Carlos Alberto Cruz Campuzano
Expediente 1244/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1244/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 01/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · Morelos
Partes del expediente
- Carlos Alberto Cruz Campuzano
Actuaciones
- Principal
Se declara firme el auto por el que se desechó la demanda de amparo. Archívese el presente asunto como totalmente concluido.
- Principal
Se desecha por improcedente la demanda de amparo, por la causal prevista en el artículo 61, fracción XXII, en relación con el 107, fracción V, a contrario sensu de la ley de amparo.
- Principal
AVISO.- POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO FEDERAL, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE DIECISIETE DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN SU SINTESIS DICE: ? Registro de la demanda. Fórmese el expediente de amparo correspondiente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número que le corresponda. Ahora bien, sin proveer sobre la admisión de la demanda de amparo antes señalada, con fundamento en lo dispuesto por los ordinales 112 y 113, de la Ley de la Materia, se desecha la misma, en atención a que de su contenido, este Juzgado Federal advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, cuyo estudio corresponde efectuar oficiosamente de acuerdo con el numeral 62, de la Ley de la Materia. No obstante que del capítulo del acto reclamado el quejoso se duele de la negativa de la autoridad señalada como responsable en señalar fecha para el desahogo de la testimonial ofrecida por la parte actora, de una lectura integral de la demanda se advierte el acto reclamado consiste en el pronunciamiento de la autoridad responsable Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, al señalar la audiencia de ley en el juicio laboral 01/464/2019-II, excesivamente lejana para la parte quejosa. Sin embargo, dicho acto no es susceptible de analizarse en esta instancia constitucional, tomando en cuenta que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establece la procedencia del juicio de amparo contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que al determinarse la procedencia del juicio de amparo contra actos en juicio que sean de imposible reparación, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. De acuerdo con lo sustentado por el Alto Tribunal, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: La primera, la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva" (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión ?esta última? que se opone con la de "formal o adjetiva". Luego, tomando en consideración que en la demanda de amparo se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, así como violaciones a los artículos 14 y 17 de la Ley Suprema, el acto que reclama no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra la parte quejosa, sino que se da justamente dentro del mismo, al señalar la autoridad responsable Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, fecha para que tenga verificativo audiencia de ley en el juicio laboral 01/464/2019-II, considerada por la parte quejosa como excesivamente lejana. Ello, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8º constitucional. Sin embargo, debe tenerse presente que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que la parte quejosa es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Es así que tratándose de procedimientos jurisdiccionales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones, de ahí que, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. En ese sentido se tiene que el argumento de la quejosa para acudir a la presente instancia constitucional, se basa esencialmente en el hecho de que la autoridad laboral transgredió en su perjuicio el derecho que a su favor tutela el artículo 17 de la Constitución Federal, en tanto que de dicho numeral se deriva que los tribunales impartirán justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; lo anterior, porque al emitir el proveído de veinticinco de junio de dos mil diecinueve, la Junta responsable señaló una fecha distante para el verificativo de la audiencia bifásica en el juicio laboral 01/464/2019-II; esto es, fuera del lapso de quince días señalado por la Ley Federal del Trabajo, en el caso para el nueve de octubre de dos mil diecinueve. En efecto, la parte quejosa se duele de la actuación de la responsable, con base en la cual, llegada la fecha inicialmente señalada para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, al no encontrarse emplazada la parte demandada señaló el nueve de octubre de dos mil diecinueve, para el verificativo de la audiencia de ley; fecha que la impetrante combate en el presente juicio, pues aduce que no se ajustó a los términos establecidos en la ley aplicable. Por lo que ello no significa que exista una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, puesto que tal circunstancia se considera justificada atendiendo al cúmulo de asuntos de los que conocen los tribunales en materia del trabajo, así como el periodo vacacional que gozan y que es un hecho notorio derivado de la tramitación de los juicios de amparo radicados en este Juzgado de Distrito contra esa y otras autoridades laborales. En consecuencia, como la parte quejosa reclama actos que no son de imposible reparación y tampoco afectan algún derecho sustantivo, pues no se advierte que exista una abierta dilación del procedimiento o paralización total del mismo, con apoyo en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo por improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2ª/J.48/2016, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, décima época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente.". ? Publicación de datos personales. En cumplimiento a lo establecido en los artículos 8 y 9 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual fue publicada en cuatro de mayo de dos mil quince, en relación con los numerales 5°, 6°, 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, se señala a las partes que podrán oponerse a la publicación de sus datos personales, así como en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar sí contienen información de carácter reservada o confidencial, para los efectos legales a que se contraen los aludidos numerales. ? Domicilio procesal y autorizados. Por otra parte, se tiene por señalado el domicilio que indica la parte quejosa para los efectos de oír y recibir notificaciones. Se tiene por autorizado de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo al profesionista Raúl Macedo Antúnez, por tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y por autorizadas únicamente para el efecto de oír y recibir notificaciones a las demás personas señaladas en el escrito de demanda por no contar con dicho requisito. ? Autorización de días y horas inhábiles. Se autoriza a los Actuarios adscritos a este Órgano Jurisdiccional, para que efectúen las notificaciones de carácter personal inclusive en días y horas inhábiles, como lo previene el artículo 21 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente.
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