Carlos Alberto Cano Guillén

Expediente 1495/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1495/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
27/12/2018

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Cano Guillén

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos décimos y vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; doce de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por xxx, contra actos de las siguientes autoridades responsables: 1.Juez Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de Comitán de Domínguez, Chiapas. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 1495/2018-2-C. DESECHAMIENTO Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías, estudiando en su orden si es procedente o no. Para determinar la improcedencia del juicio es necesario analizar si los actos reclamados se sitúan en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable; esto es, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara; el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto del acto reclamado por la parte quejosa, consistente en: ".El acuerdo de fecha 09 (nueve) de abril del año 2018 (dos mil dieciocho) por medio del cual la autoridad procede a fijar como medida provisional a favor del tercero interesado, el embargo ilegal sobre la cantidad que resulte de UN DÍA DE SALARIO MÍNIMO GENERAL vigente en la Entidad diario; a razón de $xxx (xxx pesos xxx/100 m.n.) que resulta la cantidad de $xxx (xxx pesos xxx/100 m.n.) de manera mensual dentro del expediente número xxx del Juzgado Segundo Civil de Comitán de Domínguez, Chiapas.". Lo anterior, pues a juicio de esta juzgadora se actualiza la causa de improcedencia prevista fracción XVIII del artículo, 61, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" El citado precepto consagra uno de los principios rectores del juicio de amparo: el principio de definitividad del acto reclamado, que no es otra cosa que la improcedencia del juicio de amparo contra actos recurribles. De manera que, previamente a la interposición del juicio de amparo, la parte quejosa debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución o acto reclamado, que le causa perjuicio; de lo contrario, la acción constitucional resultaría improcedente por no acatar el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener satisfacción a sus pretensiones, se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Por lo que, si pasando por alto tales consideraciones las partes afectadas por actos de autoridad no tuvieren la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable o ante la jurisdicción ordinaria, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de Distrito se suplantaría en las facultades de la autoridad a quien correspondiera conocer del medio ordinario de defensa respectivo. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, los gobernados deben, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con los siguiente tópicos: Por disposición constitucional: I. Actos que afectan a terceros extraños al juicio o al procedimiento del cual emanan. II. Actos respecto de los cuales, la ley que los rige, exige mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución. III. Actos que importan una violación a los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución General de la República. Por disposición de la Ley de Amparo: I. Actos o resoluciones que se impugnan con motivo del primer acto de aplicación de una ley que se estima es inconstitucional. II. Actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; III. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; IV. Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. V. Actos o resoluciones respecto de las cuales, la ley que las rige, no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra. VI. Actos o resoluciones que carezcan de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Por disposición de los criterios jurisprudenciales. I. Cuando únicamente se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República, como lo es la garantía de audiencia (con la salvedad de que si se conoce el acto y/o procedimiento reclamado antes de que se dicte sentencia o resolución definitiva, el quejoso está obligado a agotar los medios ordinarios de defensa, si es tercero extraño por equiparación, es decir, si fue señalado como parte demandada en el juicio o procedimiento de que se trate y no ha sido debidamente emplazado). II. Cuando los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste reglamenta no se contempla su existencia. Respecto de los casos de excepción aludidos, es ilustrativa por identidad de razón la tesis de la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal de rubro y texto: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia." Cabe aclarar que aun en los casos en los cuales se reclamen actos dictados después de concluido el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, el quejoso se encuentra obligado a agotar los recursos o medios ordinarios de defensa que la ley que rige el acto prevea, antes de acudir al juicio de amparo. Al respecto, resultan aplicables por identidad de razón, los siguientes criterios: "INCIDENTE DE CESACIÓN DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA PROMOVIDO EN EL EXPEDIENTE DEL JUICIO CONCLUIDO EN EL QUE SE CONDENÓ AL DEUDOR ALIMENTARIO A SU PAGO. CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE LO RESUELVE, PROCEDE EL AMPARO EN LA VÍA INDIRECTA. En los casos en los que en un juicio se emita una sentencia definitiva en la que se condene al deudor alimentario al pago de una pensión alimenticia, debe considerarse que ese juicio concluyó, por lo que si con posterioridad, dentro del propio expediente, se promueve y resuelve un incidente de cesación de la pensión alimenticia decretada previamente, es inconcuso que esa resolución incidental constituye un acto dictado después de concluido el juicio que, además, no tiene como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, sino declarar la cesación de la condena respectiva. En ese sentido, del artículo 107, fracciones V y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo abrogada, así como 170 de la vigente, deriva la regla general de que las resoluciones dictadas después de concluido el juicio no pueden tener la naturaleza de sentencias definitivas, pues desde una perspectiva de lógica jurídica procesal, para aquéllas constituye un presupuesto la conclusión del juicio, o sea, que previamente exista una sentencia definitiva o alguna otra resolución que hubiere puesto fin al juicio, máxime que respecto de los actos de tribunales dictados después de concluido el juicio, las legislaciones de amparo indicadas no aportan elementos para considerar que constituya un dato relevante para la procedencia de la vía indirecta de tramitación del juicio de amparo, la condición de que en los actos dictados después de concluido el juicio se resuelva, o no, sobre algún derecho sustantivo. De ahí que si la resolución señalada no puede considerarse sentencia definitiva, sino una actuación dictada después de concluido el juicio, entonces, de conformidad con la Ley de Amparo abrogada (artículo 114, fracción III), y con la vigente (artículo 107, fracción IV), procede el juicio de amparo en la vía indirecta para intentar su impugnación constitucional; lo anterior, sin perjuicio del examen que deba hacerse en relación con la procedencia del juicio de amparo, como es el caso del análisis sobre la definitividad del acto". "APELACIÓN. PROCEDE ESTE RECURSO CONTRA LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA DICTADA EN EL INCIDENTE DE REDUCCIÓN DE LA PENSIÓN PROVISIONAL DE ALIMENTOS (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN, VIGENTE HASTA EL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2008). El artículo 911 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán (abrogado mediante decreto publicado en el periódico oficial de esa entidad federativa el 6 de septiembre de 2008) establece que las sentencias de los incidentes son apelables cuando lo fuere la sentencia en lo principal. Ahora bien, tratándose del incidente de reducción de la pensión alimenticia provisional, la sentencia principal no es la resolución que decreta los alimentos provisionales -contra la cual no procede recurso alguno en términos del artículo 1295 del indicado Código- sino que lo es la dictada en el juicio que resuelve en definitiva la pensión alimenticia, en virtud de que el incidente de reducción de la pensión provisional de alimentos es parte integrante del juicio donde se decidirá la pensión definitiva conforme a los artículos 1298 y 1299 del referido Código, es decir, en la jurisdicción voluntaria se decide la fijación de una pensión provisional de alimentos y la resolución correspondiente servirá como medida cautelar en la sustanciación del juicio, promovido en la vía sumaria para fijar la pensión definitiva. Por tanto, si la resolución que decreta la pensión alimenticia definitiva es apelable conforme al artículo 636 de aquel código procesal, es evidente que en términos del aludido artículo 911, también procede el recurso de apelación contra la resolución dictada en el incidente de reducción de la pensión de alimentos provisionales". "ALIMENTOS PROVISIONALES. ATENTO AL PRINCIPIO PRO PERSONA, EL TÉRMINO PARA INTERPONER EL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA INTERLOCUTORIA QUE RESUELVE EL INCIDENTE SOBRE AUMENTO O REDUCCIÓN DE SU MONTO, ES EL DE SEIS DÍAS QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 692 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN. De conformidad con los artículos 943, 944, 947, 961, 962 y 966 del Código Familiar para el Estado de Michoacán, los procedimientos de jurisdicción voluntaria no son de carácter contencioso, y se deciden con la resolución que el Juez pronuncie sobre el acto, tema o asunto respecto del cual se solicitó su intervención. Tratándose de la fijación de alimentos provisionales concluye con la resolución que los niegue o la que los decreta a cargo del deudor alimentario, quien carece de facultades para impugnarla, pero atento a la variación de las condiciones que rigieron para su declaración, podrá solicitar su reducción o cesación en la vía incidental, la cual tendrá el carácter de contencioso conforme al artículo 942, en relación con los numerales del 935 al 941 del Código Familiar en cita, por lo que se erige en un procedimiento diverso de las diligencias de jurisdicción voluntaria sobre fijación de alimentos provisionales. Por tanto, el referido incidente, aun cuando guarda relación inmediata y directa con las diligencias, no debe considerarse tramitado dentro de éstas, por consiguiente, para impugnar mediante el recurso de apelación la interlocutoria que resuelve el incidente de aumento o reducción del monto de los alimentos provisionales no es aplicable el término de tres días a que alude el artículo 950 del invocado código, sino el de seis días que prevé el numeral 692 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, por disposición del precepto 927 del referido Código Familiar. Tal interpretación se hace en atención al principio "pro persona", contenido en el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según el cual, la intelección de todas las normas jurídicas obliga a maximizar su alcance a fin de lograr la efectividad de los derechos fundamentales de las personas de la manera que más les favorezca, en el caso, el de acceso a la administración de justicia de manera pronta, completa e imparcial, previsto en el artículo 17 constitucional, en virtud de que el precepto 692 mencionado representa mayor razonabilidad y proporcionalidad a las características del procedimiento incidental". En la especie, el acto reclamado se hace consistir, esencialmente, en el acuerdo de nueve de abril de dos mil dieciocho, dictada en el expediente xxx, relativo a las controversias de carácter familiar, en el que se le decretó de manera provisional una pensión alimenticia en favor de xxx, por un día de salario mínimo general vigente en el Estado, equivalente a la cantidad de $xxx (xxx pesos xxx centavos, moneda nacional), haciendo un total de $xxx (xxx pesos, xxx, moneda nacional), mensualmente, hasta en tanto se resuelva en definitiva dicho juicio. En contra de la citada determinación, previo a ejercer la acción constitucional de amparo, la parte quejosa debió agotar el recurso de apelación previsto por el artículo 991 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas, contenido en el título decimonoveno, capítulo único "De las Controversias del Orden Familiar, de la Violencia Familiar y de la Reparación del Daño", de dicha legislación, normatividad que rige el procedimiento de donde emana el auto combatido; precepto que establece: "ART. 991. La apelación deberá interponerse en la forma y términos previstos por el artículo 666. Cuando la tramitación del juicio se haya regido por las disposiciones generales del código, igualmente se regirá por estas disposiciones, por lo que toca a los recursos; pero en todo caso, si la parte recurrente careciere de abogado, la propia sala solicitara la intervención de un defensor de oficio, quien gozara de un plazo de tres días mas para enterarse del asunto y a efecto de que haga valer los agravios o cualquier derecho a nombre del (sic) la parte que asesore." Conforme al transcrito numeral, el recurso de apelación en las controversias del orden familiar se rige por las disposiciones generales del código adjetivo de la materia en lo tocante a los recursos, salvo el caso de que la recurrente carezca de abogado, en cuyo supuesto se le debe designar un defensor de oficio. Esto es, la citada disposición remite al título del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas que regula los recursos para conocer la procedencia y trámite de la apelación en aquellos casos en que se combate por ese medio de impugnación alguna determinación dictada en los juicios que se siguen por la indicada vía. Del título en comento, destacan los artículos 663, 666, 671 y 675, que a la letra señalan: "Artículo. 663. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior. "Artículo. 666.- La apelación debe interponerse por escrito ante el juez que pronuncio la resolución en la forma y términos previstos en los artículos siguientes, salvo cuando se trate de apelaciones extraordinarias. Los autos e interlocutorias serán apelables cuando lo fuere la sentencia definitiva." "Artículo. 671. De los autos y sentencias interlocutorias que deriven una ejecución que pueda causar daño irreparable o de difícil reparación y la apelación proceda en el efecto devolutivo, se admitirá en ambos efectos si el apelante lo solicita al interponer el recurso, en el que deberá señalar los motivos por los que considera el daño irreparable o de difícil reparación. En este caso, el juez deberá resolver si admite la apelación en ambos efectos, debiendo fijar el monto de la garantía que exhibirá el apelante, en un término de seis días a fin de que surta efectos la suspensión. Dicha garantía atenderá a la cuantía del asunto y no podrá ser inferior al equivalente de sesenta días del salario mínimo general vigente en el estado. De no exhibirse la garantía en el plazo señalado, la apelación solo se admitirá en efecto devolutivo. En caso de que la garantía señalada sea excesiva o que se niegue la admisión del recurso en ambos efectos, se puede ocurrir en queja, mismas que deberá presentarse ante el mismo juez, en un termino que tres días, debiendo acompañar garantía por el equivalente de sesenta días de salario mínimo general vigente en el estado, para efectos de suspender la ejecución. De no exhibirse esta garantía, aunque la queja se deba admitir, no se suspenderá la ejecución. El juez en cualquier caso remitirá al superior la queja planteada junto con su informe justificado, dentro del término de tres días, para que sea resuelta por el superior jerárquico en un término de cinco días. Declarada fundada la queja, el superior ordenara que la apelación se admita en ambos efectos y señalara la garantía que exhibirá el recurrente ante el inferior dentro del termino de seis días. Si se declara infundada la queja se hará efectiva la garantía exhibida. Las resoluciones que resuelvan las quejas no admiten más recurso que el de responsabilidad. También la parte contraria podrá ocurrir en queja, sin necesidad de exhibir garantía alguna, cuando la apelación se admita en ambos efectos y considere insuficiente la fijada por el juez al apelante. Las quejas interpuestas, se deben remitir por el juez junto con su informe justificado al superior en el término de tres días, y este resolverá en el plazo máximo de cinco días. Si el tribunal confirmase la resolución apelada, condenara al recurrente al pago de las indemnizaciones, fijando el importe de los daños y perjuicios que se hayan causado, además el pago de costas." "Artículo. 675. Además de los casos determinados expresamente en la ley, se admitirán en ambos efectos las apelaciones que se interpongan: I. De las sentencias definitivas; II. De los autos definitivos que paralizan o ponen termino al juicio haciendo imposible su continuación; III. De las sentencias interlocutorias que paralizan o ponen termino al juicio haciendo imposible su continuación." De los citados preceptos se advierte que el recurso de apelación se erige como un medio ordinario de defensa procedente en contra de determinadas actuaciones, es decir, su procedencia es de naturaleza casuística, cuya finalidad estriba en que un tribunal de segunda instancia, también denominado "alzada", confirme, modifique o revoque las resoluciones del inferior. Entre tales determinaciones que admiten la procedencia del recurso de apelación, se encuentra la sentencia definitiva, sentencias interlocutorias, autos que expresamente dispone el Código y aquellos que causen un daño irreparable o de difícil reparación, siempre y cuando el fallo definitivo sea apelable. Es en la categoría de autos cuya ejecución puede causar daño irreparable o de difícil reparación en donde encuadra el proveído de nueve de abril del año en curso, mediante el cual se determinó imponer al aquí accionante del juicio de amparo, en el expediente xxx, relativo a las controversias de carácter familiar, una medida provisional de pensión alimenticia en favor de xxx, por un día de salario mínimo general vigente en el Estado, equivalente a la cantidad de $xxx (xxx pesos, xxx, moneda nacional), mensualmente, hasta en tanto se resuelva en definitiva dicho juicio. Sirve de apoyo a lo esgrimido, en lo conducente, la tesis 1a. CCXIII/2018 (10a.) , de rubro "PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. CONTRA EL AUTO QUE LA DECRETA, PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN (LEGISLACIÓN APLICABLE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, VIGENTE EN 2011)". Luego, dicho proveído es impugnable a través del recurso de apelación establecido en la legislación adjetiva civil de la entidad, mismo que debió ser agotado por el quejoso xxx en forma previa al ejercicio de la acción constitucional de amparo, habida cuenta que le asiste el carácter de parte procesal en el juicio natural, y como tal, se encuentra en aptitud de hacer valer los medios ordinarios de defensa que tiene a su alcance en contra de las actuaciones que afecten sus intereses. Ahora, de conformidad con los artículos 670 y 671, son admisibles en un solo efecto las apelaciones en los casos en que no se halle prevenido que se admitan libremente o en ambos efectos; sin embargo, en tratándose autos e interlocutorias cuya ejecución pueda causar daño irreparable o de difícil reparación, como en el caso acontece, la apelación se admitirá en ambos efectos si el recurrente lo solicita al interponer el recurso, señalando los motivos por los que considera que aquella determinación le irroga un daño irreparable o de difícil reparación. De ahí que se estime que la apelación prevista por el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas constituye recurso idóneo para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes cometidas en las resoluciones o determinaciones cuya ejecución implica un daño irreparable o de difícil reparación, condicionada a la exposición de las razones en que se sustenta la necesidad de paralizar su cumplimentación, las que en el caso específico de la providencia cautelar de retención de alimentos en favor de la parte quejosa, se hallan implícitas en la naturaleza de aquella medida. Por tanto, en observancia al principio de definitividad, la parte justiciable tenía la obligación de agotar el recurso de apelación en contra de la actuación combatida en la presente instancia, lo que en la especie no aconteció; sin que en el caso se surta alguna excepción al enunciado principio. Se invoca, por su contenido jurídico substancial, el criterio de rubro y texto: "RECURSOS ORDINARIOS, OBLIGATORIEDAD DE AGOTAMIENTO. Aun cuando en la demanda de amparo se aleguen violaciones a las garantías de los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, porque se infringe la garantía de legalidad en razón de que el acto carece de motivo y fundamentación, pero se impugnan substancialmente violaciones a las leyes ordinarias y sólo indirectamente la de la garantía de legalidad, lo cual pone de manifiesto que al lado de la violación a la Constitución se alegan violaciones al procedimiento del que emana el acto reclamado, por lo que el quejoso estaba obligado a intentar, previo al juicio de amparo, el recurso ordinario que establece la ley respectiva, pues no hay razón para pretender que por el hecho de que en la demanda se aduzca, al lado de violaciones a garantías de legalidad, violación a la garantía de audiencia, no deba agotarse el recurso ordinario, puesto que mediante éste puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que de estimar procedente el juicio de amparo sin que el afectado cumpla la obligación de agotar los recursos que establece la ley ordinaria que estima infringida, haría imperativo el arbitrio del quejoso de optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establece.". En las relatadas consideraciones, si la parte promovente no agotó el medio de defensa ordinario establecido en la ley para combatir el acto que reclama en esta instancia constitucional, se colige que en el caso se actualizan de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Por lo antes expuesto, y con fundamento en lo establecido por el artículo 113 en relación con el diverso 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo, se estima procedente DESECHAR DE PLANO la demanda promovida por el quejoso, por resultar notoriamente improcedente. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase notificaciones el que señala en su escrito de demanda; y por autorizados en término que indica a las personas que refiere. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que estos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez · 8,778 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano