser impugnado mediante el juicio de amparo indirecto, pues la integración de la carpeta de investigación donde se investiga la probable comisión de una conducta ilícita, trascendería, de ser el caso, hasta el momento en que el órgano jurisdiccional legalmente competente resuelva sobre el pedimento del fiscal investigador; o bien, como también se ha dicho, puede ocurrir que el agente del ministerio público investigador designado como responsable considere que no existen elementos para ejercer acción penal. Con base en todo lo anterior, es dable concluir que si por mandato constitucional el Ministerio Público, por una parte, tiene facultades de investigación del delito y, por otra, tiene la obligación de acreditar los elementos constitutivos de éste, es posible establecer que los actos que de manera habitual tienen verificativo dentro del desarrollo de una indagatoria para su debida integración, por ser susceptibles sus efectos de ser posteriormente contrarrestados o anulados, no trascienden de manera irreparable a la esfera jurídica del gobernado, pues no le irroga un perjuicio en este momento procesal, ya que la afectación, en todo caso, se materializa hasta que la autoridad jurisdiccional a quien corresponda conocer de la causa penal, determine en un momento dado, si resulta procedente o no librar una orden de captura. Estimar lo contrario, implicaría entorpecer dichas facultades y obligaciones que constitucionalmente se le confieren al Ministerio Público. Como apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia 1a./J. 95/2022 (11a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible bajo el registro digital 2025272, Undécima Época, Materia Común, Penal, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 17, Septiembre de 2022, Tomo III, página 2817, que dispone lo siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE PARA DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA NEGATIVA Y/U OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE PERMITIR EL ACCESO A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN A LA PARTE QUEJOSA, CUANDO ÉSTA NO HA SIDO DETENIDA, CITADA A COMPARECER O AFECTADA POR OTRO ACTO DE MOLESTIA REALIZADO EN SU CONTRA CON EL CARÁCTER DE PERSONA IMPUTADA DENTRO DE LA ETAPA DE LA INVESTIGACIÓN INICIAL Y SÓLO ADUCE QUE SOSPECHA TENER ESA CALIDAD. Hechos: Los Plenos de Circuito contendientes llegaron a posturas contrarias al sostener distintas líneas argumentativas para determinar si fue correcto o no el desechamiento de plano de una demanda de amparo promovida por una persona que sospechaba tener el carácter de persona imputada en una investigación, ello sin que previamente se le haya detenido o citado a comparecer. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo indirecto para desechar de plano la demanda relativa, cuando se promueve contra la negativa y/u omisión del Ministerio Público de permitir el acceso a la carpeta de investigación a una persona que no ha sido detenida ni citada a comparecer, ni ha sido objeto de un acto de molestia con el carácter de imputada y sólo aduce sospechar que tiene esa calidad. Justificación: Esta Primera Sala ha reconocido a los imputados el derecho de acceder a la carpeta de investigación para una mejor planificación de su defensa. Asimismo, este Alto Tribunal ha destacado la importancia que tiene el sigilo dentro de la etapa de la investigación inicial, el cual consiste en que los datos que recabe la Representación Social se deben mantener reservados al público en general, para que no se ponga en peligro el éxito de la investigación. En dichas circunstancias, para darle funcionalidad al sistema, se ha determinado que los registros de la carpeta de investigación se tendrán reservados hasta tanto no exista un acto de molestia concreto que evidencie que la persona tiene el carácter de persona imputada, esto es, que haya sido detenida, citada a comparecer o bien, sujeta a un acto de molestia encaminado a recabar su entrevista. Así, en los supuestos en los que una persona promueve una demanda de amparo indirecto contra la negativa y/u omisión del Ministerio Público de permitirle el acceso a la carpeta de investigación, pero del escrito de demanda y sus anexos sólo se advierte la mención de tener una sospecha o temor de ser investigado y, además, no se observa la existencia de un acto de molestia concreto (detención u orden de comparecencia), entonces, lo procedente será desechar de plano la demanda de amparo, ello de conformidad con los artículos 5o., fracción I, 61, fracción XII y 113 de la Ley de Amparo. La simple sospecha de ser persona investigada no deriva en ningún derecho subjetivo frente a la posibilidad de acceder a la carpeta de investigación, en ese sentido, se considera que la parte quejosa tiene sólo un interés simple, el cual deriva en una causal de improcedencia indudable y manifiesta. Finalmente, se insiste en que es de toral importancia que no se pierda el sigilo dentro de la investigación, por lo que el Juez de amparo deberá ser cuidadoso de revisar las constancias para advertir la existencia, o no, de un derecho subjetivo en favor de la parte quejosa." Asimismo, sirve de apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia 1a./J. 87/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71 del tomo XXIX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de enero de 2009, Novena Época, con registro 168201, que dice: "AVERIGUACIÓN PREVIA. EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO ES IMPROCEDENTE, POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO DEL INDICIADO, CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA POR LA QUE REVOCA EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL PROPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO Y ORDENA LA DEVOLUCIÓN DE LA CAUSA A ÉSTE PARA QUE SE RECABEN Y DESAHOGUEN DIVERSOS MEDIOS DE PRUEBA. Conforme al artículo 73, fracción V, en relación con el numeral 4o., ambos de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente cuando el quejoso carece de interés jurídico. Ahora bien, si se toma en cuenta que la comprobación de dicho interés requiere demostrar que el acto reclamado lesiona la esfera jurídica del gobernado, resulta evidente que el indiciado carece de interés jurídico y, por tanto, es improcedente el juicio de amparo indirecto que promueva contra la determinación del Procurador General de Justicia por la que revoca el no ejercicio de la acción penal propuesto por el agente del Ministerio Público y ordena la devolución de la causa a la representación social para que se recaben y desahoguen diversos medios de prueba, en tanto que ello constituye la continuación de una labor fundamental de la autoridad ministerial, conferida por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para investigar posibles hechos delictuosos, y ni la Constitución ni las leyes secundarias otorgan a los indiciados el derecho de oponerse a la continuación de una averiguación previa, aun cuando sean considerados probables responsables, pues estimar lo contrario sería tanto como anteponer el interés particular al de la sociedad. Al respecto, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la revisión, a través del juicio de amparo indirecto, de los actos acaecidos durante la averiguación previa es excepcional y debe ser determinada en aras de preservar, al menos en su expresión mínima, la función indagatoria, a fin de no entorpecer las facultades y obligaciones conferidas constitucionalmente al Ministerio Público. Además, la determinación de revocar el no ejercicio de la acción penal no causa un perjuicio actual a los indiciados, pues sus efectos no son de imposible reparación, ya que pueden desvirtuarlos o contrarrestarlos dentro de la misma etapa ministerial, a partir del ofrecimiento y desahogo de pruebas de descargo, en los términos y con los requisitos y límites que fijen las leyes; o bien, hasta que la autoridad judicial a quien corresponda conocer de la causa penal determine que procede librar la correspondiente orden de aprehensión, momento en el cual real y efectivamente se afectará su esfera jurídica." De igual forma, se cita la tesis III.2o.P.91 P (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, visible a fojas 3529 del libro 24, tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Noviembre de 2015, de noviembre de 2015, Décima Época, con registro 2010448, que estatuye: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO. SE ACTUALIZA LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XII, DE LA LEY DE LA MATERIA, SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN UNA ORDEN DE INVESTIGACIÓN EMITIDA POR EL MINISTERIO PÚBLICO EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA. De conformidad con los artículos 5o., fracción I y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, así como de la naturaleza y fines del juicio constitucional, se colige que es insuficiente que se aduzca una violación a los derechos fundamentales del gobernado para que el juicio de amparo sea procedente, pues es necesario que dicha violación produzca afectación a su esfera jurídica. En ese tenor, cuando el acto reclamado consiste en una orden de investigación emitida por el Ministerio Público en la averiguación previa, se actualiza la causa de improcedencia por falta de interés jurídico prevista en el mencionado artículo 61, fracción XII, ya que la persecución de los delitos es facultad exclusiva de esa autoridad, en representación de la sociedad, según el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, dicha función no constituye un derecho privado, es decir, no conforma la esfera jurídica de los particulares, sino un derecho social, cuyo ejercicio está atribuido constitucionalmente en exclusiva a esa institución ministerial; por ello, la citada orden no irroga afectación a la esfera jurídica del particular, al no ocasionarle un daño real y actual, presupuesto indispensable para ejercer la acción constitucional. Por consiguiente, cuando se impugna una determinación de esta naturaleza, debe desecharse de plano la demanda de amparo, por actualizarse esa causa manifiesta e indudable de improcedencia." Sin que se desatienda el criterio jurisprudencial que invoca el promovente del rubro "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LO TIENE EL QUEJOSO QUE SE OSTENTA CON EL CARÁCTER DE IMPUTADO Y RECLAMA LA NEGATIVA DEL MINSTERIO PÚBLICO DE PERMITIRLE EL ACCESO A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, EN SU ETAPA INICIAL, PARA EJERCER SUS DERECHOS DE DEFENSA.". Sin embargo, al respecto debe precisarse que dicha tesis quedó superada por la Jurisprudencia 95/2022, antes 06/10/23 1 invocada, aprobada el seis de julio de dos mil veintidós, por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de criterios 2/2022, a cuyos razonamientos este órgano jurisdiccional se remite, conforme a lo expuesto en esta determinación, al ser de observancia obligatoria para este juzgado, acorde a lo establecido en el artículo 217 de la Ley de Amparo. En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 5°, fracción I, del propio ordenamiento, lo que procede es DESECHAR la demanda de que se trata, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo Domicilio y autorizados Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda y como autorizados en términos amplios del artículo 12, del ordenamiento legal en cita, a *******, quien cuenta con su cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Medios electrónicos Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Habilitación de días y horas inhábiles Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia y acceso a la información pública En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente asunto, tiene el carácter de pública, es accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada, en forma temporal, por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. De igual forma, se hace del conocimiento que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracciones II y V de la diversa Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones que se dicten en el presente asunto se publicarán sin la supresión de los datos personales, salvo los casos de excepción; lo anterior, en la inteligencia de que las partes procesales tienen expedito el derecho de manifestar su oposición a ello, en lo respectivo a la información que se considere confidencial. Notifíquese personalmente.
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EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticinco de julio de dos mil veintitrés. Recepción de documento, formación y registro de expediente Vista la demanda promovida por *******, contra actos del Fiscal General del Estado de San Luis Potosí, por si y por personal a su cargo y otra autoridad, por una violación que estima a los derechos humanos contenidos en los artículos 1, 8, 14, 16, 17, 19, 10 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese el expediente y regístrese con el consecutivo 1015/2023-VII. Desechamiento Ahora bien, una vez analizada la demanda de amparo de que se trata, se advierte que en esencia, los actos que por esta vía se impugna se hacen consistir, según manifiesta el promovente bajo protesta de decir verdad, en la negativa de tener acceso a la carpeta de investigación instaurada en su contra, que bajo protesta de decir verdad, manifiesta tener conocimiento de su existencia. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el órgano judicial que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano; en virtud de ello, se procede a determinar tal cuestión. En ese sentido, el impetrante *****, refiere que el veinte de los actuales, una persona del sexo femenino, quien no se identificó pero portaba una placa de identificación de una dependencia, se presentó en su oficina y preguntó a su cuñada por el referido quejoso y por su domicilio, informándole que tenía una carpeta de investigación en su contra. Que al indagar en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, concretamente en la Unidad de Atención Inmediata y Justicia Alternativa, fue informado por la persona que atendía dicha unidad, que no se encontraba autorizado para brindar ese tipo de información y al constituirse en la oficialía de partes de la Unidad de Trámite Común, le comunicaron que tampoco podían informarle respecto de lo que solicitaba. Sentado lo anterior, esta instancia constitucional considera que con relación al citado acto reclamado, se surte de un modo manifiesto la causa de improcedencia prevista por la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 5°, fracción I, del citado cuerpo normativo. Dichos preceptos, en lo conducente, reseñan: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo, individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." De acuerdo a lo establecido en las disposiciones antes invocadas, se tiene que el juicio de amparo sólo podrá promoverlo la parte directamente agraviada, entendiéndose como tal, el gobernado que sufre una lesión directa a sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, por alguna ley, cualquier acto u omisión que provenga de una autoridad. Así, interés jurídico debe entenderse como el derecho que le asiste a un particular para reclamar mediante el juicio de amparo, algún acto violatorio de derechos humanos en su perjuicio; es decir, la afectación a un derecho tutelado constitucionalmente o por alguna disposición legal, o la ofensa, daño o lesión en los derechos o intereses legítimos provocado por un acto u omisión de autoridad. Resulta aplicable a lo expuesto la jurisprudencia VI.2o.J/87, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que aparece en la página 364 del tomo VI del Semanario Judicial de la Federación, julio a diciembre de 1990, Octava Época, cuyo texto es: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUE CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." De lo anterior, se colige que el acto precisado como reclamado, no es susceptible de generar un agravio personal y directo al quejoso, puesto que deriva de la función indagatoria del Ministerio Público en atención a las facultades y obligaciones que le son conferidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, pueden ser desvirtuados o contrarrestados dentro de la etapa ministerial o bien, hasta que la autoridad jurisdiccional a quien corresponda conocer de la causa penal respectiva, determine sobre la procedencia en su caso, del correspondiente mandamiento de captura, momento en el cual, real y efectivamente, se afectará su esfera jurídica. No se soslaya que con la emisión del acto que en esta vía se combate, podrían derivarse actos de molestia al impetrante de amparo; sin embargo, la propia carpeta de investigación de origen se encuentra supeditada a los resultados que arrojen las diligencias de indagación que en su momento practique la representación social. De ahí que se sostenga que, de momento, no se genera afectación alguna en los derechos sustantivos de Carlos Alberto García Cortes, puesto que podría llegarse al extremo incluso de que dicho agente investigador, determine que no existe conducta delictiva alguna por la cual deba ejercerse acción penal. Por lo anterior, se afirma que el acto reclamado en el presente asunto, no es de aquéllos que generen un agravio personal y directo al quejoso para poder ser impugnado mediante el juicio de amparo indirecto, pues la integración de la carpeta de investigación donde se investiga la probable comisión de una conducta ilícita, trascendería, de ser el caso, hasta el momento en que el órgano jurisdiccional legalmente competente resuelva sobre el pedimento del fiscal investigador; o bien, como también se ha dicho, puede ocurrir que el agente del ministerio público investigador designado como responsable considere que no existen elementos para ejercer acción penal. Con base en todo lo anterior, es dable concluir que si por mandato constitucional el Ministerio Público, por una parte, tiene facultades de investigación del delito y, por otra, tiene la obligación de acreditar los elementos constitutivos de éste, es posible establecer que los actos que de manera habitual tienen verificativo dentro del desarrollo de una indagatoria para su debida integración, por ser susceptibles sus efectos de ser posteriormente contrarrestados o anulados, no trascienden de manera irreparable a la esfera jurídica del gobernado, pues no le irroga un perjuicio en este momento procesal, ya que la afectación, en todo caso, se materializa hasta que la autoridad jurisdiccional a quien corresponda conocer de la causa penal, determine en un momento dado, si resulta procedente o no librar una orden de captura. Estimar lo contrario, implicaría entorpecer dichas facultades y obligaciones que constitucionalmente se le confieren al Ministerio Público. Como apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia 1a./J. 95/2022 (11a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible bajo el registro digital 2025272, Undécima Época, Materia Común, Penal, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 17, Septiembre de 2022, Tomo III, página 2817, que dispone lo siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE PARA DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA NEGATIVA Y/U OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE PERMITIR EL ACCESO A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN A LA PARTE QUEJOSA, CUANDO ÉSTA NO HA SIDO DETENIDA, CITADA A COMPARECER O AFECTADA POR OTRO ACTO DE MOLESTIA REALIZADO EN SU CONTRA CON EL CARÁCTER DE PERSONA IMPUTADA DENTRO DE LA ETAPA DE LA INVESTIGACIÓN INICIAL Y SÓLO ADUCE QUE SOSPECHA TENER ESA CALIDAD. Hechos: Los Plenos de Circuito contendientes llegaron a posturas contrarias al sostener distintas líneas argumentativas para determinar si fue correcto o no el desechamiento de plano de una demanda de amparo promovida por una persona que sospechaba tener el carácter de persona imputada en una investigación, ello sin que previamente se le haya detenido o citado a comparecer. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo indirecto para desechar de plano la demanda relativa, cuando se promueve contra la negativa y/u omisión del Ministerio Público de permitir el acceso a la carpeta de investigación a una persona que no ha sido detenida ni citada a comparecer, ni ha sido objeto de un acto de molestia con el carácter de imputada y sólo aduce sospechar que tiene esa calidad. Justificación: Esta Primera Sala ha reconocido a los imputados el derecho de acceder a la carpeta de investigación para una mejor planificación de su defensa. Asimismo, este Alto Tribunal ha destacado la importancia que tiene el sigilo dentro de la etapa de la investigación inicial, el cual consiste en que los datos que recabe la Representación Social se deben mantener reservados al público en general, para que no se ponga en peligro el éxito de la investigación. En dichas circunstancias, para darle funcionalidad al sistema, se ha determinado que los registros de la carpeta de investigación se tendrán reservados hasta tanto no exista un acto de molestia concreto que evidencie que la persona tiene el carácter de persona imputada, esto es, que haya sido detenida, citada a comparecer o bien, sujeta a un acto de molestia encaminado a recabar su entrevista. Así, en los supuestos en los que una persona promueve una demanda de amparo indirecto contra la negativa y/u omisión del Ministerio Público de permitirle el acceso a la carpeta de investigación, pero del escrito de demanda y sus anexos sólo se advierte la mención de tener una sospecha o temor de ser investigado y, además, no se observa la existencia de un acto de molestia concreto (detención u orden de comparecencia), entonces, lo procedente será desechar de plano la demanda de amparo, ello de conformidad con los artículos 5o., fracción I, 61, fracción XII y 113 de la Ley de Amparo. La simple sospecha de ser persona investigada no deriva en ningún derecho subjetivo frente a la posibilidad de acceder a la carpeta de investigación, en ese sentido, se considera que la parte quejosa tiene sólo un interés simple, el cual deriva en una causal de improcedencia indudable y manifiesta. Finalmente, se insiste en que es de toral importancia que no se pierda el sigilo dentro de la investigación, por lo que el Juez de amparo deberá ser cuidadoso de revisar las constancias para advertir la existencia, o no, de un derecho subjetivo en favor de la parte quejosa." Asimismo, sirve de apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia 1a./J. 87/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71 del tomo XXIX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de enero de 2009, Novena Época, con registro 168201, que dice: "AVERIGUACIÓN PREVIA. EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO ES IMPROCEDENTE, POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO DEL INDICIADO, CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA POR LA QUE REVOCA EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL PROPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO Y ORDENA LA DEVOLUCIÓN DE LA CAUSA A ÉSTE PARA QUE SE RECABEN Y DESAHOGUEN DIVERSOS MEDIOS DE PRUEBA. Conforme al artículo 73, fracción V, en relación con el numeral 4o., ambos de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente cuando el quejoso carece de interés jurídico. Ahora bien, si se toma en cuenta que la comprobación de dicho interés requiere demostrar que el acto reclamado lesiona la esfera jurídica del gobernado, resulta evidente que el indiciado carece de interés jurídico y, por tanto, es improcedente el juicio de amparo indirecto que promueva contra la determinación del Procurador General de Justicia por la que revoca el no ejercicio de la acción penal propuesto por el agente del Ministerio Público y ordena la devolución de la causa a la representación social para que se recaben y desahoguen diversos medios de prueba, en tanto que ello constituye la continuación de una labor fundamental de la autoridad ministerial, conferida por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para investigar posibles hechos delictuosos, y ni la Constitución ni las leyes secundarias otorgan a los indiciados el derecho de oponerse a la continuación de una averiguación previa, aun cuando sean considerados probables responsables, pues estimar lo contrario sería tanto como anteponer el interés particular al de la sociedad. Al respecto, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la revisión, a través del juicio de amparo indirecto, de los actos acaecidos durante la averiguación previa es excepcional y debe ser determinada en aras de preservar, al menos en su expresión mínima, la función indagatoria, a fin de no entorpecer las facultades y obligaciones conferidas constitucionalmente al Ministerio Público. Además, la determinación de revocar el no ejercicio de la acción penal no causa un perjuicio actual a los indiciados, pues sus efectos no son de imposible reparación, ya que pueden desvirtuarlos o contrarrestarlos dentro de la misma etapa ministerial, a partir del ofrecimiento y desahogo de pruebas de descargo, en los términos y con los requisitos y límites que fijen las leyes; o bien, hasta que la autoridad judicial a quien corresponda conocer de la causa penal determine que procede librar la correspondiente orden de aprehensión, momento en el cual real y efectivamente se afectará su esfera jurídica." De igual forma, se cita la tesis III.2o.P.91 P (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, visible a fojas 3529 del libro 24, tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Noviembre de 2015, de noviembre de 2015, Décima Época, con registro 2010448, que estatuye: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO. SE ACTUALIZA LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XII, DE LA LEY DE LA MATERIA, SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN UNA ORDEN DE INVESTIGACIÓN EMITIDA POR EL MINISTERIO PÚBLICO EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA. De conformidad con los artículos 5o., fracción I y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, así como de la naturaleza y fines del juicio constitucional, se colige que es insuficiente que se aduzca una violación a los derechos fundamentales del gobernado para que el juicio de amparo sea procedente, pues es necesario que dicha violación produzca afectación a su esfera jurídica. En ese tenor, cuando el acto reclamado consiste en una orden de investigación emitida por el Ministerio Público en la averiguación previa, se actualiza la causa de improcedencia por falta de interés jurídico prevista en el mencionado artículo 61, fracción XII, ya que la persecución de los delitos es facultad exclusiva de esa autoridad, en representación de la sociedad, según el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, dicha función no constituye un derecho privado, es decir, no conforma la esfera jurídica de los particulares, sino un derecho social, cuyo ejercicio está atribuido constitucionalmente en exclusiva a esa institución ministerial; por ello, la citada orden no irroga afectación a la esfera jurídica del particular, al no ocasionarle un daño real y actual, presupuesto indispensable para ejercer la acción constitucional. Por consiguiente, cuando se impugna una determinación de esta naturaleza, debe desecharse de plano la demanda de amparo, por actualizarse esa causa manifiesta e indudable de improcedencia." Sin que se desatienda el criterio jurisprudencial que invoca el promovente del rubro "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LO TIENE EL QUEJOSO QUE SE OSTENTA CON EL CARÁCTER DE IMPUTADO Y RECLAMA LA NEGATIVA DEL MINSTERIO PÚBLICO DE PERMITIRLE EL ACCESO A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, EN SU ETAPA INICIAL, PARA EJERCER SUS DERECHOS DE DEFENSA.". Sin embargo, al respecto debe precisarse que dicha tesis quedó superada por la Jurisprudencia 95/2022, antes 06/10/23 1 invocada, aprobada el seis de julio de dos mil veintidós, por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de criterios 2/2022, a cuyos razonamientos este órgano jurisdiccional se remite, conforme a lo expuesto en esta determinación, al ser de observancia obligatoria para este juzgado, acorde a lo establecido en el artículo 217 de la Ley de Amparo. En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 5°, fracción I, del propio ordenamiento, lo que procede es DESECHAR la demanda de que se trata, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo Domicilio y autorizados Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda y como autorizados en términos amplios del artículo 12, del ordenamiento legal en cita, a *******, quien cuenta con su cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Medios electrónicos Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Habilitación de días y horas inhábiles Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia y acceso a la información pública En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente asunto, tiene el carácter de pública, es accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada, en forma temporal, por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. De igual forma, se hace del conocimiento que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracciones II y V de la diversa Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones que se dicten en el presente asunto se publicarán sin la supresión de los datos personales, salvo los casos de excepción; lo anterior, en la inteligencia de que las partes procesales tienen expedito el derecho de manifestar su oposición a ello, en lo respectivo a la información que se considere confidencial. Notifíquese personalmente.
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