Carlos Alberto Franco Loza

Expediente 2467/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
2467/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
24/10/2019

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Franco Loza

Actuaciones

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el escrito de cuenta signado por la parte quejosa *****, a través del cual solicita a este juzgado federal se requiera a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, den cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio. En consecuencia, con sustento en los ordinales 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase de nueva cuenta a la autoridad en cita, para que dentro del término de CINCO DÍAS, siguiente al en que reciba el oficio de notificación correspondiente, se sirva acatar en sus términos la sentencia concesoria de amparo, o bien, informe las gestiones que se encuentra realizando a fin de acatarla. Apercibida que de no hacerlo con causa justificada, se le impondrá una medida de apremio consistente en multa a cada una por el equivalente a doscientos valores diarios de la unidad de medida y actualización, acorde con los preceptos 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo en vigor. Se le hace del conocimiento a la mencionada autoridade, que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este Juzgado de Distrito, hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo el Titular respectivo dejara el cargo que desempeña, seguirá teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el arábigo 193 de la Ley citada.

  2. Principal

    ** TEPIC, NAYARIT, DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la certificación de cuenta, se desprende que no se interpuso medio de impugnación en contra de la sentencia de veinticinco de septiembre del año en curso (fojas 49 a 66), dentro del plazo que prevé el ordinal 86 de la legislación de la materia; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los dispositivos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al ordenamiento legal citado en primer término, se declara que la referida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, para que dentro del plazo de SIETE DÍAS, siguientes al en que reciban el oficio correspondiente, den cumplimiento al fallo protector concedido. Apercibidas que de no hacerlo sin causa justificada, con fundamento en el numeral 258 de la ley de la materia, se les impondrán una multa equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, apartado b, párrafos sexto y séptimo constitucional, en relación con el segundo y tercer transitorio del decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. Asimismo, se les hace del conocimiento que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este Juzgado Federal hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo los titulares respectivos dejaran el cargo que desempeñan, seguirán teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el ordinal 193 de la ley citada. **

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexos, recibidos en este Juzgado Federal el veintisiete de septiembre del año actual (fojas 136 a 138), la Delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que se dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. Luego, mediante proveído de treinta de septiembre de la presente anualidad (foja 139), se dio vista a la parte quejosa con el oficio aludido y anexos, para que en el plazo de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que, de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. El acuerdo en mención se notificó a la parte quejosa el uno de octubre del presente año (foja 140); por tal motivo, el término de tres días otorgado a dicha parte, para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación al cumplimiento a la ejecutoria de amparo, al día de hoy ya transcurrió, conforme se advierte de la certificación de cuenta, sin que hasta el día de hoy se hubiere efectuado manifestación alguna. Por tal motivo, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo Vigente, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En ese tenor, se tiene que por sentencia dictada el diecisiete de mayo del año en curso (fojas 31 a 45), se determinó conceder a Gilberto Silva Vélez, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para tal efecto de que: a) Los artículos 24, fracción XXI, 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, así como sus correlativos del 76 al 82 de la Ley de Hacienda para el Estado de Nayarit, que prevén, respectivamente, el refrendo alcoholes y los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit sean desincorporados de la esfera jurídica del amparista, tanto en el presente como en el futuro. b) El Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, devuelva las contribuciones erogadas por el amparista, determinadas en el recibo de pago exhibido por el agraviado previstas en los preceptos normativos declarados inconstitucionales. c) Para que dicho Recaudador, no realice el cobro de los impuestos contenidos en los artículos 11, 12 y 13 de la ley aquí combatida y por consecuencia, hacer la devolución del pago que realizó la parte quejosa, por los impuestos referidos con antelación. d) De igual modo, las cantidades remanentes a devolver, así como las cantidades pagadas por impuestos adicionales, deberían ser debidamente actualizadas. e) Sin que lo anterior, incluyera la devolución del concepto "comisión bancaria", en razón de que éste, así como el precepto normativo que lo sustenta no fue señalado como acto reclamado por la parte quejosa. Resolución que fue confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, dentro del amparo en revisión administrativo 371/2019 (fojas 105 a 120). En cumplimiento a ello, mediante oficio y anexos, recibidos en este Juzgado Federal el veintisiete de septiembre del año actual (fojas 136 a 138), la Delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que se dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa y para tal efecto señaló que se entregó el cheque 1452, a la parte quejosa, valioso por la cantidad de $8,196.97(ocho mil ciento noventa y seis pesos 97/100); devolución que se realizó el veinticuatro de septiembre del año actual; de igual manera, informó la forma en que se realizaron las operaciones para dar cumplimiento al fallo protector. En ese tenor, al monto total de $8,153.24 (ocho mil ciento cincuenta y tres pesos 24/100 moneda nacional), debía descontarse el concepto "comisión bancaria" por la cantidad de $3.00 (tres pesos 00/100 moneda nacional), en razón de que éste, así como el precepto normativo que lo sustenta no fue señalado como acto reclamado por la parte quejosa, por lo que al restar esa cantidad al monto total se obtiene el valor de $8,150.24 (ocho mil ciento cincuenta pesos 24/100 moneda nacional) y esa cantidad debía ser actualizada, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, y el veinticuatro de septiembre de ese mismo año se efectúo la devolución mediante cheque a la parte peticionaria del amparo; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de febrero a agosto de dos mil diecinueve (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de febrero de este año fue 103.079; y para el mes de agosto del año en curso 103.670. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.0057334. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $8,196.96 (ocho mil ciento noventa y seis pesos 96/100 moneda nacional). Así de las constancias que obran en autos se advierte que la citada autoridad responsable acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que devolvió a la parte quejosa la cantidad total de $8,196.97 (ocho mil ciento noventa y seis pesos 97/100 moneda nacional), que pagó por conceptos de refrendo alcoholes, fomento a la educación, asistencia social e impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit, con su correspondiente actualización. Sin que pase inadvertido que la responsable devolvió a la quejosa un excedente por la cantidad de $00.01 (un centavo moneda nacional), pero dicho monto no tiene relevancia económica para considerar que el fallo protector no se encuentra cumplido, dado que la concesión del amparo era para que le devolviera al solicitante de amparo la cantidad que solicitó y si está es mayor a la peticionada es responsabilidad de la responsable; además, dicho ente debe de agotar los medios necesarios para gestionar dicha devolución, por lo que se dejan a salvo sus derechos a fin de que si así lo desea recupere el citado excedente. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la ley de la materia, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y vigésimo segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este juzgado federal determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio constitucional se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que no se tramitó. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

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