Carlos Alberto Cervantes Garcia

Expediente 327/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 6 actuaciones registradas, la última del 30 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
327/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
30/04/2019

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Cervantes Garcia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; treinta de abril de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, y no se recurrió el auto mediante el cual se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, en su oportunidad archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción I, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula. Notifíquese.Así lo proveyó y firma el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por Lucina Antonieta Dávila Ponce, Secretaria adscrita a este juzgado de Distrito, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    RAZÓN DE NOTIFICACIÓN PERSONAL POR ESTRADOS: SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EL CONTENIDO DEL ACUERDO DE FECHA QUINCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Acapulco, Guerrero, quince de abril de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos el escrito signado por la parte quejosa, mediante el cual desahoga la prevención de uno de abril del año en curso. IMPROCEDENCIA El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "(...) El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del escrito integral de la demanda de amparo, así como del escrito de desahogo, se advierte lo siguiente: 1. Carlos Alberto Cervantes García, por propio derecho, acude a esta instancia constitucional como imputado en la carpeta judicial C-65/2018, del índice del Juez responsable, por el delito de robo equiparado en agravio de Radiomovil Dipsa, Sociedad Anónima de Capital Variable. 2. Bajo protesta de decir verdad, la parte quejosa manifiesta que el veinticuatro de noviembre de dos mil dieciocho, se verificó la audiencia de control de la detención, en la que se decretó su legal detención, formulación de la imputación y como medida cautelar la presentación ante la Unidad de Medidas Cautelares, aperturandose un periodo de investigación complementaria. 3. Que el seis de marzo de dos mil diecinueve, se celebró la audiencia de ampliación de término de investigación complementaria, por treinta días más, en la cual además por conducto de su defensor solicitó al fiscal responsable informara si la víctima (Radiomovil Dipsa, Sociedad Anónima de Capital Variable), ratificó la querella presentada en su contra, y en caso de que no lo haya hecho, se ordenara su en libertad por falta de querella en su contra, sin que obtuviera respuesta alguna; lo que además refiere solicitó al Juez de la causa, quién se lo negó con el argumento de que dicha audiencia sólo se programó para la ampliación del término de investigación complementaria y no uno diverso. De lo anterior, se deduce que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional para reclamar del Juez responsable la negativa de ordenar su libertad personal por la falta de ratificación de la querella presentada por la víctima (Radiomovil Dipsa, Sociedad Anónima de Capital Variable), por el delito de robo equiparado en la carpeta judicial C-65/2018, en audiencia de ampliación del término de investigación complementaria, celebrada el seis de marzo de dos mil diecinueve, por el motivo expuesto. Precisado lo anterior, el juicio de amparo deviene improcedente al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] Fracción XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: Fracción V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte..." Del numeral citado en primer término, se desprende que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulta de alguna disposición de la ley. En relación con la segunda de las disposiciones legales, se pone de manifiesto que ahora los actos de ejecución irreparable, únicamente son aquéllos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los Tratados Internacionales; ya no hay posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se incluyan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior; esto de acuerdo con la Jurisprudencia 1/2016 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte en consultable en la página 15 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 29, Abril de 2016, Tomo I, Décima Época, Materia Común, del rubro y texto siguiente: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." y "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo." Bajo ese contexto, para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de "imposible reparación", se atenderá a los efectos o consecuencias que estos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente (que se distingue de una violación formal) un derecho sustantivo (de naturaleza distinta de los derechos adjetivos) protegido por la Constitución y los Tratados Internacionales. Precisado lo anterior, si el acto reclamado consiste en la negativa del Juez responsable de acordar favorablemente sobre su libertad personal por falta de ratificación de la querella en la audiencia de ampliación del término de investigación complementaria, celebrada el seis de marzo de dos mil diecinueve, ante la omisión del fiscal de responder en dicha audiencia sobre el particular; dicha determinación no produce una afectación sobre un derecho sustantivo, en virtud de que sus consecuencias no pueden vincularse a la libertad personal del quejoso, pues ese aspecto quedó definido al resolver la situación jurídica de Carlos Alberto Cervantes García, y las medidas cautelares que se le impusieron en una fase anterior. Esto, en razón de que como se advierte de lo narrado por la parte quejosa, así como de las reglas que rigen el proceso penal acusatorio, previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, el quejoso no se encuentra en la etapa o momento procesal oportuno, para que se disponga de su libertad personal, pues de afirmarse así, implicaría suponer que en cualquier momento es factible que el Juzgador pueda dar por terminado el juicio con motivo de una nueva revisión a los datos de prueba que justificaron la emisión del auto de vinculación a proceso, lo que evidentemente infringe el principio de seguridad jurídica. Lo anterior inclusive encuentra congruencia con lo dispuesto en el artículo 307 del Código Nacional de Procedimiento Penales que prevé el desarrollo de la audiencia inicial de cuyo contenido se advierte que una vez que se resuelve sobre la solicitud de vinculación a proceso y de medidas cautelares, se definirá el plazo de cierre de la investigación; por tanto, lo acontecido sobre este último aspecto no puede reformar la decisión atinente a la situación jurídica del imputado. Bajo ese contexto, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio; la cual es manifiesta porque se puede determinar con base en los elementos aportados con la demanda e indudable porque se tiene la certeza de que aun cuando se admitiera la demanda de amparo por cuanto a este punto y se desahogaran pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto; lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa. Notifíquese personalmente.Así lo proveyó y firma el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por Lucina Antonieta Dávila Ponce, Secretaria adscrita al propio juzgado de Distrito, que autoriza y da fe. ... ..... LO QUE S ENOTIFICA POR ESTA VÍA PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES Y ENCUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE FECHA TRES DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE...

  3. Principal

    ... ES NOTIFICACIÓN PERSONAL...

  4. Principal

    Acapulco, Guerrero; tres de abril de dos mil diecinueve. Vista la razón de cuenta signada por la actuaria judicial adscrita a este Juzgado Federal, mediante la cual manifiesta su imposibilidad para notificar a la parte quejosa el proveído de uno de abril del año en curso; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, hágase dicha notificación, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal por lista. Notifíquese.

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