Carlos Alberto Castillo Vargas
Expediente 1001/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1001/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 28/08/2019
Partes del expediente
- Carlos Alberto Castillo Vargas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Toluca, Estado de México; veintiocho de agosto de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 287 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se tiene por hecha la certificación precedente, para conocimiento de las partes. Ahora, en consideración a que la parte quejosa dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, no recurrió el auto dictado el nueve de agosto de dos mil diecinueve, por el que se sobreseyó en el presente asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, dicho proveído ha causado estado; en el Libro de Gobierno realícense las anotaciones respectivas. En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hacen las indicaciones siguientes: El cuaderno principal es susceptible de depuración, porque se concedió la suspensión de plano en el juicio de amparo (punto vigésimo primero, fracción III, párrafos segundo y cuarto del Acuerdo General Conjunto de referencia). En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el Punto Segundo inciso XVIII) del Acuerdo citado; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. A las partes se les comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México; catorce de agosto de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibida la razón de notificación practicada al quejoso Carlos Alberto Castillo Vargas, en la que manifestó "RATIFICO MI DESISTIMIENTO". A dicha diligencia se le otorga valor probatorio pleno en conformidad con lo establecido en los artículos 161 y 212 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que al tratarse de actuaciones de un funcionario investido de fe pública, lo asentado en sus razones corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos de los cuales dio fe. Sobre el particular, por similitud jurídica, se invoca la jurisprudencia publicada con el número 563, visible en la página 405 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo IV, con registro 392690, cuyo rubro y texto son: "NOTIFICACIÓN. VALOR PROBATORIO DE LAS RAZONES DE LOS ACTUARIOS. Las razones de notificación realizadas por los secretarios actuarios, que gozan de fe pública, tienen pleno valor probatorio respecto de los hechos que en ellas se consignan, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 403 en relación con la fracción VIII del 327, ambos del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, a menos que el contenido de las mismas sea desvirtuado por prueba en contrario." Atento a lo anterior, glósese a los autos únicamente para que obre como corresponda, tomando en consideración que este órgano jurisdiccional acordó lo conducente respecto al desistimiento manifestado el nueve de los cursantes. Finalmente, en términos del artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, procédase a realizar la presente notificación, así como las subsecuentes por medio de lista que se fija en este recinto judicial; lo anterior, dado el desinterés del quejoso de continuar con la tramitación del juicio de amparo. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México; nueve de agosto de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos la constancia de notificación de cuenta, por medio de la cual el Actuario Judicial adscrito llevó a cabo lo encomendado en auto de ocho de los actuales, en el que se le comisionó para que se constituyera en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social "Santiaguito" en Almoloya de Juárez, e indagara sobre la identidad del quejoso Mario Alberto Castillo Varga, lo solicitara ante su presencia y lo requiriera para que manifestara su nombre completo y correcto; así como dar fe de su estado físico. Ahora, de la constancia de notificación se advierte que el Actuario de este juzgado dio cumplimiento a dicho acuerdo, pues entendió la diligencia con Carlos Alberto Castillo Vargas, quien manifestó que este es su nombre correcto y no como promovió la demanda de amparo; asimismo, manifestó que es su deseo desistirse de este juicio de amparo. A dicha diligencia se le otorga valor probatorio pleno en conformidad con lo establecido en los artículos 161 y 212 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que al tratarse de actuaciones de un funcionario investido de fe pública, lo asentado en sus razones corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos de los cuales dio fe. Sobre el particular, por similitud jurídica, se invoca la jurisprudencia publicada con el número 563, visible en la página 405 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo IV, con registro 392690, cuyo rubro y texto son: "NOTIFICACIÓN. VALOR PROBATORIO DE LAS RAZONES DE LOS ACTUARIOS. Las razones de notificación realizadas por los secretarios actuarios, que gozan de fe pública, tienen pleno valor probatorio respecto de los hechos que en ellas se consignan, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 403 en relación con la fracción VIII del 327, ambos del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, a menos que el contenido de las mismas sea desvirtuado por prueba en contrario." Atento a lo anterior y al acuerdo de ocho de los actuales, se tienen por regularizado el procedimiento. Dadas las manifestaciones hechas en la diligencia de cuenta, se tiene a Carlos Alberto Castillo Vargas como nombre correcto del quejoso para los efectos de este juicio. Por otra parte, es importante destacar que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Situación que se encuentra reconocida en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, resulta claro el desinterés de la parte accionante en la continuación del asunto, lo cual permite a este juzgador acordar de conformidad dicho desistimiento. En esa tesitura, y ante la manifestación expresa del promovente para desistir del presente juicio de amparo en la comparecencia de cuenta, resulta evidente la actualización de la hipótesis prevista en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: I. El quejoso desista de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley establezca requerimiento. En caso de desistimiento se notificará personalmente al quejoso para que ratifique su escrito en un plazo de tres días, apercibido que de no hacerlo, se le tendrá por no desistido y se continuará el juicio. (.)". Por tanto, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo promovido por Carlos Alberto Castillo Vargas, contra actos de la Directora del Centro Penitenciario y de Reinserción Social "Santiaguito", en Almoloya de Juárez, Estado de México y otras autoridades. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Lo anterior es así, pues como ya se dijo, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada; sin embargo, con la sola manifestación de desistirse, válidamente la parte quejosa puede renunciar al trámite correspondiente, ya que el desistimiento constituye la renuncia a que el órgano jurisdiccional ejerza su actividad. Es decir, que al expresar el quejoso en la diligencia de cuenta que se desiste del juicio, ello significa que no es su voluntad continuar con la secuela procesal de éste, por ende, se actualiza como ya quedó precisado, la causa de sobreseimiento inserta en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia 2a./J.33/2000, que se aprecia en la página 147, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2000, Tomo XI, Materia Común, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia." En atención al contenido del presente proveído, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual está prevista para las once horas con treinta y cinco minutos del veintinueve de agosto de dos mil diecinueve. En otro orden, mediante auto de ocho de agosto de dos mil diecinueve, se reservó acordar lo conducente respecto a los informes rendidos por Directora y el Inspector Jefe de Custodia en ausencia del Jefe de Custodia Penitenciaria, ambos del Centro Penitenciario y de Reinserción Social Santiaguito, en Almoloya de Juárez, Estado de México, así como el pedimento del Agente del Ministerio Público Federal adscrito. En atención a lo expuesto con anterioridad, se levanta la reserva y con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo agréguense para que surtan los efectos legales a que haya lugar. No obstante, respecto a la inexistencia de la autoridad denominada por el agraviado como Jefe de Turno del Cuerpo de Seguridad, Guarda y Custodia del Centro penitenciario y de Reinserción Social "Santiaguito", se interrumpe comunicación alguna en virtud del sobreseimiento decretado con anterioridad. Notifíquese y personalmente al quejoso.
- Principal
Toluca, Estado de México; ocho de agosto de dos mil diecinueve. El estado procesal de autos evidencia que la demanda de amparo que dio origen a este juicio fue promovida por Mario Alberto Castillo Vargas; sin embargo, al dictarse auto de radicación, se proveyó a nombre de Carlos Alberto Castillo Vargas y/o Mario Alfonso Rodríguez Vargas. Lo anterior evidencia que no existe identidad entre la persona que promovió el juicio de amparo y respecto de quien se dictó auto de admisión. Vinculado a lo anterior, vista la constancia de notificación de cuenta, se aprecia que la notificación del auto de radicación se realizó a quien responde a nombre de Carlos Alberto Castillo Vargas. En consecuencia, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena la regularización del procedimiento. Por tanto, se comisiona al Actuario Judicial Adscrito, para que se constituya en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social "Santiaguito" en Almoloya de Juárez, e indague sobre la identidad del quejoso y lo solicite ante su presencia, a quien deberá requerir para que manifieste su nombre completo y correcto, por lo que una vez que se asegure de estar ante quien promovió la demanda de amparo que nos ocupa, le notifique el acuerdo de cinco de agosto del año en curso, además, de fe del estado físico del quejoso. Una vez que se cuente con el resultado de la diligencia respectiva se acordará lo conducente por lo que ve a la notificación de las autoridades responsables. Por otro lado, con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguense a los autos los oficios signados por la Directora y el Inspector Jefe de Custodia en ausencia del Jefe de Custodia Penitenciaria, ambos del Centro Penitenciario y de Reinserción Social Santiaguito, en Almoloya de Juárez, Estado de México, a través de los cuales rinden informe justificado y de cumplimiento a la suspensión de oficio e informan la inexistencia de una autoridad; asimismo, el pedimento formulado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado de Distrito. En atención a lo expuesto con anterioridad, se reserva acordar lo que en derecho corresponda respecto a su contenido, hasta en tanto se obtenga el resultado de la diligencia ordenada en párrafos precedentes. Notifíquese y personalmente. Así lo proveyó
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