Carlos Alberto Bueno Avendaño
Expediente 1184/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1184/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 12/09/2023
Partes del expediente
- Carlos Alberto Bueno Avendaño
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, doce de septiembre de dos mil veintitrés. Causa estado auto de sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el estado procesal de los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto de veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente juicio de amparo; con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA QUEDADO FIRME. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en la fracción I, artículo 20 del Acuerdo General de referencia, que establece: ""Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: I. Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; (...)" Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo tercero, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaria para que verifique la digitalización de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. Toda vez que este asunto es destruible, y la parte quejosa no exhibió documentos originales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Acuerdo en comento, notifíquese el presente a dicha parte mediante lista. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de agosto de dos mil veintitrés. Informe justificado. La Dirección General Jurídica y de Transparencia, y Dirección de Secundarías Técnicas, ambas de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Puebla, por su representación; rinden informe justificado, señalan domicilio, designa autorizados y ofrece pruebas. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su informe justificado. Delegados. Téngase como delegados a las personas que señalan, en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo. Domicilio. En términos de lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley de Amparo, se tiene por señalado el domicilio para oír y recibir notificaciones que indican. Pruebas. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, téngasele como prueba la documental que anexa a su oficio de cuenta misma que se admite y desahoga dada su propia y especial naturaleza. Se sobresee en el juicio fuera de audiencia constitucional. En ese orden, toda vez que la parte quejosa señaló como acto reclamado la omisión de acordar su escrito presentado el treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, ante la Dirección de Secundarias Técnicas y Dirección de Secundarias Técnicas, ambas de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado Puebla. En efecto, en la demanda de amparo la parte quejosa precisó como acto reclamado el siguiente: "... IV.- ACTOS Y OMISIONES RECLAMADOS DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES.- Lo constituyen: a).-A DIRECCIÓN DE SECUNDARIAS TÉCNICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DE PUEBLA: a.1) La falta de respuesta al escrito presentado desde el Treinta y uno (31) DE MAYO de DOS MIL VEINTITRÉS ante la Oficialía de Partes de sus respectivas oficinas, por el que amablemente solicité intervención y expuse diversas peticiones, para efecto de que sean observadas las garantías y derechos humanos previstos a mi favor tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y a fin de contar con la certeza correspondiente respecto al Estado que guarda mi petición, así como evitar menoscabos a mi persona. a. 2) Omisión en observar el derecho humano relativo al artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto a las peticiones formuladas pacíficamente desde el el (sic) Treinta y uno (31) DE MAYO de DOS MIL VEINTITRES; a. 3) Vulneración a mi derecho a formular acciones para una debida defensa de mis derechos humanos, por la omisión de dar respuesta a las peticiones formuladas y contenidas en el escrito presentado desde el el Treinta y uno (31) DE MAYO de DOS MIL VEINTITRES, ya que he sido sometido a un constante estado de incertidumbre e indefensión, además de que se ha menoscabado mi persona; a. 4) Vulneración a la obligación prevista en el artículo 138 de la Constitución Política del Estado Libre y soberano de Puebla, en relación con el numeral 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto a las peticiones formuladas pacíficamente desde el Treinta y uno (31) DE MAYO de DOS MIL VEINTITRÉS: a. 5) Conducta omisiva para hacer prevalecer la INCERTIDUMBRE JURIDICA de la quejosa, al no dar a conocer la respuesta puntual a la petición relativa al ESCRITO PRESENTADO EL el (sic) Treinta y uno (31) DE MAYO de DOS MIL VEINTITRÉS; b). - A DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DE PUEBLA: a. 1) La falta de respuesta al escrito presentado desde el Treinta y uno (31) DE MAYO de DOS MIL VEINTITRES ante la Oficialía de Partes de sus respectivas oficinas, por el que amablemente solicité intervención y expuse diversas peticiones, para efecto de que sean observadas las garantías y derechos humanos previstos a mi favor tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y a fin de contar con la certeza correspondiente respecto al Estado que guarda mi petición, así como evitar menoscabos a mi persona. a. 2) Omisión en observar el derecho humano relativo al artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto a las peticiones formuladas pacíficamente desde el el (sic)Treinta y uno (31) DE MAYO de DOS MIL VEINTITRES; a. 3) Vulneración a mi derecho a formular acciones para una debida defensa de mis derechos humanos, por la omisión de dar respuesta a las peticiones formuladas y contenidas en el escrito presentado desde el el Treinta y uno (31) DE MAYO de DOS MIL VEINTITRÉS, ya que he sido sometido a un constante estado de incertidumbre e indefensión, además de que se ha menoscabado mi persona; a. 4) Vulneración a la obligación prevista en el artículo 138 de la Constitución Política del Estado Libre y soberano de Puebla, en relación con el numeral 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto a las peticiones formuladas pacíficamente desde el Treinta y uno (31) DE MAYO de DOS MIL VEINTITRÉS; a. 5) Conducta omisiva para hacer prevalecer la INCERTIDUMBRE JURIDICA de la quejosa, al no dar a conocer la respuesta puntual a la petición relativa al ESCRITO PRESENTADO EL el (sic) Treinta y uno (31) DE MAYO de DOS MIL VEINTITRÉS;. ..." Ahora, resulta necesario traer a colación los antecedentes que informan el presente asunto, y en concreto, el acto que reclama la parte quejosa. En ese sentido, se toma en consideración las constancias que la autoridad responsable remitió con el informe justificado que rindió; bajo ese contexto, se advierten los antecedentes siguientes: El quejoso ..., mediante escrito presentado el treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, dirigido a la Dirección de Secundarios Técnicas de la Secretaría de Educación del Estado de Puebla, y en atención a la notificación del oficio SEP-2.1.4-21DST0004R/046/2023 emitido por dicha autoridad, solicitó la regularización del procedimiento administrativo seguido en su contra. El Director de Secundarias Técnicas de la Secretaría de Educación del Estado de Puebla, mediante oficio -SEP-2.0.9.2-DST/1601/2023, de veintiocho de julio de dos mil veintitrés, y dirigido al quejoso, en su carácter de personal administrativo especializado adscrito a la Escuela Secundaria Técnica número 4, le informó que el citatorio que se le realizó el treinta de mayo pasado, con motivo del acta administrativa levantada en su contra por los hechos que indicó en dicho oficio, En el oficio antes precisado la autoridad responsable, le hizo del conocimiento a la parte quejosa que en atención a las formalidades del procedimiento administrativo el cual se encuentra fundamentado de forma supletoria en la Ley Federal del Trabajo, en el citatorio que al efecto le fue dirigido, se le indicó que tenía que presentarse en una determinada fecha y hora y se le estableció un lugar, a efecto de instrumentar el acta administrativa correspondiente, estableciendo el personal que encargado de instrumentar el acta respectiva y se precisaron las circunstancias que originaron la citación de la parte quejosa. De igual forma, en el oficio 2.0.9.2-DST/1601/2023, de veintiocho de julio de dos mil veintitrés, se precisó las razones por las cuales la autoridad responsable no contaba con atribuciones y facultades a fin de suspender el procedimiento instruido en contra de la parte quejosa y, se le informó las consecuencias que tendría la falta de comparecencia a la diligencia respectiva. Como se desprende de lo anterior, la Dirección de Secundarias Técnicas de la Secretaría de Educación del Estado de Puebla, con motivo de un acta administrativa levantada en contra del quejoso, en su carácter de personal administrativo especializado adscrito a la Escuela Secundaria Técnica número 4, y con fundamento en el artículo 46 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, inició un procedimiento administrativo en su contra. Posteriormente, en atención al citatorio realizado al quejoso a efecto de que compareciera a dicho procedimiento, presentó su escrito del treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, por el cual solicitó la regularización de dicho procedimiento. Al respecto, debe precisarse que el procedimiento conforme al cual se puede cesar a algún trabajador, se prevé en los artículos 46 y 46 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que establecen lo siguiente: "Artículo 46. - Ningún trabajador podrá ser cesado sino por justa causa. En consecuencia, el nombramiento o designación de los trabajadores sólo dejará de surtir efectos sin responsabilidad para los titulares de las dependencias por las siguientes causas: I.- Por renuncia, por abandono de empleo o por abandono o repetida falta injustificada a labores técnicas relativas al funcionamiento de maquinaria o equipo, o a la atención de personas, que ponga en peligro esos bienes o que cause la suspensión o la deficiencia de un servicio, o que ponga en peligro la salud o vida de las personas, en los términos que señalen los Reglamentos de Trabajo aplicables a la dependencia respectiva. II.- Por conclusión del término o de la obra determinantes de la designación; III.- Por muerte del trabajador; IV.- Por incapacidad permanente del trabajador, física o mental, que le impida el desempeño de sus labores; V.- Por resolución del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en los casos siguientes: a) Cuando el trabajador incurriere en faltas de probidad u honradez o en actos de violencia, amagos, injurias, o malos tratamientos contra sus jefes o compañeros o contra los familiares de unos u otros, ya sea dentro o fuera de las horas de servicio. b) Cuando faltare por más de tres días consecutivos a sus labores sin causa justificada. c) Por destruir intencionalmente edificios, obras, maquinaria, instrumentos, materias primas y demás objetos relacionados con el trabajo. d) Por cometer actos inmorales durante el trabajo. e) Por revelar los asuntos secretos o reservados de que tuviere conocimiento con motivo de su trabajo. f) Por comprometer con su imprudencia, descuido o negligencia la seguridad del taller, oficina o dependencia donde preste sus servicios o de las personas que allí se encuentren. g) Por desobedecer reiteradamente y sin justificación las órdenes que reciba de sus superiores. h) Por concurrir, habitualmente, al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de algún narcótico o droga enervante. i) Por falta comprobada de cumplimiento a las condiciones generales de trabajo de la dependencia respectiva. j) Por prisión que sea el resultado de una sentencia ejecutoria. En los casos a que se refiere esta fracción, el Jefe superior de la oficina respectiva podrá ordenar la remoción del trabajador que diere motivo a la terminación de los efectos de su nombramiento, a oficina distinta de aquella en que estuviere prestando sus servicios, dentro de la misma Entidad Federativa cuando esto sea posible, hasta que sea resuelto en definitiva el conflicto por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Por cualquiera de las causas a que se refiere esta fracción, el titular de la Dependencia podrá suspender los efectos del nombramiento si con ello está conforme el Sindicato correspondiente; pero si este no estuviere de acuerdo, y cuando se trate de alguna de las causas graves previstas en los incisos a), c), e), y h), el Titular podrá demandar la conclusión de los efectos del nombramiento, ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, el cual proveerá de plano, en incidente por separado, la suspensión de los efectos del nombramiento, sin perjuicio de continuar el procedimiento en lo principal hasta agotarlo en los términos y plazos que correspondan, para determinar en definitiva sobre la procedencia o improcedencia de la terminación de los efectos del nombramiento. Cuando el Tribunal resuelva que procede dar por terminados los efectos del nombramiento sin responsabilidad para el Estado, el trabajador no tendrá derecho al pago de los salarios caídos. Artículo 46 Bis.- Cuando el trabajador incurra en alguna de las causales a que se refiere la fracción V del artículo anterior, el jefe superior de la oficina procederá a levantar acta administrativa, con intervención del trabajador y un representante del Sindicato respectivo, en la que con toda precisión se asentarán los hechos, la declaración del trabajador afectado y las de los testigos de cargo y de descargo que se propongan, la que se firmará por los que en ella intervengan y por dos testigos de asistencia, debiendo entregarse en ese mismo acto, una copia al trabajador y otra al representante sindical. Si a juicio del Titular procede demandar ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje la terminación de los efectos del nombramiento del trabajador, a la demanda se acompañarán, como instrumentos base de la acción, el acta administrativa y los documentos que, al formularse ésta, se hayan agregado a la misma." De lo anterior, se desprende que cuando un trabajador cometa alguna de las conductas establecidas en la fracción V del artículo 46 en cita, el jefe superior de la oficina correspondiente levantará acta administrativa, dando intervención a la parte trabajadora y al representante sindical, en la cual se asentarán los hechos, la declaración del trabajador y de los testigos propuestos, firmando en ella las personas que hayan intervenido. Precisado lo anterior, como se indicó, la parte quejosa señaló como acto reclamado la omisión de las autoridades responsables de dar respuesta al escrito petitorio presentado el treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, dentro del procedimiento administrativo iniciado en su contra. En efecto, la parte quejosa solicitó dentro del procedimiento administrativo instruido en su contra, que el mismo se regularizara con motivo de las manifestaciones vertidas en el escrito presentado el treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Bajo ese contexto, este juzgado federal estima que, en el caso concreto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: ... III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: ... b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, el juicio de amparo procede ante la persona Juzgadora de Distrito contra actos omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio siempre que se trate de actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Con base en lo anterior, debe decirse que en la nueva legislación existe un cambio de definición respecto de los actos de imposible reparación, pues aun cuando anteriormente la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en jurisprudencia la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de violaciones procesales que afectaran a las partes en grado predominante o superior, tal criterio ya no resulta aplicable a los asuntos tramitados conforme a la nueva Ley de Amparo. En efecto, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de que México sea parte; es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en un procedimiento judicial propiamente dicho, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio: La primera consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y La segunda en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva; derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En ese sentido, se recuerda que la parte quejosa reclamó de la Dirección de Secundarias Técnicas y Dirección de Secundarias Técnicas, ambas de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado Puebla, la omisión de acordar su escrito presentado el treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, derivado del procedimiento administrativo que se inició en su contra. Al respecto, es necesario apuntar que la parte quejosa argumentó expresamente en su demanda que la falta de contestación al escrito presentado el treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, vulnerara el derecho de petición previsto en el artículo 8º de la Constitución General; tal como se advierte de la transcripción siguiente: "... IV.- ACTOS Y OMISIONES RECLAMADOS DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES.- Lo constituyen: a).-A DIRECCIÓN DE SECUNDARIAS TÉCNICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DE PUEBLA: ... a.2) Omisión en observar el derecho humano relativo al artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto a las peticiones formuladas pacíficamente desde el el (sic) Treinta y uno (31) DE MAYO de DOS MIL VEINTITRES; ..." Ahora, el precepto constitucional en cita establece la obligación de los funcionarios y empleados públicos de respetar el ejercicio del derecho de petición, siempre que se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; de ahí que a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. No obstante, cuando un particular se encuentra dentro de un procedimiento jurisdiccional o administrativo seguido en forma de juicio, como acontece en la especie, no puede reclamar de forma autónoma la violación al derecho de petición, en virtud de que debe atenderse a lo previsto en las normas constitucionales y legales aplicables [artículos 14 y 17 de la Constitución Federal que prevén el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento y el derecho de acción]. En esas condiciones, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 de la Constitución Federal, así como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria; en razón de ello, si el reclamo se da dentro de un procedimiento, no se cumpliría con el requisito de procedencia del amparo indirecto consistente en la transgresión a un derecho sustantivo. Lo anterior, pues no se trata de una afectación autónoma, sino que se da en dicho contexto, por lo que tiene un carácter adjetivo y en esos casos se debe atender a las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada. No pasa inadvertido que si bien uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la omisión de dar respuesta a una petición formulada a una autoridad; sin embargo, ello por sí solo no es suficiente para considerar procedente el juicio de amparo indirecto, en virtud de que dicha afectación no puede verse de forma autónoma sino dentro del procedimiento, por lo que no actualizaría el caso de excepción que se prevé para acudir al juicio de amparo. Al respecto, conviene traer a colación los argumentos expuestos por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver por unanimidad de cinco votos, la contradicción de tesis 325/2015, que en la parte que interesa es del tenor siguiente: "... Su materia consiste en determinar si la violación al derecho de petición o prosecución jurisdiccional reclamada por una de las partes dentro de un procedimiento laboral, actualiza una causal de improcedencia notoria y manifiesta suficiente para sustentar el desechamiento de la demanda de amparo promovida en la vía directa. Cabe puntualizar que el punto de contradicción así fijado, no comprende el caso en que se reclame en la demanda de amparo la falta de emisión del laudo, debido a que sobre ese punto en concreto sólo existe un pronunciamiento en el recurso de queja 68/2015 del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, de ahí que respecto de este tema no exista oposición que resolver. SEXTO. Estudio de fondo. El criterio que debe prevalecer como jurisprudencia es el que se desarrolla a continuación y, conforme al cual, en casos como los que fueron analizados por los tribunales que participan en esta contradicción, el juicio de amparo indirecto es notoriamente improcedente. El Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial que más adelante se reproduce, sostuvo, entre otras cosas, que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, existe precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer en la fracción V del artículo 107, que: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: ... V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" Con esta aclaración de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación ?sostuvo el Pleno? el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. De acuerdo con lo sustentado por el Alto Tribunal, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: La primera, la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva" (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión ?esta última? que se opone con la de "formal o adjetiva". Así, cuando un particular ?como en los casos que dieron origen a la presente contradicción de tesis? se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Ley Suprema, los actos que reclama no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo: falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o falta de prosecución del trámite. Ello, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional. Sin embargo, debe tenerse presente que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Es así que tratándose de procedimientos jurisdiccionales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones, de ahí que, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. En consecuencia, el criterio general es que la demanda de amparo que se interponga contra actos de esta naturaleza es notoriamente improcedente y debe desecharse de plano, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o paralización total del mismo, pues en tal caso la demanda de amparo es procedente por excepción. Estas consideraciones encuentran apoyo en la jurisprudencia del Tribunal Pleno de rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)..." De dicha ejecutoria derivó la jurisprudencia 2ª./J. 48/2016, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1086, libro 30, mayo de 2016, tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y contenido siguiente: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS..." Asimismo, sobre esa misma temática, la Primera Sala del Alto Tribunal se ha pronunciado en el mismo sentido, tal como se advierte de las jurisprudencias 1a./J. 8/2015 (10a.) y 1a./J. 7/2015 (10a.), consultables en las páginas 478 y 480, tomo I, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a abril de 2015, que disponen lo siguiente: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO (LEY DE AMPARO ABROGADA)..." "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA..." En esa tesitura, en los supuestos en que se señale como acto reclamado la omisión de dar respuesta a un escrito de petición presentado al interior de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, o uno jurisdiccional, no es factible considerar que se pueda impugnar en la acción constitucional, de manera autónoma, la falta de contestación a dicho ocurso en términos del numeral 8º de la Ley Fundamental, sino que debe tratarse como una violación de carácter adjetiva. Bajo ese panorama, en la especie, la parte quejosa elevó una petición a su superior jerárquico dentro de un procedimiento administrativo, razón por la cual la omisión de dar respuesta no debe analizarse de manera autónoma, sino que debe entenderse como una violación suscitada dentro del procedimiento administrativo que se emprendió en contra del quejoso en su carácter de personal administrativo especializado adscrito a la Escuela Secundaria Técnica número 4. De modo que aquélla solamente es un vicio meramente adjetivo que no deja sin defensa a la quejosa; máxime que a la fecha no se advierte que se haya emitido la resolución determinante del procedimiento administrativo en la que se finque a la parte quejosa responsabilidad por las conductas que se le atribuyen y que fueron establecidas en el acta respectiva; de ahí que, en su caso, en contra de ésta podrá hacer valer el vicio procedimental aludido. Por lo tanto, respecto del acto atribuido a las autoridades responsables, el cual se hizo consistir en la omisión de acordar su escrito presentado el treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso b), ambos de la Ley de Amparo, lo cual conduce a sobreseer en el juicio -fuera de audiencia constitucional- en términos del numeral 63, fracción V, de la ley de la materia. Por último, cabe señalar que el análisis emprendido por este órgano de control constitucional a fin de determinar la improcedencia del juicio constitucional, no implica que se vulnere el contenido del artículo primero, párrafo segundo, de la Constitución Federal que, esencialmente, exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de tal suerte que se favorezca la protección más amplia a las personas. Sirven de apoyo a lo anterior las tesis aisladas CCLXXVI/2012 (10a) y CCLXXV/2012 (10ª), ambas de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es el siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO..." "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL..." Se deja sin efectos la audiencia constitucional. En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las diez horas con cincuenta minutos del treinta de agosto de dos mil veintitrés, háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE VEINTIUNO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de agosto de dos mil veintitrés. Informe justificado. La Dirección General Jurídica y de Transparencia, y Dirección de Secundarías Técnicas, ambas de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Puebla, por su representación; rinden informe justificado, señalan domicilio, designa autorizados y ofrece pruebas. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su informe justificado. Delegados. Téngase como delegados a las personas que señalan, en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo. Domicilio. En términos de lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley de Amparo, se tiene por señalado el domicilio para oír y recibir notificaciones que indican. Pruebas. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, téngasele como prueba la documental que anexa a su oficio de cuenta misma que se admite y desahoga dada su propia y especial naturaleza. Se sobresee en el juicio fuera de audiencia constitucional. En ese orden, toda vez que la parte quejosa señaló como acto reclamado la omisión de acordar su escrito presentado el treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, ante la Dirección de Secundarias Técnicas y Dirección de Secundarias Técnicas, ambas de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado Puebla. En efecto, en la demanda de amparo la parte quejosa precisó como acto reclamado el siguiente: "... IV.- ACTOS Y OMISIONES RECLAMADOS DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES.- Lo constituyen: a). -A DIRECCIÓN DE SECUNDARIAS TÉCNICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DE PUEBLA: a.1) La falta de respuesta al escrito presentado desde el Treinta y uno (31) DE MAYO de DOS MIL VEINTITRÉS ante la Oficialía de Partes de sus respectivas oficinas, por el que amablemente solicité intervención y expuse diversas peticiones, para efecto de que sean observadas las garantías y derechos humanos previstos a mi favor tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y a fin de contar con la certeza correspondiente respecto al Estado que guarda mi petición, así como evitar menoscabos a mi persona. a. 2) Omisión en observar el derecho humano relativo al artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto a las peticiones formuladas pacíficamente desde el el (sic) Treinta y uno (31) DE MAYO de DOS MIL VEINTITRES; a. 3) Vulneración a mi derecho a formular acciones para una debida defensa de mis derechos humanos, por la omisión de dar respuesta a las peticiones formuladas y contenidas en el escrito presentado desde el el Treinta y uno (31) DE MAYO de DOS MIL VEINTITRES, ya que he sido sometido a un constante estado de incertidumbre e indefensión, además de que se ha menoscabado mi persona; a. 4) Vulneración a la obligación prevista en el artículo 138 de la Constitución Política del Estado Libre y soberano de Puebla, en relación con el numeral 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto a las peticiones formuladas pacíficamente desde el Treinta y uno (31) DE MAYO de DOS MIL VEINTITRÉS: a. 5) Conducta omisiva para hacer prevalecer la INCERTIDUMBRE JURIDICA de la quejosa, al no dar a conocer la respuesta puntual a la petición relativa al ESCRITO PRESENTADO EL el (sic) Treinta y uno (31) DE MAYO de DOS MIL VEINTITRÉS; b). - A DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DE PUEBLA: a. 1) La falta de respuesta al escrito presentado desde el Treinta y uno (31) DE MAYO de DOS MIL VEINTITRES ante la Oficialía de Partes de sus respectivas oficinas, por el que amablemente solicité intervención y expuse diversas peticiones, para efecto de que sean observadas las garantías y derechos humanos previstos a mi favor tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y a fin de contar con la certeza correspondiente respecto al Estado que guarda mi petición, así como evitar menoscabos a mi persona. a. 2) Omisión en observar el derecho humano relativo al artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto a las peticiones formuladas pacíficamente desde el el (sic)Treinta y uno (31) DE MAYO de DOS MIL VEINTITRES; a. 3) Vulneración a mi derecho a formular acciones para una debida defensa de mis derechos humanos, por la omisión de dar respuesta a las peticiones formuladas y contenidas en el escrito presentado desde el el Treinta y uno (31) DE MAYO de DOS MIL VEINTITRÉS, ya que he sido sometido a un constante estado de incertidumbre e indefensión, además de que se ha menoscabado mi persona; a. 4) Vulneración a la obligación prevista en el artículo 138 de la Constitución Política del Estado Libre y soberano de Puebla, en relación con el numeral 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto a las peticiones formuladas pacíficamente desde el Treinta y uno (31) DE MAYO de DOS MIL VEINTITRÉS; a. 5) Conducta omisiva para hacer prevalecer la INCERTIDUMBRE JURIDICA de la quejosa, al no dar a conocer la respuesta puntual a la petición relativa al ESCRITO PRESENTADO EL el (sic) Treinta y uno (31) DE MAYO de DOS MIL VEINTITRÉS;. ..." Ahora, resulta necesario traer a colación los antecedentes que informan el presente asunto, y en concreto, el acto que reclama la parte quejosa. En ese sentido, se toma en consideración las constancias que la autoridad responsable remitió con el informe justificado que rindió; bajo ese contexto, se advierten los antecedentes siguientes: El quejoso ..., mediante escrito presentado el treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, dirigido a la Dirección de Secundarios Técnicas de la Secretaría de Educación del Estado de Puebla, y en atención a la notificación del oficio SEP-2.1.4-21DST0004R/046/2023 emitido por dicha autoridad, solicitó la regularización del procedimiento administrativo seguido en su contra. El Director de Secundarias Técnicas de la Secretaría de Educación del Estado de Puebla, mediante oficio -SEP-2.0.9.2-DST/1601/2023, de veintiocho de julio de dos mil veintitrés, y dirigido al quejoso, en su carácter de personal administrativo especializado adscrito a la Escuela Secundaria Técnica número 4, le informó que el citatorio que se le realizó el treinta de mayo pasado, con motivo del acta administrativa levantada en su contra por los hechos que indicó en dicho oficio, En el oficio antes precisado la autoridad responsable, le hizo del conocimiento a la parte quejosa que en atención a las formalidades del procedimiento administrativo el cual se encuentra fundamentado de forma supletoria en la Ley Federal del Trabajo, en el citatorio que al efecto le fue dirigido, se le indicó que tenía que presentarse en una determinada fecha y hora y se le estableció un lugar, a efecto de instrumentar el acta administrativa correspondiente, estableciendo el personal que encargado de instrumentar el acta respectiva y se precisaron las circunstancias que originaron la citación de la parte quejosa. De igual forma, en el oficio 2.0.9.2-DST/1601/2023, de veintiocho de julio de dos mil veintitrés, se precisó las razones por las cuales la autoridad responsable no contaba con atribuciones y facultades a fin de suspender el procedimiento instruido en contra de la parte quejosa y, se le informó las consecuencias que tendría la falta de comparecencia a la diligencia respectiva. Como se desprende de lo anterior, la Dirección de Secundarias Técnicas de la Secretaría de Educación del Estado de Puebla, con motivo de un acta administrativa levantada en contra del quejoso, en su carácter de personal administrativo especializado adscrito a la Escuela Secundaria Técnica número 4, y con fundamento en el artículo 46 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, inició un procedimiento administrativo en su contra. Posteriormente, en atención al citatorio realizado al quejoso a efecto de que compareciera a dicho procedimiento, presentó su escrito del treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, por el cual solicitó la regularización de dicho procedimiento. Al respecto, debe precisarse que el procedimiento conforme al cual se puede cesar a algún trabajador, se prevé en los artículos 46 y 46 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que establecen lo siguiente: "Artículo 46. - Ningún trabajador podrá ser cesado sino por justa causa. En consecuencia, el nombramiento o designación de los trabajadores sólo dejará de surtir efectos sin responsabilidad para los titulares de las dependencias por las siguientes causas: I.- Por renuncia, por abandono de empleo o por abandono o repetida falta injustificada a labores técnicas relativas al funcionamiento de maquinaria o equipo, o a la atención de personas, que ponga en peligro esos bienes o que cause la suspensión o la deficiencia de un servicio, o que ponga en peligro la salud o vida de las personas, en los términos que señalen los Reglamentos de Trabajo aplicables a la dependencia respectiva. II.- Por conclusión del término o de la obra determinantes de la designación; III.- Por muerte del trabajador; IV.- Por incapacidad permanente del trabajador, física o mental, que le impida el desempeño de sus labores; V.- Por resolución del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en los casos siguientes: a) Cuando el trabajador incurriere en faltas de probidad u honradez o en actos de violencia, amagos, injurias, o malos tratamientos contra sus jefes o compañeros o contra los familiares de unos u otros, ya sea dentro o fuera de las horas de servicio. b) Cuando faltare por más de tres días consecutivos a sus labores sin causa justificada. c) Por destruir intencionalmente edificios, obras, maquinaria, instrumentos, materias primas y demás objetos relacionados con el trabajo. d) Por cometer actos inmorales durante el trabajo. e) Por revelar los asuntos secretos o reservados de que tuviere conocimiento con motivo de su trabajo. f) Por comprometer con su imprudencia, descuido o negligencia la seguridad del taller, oficina o dependencia donde preste sus servicios o de las personas que allí se encuentren. g) Por desobedecer reiteradamente y sin justificación las órdenes que reciba de sus superiores. h) Por concurrir, habitualmente, al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de algún narcótico o droga enervante. i) Por falta comprobada de cumplimiento a las condiciones generales de trabajo de la dependencia respectiva. j) Por prisión que sea el resultado de una sentencia ejecutoria. En los casos a que se refiere esta fracción, el Jefe superior de la oficina respectiva podrá ordenar la remoción del trabajador que diere motivo a la terminación de los efectos de su nombramiento, a oficina distinta de aquella en que estuviere prestando sus servicios, dentro de la misma Entidad Federativa cuando esto sea posible, hasta que sea resuelto en definitiva el conflicto por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Por cualquiera de las causas a que se refiere esta fracción, el titular de la Dependencia podrá suspender los efectos del nombramiento si con ello está conforme el Sindicato correspondiente; pero si este no estuviere de acuerdo, y cuando se trate de alguna de las causas graves previstas en los incisos a), c), e), y h), el Titular podrá demandar la conclusión de los efectos del nombramiento, ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, el cual proveerá de plano, en incidente por separado, la suspensión de los efectos del nombramiento, sin perjuicio de continuar el procedimiento en lo principal hasta agotarlo en los términos y plazos que correspondan, para determinar en definitiva sobre la procedencia o improcedencia de la terminación de los efectos del nombramiento. Cuando el Tribunal resuelva que procede dar por terminados los efectos del nombramiento sin responsabilidad para el Estado, el trabajador no tendrá derecho al pago de los salarios caídos. Artículo 46 Bis.- Cuando el trabajador incurra en alguna de las causales a que se refiere la fracción V del artículo anterior, el jefe superior de la oficina procederá a levantar acta administrativa, con intervención del trabajador y un representante del Sindicato respectivo, en la que con toda precisión se asentarán los hechos, la declaración del trabajador afectado y las de los testigos de cargo y de descargo que se propongan, la que se firmará por los que en ella intervengan y por dos testigos de asistencia, debiendo entregarse en ese mismo acto, una copia al trabajador y otra al representante sindical. Si a juicio del Titular procede demandar ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje la terminación de los efectos del nombramiento del trabajador, a la demanda se acompañarán, como instrumentos base de la acción, el acta administrativa y los documentos que, al formularse ésta, se hayan agregado a la misma." De lo anterior, se desprende que cuando un trabajador cometa alguna de las conductas establecidas en la fracción V del artículo 46 en cita, el jefe superior de la oficina correspondiente levantará acta administrativa, dando intervención a la parte trabajadora y al representante sindical, en la cual se asentarán los hechos, la declaración del trabajador y de los testigos propuestos, firmando en ella las personas que hayan intervenido. Precisado lo anterior, como se indicó, la parte quejosa señaló como acto reclamado la omisión de las autoridades responsables de dar respuesta al escrito petitorio presentado el treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, dentro del procedimiento administrativo iniciado en su contra. En efecto, la parte quejosa solicitó dentro del procedimiento administrativo instruido en su contra, que el mismo se regularizara con motivo de las manifestaciones vertidas en el escrito presentado el treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Bajo ese contexto, este juzgado federal estima que, en el caso concreto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: ... III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: ... b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, el juicio de amparo procede ante la persona Juzgadora de Distrito contra actos omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio siempre que se trate de actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Con base en lo anterior, debe decirse que en la nueva legislación existe un cambio de definición respecto de los actos de imposible reparación, pues aun cuando anteriormente la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en jurisprudencia la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de violaciones procesales que afectaran a las partes en grado predominante o superior, tal criterio ya no resulta aplicable a los asuntos tramitados conforme a la nueva Ley de Amparo. En efecto, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de que México sea parte; es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en un procedimiento judicial propiamente dicho, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio: La primera consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y La segunda en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva; derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En ese sentido, se recuerda que la parte quejosa reclamó de la Dirección de Secundarias Técnicas y Dirección de Secundarias Técnicas, ambas de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado Puebla, la omisión de acordar su escrito presentado el treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, derivado del procedimiento administrativo que se inició en su contra. Al respecto, es necesario apuntar que la parte quejosa argumentó expresamente en su demanda que la falta de contestación al escrito presentado el treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, vulnerara el derecho de petición previsto en el artículo 8º de la Constitución General; tal como se advierte de la transcripción siguiente: "... IV.- ACTOS Y OMISIONES RECLAMADOS DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES.- Lo constituyen: a). -A DIRECCIÓN DE SECUNDARIAS TÉCNICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DE PUEBLA: ... a. 2) Omisión en observar el derecho humano relativo al artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto a las peticiones formuladas pacíficamente desde el el (sic) Treinta y uno (31) DE MAYO de DOS MIL VEINTITRES; ... " Ahora, el precepto constitucional en cita establece la obligación de los funcionarios y empleados públicos de respetar el ejercicio del derecho de petición, siempre que se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; de ahí que a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. No obstante, cuando un particular se encuentra dentro de un procedimiento jurisdiccional o administrativo seguido en forma de juicio, como acontece en la especie, no puede reclamar de forma autónoma la violación al derecho de petición, en virtud de que debe atenderse a lo previsto en las normas constitucionales y legales aplicables [artículos 14 y 17 de la Constitución Federal que prevén el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento y el derecho de acción]. En esas condiciones, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 de la Constitución Federal, así como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria; en razón de ello, si el reclamo se da dentro de un procedimiento, no se cumpliría con el requisito de procedencia del amparo indirecto consistente en la transgresión a un derecho sustantivo. Lo anterior, pues no se trata de una afectación autónoma, sino que se da en dicho contexto, por lo que tiene un carácter adjetivo y en esos casos se debe atender a las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada. No pasa inadvertido que si bien uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la omisión de dar respuesta a una petición formulada a una autoridad; sin embargo, ello por sí solo no es suficiente para considerar procedente el juicio de amparo indirecto, en virtud de que dicha afectación no puede verse de forma autónoma sino dentro del procedimiento, por lo que no actualizaría el caso de excepción que se prevé para acudir al juicio de amparo. Al respecto, conviene traer a colación los argumentos expuestos por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver por unanimidad de cinco votos, la contradicción de tesis 325/2015, que en la parte que interesa es del tenor siguiente: "... Su materia consiste en determinar si la violación al derecho de petición o prosecución jurisdiccional reclamada por una de las partes dentro de un procedimiento laboral, actualiza una causal de improcedencia notoria y manifiesta suficiente para sustentar el desechamiento de la demanda de amparo promovida en la vía directa. Cabe puntualizar que el punto de contradicción así fijado, no comprende el caso en que se reclame en la demanda de amparo la falta de emisión del laudo, debido a que sobre ese punto en concreto sólo existe un pronunciamiento en el recurso de queja 68/2015 del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, de ahí que respecto de este tema no exista oposición que resolver. SEXTO. Estudio de fondo. El criterio que debe prevalecer como jurisprudencia es el que se desarrolla a continuación y, conforme al cual, en casos como los que fueron analizados por los tribunales que participan en esta contradicción, el juicio de amparo indirecto es notoriamente improcedente. El Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial que más adelante se reproduce, sostuvo, entre otras cosas, que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, existe precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer en la fracción V del artículo 107, que: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: ... V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" Con esta aclaración de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación ?sostuvo el Pleno? el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. De acuerdo con lo sustentado por el Alto Tribunal, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: La primera, la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva" (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión ?esta última? que se opone con la de "formal o adjetiva". Así, cuando un particular ?como en los casos que dieron origen a la presente contradicción de tesis? se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Ley Suprema, los actos que reclama no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo: falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o falta de prosecución del trámite. Ello, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional. Sin embargo, debe tenerse presente que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Es así que tratándose de procedimientos jurisdiccionales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones, de ahí que, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. En consecuencia, el criterio general es que la demanda de amparo que se interponga contra actos de esta naturaleza es notoriamente improcedente y debe desecharse de plano, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o paralización total del mismo, pues en tal caso la demanda de amparo es procedente por excepción. Estas consideraciones encuentran apoyo en la jurisprudencia del Tribunal Pleno de rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013) ..." De dicha ejecutoria derivó la jurisprudencia 2ª./J. 48/2016, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1086, libro 30, mayo de 2016, tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y contenido siguiente: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS..." Asimismo, sobre esa misma temática, la Primera Sala del Alto Tribunal se ha pronunciado en el mismo sentido, tal como se advierte de las jurisprudencias 1a./J. 8/2015 (10a. ) y 1a./J. 7/2015 (10a.) , consultables en las páginas 478 y 480, tomo I, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a abril de 2015, que disponen lo siguiente: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO (LEY DE AMPARO ABROGADA) ..." "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA..." En esa tesitura, en los supuestos en que se señale como acto reclamado la omisión de dar respuesta a un escrito de petición presentado al interior de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, o uno jurisdiccional, no es factible considerar que se pueda impugnar en la acción constitucional, de manera autónoma, la falta de contestación a dicho ocurso en términos del numeral 8º de la Ley Fundamental, sino que debe tratarse como una violación de carácter adjetiva. Bajo ese panorama, en la especie, la parte quejosa elevó una petición a su superior jerárquico dentro de un procedimiento administrativo, razón por la cual la omisión de dar respuesta no debe analizarse de manera autónoma, sino que debe entenderse como una violación suscitada dentro del procedimiento administrativo que se emprendió en contra del quejoso en su carácter de personal administrativo especializado adscrito a la Escuela Secundaria Técnica número 4. De modo que aquélla solamente es un vicio meramente adjetivo que no deja sin defensa a la quejosa; máxime que a la fecha no se advierte que se haya emitido la resolución determinante del procedimiento administrativo en la que se finque a la parte quejosa responsabilidad por las conductas que se le atribuyen y que fueron establecidas en el acta respectiva; de ahí que, en su caso, en contra de ésta podrá hacer valer el vicio procedimental aludido. Por lo tanto, respecto del acto atribuido a las autoridades responsables, el cual se hizo consistir en la omisión de acordar su escrito presentado el treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso b), ambos de la Ley de Amparo, lo cual conduce a sobreseer en el juicio -fuera de audiencia constitucional- en términos del numeral 63, fracción V, de la ley de la materia. Por último, cabe señalar que el análisis emprendido por este órgano de control constitucional a fin de determinar la improcedencia del juicio constitucional, no implica que se vulnere el contenido del artículo primero, párrafo segundo, de la Constitución Federal que, esencialmente, exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de tal suerte que se favorezca la protección más amplia a las personas. Sirven de apoyo a lo anterior las tesis aisladas CCLXXVI/2012 (10a) y CCLXXV/2012 (10ª), ambas de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es el siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO..." "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL..." Se deja sin efectos la audiencia constitucional. En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las diez horas con cincuenta minutos del treinta de agosto de dos mil veintitrés, háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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San Andrés Cholula, Estado de Puebla, dos de agosto de dos mil veintitrés. Se requieren constancias. Visto el estado procesal de autos, se advierte que no obra en autos el informe justificado requerido a las autoridades responsables Dirección de Secundarias Técnicas y Dirección General Jurídica y de Transparencia, ambas de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Puebla, mediante proveído de tres de julio del año en curso, no obstante haber transcurrido el término de quince días para rendirlo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 75 de la ley de la materia y 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a ésta, se estima procedente requerir a las autoridades responsables, para que en el término de tres días, contado a partir del día siguiente de la notificación del presente proveído, realice lo siguiente: Informen si a la presente fecha ya se pronunciaron respecto del escrito presentado por la parte quejosa el treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, debiendo remitir copia certificada de las constancias conducentes para acreditar su dicho o indiquen el impedimento que tengan para tal efecto. Apercibida que, de no dar cumplimiento a lo anterior, con fundamento en los artículos en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo se le impondrá una medida de apremio consistente en una multa de cincuenta días de salario, calculado conforme a la unidad de medida y actualización establecida en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil diecisiete, actualizada conforme a la publicación del Diario Oficial de la Federación diez de enero del dos mil dieciocho, con vigencia a partir de uno de febrero siguiente. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 124, del Volumen 187-192, Cuarta Parte, Séptima Época, del rubro siguiente "DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER." Diferimiento. En tales condiciones, y para dar margen a lo anterior, con fundamento en el artículo 115, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional fijada en el presente asunto y se señalan las diez horas con cincuenta minutos del treinta de agosto de dos mil veintitrés, para su celebración. Sirve de fundamento, la tesis aislada: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, SEÑALAMIENTO DE. Si bien es cierto que conforme al artículo 147 de la Ley de Amparo, debe señalarse en el auto en que se admite la demanda, día y hora para la celebración de la audiencia, a más tardar dentro del término de treinta días, también lo es que esta disposición legal debe entenderse en términos hábiles, armonizándolo con las dificultades que en la práctica se presente, toda vez que siendo muchos los negocios que se ventilan en los tribunales federales, humanamente sería imposible observar la ley a este respecto. Consecuentemente, no es ilegal la resolución de un Juez de Distrito que cita para la celebración de la audiencia una fecha posterior a los treinta días que marca la ley, si tal señalamiento obedece a necesidades imperiosas y no a mala fe o dolo de parte del juzgador." Notifíquese.
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