Carlos Alberto Colunga González
Expediente 1693/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1693/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/01/2022
Partes del expediente
- Carlos Alberto Colunga González
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, diecisiete de enero de dos mil veintidós. Vistas las constancias que integran el presente expediente, así como las certificaciones de cuenta, de las que se advierte que no se interpuso medio de impugnación alguno en contra del proveído de treinta de diciembre de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda de amparo, dentro del término a que se refiere el numeral 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del numeral 2°, se declara que dicho acuerdo HA CAUSADO ESTADO. Realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y al no haber diligencias pendientes por realizar, de conformidad con lo previsto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. En la inteligencia de que en su oportunidad, y con fundamento en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente será susceptible de destrucción, dado que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual se deba conservar; lo cual deberá realizarse en un plazo de treinta días, contado después de tres años, como lo dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del citado Acuerdo General. Inclúyase el presente asunto en el acta y relación que deberá elaborarse en su oportunidad, para efectos de la transferencia del archivo judicial o de la destrucción de expedientes, según corresponda, de conformidad con la normatividad aplicable. En virtud de que se ha ordenado el archivo del expediente de mérito, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvanse a la parte quejosa las documentales que, en su caso, haya exhibido en copia certificada o simple en el presente juicio; por tanto, mediante notificación por lista que se le realice, infórmesele que las mismas se dejan a su disposición en el local de este Juzgado, por el término de tres días, a efecto de que las recoja, con el apercibimiento de que de no hacerlo, serán destruidas junto con las constancias que correspondan. Se instruye al Secretario encargado de la mesa de trámite para que al momento de realizar la devolución de que se trata, únicamente proceda a dejar en autos la certificación de desglose de las documentales devueltas, sin que al efecto sea necesario dejar copia certificada de las mismas, previa toma de razón que por su recibo y entrega se asiente para constancia. Notifíquese. Lo proveyó la Jueza Celina Angélica Quintero Rico, Titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida del Secretario Jorge Israel Vázquez Urrutia, que autoriza y da fe.
- Principal
Ciudad de México, treinta de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que la parte quejosa no desahogó la prevención formulada en auto de treinta de noviembre del año en curso, respecto a la fecha en la que tuvo conocimiento de la resolución que por esta vía controvierte; se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído antes mencionado, esto es, se tiene como hecho notorio lo manifestado en diversos juicios tramitados en este órgano jurisdiccional, promovidos por el mismo quejoso contra el mismo acto y autoridad; y en consecuencia, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción III, inciso b), ambos de la Ley de Amparo, interpretado éste último en sentido contrario, se desecha la demanda de amparo promovida por ***, por las siguientes consideraciones: En primer término, debe precisarse que la parte quejosa señala como autoridades responsables y acto reclamado lo siguiente: "AUTORIDAD RESPONSBLE Sala Auxiliar en Materia de Responsabilidades Administrativa Graves y Segunda Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ACTOS RECLAMADOS A. La sentencia interlocutoria de fecha 19 de agosto de 2021, dictada por la Sala Auxiliar en Materia de Responsabilidades Administrativa Graves y Segunda Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el expediente 527/21-RA1-01-7 B. Sus efectos y consecuencias." Ahora bien, el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción III, inciso b), ambos de la Ley de Amparo, interpretado este último en sentido contrario, prevén lo siguiente: Los artículos en cita son del tenor literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: [.] a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Del primero de los artículos en cita, se colige que la enumeración de hipótesis de improcedencia del juicio de amparo, es ejemplificativa y no limitativa, por lo que se puede actualizar una diversa al relacionarse con algún precepto de esa propia legislación o por disposición constitucional. Asimismo, del segundo de ellos, se observa que el juicio de amparo indirecto procede contra actos dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio, cuyos efectos sean de imposible reparación, debiéndose entender por esto último, cuando afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por nuestra Carta Magna o los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De lo anterior se concluye, que el amparo indirecto procede contra actos dentro de un procedimiento siempre y cuando tengan una ejecución irreparable, debiendo entenderse por esto último, cuando el acto transgreda algún derecho sustantivo del gobernado, tutelado por la constitución o los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, y sus efectos ya no puedan ser reparados en la resolución que llegue a pronunciarse. Así pues, para que sea procedente el juicio de amparo indirecto, es decir, para estimar que se trata de actos de imposible reparación dictados en el proceso, es necesario que se cumplan dos condiciones fundamentales: a) Que se trate de actos que afecten materialmente derechos; y, b) Que los derechos afectados materialmente revistan la categoría de ser derechos sustantivos. Sobre la primera condición, debe estimarse que la afectación material debe ser directa e inmediata, pues de otro modo, se estaría considerando la causa de ejecución de imposible reparación como el acto que lo antecede y no el que lo produce. En este sentido, se afectan materialmente derechos, en el momento en el que el acto de autoridad impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes dictado del fallo definitivo. Por otro lado, la segunda condición, es decir, que los derechos afectados materialmente revistan la categoría de ser derechos sustantivos se da cuando se rebasa lo puramente procesal, es decir, que se trate de la lesión de bienes jurídicos, cuya fuente no provenga únicamente de leyes adjetivas. En este sentido, los derechos sustantivos son distintos a los derechos formales o adjetivos, pues estos últimos tienen como característica que la afectación no es actual, pues depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el que la secuela puede consumarse en forma efectiva. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis P. LVIII/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XX, Octubre de 2004, página 10, Novena Época, con número de registro digital 180217, de rubro y texto siguientes: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar actos procesales que afectan a las partes en el juicio en grado predominante o superior, ha establecido, implícitamente, un criterio orientador para decidir cuándo revisten tales matices y se tornan de ejecución irreparable, en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo cual sucede, por regla general, cuando concurren circunstancias de gran trascendencia que implican una situación relevante para el procedimiento, de cuya decisión depende la suerte de todo el juicio natural, bien para asegurar la continuación de su trámite con respeto a las garantías procesales esenciales del quejoso, o bien porque conlleve la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso e innecesario del procedimiento, debiendo resaltarse que siendo la regla general que las violaciones procesales dentro del juicio se reclamen junto con la sentencia definitiva en amparo directo, es lógico que aquellas que sean impugnables en amparo indirecto tengan carácter excepcional. Estas bases primarias para determinar los actos procesales que afectan a las partes en el juicio en grado predominante o superior, requieren que se satisfagan íntegramente, sin desdoro del prudente arbitrio del juzgador para advertir similares actos de esa naturaleza que puedan alcanzar una afectación exorbitante hacia el particular dentro del juicio". Así como por su contenido, la diversa tesis I.13o.A.3 K, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, emitida en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Marzo de 2001, página 1742, Novena Época, con número de registro 190188, de rubro y texto: "DERECHOS SUSTANTIVOS Y ADJETIVOS, DIFERENCIA DE LOS, CUANDO SE TRATA DE ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. El artículo 107, fracción III, inciso b, de nuestro Texto Constitucional señala que: "Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: ... III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: ... b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan.". Del texto anterior se desprende que cuando se reclaman, en amparo indirecto, actos de imposible reparación dictados dentro de nun procedimiento que aún no ha concluido, resulta indispensable que los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, afectando sus derechos sustantivos y no los adjetivos, entendiéndose por los primeros, los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, mismos que se encuentran tutelados en nuestro Texto Constitucional a través de las llamadas garantías individuales, en virtud de que la afectación no se destruye con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia definitiva favorable en el juicio; por el contrario, los derechos adjetivos son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, puesto que inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de una sentencia favorable; por lo que si esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo." De lo expuesto anteriormente, se deduce que la resolución de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, en donde la Sala Auxiliar en Materia de Responsabilidades Administrativas, Graves y Segunda Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por la cual se declaró incompetente para resolver el recurso de reclamación interpuesto contra el acto emitido por el Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, no encuadra dentro de lo establecido en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley Amparo, pues no se trata de un acto que afecte materialmente derechos, ni el derecho que se estima afectado revista la categoría de ser sustantivo; por ello, no puede ser considerado de imposible reparación. En efecto, la resolución reclamada es un acto de naturaleza procesal -pues es un acto que tiene como efecto directo e inmediato el desenvolvimiento del proceso-, por lo que la única consecuencia que genera que éste no sea analizado a través del juicio de amparo indirecto, es que el Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa se pronuncie respecto del recurso planteado, y en su caso, analice si resulta competente. Por esta razón, es que no da lugar a una afectación material directa e inmediata de un derecho sustantivo tutelado por la Constitución Federal o algún Tratado Internacional del que el Estado Mexicano sea Parte y, por ende, no puede considerarse que dicho acto tiene la naturaleza de ser irreparable para efecto de su impugnación a través del juicio de amparo. Además, el acto reclamado se constituye en aquel en donde la Sala declina la competencia a favor de una diversa, quien por el momento no la ha aceptado, de ahí que es notorio y manifiesto que tampoco se actualiza el supuesto del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo. "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA O DESESTIMA UN INCIDENTE Y/O EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 239/2014, determinó que procede el juicio de amparo indirecto contra los actos de autoridad que determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, siempre que sean definitivos, pues los actos de autoridad impugnables en dicho juicio, en términos del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, deben entenderse como aquellos en que la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en ese momento cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. En congruencia con lo anterior, al tenor de la interpretación extensiva y conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, debe estimarse que procede el juicio de amparo indirecto en contra de la resolución definitiva que desecha o desestima un incidente y/o excepción de incompetencia -ya sea por declinatoria o inhibitoria- , pues ésta se traduce en que la autoridad que conoce del asunto, al considerarse competente, siga conociendo de él y lo tramite hasta su resolución, lo cual torna a dicha determinación en una decisión que podría traer como resultado que un procedimiento o juicio se siga no sólo por una autoridad incompetente, sino con base en reglas distintas a las del fuero al que originalmente corresponde, lo que podría acarrear consecuencias no reparables ni siquiera con la obtención de una sentencia favorable; ello, sin soslayar los principios rectores del juicio de amparo previstos constitucional y legalmente, entre los que destacan el de definitividad, pues de proceder contra tales resoluciones algún recurso ordinario o medio de defensa legal contenido en la ley, es necesario agotarlo antes de instaurar el juicio de amparo indirecto, pues la irreparabilidad de un acto y el principio de definitividad constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo." Finalmente, no pasa inadvertido que en el juicio de amparo 1458/2021, existe un recurso de queja contra su desechamiento, promovido por el quejoso, respecto del cual aún no se dicta resolución; y, será hasta que se resuelva, en su caso, que se ponderará el alcance que pudiera tener en el presente asunto. Conclusión. Por tanto, de conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción III, inciso a) y fracción VIII, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo presentada por ***, por propio derecho. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó Eliana Damián Gaspar, Secretaria del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la autorización de vacaciones aprobada al Titular de este órgano por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de seis de diciembre de dos mil veintiuno, comunicada en el oficio CCJ/ST/4732/2021 de la misma fecha, con las facultades derivadas de la interpretación del artículo mencionado realizado en la jurisprudencia 1a./J. 14/2010, asistida de la secretaria Patricia Hernández Ávila, que autoriza y da fe.
- Principal
Visto para resolver en el juicio de amparo 1053/2021, promovido por ***************, contra actos del Director General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México y otro; y, R E S U L T A N D O . Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, 1 fracción I, 62, 63, 73, 74, 75, 77, 78, 119, 123, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por la quejosa, ************************respecto del acto reclamado precisado en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el apartado tercero de este fallo. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa, por oficio a la autoridad responsable y electrónicamente a la agente del Ministerio Público Federal adscrita. Así lo resolvió la Jueza Celina Angélica Quintero Rico, Titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida de José Manuel Miguel Santiago, Secretario que autoriza y da fe, hasta el día de hoy treinta de noviembre de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del órgano jurisdiccional.
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