Carlos Alberto Cordoba Bazaldua
Expediente 587/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León. 12 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 587/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León · Nuevo León
Partes del expediente
- Carlos Alberto Cordoba Bazaldua
- Juez de Control y de Juicio Oral Penal en el Estado de Nuevo León
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, así como la certificación de cuenta, se desprende que por auto dictado el trece de noviembre del presente año, se dio vista a las partes con los oficios y constancias exhibidas por la responsable Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado, para que dentro del término de tres días, contados a partir de la legal notificación de dicho proveído, manifestaran lo que a su interés conviniere respecto a la forma en que dicha potestad dio cumplimiento al fallo protector dictado en el presente juicio, apercibidas que de ser omisas al respecto, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obraren en el expediente y los datos aportados por el ente de imperio señalado como responsable. Establecido lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la ley de la materia, se procede a declarar si la sentencia está o no cumplida, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Al efecto, debe tenerse en cuenta que la sentencia constitucional terminada de engrosar el veintiocho de septiembre de esta anualidad, concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso, para los efectos siguientes: "DÉCIMO PRIMERO. Conclusión. Frente a ese panorama, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, se CONCEDE a Carlos Alberto Córdoba Bazaldúa, el amparo y protección de la justicia federal para el efecto de que la autoridad responsable Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado, con residencia en esta ciudad, realice lo siguiente: Una vez cause ejecutoria la presente determinación, de forma inmediata: 1. Deje insubsistente la resolución pronunciada en audiencia de veintitrés de junio de dos mil veintitrés, en la que prorrogó la prisión preventiva justificada impuesta como medida cautelar a ************************. 2. Deberá citar a las partes a una audiencia de revisión de medida cautelar, que deberá celebrar dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, en la que, siguiendo los lineamientos de la presente sentencia y sin conceder intervención a las partes, determine que el Ministerio Público no justificó la prolongación de la medida cautelar, por lo que ordenará su cese inmediato. 3. Previo debate entre las partes, con libertad de jurisdicción podrá imponer alguna o algunas otras medidas cautelares de las contempladas en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, distintas a la prisión preventiva." Resolución protectora que no fue recurrida por ninguna de las partes, causando ejecutoria el seis de noviembre de esta anualidad; en consecuencia, se requirió a la potestad responsable que diera cumplimiento a la misma. En acatamiento a lo anterior, se advierte que mediante oficio 112427/2023 (registrado bajo folios 10483 y 10522), remitido por la Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado, manifestó el cumplimiento al fallo protector dictado en el juicio de amparo en que se actúa, remitiendo copia certificada del registro de videograbación de la audiencia desahogada el ocho de los cursantes, a fin de acreditar su dicho. Enseguida, por acuerdo emitido el trece de noviembre siguiente, se dio vista a las partes para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés conviniera, sin que hayan realizado exposición alguna. En ese tenor, de las constancias relativas al cumplimiento dado por la responsable, las cuales merecen eficacia probatoria en los términos de lo previsto por los artículos 129, 202 y 217, párrafo segundo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ponen de relieve que el juez de control responsable, dentro de la carpeta judicial 11666/2023, cumplió de la siguiente manera: La responsable comunicó que tuvo por recibido el oficio en el cual se le requirió el cumplimiento de la sentencia constitucional emitida; dejó insubsistente la resolución de veintitrés de junio del año en curso (dando con ello cumplimiento al punto número uno de los efectos de la concesión de amparo), y en su lugar, conforme al arábigo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales, convocó a las partes a una audiencia de modificación de medida cautelar, señalando las dieciséis horas del ocho de noviembre de esta anualidad para su desahogo; finalmente, realizó los apercibimientos de ley a la partes para el caso de incomparecencia (acatando con ello, la parte relativa a la citación de los interesados para el desahogo de audiencia, precisado en el numeral dos de los efectos de la resolución protectora de derechos fundamentales). Posteriormente, informó que en audiencia desahogada el el ocho de los actuales, dentro del expediente judicial de referencia, realizó lo siguiente: Declaró insubsistente la prórroga de la medida cautelar impuesta al quejoso *************************** (prisión preventiva justificada) el veintitrés de junio de esta anualidad, ya que determinó que el ministerio público no justificó la prolongación de la misma, decretando su cede inmediato. Impuso al agraviado la medida cautelar establecida en la fracción XIII, del dispositivo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistente en resguardo domiciliario. Remitió comunicado al centro penitenciario donde se encontraba recluido el impetrante de amparo ordenado su inmediata libertad, única y exclusivamente por lo que hace a la carpeta judicial de referencia. Para justificar lo anterior, allegó un disco DVD que contiene el audio y video de la multicitada audiencia de ocho del mes y año que transcurre. Ahora, a la reproducción del disco versátil digital relativo a la audiencia de referencia, se advierte que la misma fue presidida por María del Rocío Alanís Guerrero como Jueza de Control y de Juicio Oral Penal del Estado, contando con la comparecencia de ***********************, en su carácter de Agente del Ministerio Público Investigador, César Andrés Esquivel Jasso, Defensor particular de los investigados, y los imputados *********************** (aquí quejoso) ********************** y ******************* La jueza de control indicó que la audiencia era con motivo del cumplimiento a las ejecutorias de amparo dictadas por este juzgado de distrito en los sumarios constitucionales 587/2023, 588/2023 y 589/2023, precisando que los asuntos fueron interpuestos contra la determinación de no variación de la medida cautelar, de veintitrés de junio de esta anualidad, emitida en la carpeta judicial 1666/2023 -lo que aconteció de las 17:11:20 a 17:12:17, en tiempo real-. Luego, citando los arábigos 77 y 192 de la Ley de Amparo, indicó proceder a cumplimentar la ejecutorias de amparo, destacó que en autos previo se dejó insubsistente la resolución emitida en audiencia de veintitrés de junio de esta anualidad, donde se prolongó la medida cautelar de prisión preventiva justificada en contra de los imputados -entre ellos el aquí quejoso-; a continuación, destacó los efectos para los cuales fue concedida la protección de la justicia federal (lo que aconteció desde las 17:12:18 a 17:13:37, en tiempo real). Seguidamente, la resolutora expresó que el primer punto de la concesión de amparo ya había sido acatado mediante auto de fecha anterior. Después de exponer las consideraciones vertidas por este Juzgado de Distrito, en la sentencia que concedió el amparo a la parte quejosa, indicó la juez de control que se determinó que la decisión de prolongar la reclusión de una persona con motivo de la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva, debe someterse a un escrutinio elevado de justificación y que la carga de justificar esa situación corresponde al Agente del Ministerio Público, resolviendo la autoridad responsable, que en el asunto en concreto eso no aconteció -lo que sucedió de las 17:13:55 a 17:27:19, en tiempo real-. Lo determinó así, pues en lo que interesa para la emisión de esta determinación, la jueza de control arguyó que respecto de ************************, la defensa solicitó en la audiencia reclamada, que se revisara la medida cautelar de prisión preventiva justificada al considerar que habían variado objetivamente las condiciones, en virtud de que consideró, que se demostró el arraigo del investigado en esta entidad federativa, describiendo los datos de prueba incorporados para demostrar ese aspecto; luego, expuso que la Agente del Ministerio Público solicitó que se continuara con la prisión preventiva justificada, pues no habían variado objetivamente las condiciones, peticionando que no se modificara la misma, puntualizando los motivos con los que el ente persecutor de delitos sustentó su solicitud -lo que aconteció de las 17:27:28 a 17:28:40, en tiempo real-. Consecuentemente, establecidas las posturas de las partes, previa motivación expuesta por la juez de primer grado, donde esencialmente destacó lo argumentado por este juzgado en la resolución constitucional -lo que aconteció de las 17:34:26 a 17:39:34, en tiempo real-, determinó que en el caso concreto no resulta factible acceder a lo peticionado por la fiscalía, por lo que al no justificar la prolongación de la medida cautelar, resolvió el cese inmediato de la misma (cumpliendo así el diverso aspecto del numeral dos de los efectos de la sentencia de amparo). Seguidamente, indicó que procedería al debate para la imposición de diversa medida cautelar, atendiendo a lo que fue ordenado en el punto número tres de la sentencia protectora de derechos humanos, la que debería de ser distinta a la de prisión preventiva. Así, la Agente del Ministerio Público en uso de la voz, peticionó que se impusiera al aquí agraviado la medida cautelar de resguardo domiciliario, exponiendo los argumentos sustento de su petición. Ante ello, en su intervención el defensor del investigado no manifestó oposición a esa solicitud. Con lo argumentado por las partes, la jueza de control resolvió acceder a favor del ente persecutor de delitos e impuso al quejoso ***********************, la medida cautelar de referencia, a cumplimentar en el domicilio ubicado en calle ************************* A continuación, la resolutora ordenó la inmediata libertad de los investigados, entre ellos el aquí quejoso *****************, para efecto de que cumpla el resguardo domiciliario que le fue impuesto. Después de acceder a diversas peticiones elevadas por la defensa del agraviado, ordenó comunicar esa determinación a este órgano jurisdiccional, y finalizó la audiencia a las diecisiete horas con cuarenta y nueve minutos de esa misma data. En consecuencia, si la protección constitucional se concedió al quejoso ************************, para el efecto de que el Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado, actuaran en los términos que se han precisado en líneas previas. Por ende, al haber actuado la responsable de esa manera, se considera que se acató el fallo protector en sus términos. En ese contexto, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, por lo que refiere al hecho de que si la autoridad responsable, en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, incurrió en exceso o defecto, a juicio de quien resuelve, es claro que ésta no fue más allá del alcance de la ejecutoria que concedió la protección federal (exceso de ejecución), ni existió omisión en el estudio y resolución de las cuestiones que se le ordenó resolver conforme a los términos y fundamentos legales de la propia ejecutoria con la que estaba vinculada (defecto de ejecución). Bajo dichas circunstancias, se estima que mediante la determinación referida, la responsable, dio cabal cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo de esta manera al quejoso en el goce de las garantías violadas, con apego en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo; por lo que de conformidad con lo previsto en el diverso artículo 196, párrafo tercero, de la propia ley; en las relatadas condiciones, lo procedente es declarar que la ejecutoria ha quedado cumplida. Finalmente, comuníquese el presente auto a las partes para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar; en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.
- Principal
Visto lo de cuenta, se tienen por recibidos los oficios 112427/2023, remitidos por la autoridad responsable Juez de Control y de Juicio Oral Penal en el Estado, con sede San Nicolás de los Garza, Nuevo León, mediante el cual, informa lo relativo al cumplimiento del fallo protector, en el que la justicia de la unión amparó y protegió al quejoso **************************, para lo cual, adjunta copia certificada del registro de videograbación de la audiencia desahogada el ocho de los cursantes, a fin de acreditar su dicho. En consecuencia, dese vista a las partes con el contenido del citado oficio, para que manifiesten lo que a su derecho convenga; con el apercibimiento que de no manifestarse al respecto dentro del término de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, atendiendo a lo informado por la responsable y las constancias que obren en autos, esta autoridad emitirá resolución fundada y motivada en la que declarará si la sentencia está o no cumplida, con apoyo en el referido informe y con las demás constancias que integran este expediente.
- Principal
Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el oficio 111690/2023, remitido por la autoridad responsable Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado, con sede en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a través del cual, a fin de dar observancia a la ejecutoria dictada en el presente asunto, comunica que, dentro de la carpeta judicial 11666/2023, instaurada contra ************************** y otros, dejó insubsistente lo acontecido en la diligencia de veintitrés de junio del año en curso, y en su lugar convocó a las partes a audiencia de modificación de medida cautelar, señalando las dieciséis horas del ocho de noviembre del año en curso, para su verificativo; circunstancia de la que este juzgado se da por enterado. En consecuencia, agréguense el ocurso a los antecedentes para los efectos legales conducentes y una vez que la autoridad jurisdiccional citada en líneas precedentes comunique el resultado de la diligencia respectiva y, allegue las constancias con las cuales acredite su dicho, se pondrán a la vista de las partes para los efectos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Sin que pase inadvertido que carece de firma autógrafa; empero, ello en modo alguno es impedimento para que el mismo pueda adquirir validez, en términos del numeral 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en la áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, dado cuenta con firma electrónica, e.firma, por tanto se da certeza y validez jurídica a la integridad del expediente electrónico.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, apareciendo que dentro del término legal otorgado por el precepto 86 de la Ley de Amparo, ninguna de las partes interpuso recurso de revisión contra la sentencia emitida en el juicio en que se actúa, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal al directamente quejoso *********************, contra el acto atribuido a la autoridad Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado, con residencia en San Nicolás de los Garza, Nuevo León; por tanto, se declara que la misma ha causado ejecutoria. En consecuencia, requiérase a la autoridad responsable de mérito, para que dentro del plazo de tres días hábiles, sin demora alguna, proceda a dar exacto y debido cumplimiento al fallo protector; apercibida que de no hacerlo sin causa justificada, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación; hágasele saber a la autoridad en cita, que atento a lo preceptuado por el artículo 196 de la Ley de Amparo, la ejecutoria sólo se entenderá cumplida, cuando lo sea en su totalidad, sin dilaciones, sin excesos ni defectos. En otro aspecto, no es el caso requerir al Magistrado Presidente del Tribunal Superior del Estado y del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León, como superior jerárquico de la responsable de trato, dado que conforme al numeral 17, de la Constitución Política Nacional, el ejercicio de la función jurisdiccional se caracteriza por la autonomía e independencia judicial, así como en su imparcialidad en cuanto a la persona del Juez y en relación con sus sentencias, sean dictadas en forma completa, pronta e imparcial, por lo cual no se soslaya el contenido del artículo 192 de la normativa de la materia, pues en virtud de los razonamientos anteriores, la potestad es la excepción a tal requerimiento.
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