Carlos Alberto Burgueño Ibarra

Expediente 66/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 12 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
66/2018
Año
2018
Actuaciones
12
Última actuación
02/05/2018

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Burgueño Ibarra

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DOS DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el líbelo de cuenta signado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a través del cual, en cumplimiento al fallo protector concedido, refiere haber entregado a la parte quejosa un cheque de fecha veintiuno de marzo actual, valioso por la cantidad de $8,269.59 (ocho mil doscientos sesenta y nueve pesos 59/100 moneda nacional), del cual anexa copia a su comunicado de mérito, de cuyo contenido se advierte una firma al calce de la que al parecer es del promovente del amparo; asimismo, copia de la credencial de elector; sin embargo, únicamente agréguense a sus autos el comunicado de mérito y documentales adjuntas para que obren como corresponda, toda vez que mediante determinación de diecinueve de abril de la presente anualidad (fojas 84 a 88), se declaró cumplido el fallo protector y consecuentemente se ordenó su archivo definitivo como asunto totalmente concluido.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la cuenta que antecede, se aprecia que por oficio presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit y documentales adjuntas, el veintisiete de marzo del año en curso (fojas 77 a 79), el Director General de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto del Director General Jurídico de dicha Secretaría, comunicó la forma en que la aludida responsable dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio de garantías, que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa Carlos Alberto Burgueño Ibarra. Mediante proveído de tres de abril de la presente anualidad (foja 80), ante la omisión de la parte quejosa de comparecer ante las oficinas de la autoridad responsable, a fin de efectuar el cobro respectivo del cheque puesto a su disposición ordenada en autos, se le requirió a la parte agraviada para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surtiera efectos la notificación respectiva, compareciera ante la autoridad responsable a recibir el título de crédito puesto a su disposición; del mismo modo, se le requirió para que al día siguiente hábil en que transcurriera el término otorgado, informará si ya le había sido devuelta la cantidad señalada, bajo apercibimiento que de no hacerlo dentro del lapso concedido, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. El anterior acuerdo, se notificó por lista que se fija en los estrados de este Órgano Jurisdiccional a la parte quejosa, el nueve de abril actual (foja 83), sin que hubiera desahogado esa vista o hecho alguna manifestación al respecto. En consecuencia, y toda vez que según se advierte de la certificación asentada por el Secretario de este Órgano Federal, ha transcurrido el término que se concedió para tal efecto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y la jurisprudencia cuyo rubro es: "INCONFORMIDAD, EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)", emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y registrada con el número 26/2000, así como la diversa tesis de rubro "DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS. CUANDO DERIVA DE UNA SENTENCIA DE AMPARO, BASTA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORME QUE EL QUEJOSO PODRÁ HACER EFECTIVO EL COBRO Y LO ACREDITE CON LAS CONSTANCIAS RELATIVAS PARA QUE AQUÉLLA SE CONSIDERE CUMPLIDA pronunciada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito y con número de registro III. 3o.A.52 A; este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, procede a pronunciarse sobre el cumplimiento de que se trata. Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el veintiuno de febrero de dos mil dieciocho (fojas 51 a 67), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: ".1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el precepto 23, fracción XXIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, en relación con los artículos 12, 13 y 14, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales arábigos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. 2. Asimismo, para que el Director General de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residente en esta ciudad, devuelva al quejoso la cantidad de $8,149.49 (ocho mil ciento cuarenta y nueve pesos 49/100 moneda nacional), que pagó el veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete, por concepto de derechos del giro de "MINISÚPER, ABARR. TENDAJONES Y SIM. CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, SUP. NO> A 200M2", así como de "Fomento a la Educación", "Asistencia Social" e "Impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit"." 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por refrendo, a efecto de que la parte quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto." De lo transcrito se colige, que los actos que debían realizar las autoridades responsables aludidas en párrafos que antecede, para cumplir con dicha sentencia, eran los siguientes: A).- Que no le fuera aplicado a la parte quejosa lo previsto en el numeral 23, fracción XXIII de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete; esto es, para que vigilaran que fueran desincorporados de la esfera jurídica del promovente del amparo, en el presente y en el futuro; y B).- Devolverle a la parte quejosa la cantidad de $8,149.49 (ocho mil ciento cuarenta y nueve pesos 49/100 moneda nacional), que pagó el veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete, por concepto de derechos del giro de "MINISÚPER, ABARR. TENDAJONES Y SIM. CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, SUP. NO> A 200M2", así como de "Fomento a la Educación", "Asistencia Social" e "Impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit, menos el cobro de comisión bancaria de $3.00 (tres pesos 00/100 moneda nacional); la cual debía ser actualizada. Luego, a través del oficio número DJC/1714/2018 y anexo presentados en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, el veintisiete de marzo de dos mil dieciocho (fojas 77 a 79), el Director General de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto del Director General Jurídico de dicha Secretaría, a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, informó que se encontraba a disposición de la parte quejosa un cheque por la cantidad que en su momento erogó la solicitante del amparo con motivo de la aplicación de los normativos tildados de inconstitucionales en el presente juicio de amparo más su actualización fiscal respectiva. Derivado lo anterior, mediante proveído de tres de abril de dos mil dieciocho (foja 80), se le requirió a la citada parte procesal para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surtiera efectos la notificación respectiva, compareciera ante la autoridad responsable a recibir el título de crédito puesto a su disposición; del mismo modo, se le requirió para que al día siguiente hábil en que transcurriera el término otorgado, informará si ya le había sido devuelto la cantidad señalada, bajo apercibimiento que de no hacerlo dentro del lapso concedido, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos, sin que a la data en que se actúa haya dado cumplimiento a lo anterior. Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que la parte quejosa al momento de realizar el trámite respectivo origen del acto reclamado, erogó la cantidad total de $8,149.49 (ocho mil ciento cuarenta y nueve pesos 49/100 moneda nacional), menos la suma de $3.00 (tres pesos 00/100 moneda nacional), que corresponde al concepto de comisión bancaría, da como resultado un total $8,146.49 (ocho mil ciento cuarenta y seis pesos 49/100 moneda nacional), cantidad sobre la cual la responsable debía de devolver debidamente actualizada, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete y en el mes de marzo de la presente anualidad, la autoridad responsable puso a disposición de la parte quejosa un cheque valioso por $8,269.59 (ocho mil doscientos sesenta y nueves pesos 59/100 moneda nacional), tal y como se aprecia del oficio y anexo presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, el veintisiete de marzo actual (fojas 77 a 79), por el cual la autoridad responsable citada pretendía devolver la contribución reclamada en su totalidad y debidamente actualizada. En ese tenor, el periodo de actualización comprende del mes de diciembre del año próximo pasado a marzo de dos mil dieciocho, éste último por corresponder a la fecha en la que la responsable acreditó haber puesto a disposición del promovente del amparo el título de crédito de referencia. Luego, el factor de referencia debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de noviembre de dos mil diecisiete entre el índice para el mes de febrero de la presente anualidad (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de noviembre de dos mil diecisiete fue de 130.044; y para el mes de febrero de este año fue de 132.009. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.01511. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad remanente a devolver $8,146.49 (ocho mil ciento cuarenta y seis pesos 49/100 moneda nacional), se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha en la que se puso a disposición el cheque número 403, a saber, $8,269,58 (ocho mil doscientos sesenta y nueve pesos 58/100 moneda nacional); luego, al restar a la cantidad de previa mención, la diversa correspondiente al remante a devolver $8,146.49 (ocho mil ciento cuarenta y seis pesos 49/100 moneda nacional), se desprende que el monto que corresponde al concepto de actualización es de $123.09 (ciento veintitrés pesos 09/100 moneda nacional). Así de las constancias que obran en autos se advierte que la citada autoridad responsable acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que, puso a disposición de la parte quejosa la cantidad de $8,269,59 (ocho mil doscientos sesenta y nueve pesos 59/100 moneda nacional) por concepto de la devolución de los conceptos materia del presente juicio y su respectiva actualización, título de crédito número 403, de fecha veintiuno de marzo del año en curso (foja 79), sin que a la fecha hubiere acudido a recoger lo propio. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido al aludido agraviado en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es DECLARAR CUMPLIDO el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. No pasa inadvertido para esta juzgadora, que del análisis de las pruebas aludidas, no se aprecia que el promovente del amparo haya acudido ante la autoridad responsable a fin de que le hicieran entrega del cheque emitido en cumplimiento al fallo protector; sin embargo, ello no resulta impedimento para tener por cumplida la ejecutoria de mérito, pues sólo bastará que el peticionario de garantías acuda hacer efectivo el cobro del título nominativo, a fin de recuperar la suma en él inserta en cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos. Por otro lado, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto, en relación con el diverso 214, de ese cuerpo normativo, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido, sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la cuenta que antecede, se aprecia que por oficio presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit y documentales adjuntas, el veintisiete de marzo del año en curso (fojas 77 a 79), el Director General de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto del Director General Jurídico de dicha Secretaría, comunicó la forma en que la aludida responsable dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio de garantías, que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa Carlos Alberto Burgueño Ibarra. Mediante proveído de tres de abril de la presente anualidad (foja 80), ante la omisión de la parte quejosa de comparecer ante las oficinas de la autoridad responsable, a fin de efectuar el cobro respectivo del cheque puesto a su disposición ordenada en autos, se le requirió a la parte agraviada para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surtiera efectos la notificación respectiva, compareciera ante la autoridad responsable a recibir el título de crédito puesto a su disposición; del mismo modo, se le requirió para que al día siguiente hábil en que transcurriera el término otorgado, informará si ya le había sido devuelta la cantidad señalada, bajo apercibimiento que de no hacerlo dentro del lapso concedido, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. El anterior acuerdo, se notificó por lista que se fija en los estrados de este Órgano Jurisdiccional a la parte quejosa, el nueve de abril actual (foja 83), sin que hubiera desahogado esa vista o hecho alguna manifestación al respecto. En consecuencia, y toda vez que según se advierte de la certificación asentada por el Secretario de este Órgano Federal, ha transcurrido el término que se concedió para tal efecto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y la jurisprudencia cuyo rubro es: "INCONFORMIDAD, EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)", emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y registrada con el número 26/2000, así como la diversa tesis de rubro "DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS. CUANDO DERIVA DE UNA SENTENCIA DE AMPARO, BASTA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORME QUE EL QUEJOSO PODRÁ HACER EFECTIVO EL COBRO Y LO ACREDITE CON LAS CONSTANCIAS RELATIVAS PARA QUE AQUÉLLA SE CONSIDERE CUMPLIDA pronunciada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito y con número de registro III. 3o.A.52 A; este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, procede a pronunciarse sobre el cumplimiento de que se trata. Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el veintiuno de febrero de dos mil dieciocho (fojas 51 a 67), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: ".1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el precepto 23, fracción XXIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, en relación con los artículos 12, 13 y 14, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales arábigos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. 2. Asimismo, para que el Director General de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residente en esta ciudad, devuelva al quejoso la cantidad de $8,149.49 (ocho mil ciento cuarenta y nueve pesos 49/100 moneda nacional), que pagó el veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete, por concepto de derechos del giro de "MINISÚPER, ABARR. TENDAJONES Y SIM. CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, SUP. NO> A 200M2", así como de "Fomento a la Educación", "Asistencia Social" e "Impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit"." 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por refrendo, a efecto de que la parte quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto." De lo transcrito se colige, que los actos que debían realizar las autoridades responsables aludidas en párrafos que antecede, para cumplir con dicha sentencia, eran los siguientes: A).- Que no le fuera aplicado a la parte quejosa lo previsto en el numeral 23, fracción XXIII de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete; esto es, para que vigilaran que fueran desincorporados de la esfera jurídica del promovente del amparo, en el presente y en el futuro; y B).- Devolverle a la parte quejosa la cantidad de $8,149.49 (ocho mil ciento cuarenta y nueve pesos 49/100 moneda nacional), que pagó el veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete, por concepto de derechos del giro de "MINISÚPER, ABARR. TENDAJONES Y SIM. CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, SUP. NO> A 200M2", así como de "Fomento a la Educación", "Asistencia Social" e "Impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit, menos el cobro de comisión bancaria de $3.00 (tres pesos 00/100 moneda nacional); la cual debía ser actualizada. Luego, a través del oficio número DJC/1714/2018 y anexo presentados en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, el veintisiete de marzo de dos mil dieciocho (fojas 77 a 79), el Director General de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto del Director General Jurídico de dicha Secretaría, a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, informó que se encontraba a disposición de la parte quejosa un cheque por la cantidad que en su momento erogó la solicitante del amparo con motivo de la aplicación de los normativos tildados de inconstitucionales en el presente juicio de amparo más su actualización fiscal respectiva. Derivado lo anterior, mediante proveído de tres de abril de dos mil dieciocho (foja 80), se le requirió a la citada parte procesal para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surtiera efectos la notificación respectiva, compareciera ante la autoridad responsable a recibir el título de crédito puesto a su disposición; del mismo modo, se le requirió para que al día siguiente hábil en que transcurriera el término otorgado, informará si ya le había sido devuelto la cantidad señalada, bajo apercibimiento que de no hacerlo dentro del lapso concedido, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos, sin que a la data en que se actúa haya dado cumplimiento a lo anterior. Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que la parte quejosa al momento de realizar el trámite respectivo origen del acto reclamado, erogó la cantidad total de $8,149.49 (ocho mil ciento cuarenta y nueve pesos 49/100 moneda nacional), menos la suma de $3.00 (tres pesos 00/100 moneda nacional), que corresponde al concepto de comisión bancaría, da como resultado un total $8,146.49 (ocho mil ciento cuarenta y seis pesos 49/100 moneda nacional), cantidad sobre la cual la responsable debía de devolver debidamente actualizada, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete y en el mes de marzo de la presente anualidad, la autoridad responsable puso a disposición de la parte quejosa un cheque valioso por $8,269.59 (ocho mil doscientos sesenta y nueves pesos 59/100 moneda nacional), tal y como se aprecia del oficio y anexo presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, el veintisiete de marzo actual (fojas 77 a 79), por el cual la autoridad responsable citada pretendía devolver la contribución reclamada en su totalidad y debidamente actualizada. En ese tenor, el periodo de actualización comprende del mes de diciembre del año próximo pasado a marzo de dos mil dieciocho, éste último por corresponder a la fecha en la que la responsable acreditó haber puesto a disposición del promovente del amparo el título de crédito de referencia. Luego, el factor de referencia debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de noviembre de dos mil diecisiete entre el índice para el mes de febrero de la presente anualidad (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de noviembre de dos mil diecisiete fue de 130.044; y para el mes de febrero de este año fue de 132.009. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.01511. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad remanente a devolver $8,146.49 (ocho mil ciento cuarenta y seis pesos 49/100 moneda nacional), se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha en la que se puso a disposición el cheque número 403, a saber, $8,269,58 (ocho mil doscientos sesenta y nueve pesos 58/100 moneda nacional); luego, al restar a la cantidad de previa mención, la diversa correspondiente al remante a devolver $8,146.49 (ocho mil ciento cuarenta y seis pesos 49/100 moneda nacional), se desprende que el monto que corresponde al concepto de actualización es de $123.09 (ciento veintitrés pesos 09/100 moneda nacional). Así de las constancias que obran en autos se advierte que la citada autoridad responsable acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que, puso a disposición de la parte quejosa la cantidad de $8,269,59 (ocho mil doscientos sesenta y nueve pesos 59/100 moneda nacional) por concepto de la devolución de los conceptos materia del presente juicio y su respectiva actualización, título de crédito número 403, de fecha veintiuno de marzo del año en curso (foja 79), sin que a la fecha hubiere acudido a recoger lo propio. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido al aludido agraviado en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es DECLARAR CUMPLIDO el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. No pasa inadvertido para esta juzgadora, que del análisis de las pruebas aludidas, no se aprecia que el promovente del amparo haya acudido ante la autoridad responsable a fin de que le hicieran entrega del cheque emitido en cumplimiento al fallo protector; sin embargo, ello no resulta impedimento para tener por cumplida la ejecutoria de mérito, pues sólo bastará que el peticionario de garantías acuda hacer efectivo el cobro del título nominativo, a fin de recuperar la suma en él inserta en cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos. Por otro lado, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto, en relación con el diverso 214, de ese cuerpo normativo, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido, sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TRES DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Téngase por recibido el libelo de cuenta, mediante el cual Felizardo Verdugo Flores, con el carácter de perito designado por la parte quejosa, rinde dictamen pericial, el cual se encuentra debidamente ratificado ante la presencia judicial; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes, la emisión de dicho estudio técnico, a efecto de que si lo desean, con fundamento en el dispositivo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en vigor, por disposición expresa de su numeral 2°, dentro del término de tres días, siguientes al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su interés legal convenga.

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