Carlos Alberto Cruz Villar

Expediente 39/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 10 actuaciones registradas, la última del 26 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
39/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
26/01/2023

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Cruz Villar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad

    Ciudad de México, veintiséis de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, de los que se advierte que transcurrió el término de tres días otorgado a las quejosas en auto de cinco de enero de dos mil veintitrés, a efecto de que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto al cumplimiento de la sentencia, sin que hayan realizado manifestación alguna al respecto. Por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida. En primer lugar, cabe señalar que se concedió la protección constitucional para los efectos siguientes: "En ese sentido, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa respecto del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, publicado el 9 de diciembre de 2013, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, para el efecto de que, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Lo anterior, sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente, en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, se determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho de la parte quejosa para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación para desvirtuar esos hechos u omisiones, o en su caso, el monto de las contribuciones omitidas. Resulta aplicable, el criterio contenido en la Jurisprudencia 2a./J.161/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal del país, aprobada en sesión privada del 19 de octubre de 2016, que a la letra señala: REVISIÓN ELECTRÓNICA. EFECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 53-B, FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. La concesión del amparo contra la referida norma debe ser para el efecto de que, en caso de haberse instaurado un procedimiento de revisión electrónica al quejoso durante su vigencia y éste no hubiera ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con ese propósito debe declararse insubsistente. Lo anterior sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho del quejoso para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación a efecto de desvirtuar esos hechos u omisiones o, en su caso, el monto de las contribuciones omitidas. Sin que el amparo concedido respecto del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, se haga extensivo a los artículos 61 y 62 de su reglamento; toda vez que dichas disposiciones reglamentarias desarrollan supuestos normativos diversos del procedimiento de fiscalización al que se considera violatorio del derecho fundamental de audiencia de la parte quejosa." En ese orden de ideas, el efecto protector de la sentencia ejecutoriada consiste en que el jefe del Servicio de Administración Tributaria, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a las quejosas y éstas no hayan ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Ahora bien, para acreditar el acatamiento de la sentencia la citada autoridad responsable manifestó mediante oficio registrado con folio 182 que no realizó el procedimiento de fiscalización electrónica a las quejosas y que no existen actos de cobro que dejar insubsistentes. Sin que las quejosas realizaran señalamiento alguno al respecto. Por tanto, la suscrita estima que el cumplimiento del fallo ha quedado sin materia, lo que impide que pueda llevarse a cabo su ejecución, pues no se está en aptitud legal de exigirlo dado que no se instauró procedimiento de revisión electrónica a la quejosa. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluído. Notifíquese por medio de lista a la quejosa *********, en cumplimiento a lo ordenado en auto de veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis, y a las quejosas ********************en cumplimiento a lo ordenado en acuerdo de dieciséis de enero de dos mil veintitrés.

  2. Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad

    Ciudad de México, veintinueve de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de tres días concedido al denunciante en auto de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento de la resolución aquí dictada informado por las autoridades denunciadas, sin que haya realizado manifestación alguna al respecto, a pesar de estar notificada del proveído en el que se le requirió para tal efecto. En consecuencia, con fundamento en el párrafo segundo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a emitir el pronunciamiento respecto al cumplimiento de la sentencia emitida en la Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad que nos ocupa, con base en las constancias que obran agregadas en autos y lo informado por las referidas autoridades denunciadas. En ese sentido, conviene señalar que en la sentencia correspondiente a la presente Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, se declaró fundada y se ordenó lo siguiente: "En este sentido, con fundamento en los artículos 77, fracción I, y 210 de la Ley de Amparo, se declara la ilegalidad de los actos denunciados, por lo que a fin de restituir a la parte denunciante en el pleno goce de su derecho humano violado, a saber, el de recibir como producto de su encargo una remuneración adecuada, irrenunciable y proporcional a sus responsabilidades, como lo manda el artículo 127, párrafo primero, constitucional, el Director General, el Secretario Administrativo y la Subdirectora de Recursos Humanos, todos del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV), en el ámbito de su competencia, dentro del plazo de tres días contados a partir de la notificación de esta resolución, realicen lo siguiente: Deberán dejar sin efectos la aplicación, en contra de Carlos Alberto Cruz Villar del artículo 6, fracción III, párrafo segundo, de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, a partir de la fecha en que surtió efectos la ejecutoria pronunciada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada 108/2018. Como consecuencia de lo anterior, deberán devolverle las cantidades retenidas y enteradas al fisco federal en cumplimiento al precepto declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada 108/2018; reintegrándole como parte de sus prestaciones, percepciones extraordinarias u otros conceptos, el pago de las contribuciones causadas en razón de las remuneraciones a su cargo, por concepto de impuesto sobre la renta, sin los descuentos fundados en la norma referida a partir de la fecha en que surtió efectos la ejecutoria pronunciada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada 108/2018 y por el tiempo que subsistió la aplicación. Asimismo, deberán dejar insubsistentes todos y cada uno de los efectos y consecuencias derivados de la aplicación de la porción normativa declarada inválida por la Suprema Corte en la acción de inconstitucionalidad referida. ." Ahora bien, con la finalidad de determinar si se ha dado o no cumplimiento a la referida resolución, se procede al estudio de las constancias que obran en autos, a las que el suscrito otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 de Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2o., al tratarse de actuaciones de las autoridades del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV), en ejercicio de sus funciones. Por auto de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, se recibió el oficio remitido por el apoderado legal del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV), por medio del cual informó el cumplimiento dado por las autoridades Director General, Secretario Administrativo y Subdirectora de Recursos Humanos; todos del referido Centro de Investigación y exhibió copia del cheque 538696, a nombre de ************, por la cantidad de $334,837.55 (trescientos treinta y cuatro mil ochocientos treinta ********************), el cual fue entregado el trece de diciembre de dos mil veintidós, exhibiendo el original del acta correspondiente en la que se hizo entrega de dicho documento (cheque) al aquí denunciante, asentándose por el recibo del mismo la leyenda: "Recibí cheque original ********************13/12/2022 Una firma y una huella digital" Asimismo, se advierte que la cantidad de referencia, se entregó al denunciante por el concepto de devolución del Impuesto Sobre la Renta retenido en exceso por dejar insubsistente la aplicación del artículo 6, fracción III, de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Todo lo anterior, se hizo del conocimiento del denunciante, mediante la vista ordenada en el proveído de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, sin que al efecto haya realizado manifestación alguna pese a encontrarse apercibida y debidamente notificada. Por tanto, del análisis de las manifestaciones realizadas por las autoridades denunciadas y las constancias exhibidas por ellas en cumplimiento a la resolución, se advierte que cumplieron en sus términos con ésta. Con lo anterior, se estima que se encuentran colmados los efectos establecidos en el fallo dictado en la Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad realizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada 108/2018, por lo que debe concluirse que la misma está cumplida, sin exceso o defecto alguno. Notifíquese, y personalmente al denunciante.

  3. Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad

    Ciudad de México, diecinueve de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio suscrito en representación del Director General, del Secretario Administrativo y de la Subdirectora de Recursos Humanos, todos del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV), por medio del cual se informa el cumplimiento dado a la sentencia dictada en este expediente y al efecto, se anexan copias de la póliza y del cheque número ********************, así como el original del acta administrativa de trece de diciembre de dos mil veintidós, de la que se advierte que dicho título de crédito fue entregado al denunciante. Cabe destacar que el artículo 210 de la Ley de Amparo remite para el cumplimiento de la resolución de la denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad a las reglas establecidas en los numerales 192 a 196 de dicha ley. El referido artículo 210 de la Ley de Amparo, en lo conducente, señala: "Artículo 210. Si con posterioridad a la entrada en vigor de la declaratoria general de inconstitucionalidad, se aplica la norma general inconstitucional, el afectado podrá denunciar dicho acto: I. La denuncia se hará ante el juez de distrito que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto denunciado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, el trámite se llevará ante el juez de distrito que primero admita la denuncia; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre ella o, en su caso, el que primero la haya recibido. Cuando el acto denunciado no requiera ejecución material se tramitará ante el juez de distrito en cuya jurisdicción resida el denunciante. El juez de distrito dará vista a las partes para que en un plazo de tres días expongan lo que a su derecho convenga. Transcurrido este plazo, dictará resolución dentro de los tres días siguientes. Si fuere en el sentido de que se aplicó la norma general inconstitucional, ordenará a la autoridad aplicadora que deje sin efectos el acto denunciado y de no hacerlo en tres días se estará a lo que disponen los artículos 192 al 198 de esta Ley en lo conducente. Si fuere en el sentido de que no se aplicó, la resolución podrá impugnarse mediante el recurso de inconformidad; [.]" Del contenido del artículo trascrito, se advierte el procedimiento a seguir en los casos en los que se determine que se aplicó la norma general declarada inconstitucional, tal como ocurrió en este caso. VISTA CON CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA Por tanto, con el oficio y anexos de cuenta, con fundamento en el artículo 196, primer y segundo párrafos, de la Ley de Amparo, dese vista al denunciante por el plazo de tres días para que manifieste lo que a su derecho convenga. Lo anterior, en el entendido de que una vez transcurrido el término otorgado con desahogo de la vista o sin él, este órgano judicial dictará la resolución correspondiente. Notifíquese, y personalmente al denunciante.

  4. Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad

    Ciudad de México, trece de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado electrónicamente en representación del Jefe del Servicio de Administración Tributaria, por el que interpone recurso de revisión contra la sentencia dictada en autos, atento a su contenido, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyanse entre las partes, incluido al Fiscal Ejecutivo Asistente la copia del oficio de agravios y dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al que se integre debidamente el expediente, sin ulterior acuerdo, remítanse el original y copia del oficio de expresión de agravios, así como el expediente principal al tribunal colegiado de circuito del centro auxiliar de la primera región, en turno, para la substanciación del medio de impugnación. En ese sentido, con copia del recurso de revisión y de esta determinación, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, sin que sea necesario agregar en este momento alguna otra constancia a dicho cuaderno, toda vez que este juzgado auxiliar cuenta con el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) en el que se encuentra debidamente digitalizado este expediente. Asimismo, se hace del conocimiento del tribunal colegiado que conozca del asunto que, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, el expediente electrónico se encuentra debidamente integrado, ya que se han incorporado a éste todas la promociones, documentos, autos y resoluciones, el cual está a su disposición en el Sistema de Integración y Seguimiento de Expedientes (SISE); por tanto, instrúyase a la oficial judicial "A" a efecto de que realice los movimientos informáticos necesarios para tal efecto. Notifíquese; y, personalmente a la quejosa.

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