Carlos Alberto Cielo Castillo

Expediente 973/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
973/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
03/03/2021

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Cielo Castillo

Actuaciones

  1. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, tres de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se aprecia que dentro del término legal, no se interpuso recurso de queja contra el proveído de once de diciembre de dos mil veinte, por el que se desechó de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, 288, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto queda firme para todos los efectos legales a que haya lugar. Cabe señalar que toda vez que el presente asunto no es de relevancia documental, atendiendo a que carece de valor jurídico e histórico, de conformidad con lo que establece el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción. Ahora, toda vez que el juicio en que se actúa se encuentra totalmente concluido, se ordena el archivo definitivo, previo cotejo que se realice de que la versión electrónica del expediente en que se actúa coincide con la impresa, en términos de lo previsto en el artículo 25, segundo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. En su oportunidad, realícese el trámite para su destrucción. Notifíquese: por el medio alternativo a la parte quejosa y por lista al resto de las partes.

  2. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, once de diciembre de dos mil veinte. V i s t o el escrito de demanda de amparo que promueve **********************, por propio derecho, quien solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra la autoridad y actos que enseguida se precisan: Autoridades responsables Presidente de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla, del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México. Actos Reclamados La omisión de acordar escrito presentado el tres de noviembre de dos mil veinte, en el que solicita se giren oficios a las autoridades correspondientes, para el procedimiento de ejecución del laudo dictado dentro del juicio laboral SAT1147/2009, de su índice. La omisión de dictar medidas necesarias y eficaces para lograr la ejecución del laudo dictado dentro del juicio laboral SAT1147/2009, de su índice. Fórmese expediente impreso y electrónico, con el numero consecutivo 973/2020-II. Anótese su ingreso en el libro de gobierno del juzgado. IMPROCEDENCIA DE DEMANDA No obstante, previamente a la admisión de la demanda de cuenta, es necesario examinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia; o bien, si se encuentra algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Al respecto, es necesario establecer que un motivo de improcedencia es manifiesto cuando aparece de lo expresado en la demanda constitucional y es indudable cuando no puede ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. Vista la certificación de cuenta, que respecto del acto reclamado consistente en la omisión de dictar medidas necesarias y eficaces para lograr la ejecución del laudo dictado dentro del juicio laboral SAT1147/2009, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuya literalidad es la siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; (.) La causal de improcedencia prevista en esta fracción es lo que comúnmente se denomina litispendencia. La citada causal de improcedencia se configura cuando un juicio de amparo se promueve en contra de un acto que fue materia de diverso juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolución en primera o única instancia, o en revisión, siempre y cuando exista identidad quejosos, autoridades y actos reclamados, aun cuando las violaciones constitucionales sean distintas, si en ambos casos existe identidad en el fondo sustancial u objeto materia del juicio. Lo anterior, encuentra explicación lógica en la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio de amparo cuando la parte quejosa ya tuvo la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus intereses en uno diverso y, por añadidura, en evitar la posibilidad de que se emitan sentencias contradictorias. De ahí que el juzgador debe asegurarse que, de actualizarse aquélla, el quejoso conserve la oportunidad de defenderse del acto de autoridad a través de alguna de las dos demandas de contenido coincidente, de manera que no se le deje en estado de indefensión por la aplicación recíproca del mismo motivo de improcedencia en uno y otro juicio. En este juicio constitucional el quejoso *********************, promovió amparo en contra de actos del Presidente de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla, del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, que los hizo consistir en la omisión de dictar medidas necesarias y eficaces para lograr la ejecución del laudo dictado dentro del juicio laboral SAT1147/2009. Por otro lado, se da noticia que el treinta de noviembre de dos mil veinte, el hoy también quejoso Carlos Alberto Cielo Castillo, presentó un diverso escrito de demanda, solicitando el amparo y protección de la Justicia de la Unión, por cuanto hace al siguiente acto: La omisión de dictar medidas necesarias y eficaces para lograr la ejecución del laudo dictado dentro del juicio laboral SAT1147/2009. Asunto que, por razón de turno, conoció este juzgado de distrito, cuyo titular, por auto de dos de diciembre de dos mil veinte, lo radicó y admitió bajo el juicio de amparo 936/2020-V, mismo que aún se encuentra en trámite. Lo que se invoca como hecho notorio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J.103/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. De lo expuesto, se pone en evidencia la actualización de la causa de improcedencia, en tanto que el propio quejoso promovió un diverso juicio de amparo, en el que señaló a la misma autoridad responsable, a la que le atribuye el mismo acto reclamado. Además, se aprecia que el juicio de amparo 936/2020-V del índice de este juzgado, se encuentra en trámite. De lo hasta aquí expuesto, es indudable que en ambos juicios el quejoso es ***************, quien demandó de la autoridad responsable Presidente de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla, del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, la omisión de dictar medidas necesarias y eficaces para lograr la ejecución del laudo dictado dentro del juicio laboral SAT1147/2009, de su índice, y que el juicio de amparo 936/2020-V, se encuentra en trámite, pendiente de resolverse, razones por las que se estima que el motivo de la improcedencia de la demanda es manifiesto e indudable. Es manifiesto porque dicha improcedencia en esencia radica en que el acto reclamado de la autoridad responsable es materia de diverso juicio de amparo. Y es indudable, ya que no podría ser desvirtuados con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. Por otra parte, por cuanto hace al acto reclamado consistente en la omisión de acordar escrito presentado el tres de noviembre de dos mil veinte, en el que solicita se giren oficios a las autoridades correspondientes, para el procedimiento de ejecución del laudo dictado dentro del juicio laboral SAT1147/2009 del índice de la autoridad responsable. Se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia del juicio de amparo que prevé el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." (.). Respecto de la citada causal de improcedencia la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J.48/2016 (10a.), ha señalado que de conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse, de suyo como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste. De ahí que el amparo promovido contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, en cuyo caso, el juicio será procedente. Las anteriores consideraciones encuentran sustento en la jurisprudencia 2a./J.48/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. Al respecto, se da noticia de que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que, por cuanto hace que el plazo para considerar que se está ante una dilación excesiva, es de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos. Resulta aplicable por identidad de razón jurídica, la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, publicada el uno de marzo de dos mil diecinueve, que informa: AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador. En ese orden, si en este juicio el quejoso alega la omisión en que incurre la responsable de no acordar escrito presentado el tres de noviembre de dos mil veinte, en el que solicita se giren oficios a las autoridades correspondientes, para el procedimiento de ejecución del laudo dictado dentro del juicio laboral SAT1147/2009 del índice de la autoridad responsable, es evidente que no se surte el requisito de procedencia del juicio de amparo, puesto que entre la presentación de dicho escrito y la promoción de la demanda, no excede el plazo de los cuarenta y cinco días naturales para considerar que dicha dilación sea excesiva. En dichas circunstancias, toda vez que no se advierte que exista una abierta dilación dentro del procedimiento de origen o su paralización total, de conformidad con la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto, establecida en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional biinstancial es improcedente en contra del acto que por esta vía se combate, lo cual es manifiesto e indudable. Es manifiesto porque dicha improcedencia en esencia radica en que entre la presentación del escrito que aduce que la responsable ha sido omisa en acordar y la promoción de la demanda, no excede el plazo de los cuarenta y cinco días naturales para considerar que dicha dilación sea excesiva. Y es indudable, ya que no podría ser desvirtuados con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. En las relatadas circunstancias, al haberse actualizado de manera manifiesta e indudable las causales de improcedencia previstas en el numeral 61, fracciones X y XXIII, en concordancia con el 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar de plano la demanda de amparo, respecto de los actos que por esta vía se reclaman. EXHORTO A LAS PARTES DE CONSULTA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Toda vez que la demanda que nos ocupa se presentó de manera física; por tanto, con fundamento en los artículos 22, 28 y 29 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia con el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que, de ser posible, y tomando en consideración las potenciales dificultades que actualmente enfrentamos, con motivo de la contingencia sanitaria, hagan uso de las herramientas tecnológicas que se ofrecen desde el portal de servicios en línea, y continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "Juicio en Línea"; esto es, soliciten la consulta del expediente electrónico así como las notificaciones, a través de la vía electrónica. Cabe destacar que para este fin es necesario, la utilización de una firma electrónica FIREL vigente. Para tal efecto, el Consejo de la Judicatura Federal, mediante comunicado 28/2020 de quince de julio de dos mil veinte, indicó que a partir de esa data se encuentra disponible la APP (aplicación) para tramitar en línea la Firma Electrónica Certificada (FIREL), para lo cual se necesita iniciar el proceso desde el portal www.firel.pjf.gob.mx, y contar con la credencial para votar con fotografía como identificación oficial. En ese sentido, a través de esa aplicación se podrá obtener la firma electrónica a distancia, sin la necesidad de acudir a las instalaciones del Poder Judicial de la Federación, empero, en caso de que los datos no se puedan verificar o bien exista cualquier duda o problema, se podrá brindar la atención remota a través de los teléfonos (55) 56477605, 018008369525; o bien, al correo electrónico firelenlinea@correo.cjf.gob.mx. DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, las listas que se fijan en los estrados de este juzgado, en virtud de que así lo señaló expresamente en el escrito de demanda. Por tanto, practíquese por lista la notificación de la presente determinación al quejoso; así como las subsecuentes aún las de carácter personal, en términos del artículo 29 de la Ley de Amparo. CORREO ELECTRÓNICO Ahora bien, tomando en consideración que la parte quejosa en su escrito de demanda refirió un correo electrónico y las potenciales dificultades que actualmente enfrentamos, con motivo de la contingencia sanitaria, se tiene como medio alternativo de notificación, esto dadas las medidas sanitarias derivadas de la pandemia ocasionada por el Coronavirus Covid-19. SOLICITUD DE CONSULTA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Respecto a su solicitud consistente en que se le permita la consulta en forma electrónica del juicio de amparo; dígasele que se tiene por autorizada su solicitud, siempre y cuando se encuentre registrado en la página relativa al "sistema de consulta de expediente electrónico"; por lo que, se instruye al analista jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) efectué el registro del usuario en el sistema respectivo. AUTORIZADOS En cuanto a las personas que menciona, se tienen por autorizadas en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo a las que en la fecha del dictado del presente acuerdo tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los tribunales de circuito y juzgados de distrito, atento a lo dispuesto en el titulo décimo del Acuerdo General del Pleno de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de octubre de dos mil seis; a los restantes, para el sólo efecto de oír notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que prevé el segundo párrafo del precepto legal antes citado. USO DE MEDIOS ELECTRONICOS Ahora bien, en atención a la solicitud de toma de imágenes o escaneo en la consulta del presente juicio de amparo, de conformidad con la circular 12/2009, de la Secretaria Ejecutiva del Pleno del Conejo de la Judicatura Federal, se autoriza para que se usen los medios electrónicos que indica la referida circular a efecto de imponerse de las constancias que integran el juicio de amparo. En consecuencia, a lo anterior dada la contingencia generada con motivo del virus denominado COVID-19, así como el acuerdo general 21 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal hágase del conocimiento de la parte quejosa que como una medida para evitar posibles contagios, para la consulta del expediente físico y la toma de fotografías de éste, es necesario genere cita respectiva, para lo cual se le proporciona la dirección electrónica: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales/home. OPOSICIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES Cabe indicar a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V, y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo previsto en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, por lo que las partes deberán manifestarlo expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en el entendido que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se emitan se aplique sin supresión de datos, conforme a lo dispuesto en el numeral 21 de la última ley en cita. ORDEN DE PUBLICACIÓN En términos de lo que establecen los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, se ordena integrar la versión pública de auto al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para lo cual se instruye al coordinador de actuarios de este órgano jurisdiccional capture en la integración de expediente en el SISE, la fecha en que cada una de las partes de este juicio quedaron notificadas del auto, para que ésta quede a disposición del público en versión pública, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, por cualquier persona; en el entendido de que es obligación del secretario encargado de este asunto verificar que dicha publicación se haya efectuado de manera correcta. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHABILES PARA LOS ACTUARIOS Y SESCRETARIOS Se autoriza a los secretarios y actuarios adscritos a este juzgado federal a efecto de que firmen los oficios derivados del presente asunto. Finalmente, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluso el emplazamiento de las partes en el presente juicio de amparo; y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. Notifíquese; por lista al quejoso.

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