Carlos Alberto Franco Quiñónez
Expediente 236/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 236/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Carlos Alberto Franco Quiñónez
Actuaciones
- Principal
Culiacán, Sinaloa, nueve de diciembre de dos mil veinte. Con base en la certificación de cuenta y dado que las partes no recurrieron la sentencia dictada en este juicio de garantías, con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa con residencia en esta ciudad, dé cumplimiento al fallo protector dentro del plazo de tres días hábiles, legalmente computados; para lo cual, deberá remitir las constancias con las que acredite el acatamiento a la ejecutoria de amparo. Apercibida que en caso de desacato sin causa justificada, con sustento en los numerales 192 y 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá multa equivalente a cien unidades de medida y actualización en términos del decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de sus puestos y su respectiva consignación. En la inteligencia que el amparo y protección se concedió para el efecto de que: La Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, certifique que en el aludido juicio obrero no quedan pruebas por desahogar y conceda a las partes el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese.
- Principal
El Secretario da cuenta con las constancias relevantes, entre ellas: demanda de amparo, auto admisorio, notificación a las partes, informe justificado y prueba documental. El Juez acuerda: Téngase hecha la anterior relación de constancias y rendido el informe justificado; apertúrese la siguiente etapa. Se abre el período de pruebas, en el que a solicitud del Juez, el Secretario hace constar la documental allegada por la responsable. El Juez acuerda: Se admite dicha prueba y se tiene desahogada en razón de su propia y especial naturaleza. Al no existir medio de convicción pendiente de relacionar, admitir o desahogar, se cierra esta fase y se ordena pasar a la siguiente. Se apertura el periodo de alegatos, en el que a instancia del Juez el Secretario hace constar que las partes no los formularon y el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito presentó pedimento. El Juez acuerda: Se cierra esta fase de alegatos. Concluidas las etapas de pruebas y alegatos, se procede a dictar la sentencia que en derecho corresponda. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 236/2020. TRÁMITE. PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el veintisiete de febrero de dos mil veinte ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Culiacán Rosales, Sinaloa, Carlos Alberto Franco Quiñónez solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa. SEGUNDO. Admisión. En proveído de dos de marzo siguiente se admitió la demanda, se ordenó solicitar informe justificado a la responsable, dar intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se fijó hora y día para la audiencia constitucional, la cual inició en términos del acta que antecede. RESOLUCIÓN. PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, virtud que se reclama omisión de autoridad jurisdiccional. SEGUNDO. Acto reclamado. El quejoso reclama de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa: La omisión de dictar laudo en autos del juicio laboral 5-819/2016, así como la omisión de notificarle esa resolución. La paralización del referido juicio obrero. TERCERO. Precisión del acto reclamado. Antes de analizar la certeza del acto reclamado, es necesario fijarlo claramente, para lo cual debe estudiarse íntegramente la demanda de amparo y las constancias existentes en el expediente, pues constituyen un todo, con la finalidad de precisar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que en apariencia señaló como tal, acorde con la tesis P.VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En ese sentido, el acto reclamado en el presente juicio de amparo consiste en la omisión de la junta responsable de certificar que no quedan pruebas por desahogar y conceder a las partes el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, en términos del artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo. Lo anterior, no obstante que el quejoso haya acudido a la presente instancia constitucional reclamando por parte de la junta responsable la omisión del dictado del laudo correspondiente dentro del expediente de origen; toda vez que de la prueba documental aportada por la autoridad responsable se advierte que dicha controversia no se encuentra en estado de resolución. Hecha esa precisión, procede ahora analizar lo relativo al informe justificado rendido por la autoridad responsable. CUARTO. Actos ciertos. Es cierta la omisión reclamada a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, pues así lo manifestaron los integrantes de ese órgano colegiado al rendir informe justificado (fojas 37 a 40). Lo que se corrobora con las constancias remitidas en copia certificada por dicha autoridad relativas al juicio laboral de origen. QUINTO. Estudio de fondo. Son fundados los conceptos de violación hechos valer por el quejoso, aunque para arribar a dicha conclusión haya tenido que suplirse la deficiencia de la queja en favor del impetrante, de conformidad con el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo. Del artículo 17 constitucional se observa que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, de manera pronta, completa e imparcial; este precepto consagra el llamado derecho a la jurisdicción, cuya finalidad es que los tribunales resuelvan con prontitud, exhaustividad, imparcialidad y eficacia, las controversias que se les presenten. Establecido lo anterior, resulta oportuno destacar que de los numerales 884 y 885 de la Ley Federal del Trabajo se advierte que una vez desahogadas las pruebas en el juicio laboral, la junta concederá a las partes un término de dos días para que presenten sus alegatos por escrito, hecho lo anterior, el secretario certificará que no existen pruebas pendientes por desahogar, dando vista a las partes por un término de tres días para que manifiesten su conformidad con dicha certificación, una vez transcurrido ese término el auxiliar declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes formulará por escrito el proyecto de laudo. Conforme a lo expuesto, la responsable vulnera en perjuicio del quejoso el derecho humano consagrado en el artículo 17 Constitucional, en atención a que ha incumplido con su obligación consistente en, de oficio, certificar que no quedan pruebas por desahogar y conceder a las partes el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, a pesar de haber trascurrido en exceso los dos días que establece la fracción V del numeral 884 de la Ley Federal del Trabajo. Lo anterior es así, en virtud que de las copias certificadas allegadas por la Junta responsable se advierte el proveído de nueve de enero de dos mil veinte (foja 41) dictado en autos del juicio laboral de origen 5-819/2016, del que se advierte que en esa fecha, una vez que se asentó que no existían pruebas pendientes para su desahogo, se concedió a las partes un término de dos días para que expresaran sus alegatos, sin que se advierta alguna otra actuación posterior, por tanto, han transcurrido más de diez meses sin que la responsable hubiese certificado que no quedan pruebas por desahogar y conceder a las partes el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación. Luego, la responsable no atendió los plazos establecidos por la Ley Federal del Trabajo para certificar que no quedan pruebas por desahogar y conceder a las partes el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, para posteriormente cerrar la instrucción y dictar el laudo correspondiente; de ahí, lo fundado del motivo de disenso en análisis. En consecuencia, lo procedente es conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitado por Carlos Alberto Franco Quiñónez. SEXTO. Efectos o medidas en que se traduce la concesión del amparo. En consideración del acto reclamado y la etapa procedimental en que se ubica el juicio laboral 5-819/2016, la concesión de amparo se otorga para efectos que: La Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, certifique que en el aludido juicio obrero no quedan pruebas por desahogar y conceda a las partes el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación. Por lo expuesto y fundando, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Carlos Alberto Franco Quiñónez. Notifíquese.
- Principal
Culiacán, Sinaloa, quince de octubre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el oficio y anexo remitidos por los integrantes de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, mediante el cual rinden informe justificado, en el que manifiesta son ciertos los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba documental la que se remite con el referido informe. Con sustento en el numeral 117 de la citada legislación, con el informe y documento de referencia dese cuenta y hágase relación en la audiencia constitucional. En atención a lo anterior, resulta evidente que iniciará el cómputo relativo al término que se les otorga a las partes para que tengan conocimiento del informe justificado rendido por dicha autoridad responsable, a efecto de que estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que estimen convenientes; lo anterior, en términos del artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo en vigor. En consecuencia, procede diferir la audiencia constitucional señalada para este día y, en su lugar, se fijan las ONCE HORAS CINCUENTA MINUTOS DEL DOCE DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, para su celebración.
- Principal
Culiacán, Sinaloa, siete de octubre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el alegato ministerial signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formuladas las manifestaciones que vierte en forma de alegatos, mismas que serán tomadas en consideración al resolver en definitiva el juicio de amparo en que se actúa, en conjunto con las acordadas en proveído de seis de marzo del año en curso..
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