Carlos Alberto Castelo Gil

Expediente 1266/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 24 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1266/2019
Año
2019
Actuaciones
24
Última actuación
03/03/2022

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Castelo Gil

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Principal

    Ciudad de México, a tres de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa, que es a quien pudiera causarle perjuicio la sentencia de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, en la que se resolvió SOBRESEER en el juicio, no la recurrió dentro del plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la citada sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por El Consejo de la Judicatura Federal; se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 1, del Manual referido, pues se trata de un asunto sobreseído y además no se considera relevancia documental, toda vez que no se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del Acuerdo aludido así como el numeral 5.1 del referido Manual, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) No se trata de resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente, ni versa sobre temas relativos al patrimonio histórico, arqueológico, artístico, y no es un asunto en materia agraria; 4) No es un asunto generado por los Plenos de Circuito y; 5) No se integró jurisprudencia o tesis aislada derivada del presente asunto, por parte de los Tribunales de Circuito. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término de tres años a que se refiere el párrafo primero del artículo 21, del multicitado Acuerdo, contados a partir del presente archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Óscar Horacio Escobedo Návar, quien autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1266/2019-V, promovido por Carlos Alberto Castelo Gil, por propio derecho, contra actos del Subsecretario de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública y de otras autoridades; y, R E S U L T A N D O. PRIMERO. Por escrito presentado el nueve de septiembre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, remitido por razón de turno a este juzgado el diez siguiente Carlos Alberto Castelo Gil Sevilla, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por los acto que a continuación se reproducen: SEGUNDO. El quejoso, mediante escrito recibido en este juzgado el veintitrés de septiembre de dos mil veinte, y en atención al proveído de nueve de septiembre de ese año, en el que, además, se registró la demanda con el número 1266/2019-V señaló como actos reclamados y autoridades responsables los siguientes: TERCERO. Una vez desahogada la prevención efectuada mediante auto de veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, en proveído de tres de octubre siguiente, se admitió la demanda, se solicitaron sus informes a las autoridades responsables y se dio la intervención que legalmente corresponde al Fiscal Ejecutivo Titular adscrito, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que, una vez que se reanudaron los plazos que se habían suspendido con motivo de la pandemia del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, y del cinco de diciembre de dos mil veinte al quince de febrero de dos mil veintiuno, y substanciado el procedimiento se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia; y, C O N S I D E R A N D O. PRIMERO. Este Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer de este juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 6, 35, 37, 107, fracción I, de la Ley de Amparo, 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y, en términos del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, dado que se promueve contra actos atribuidos a autoridades administrativas con residencia en la jurisdicción que corresponde a este órgano judicial. SEGUNDO. Para efectos de determinar la certeza de los actos reclamados, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se toma en consideración que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, aplicada por analogía, definió la obligación consistente en que el juez de amparo analice la demanda de garantías en su integridad a efecto de establecer con exactitud la intención del promovente y precisar los actos materia de la litis constitucional, la cual es de rubro y datos de localización siguientes: En la jurisprudencia mencionada se expresa: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. (Registro: 900169, Novena Época, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice 2000, Tomo I, página 207) Por lo anterior, del análisis integral que al efecto se realiza de la demanda y su aclaración, se colige que los actos reclamados se hacen consistir en: - El Dictamen contenido en el oficio 220(1)3323/2019, de diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, por el que se decidió que el resultado del quejoso fue "No favorable" para obtener la continuación de su nombramiento como Director del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios número 128 (ciento veintiocho). - Lineamientos Administrativos para dar cumplimiento al artículo segundo transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia Educativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de mayo de dos mil diecinueve, concretamente los numerales 30 y 32. - Los Requisitos y Criterios para la Ampliación de Nombramientos del Personal con cargo de Dirección Media Superior, de treinta y uno de julio de dos mil diecinueve. Sin que se tenga como acto reclamado la omisión de renovar su cargo como director en el plantel educativo OSCAR HORACIO ESCOBEDO NAVAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.61.4c 22/01/24 10:04:15 ENGROSE 7 ??????????????? citado, ya que esa renovación, en todo caso, será consecuencia del amparo que eventualmente se conceda. TERCERO. No son ciertos los actos que se reclaman del Subsecretario de Educación Media Superior Tecnológica, Industrial y de Servicios (fojas 60 y 61), en su denominación correcta, y del Jefe del Área de Recursos Humanos de la Unidad de Educación Media Superior Tecnológica e Industrial, ambos de la Secretaría de Educación Pública (fojas 68 a 70),consistentes, respectivamente en haber suscrito el Dictamen contenido en el oficio 220(1)3323/2019, de diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, por el que se decidió que el resultado del quejoso fue "No favorable" para obtener la continuación de su nombramiento como Director del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios número 128 (ciento veintiocho); haber emitido los Lineamientos Administrativos para dar cumplimiento al artículo segundo transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia Educativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de mayo de dos mil diecinueve, así como los Requisitos y Criterios para la Ampliación de Nombramientos del Personal con cargo de Dirección Media Superior, de treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, pues así lo informaron al rendir sus informes justificados, sin que el quejoso haya aportado prueba alguna para desvirtuar esas negativas. En tales condiciones, ante la inexistencia de los actos reclamados precisados con antelación, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 284, aplicada por analogía, que dice: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. (Sexta Época. Registro: 917818. Instancia: Pleno. Fuente: Apéndice 2000. Tomo VI, Común. Tesis: 284. Página: 236.) CUARTO. Son ciertos los actos que se reclaman de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, ahora llamada Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros de la Secretaría de Educación Pública, y Subsecretario de Educación Media Superior Tecnológica, Industrial y de Servicios consistentes, respectivamente en haber emitido los Lineamientos Administrativos para dar cumplimiento al artículo segundo transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia Educativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de mayo de dos mil diecinueve, concretamente los numerales 30 y 32, así como los Requisitos y Criterios para la Ampliación de Nombramientos del Personal con cargo de Dirección Media Superior, de treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, ya que independientemente de que las citadas autoridades responsables rindan o no sus informes justificados, la notoria existencia de este tipo de actos que son normas generales no está sujeta a prueba, reconocido por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por su aplicación al caso, se citan por analogía los criterios de rubros siguientes: LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. (Registro 233090, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, Semanario Judicial de la Federación, Tomo 65, Primera Parte, página 15) De igual manera, es cierto el acto atribuido al Jefe de la Unidad de Educación Media Superior, Tecnológica, Industrial y de Servicios de la Secretaría de Educación Pública, consistente en suscribir el Dictamen contenido en el oficio 220(1)3323/2019, de diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, por el que se decidió que el resultado del quejoso fue "No favorable" para obtener la continuación de su nombramiento como Director del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios número 128 (ciento veintiocho), ya que así lo informó al rendir su informe justificado (fojas 65 a 67). QUINTO. Previamente al estudio del fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las causas de improcedencia que hagan valer las partes o aquéllas que se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de garantías tal como lo establece el artículo 62, de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 62. Las causes de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. En ese sentido, forma oficiosa, se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61,, fracción XXIII, con los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, respecto del Dictamen contenido en el oficio 220(1)3323/2019, de diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, por el que se decidió que el resultado del quejoso fue "No favorable" para obtener la continuación de su nombramiento como Director del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios número 128 (ciento veintiocho), por las siguientes razones. Dichos preceptos disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXIII En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.] . Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados , así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.]. Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.]. II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.." De los anteriores preceptos se desprende que el juicio de amparo únicamente procede contra actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección; de igual forma, que autoridad para los efectos del juicio de amparo es aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Es decir, todo acto de autoridad reclamable a través del juicio de amparo debe provenir de una autoridad constituida y facultada por la ley, lo cual constituye una potestad cuyo ejercicio es irrenunciable con la investidura para tomar decisiones o resoluciones con las características de unilateralidad, coercibilidad e imperatividad y que el resultado de su actuar cree, modifique o extinga situaciones jurídicas que afecten al particular. Por tanto, es necesario precisar el concepto de autoridad responsable quien es aquel órgano o ente que ejerce facultades decisorias en uso de sus atribuciones que les confiere la ley cuyo ejercicio es irrenunciable por ser de naturaleza pública la fuente de su potestad; de ahí que con el objeto de establecer si a quien se le atribuye el acto u omisión tiene el carácter de autoridad para los efectos del juicio constitucional se debe atender a la naturaleza propia del acto que se le reclame, esto es, a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública, o bien, a través de otras autoridades. Cobra aplicación la jurisprudencia P. XXVII/97, visible en el tomo V, febrero de 1997, página 118, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Ahora bien, el dictamen que se reclama del Jefe de la Unidad de Educación Media Superior, Tecnológica, Industrial y de Servicios de la Secretaría de Educación Pública, se reproduce enseguida: Sin embargo, atendiendo a las consideraciones anteriores, debe decirse que quien lo suscribió no actúa como autoridad, sino como consecuencia del vínculo laboral entre la promovente del amparo y aquél; caso en el cual actúan en un plano de igualdad en una relación patrón-trabajador. En efecto, la autoridad responsable emisora del dictamen no tienen ese carácter cuando realiza actos positivos, negativos u omisivos que tienen su origen en una relación jurídica con sus trabajadores o por el otorgamiento o pérdida de una prestación laboral. Además, para determinar si el acto reclamado constituye o no uno de autoridad para efectos del juicio de amparo resulta insuficiente el hecho de que la responsable constituya un organismo de Gobierno, porque para considerar que está dentro de esa categoría es indispensable que éste se haya emitido en una relación de supra a subordinación. Aspectos que no acontecen en el caso concreto porque de lo expuesto en la demanda de amparo y de las constancias que obran en autos se desprende que: - El quejoso contaba con nombramiento de Director del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios número 128 (ciento veintiocho), con vigencia del dieciséis de agosto de dos mil quince al quince de agosto de dos mil diecinueve, suscrito por el Subsecretario de Educación Media Superior. -Luego, el diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, se expidió el dictamen reclamado que está contenido en el oficio 220(1)3323/2019 por el que Jefe de la Unidad y Presidente del Comité Revisor de la Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios de la Secretaría de Educación Pública, con sede en la Ciudad de México, determinó que después de ser revisada y analizada la documentación respectiva por parte del Comité Revisor, el desempeño del quejoso en el cargo de Director derivado del "Concurso de oposición para la promoción a cargo con funciones de dirección Ciclo escolar dos mil catorce-dos mil quince" resultó con una ponderación del 62 % (sesenta y dos por cientos), por lo que el dictamen se calificó como "no favorable". - El indicado oficio se emitió con apoyo en los requisitos y criterios para la ampliación de nombramientos del personal con cargo de dirección en educación media superior, así como de los lineamientos administrativos para dar cumplimiento al artículo segundo transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia educativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de mayo de dos mil diecinueve, también reclamados. En ese sentido debe destacarse que dicho dictamen se da en un plano de coordinación frente a la dependencia de la administración, y no reúne las características del acto de autoridad, toda vez que el dictamen con resultado "no favorable" en cuanto a la evaluación del quejoso y la consecuente negativa a renovarle el nombramiento en el cargo de director que tenía en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios número 128 (ciento veintiocho) surge en un plano de igualdad o coordinación en una relación laboral, máxime que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que las circunstancias que se susciten entre los empleados y los titulares de las dependencias son de origen netamente contractual porque se ejecutan por la relación obrero patronal existente entre tales empleados y los titulares, quienes en esos casos no intervienen como autoridades propiamente dichas, ya que no ejecutan actos de imperio, sino que se refieren a aquella relación contractual. Lo anterior se considera así, porque el acto de autoridad depende de la naturaleza del actuar de quienes se señalan como responsables, en cuanto a su origen e implicaciones que en el caso resultan de coordinación al estar involucrado un contrato "acto condición", cuyo origen y subsistencia depende del respeto a las disposiciones legales vigentes en las que se determinen abstracta e impersonalmente los parámetros bajo los cuales debe prestarse el servicio público. De ahí que dicho acto no es realizado por la autoridad responsable en forma unilateral en un plano de supra a subordinación, porque al encontrarse de por medio una relación contractual laboral acontece una bilateralidad que incluso permite a la afectada acudir ante los órganos jurisdiccionales competentes en materia laboral, en donde podrá demandar en un plano de igualdad a quien considere responsable de la relación de trabajo. Por ende, el dictamen reclamado no surgió de una relación de supra a subordinación de una autoridad con el particular que tenga su nacimiento en una ley que dote al órgano del Estado de una facultad, cuyo ejercicio sea irrenunciable al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, además, el incumplimiento a los requisitos de permanencia en el servicio profesional docente se comprende mejor conforme a la doctrina que entiende los nombramientos como actos condición, porque su subsistencia se sujeta al respeto de las disposiciones legales vigentes en las que se determinen abstracta e impersonalmente los parámetros bajo los cuales se debe prestar el servicio público, en tanto que cuando la administración advierte que quien desempeña el servicio público no reúne las condiciones que exige el servicio para el cual fue designado cuenta con la atribución de retirar dicho nombramiento sin responsabilidad y con el respeto de los derechos fundamentales que asisten al gobernado. Por consiguiente se concluye que el dictamen no favorable emitido el diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, con motivo de la aplicación de los requisitos y criterios para la ampliación de nombramientos del personal con cargo de dirección en educación media superior, así como de los lineamientos administrativos para dar cumplimiento al artículo segundo transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia educativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de mayo de dos mil diecinueve, que tuvo como consecuencia la falta de renovación del cargo del quejoso como director del plantel antes citado no tiene el atributo de provenir de un ente de derecho público revestido de imperio frente al particular, sino de una relación de coordinación que deriva del vínculo laboral que los unía. Es ilustrativa la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2a./J. 14/2020, aplicada por analogía y por los principios que la rigen, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 77, Agosto de 2020, Tomo V, página 4389, de rubro y texto siguientes: ACTOS DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO TIENEN ESE CARÁCTER LAS DETERMINACIONES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO, DERIVADAS DE UN CONCURSO DE OPOSICIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE ASCENSO A UN NIVEL O CATEGORÍA SUPERIOR PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO, CONSISTENTES EN LA NEGATIVA A OTORGAR UNA PLAZA AL QUEJOSO Y SU ENTREGA A UN TERCERO.De conformidad con el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, y con diversos precedentes emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, uno de los requisitos que deben satisfacerse para considerar que un acto es de autoridad para efectos del juicio de amparo, consiste en que exista un ente de hecho o de derecho que establezca una relación de supra a subordinación con un particular. Ahora bien, las determinaciones de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, derivadas de un concurso de oposición para la promoción de ascenso a un nivel o categoría superior para los trabajadores de la educación del Estado, consistentes en la negativa a otorgar una plaza al quejoso y su entrega a un tercero, no tienen el carácter de actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que la relación entre dicha Secretaría y los docentes o servidores de la educación que aspiran a ser promovidos o ascendidos a un nivel más alto dentro de la misma estructura educativa estatal es de coordinación y no de supra a subordinación, pues: a) Deriva de una relación laboral-burocrática entre el Estado como patrón (no como autoridad o ente superior) y el servidor público como trabajador; y, b) Del artículo 83 de la Ley General del Servicio Profesional Docente abrogada, se advierte que las diferencias en las relaciones de trabajo que surjan entre el personal al que se refiere la propia ley y las autoridades educativas y organismos descentralizados, se rigen por la legislación laboral aplicable y, en consecuencia, serán dirimidas ante los órganos jurisdiccionales competentes en esa materia, característica propia de las relaciones de coordinación, por lo que si el quejoso no está de acuerdo con el resultado del concurso de oposición o con sus consecuencias, puede impugnarlo por la vía laboral. Así como la tesis 1a. XXXIII/2017, por los principios que la rigen y por analogía, observable en el libro 40, marzo de 2017, tomo I, página 455, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto expresan: "SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. NATURALEZA JURÍDICA DE LA TERMINACIÓN DEL NOMBRAMIENTO POR NO ACREDITAR LAS EVALUACIONES RESPECTIVAS. De la interpretación de los artículos 3o., párrafo tercero, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 22, 53, 71, 74, 75, 80 y 83 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, se advierte que existen dos regímenes normativos distintos que dan lugar a la terminación del nombramiento de quienes desempeñan una función pública dentro del Servicio Profesional Docente. En primer término, la separación del servicio como consecuencia de un procedimiento administrativo cuya finalidad sea la determinación de responsabilidad administrativa y la posible imposición de sanciones, tiene una naturaleza administrativa sancionadora, al partir de la existencia de un reproche surgido de una infracción administrativa, en cuyo trasfondo se encuentra la posible transgresión a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observarse en el desempeño de empleos, cargos o comisiones públicas; consecuentemente, el combate a este tipo de determinaciones -de naturaleza administrativa- se realizará mediante el recurso de revisión o el juicio de nulidad, y en los procedimientos respectivos deberá analizarse la aplicabilidad de las garantías mínimas del debido proceso que, atento a la naturaleza del caso, resulten necesarias de conformidad con la doctrina que sobre el derecho administrativo sancionador han desarrollado la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por otro lado, el incumplimiento de las condiciones de permanencia en el empleo, como la acreditación de evaluaciones, da lugar a una consecuencia jurídica consistente en la terminación del nombramiento y la separación del Servicio Profesional Docente, la cual, pese a constituir una sanción en sentido amplio, no conlleva el reproche a una infracción ni da origen a responsabilidad administrativa, sino que parte del entendimiento de los nombramientos como "actos condición", cuya subsistencia depende del respeto a las disposiciones legales vigentes en las que se determinen abstracta e impersonalmente los parámetros bajo los cuales debe prestarse el servicio público; consecuentemente, dichas determinaciones se impugnarán ante los órganos jurisdiccionales competentes en materia laboral. Esta dicotomía de regímenes normativos aplicables al servicio docente ha sido reconocida a nivel internacional por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en la "Recomendación relativa a la situación del personal docente", aprobada en París el 5 de octubre de 1966, por la Conferencia Intergubernamental Especial sobre la Situación del Personal Docente, cuyos apartados VI y VII regulan lo referente al ingreso, ascenso, promoción y seguridad en la profesión docente, de manera separada a los contenidos mínimos que deben regir los procedimientos disciplinarios dirigidos a la sanción de faltas profesionales De igual forma se invoca la jurisprudencia I.6o.T. J/28 (10a.), consultable en el libro 29, abril de 2016, tomo III, página 1956, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto establecen: AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. La demanda de amparo interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de supra-subordinación; en consecuencia, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, sólo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de supra-subordinación." Sin que se oponga a la conclusión alcanzada el hecho de que el quejoso reclamó la aplicación de los requisitos y criterios para la ampliación de nombramientos del personal con cargo de dirección en educación media superior, así como de los lineamientos administrativos para dar cumplimiento al artículo segundo 18 transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia educativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de mayo de dos mil diecinueve, porque las autoridades responsables únicamente aplicaron la normatividad administrativa de esos ordinales conforme a la naturaleza de la relación que tenía la inconforme. Por tanto, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo y, por ende, lo procedente es decretar el sobreseimiento respecto del dictamen reclamado en términos de lo previsto por el dispositivo 63, fracción V, de la legislación de la materia En vía de consecuencia, respecto de los Lineamientos Administrativos para dar cumplimiento al artículo segundo transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia Educativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de mayo de dos mil diecinueve, concretamente los numerales 30 y 32, así como los Requisitos y Criterios para la Ampliación de Nombramientos del Personal con cargo de Dirección Media Superior, de treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, que por esta vía se combate, se hace extensivo el sobreseimiento, pues no pueden desvincularse el estudio de dichos ordenamientos del que concierne a su aplicación, ya que éste es precisamente el que causa perjuicio al particular y no el ordenamiento general, ley o reglamento por sí solos considerados en abstracto; lo anterior, tomando en consideración que dichos ordenamientos fueron reclamados mediante su aplicación que la parte quejosa hizo consistir en el dictamen que le resultó desfavorable reclamado. Es aplicable la jurisprudencia número 2a./J. 71/2000, de rubro: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN." (No. Registro: 191,311, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XII, Agosto de 2000, Página: 235) Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73 a 79 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo. Notifíquese por lista en atención a lo ordenado en proveído de once de febrero de dos mil veinte. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Óscar Horacio Escobedo Návar, con quien actúa y da fe, hasta el día de hoy veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, fecha en que las labores del Juzgado permitieron concluir su engrose. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad de México, a diecinueve de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que aún no obran en autos las constancias de notificación dirigidas a las autoridades responsables Jefe de la Sub Área de Recursos Humanos de Educación Media Superior Tecnológica, Industrial y de Servicios y Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, ambos de la Secretaría de Educación Pública, relativas al proveído de once de marzo de dos mil veintiuno, en el que se reanudó el procedimiento en el juicio en que se actúa. En estas circunstancias, lo que procede es diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose como nueva fecha para que tenga verificativo, las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. Atendiendo a las cargas de trabajo se cita la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "AUDIENCIA EN EL AMPARO. QUEJA INFUNDADA CONTRA EL SEÑALAMIENTO DE ELLA FUERA DEL TÉRMINO LEGAL. (No. Registro: 328587, Quinta Época, Instancia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo LXVI, página: 495) Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Óscar Horacio Escobedo Návar, quien autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad de México, a catorce de abril de dos mil veintiuno. Se agrega en autos la copia autorizada de la razón signada por la Auxiliar de Actuario, por medio de la cual, informa la imposibilidad para notificar el oficio 5450/2021 de once de marzo del año que transcurre, dirigido al Jefe de la Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios, dependiente de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, por los motivos expuestos en esta. Con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a los autos la razón de mérito únicamente para que obre como corresponda y surta los efectos legales conducentes, sin que sea necesario realizar mayor pronunciamiento, toda vez que mediante proveído de ocho del mes y año en curso, este órgano jurisdiccional ordenó la notificación de la citada autoridad vía correo electrónico. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Óscar Horacio Escobedo Návar, quien autoriza. Doy fe.

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