Carlos Alberto Arias Vidaca

Expediente 748/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 14 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
748/2019
Año
2019
Actuaciones
14
Última actuación
20/12/2019

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Arias Vidaca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Visto, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta suscrito por la secretaria de acuerdos del Tercer Tribunal Unitario del Decimoquinto Circuito, con sede en Tijuana, mediante el cual informa que el trece de diciembre de dos mil diecinueve, recibió los autos originales del juicio de amparo 748/2019-IV, promovido por Carlos Alberto Arias Vidaca, asimismo, que aceptó la competencia declinada por este juzgado y se avocó al conocimiento de dicho asunto, el cual quedó registrado con el número 22/2019-V, de su índice. En vista de lo anterior hágase del conocimiento del Tercer Tribunal Unitario del Decimoquinto Circuito, con sede en Tijuana, que no obra en autos el informe justificado del Magistrado del Octavo Tribunal Unitario del Decimoquinto Circuito; no obstante en caso de que sea recibido en este órgano jurisdiccional, le sea remitido de manera inmediata. En virtud de lo expuesto, archívese el expediente como asunto concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el punto décimo primero del Acuerdo General conjunto mencionado. Ahora bien, ya que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en el cuaderno de antecedentes del incidente relativo, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Finalmente, como se advierte de la certificación secretarial de cuenta no obra en autos informe justificado del Magistrado del Octavo Tribunal Unitario del Decimoquinto Circuito, por tanto, hágase del conocimiento del tribunal de alzada vía SISE, a efecto de que provea lo conducente.

  2. Incidental

    Visto, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por la secretaria de acuerdos del Tercer Tribunal Unitario del Decimoquinto Circuito, con sede en Tijuana, mediante el cual solicita sea remitido el billete de depósito número **, expedido por Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución Banca de Desarrollo, por la cantidad de **, a efecto de garantizar la suspensión definitiva concedida en resolución de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, en motivo de la incompetencia planteada por este órgano jurisdiccional, para que dicho tribunal lo tenga bajo custodia, en consecuencia, al no resultar de utilidad alguna en este juzgado, remítase vía estafeta, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Asimismo, hágase del conocimiento del Tercer Tribunal Unitario del Decimoquinto Circuito, con sede en Tijuana, que no obra en autos el informe previo del Magistrado del Octavo Tribunal Unitario del Decimoquinto Circuito; no obstante en caso de que sea recibido en este órgano jurisdiccional, le sea remitido de manera inmediata. En otro contexto, como se advierte de la certificación secretarial que antecede y ya que el día de la fecha se dictó un proveído en el cuaderno de antecedentes relativo al juicio principal del que deriva el presente cuaderno de antecedentes relativo al incidente de suspensión 748/2019, mediante el cual se ordenó el archivo de aquel expediente; en consecuencia al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En términos del artículo Vigésimo Primero, fracción III, del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintinueve de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, y toda vez que en que en determinaciones de cuatro y diez de octubre de dos mil diecinueve, se concedió, respectivamente, la suspensión provisional y definitiva solicitada por la parte quejosa; por tanto, los cuadernos incidentales son susceptibles de destrucción y carece de relevancia documental. Por último, se ordena estampar en la carátula del presente cuaderno de antecedentes, el sello con la leyenda "destruible", que determina su destino"; lo anterior, en términos de lo dispuesto en el punto décimo primero del Acuerdo General conjunto mencionado.

  3. Incidental

    Vistas; agréguense a los autos para que obren como corresponda las copias simples del escrito de ampliación de demanda promovida por Carlos Alberto Arias Vidaca contra actos del Octavo Tribunal Unitario del Décimo Quinto Circuito, con sede en Tijuana, Baja California, respecto al acto reclamado consistente en el auto de veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, dictada por la citada autoridad responsable. En ese sentido, pídase informe previo únicamente al Octavo Tribunal Unitario del Décimo Quinto Circuito, con sede en Tijuana, Baja California, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 125, 128, 138 y 140 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe previo, que deberá rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, siguientes al en que reciban el oficio en el que se le solicita. Se señalan las diez horas con quince minutos del nueve de diciembre de dos mil diecinueve, para que tenga verificativo la audiencia de este incidente. Ahora bien, se tiene que la parte quejosa señala como acto reclamado: "[.]A LA ATORIDAD RESPONSABLE OCTAVO TRIBUNAL UNITARIO DEL CUARDO DE FECHA VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE DICTADO DENTRO DE LOS AUTOS DE LA TOCA DE APELACION 59/2019, EN LA QUE SE ORDENA A LA DIVERSA AUTORIDAD RESPONSABLE JUEZ SÈPTIMO DE DISTRITO, SE ME INFORME EL DERECHO A EXHIBIR UNA FIANZA PARA GOZAR DE MI LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCION, LO ANTERIOR EN FRANCA VIOLACION DE MIS DERECHOS HUMANOS DE TUTELA JUDICIAL, LEGALIDAD, SEGURIDAD JURÌDICA Y APLICACIÒN DE UNA LEY QUE MÀS ME FAVORECE PARA RESOLVER SOBRE MI LIBERTAD PERSONAL[.]" Asimismo solicita la suspensión del acto reclamado para lo siguiente: "[.] del acto reclamado y en su oportunidad la definitiva a fin de que no sea librada orden de aprehensión o reaprehensión en mi contra manteniéndose las cosas en el estado que actualmente se encuentran, es decir que el suscrito quede a disposición de este órgano jurisdiccional por lo que hace a mi libertad personal, y a disposición de la autoridad jurisdiccional responsable para la continuación del procedimiento, hasta en tanto no se resuelva en definitiva el presente juicio de garantías. [.]" Por tanto, con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, se procede al pronunciamiento sobre la procedencia de la medida cautelar solicitada. Ahora, el artículo 128 de la Ley de Amparo, establece como requisitos para conceder la suspensión del acto reclamado, que la solicite la parte quejosa y no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, lo que en el caso concreto se actualiza al haberse solicitado expresamente por la parte quejosa y con su otorgamiento no se contravienen disposiciones de orden público ni de interés social, al no advertirse alguno de los supuestos contemplados por el artículo 129 de la Ley de Amparo. En ese sentido, respecto de los efectos de la medida cautelar solicitada lo procedente es conceder la suspensión provisional, para de no se prive al quejoso Carlos Alberto Arias Vidaca de su libertad personal con motivo de las consecuencias del auto de veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, dentro del toca ** del índice del Octavo Tribunal Unitario del Décimo Quinto Circuito, con sede en Tijuana, Baja California Lo anterior, si es que a la fecha no ha sucedido y hasta en tanto se notifique a las autoridades señaladas como responsables la suspensión definitiva que se emita en los presentes cuadernos incidentales. En la inteligencia de que la medida cautelar que se decreta no surtirá efecto legal si el acto que se reclama fue emitido en cumplimiento a alguna ejecutoria de amparo, o bien si se sorprende a la parte quejosa en flagrante delito o en caso urgente; asimismo, se aclara que dicha medida no incide en la ejecución de alguna sentencia dictada en su contra, ni si ocurrió en cumplimiento de una orden de autoridad judicial competente, o bien se trate de una orden privativa de libertad dictada con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, medida que se otorga sin perjuicio de que con mayores elementos que las partes aportan pueda modificarse en todo o en parte. Sin que se imponga al quejoso de alguna medida de aseguramiento, puesto que el fin de la misma es con el objeto de que el quejoso no se sustraiga de la acción de la justicia; sin embargo de la certificación secretarial se obtiene que en resolución de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, se fijó como requisito para que siguiera surtiendo efectos la suspensión definitiva otorgada a la parte quejosa, que se presentara ante el juez de la causa, asimismo, exhibiera una garantía; lo que en el caso aconteció`, por lo que el cinco de noviembre de dos mil diecinueve, se giró oficio a la autoridad responsable juez Séptimo de Distrito en el estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, a efecto de hacer de su conocimiento que el quejoso cumplió con los requisitos exigidos en interlocutoria de veintitrés de octubre del año que transcurre, para que siguiera surtiendo efectos la misma. Tiene aplicación, de igual forma, a lo antes expuesto, la jurisprudencia visible en la página 226, del Tomo V, Mayo de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO QUE PUEDE IMPONER EL JUEZ DE AMPARO TRATÁNDOSE DE ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL. De los artículos 124, 136 y 138 de la Ley de Amparo se desprende, entre otros aspectos, que la suspensión se decretará cuando no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; que el Juez de amparo tiene las más amplias facultades para fijar las medidas de aseguramiento que estime convenientes, a fin de que el quejoso no se sustraiga a la acción de la justicia y que el otorgamiento de la medida cautelar no constituya un impedimento para la continuación del procedimiento que haya motivado el acto reclamado. Lo anterior lleva a considerar que al proveer respecto de la suspensión de los efectos del acto reclamado, tratándose de la restricción de la libertad personal, es menester que se guarde un prudente equilibrio entre la salvaguarda de esa delicadísima garantía constitucional, los objetivos propios de la persecución de los delitos y la continuación del procedimiento penal, aspectos sobre los que se encuentra interesada la sociedad. Para lograr dicho equilibrio, el artículo 136 de la Ley de Amparo dispone que en los juicios constitucionales en los que se reclamen actos restrictivos de la libertad, el Juez de Distrito dictará las medidas que estime necesarias, tendientes al aseguramiento del quejoso, con el fin de que sea devuelto a la autoridad responsable, en caso de que no se le concediera el amparo que hubiere solicitado, de donde se desprende que los Jueces de Distrito gozan de amplitud de criterio para fijar dichas medidas, tales como exigir fianza; establecer la obligación de que el quejoso proporcione su domicilio, a fin de que se le puedan hacer las citaciones respectivas; fijarle la obligación de presentarse al juzgado los días que se determinen y hacerle saber que está obligado a comparecer dentro de determinado plazo ante el Juez de su causa, debiendo allegar los criterios que acreditan esa comparecencia, o cualquier otra medida que considere conducente para el aseguramiento del agraviado. Asimismo, debe tomarse en cuenta que atento lo preceptuado por el artículo 138 de la Ley de Amparo, en los casos en que la suspensión sea procedente, ésta se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado. Por lo anterior, se concluye que los aludidos requisitos que se impongan al quejoso, al otorgar la suspensión provisional en el juicio de amparo en el que se reclamen actos restrictivos de la libertad personal, son congruentes con los preceptos que regulan la suspensión." Por otra parte, expídase un tanto de copias certificadas de esta determinación; previa razón de recibo que se deje en autos; sin que haya lugar en acordar de conformidad la expedición de un tanto más de las copias certificadas que solicita, en virtud de que la promovente no justifica las razones por las que requiere su expedición. Lo anterior de acuerdo con la jurisprudencia 2ª./J. 104/2010 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que estableció que la expedición de copia certificada de constancias o documentos no se restringe a un solo juego, pero se encuentra condicionado a que se justifique su uso por la parte solicitante, lo que en el caso no aconteció; dicha jurisprudencia se encuentra visible en la página trescientos doce, del Tomo XXXII, julio de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "COPIA CERTIFICADA DE CONSTANCIAS O DOCUMENTOS QUE OBREN EN AUTOS. EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES NO RESTRINGE SU EXPEDICIÓN A UN SOLO JUEGO. La expresión "copia certificada de cualquier constancia o documento que obre en los autos" del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles no restringe a un solo juego el número copias certificadas que las partes pueden solicitar. En efecto, la ratio legis del artículo es proteger el acceso a toda la información contenida en los autos de un proceso judicial en el cual sean parte los solicitantes, por tanto, la expedición de copias certificadas atiende a los intereses procesales que tengan los individuos sujetos a proceso y no existe ninguna razón para sostener que dichos intereses siempre se satisfacen expidiendo solo un tanto de copias. Esta interpretación se refuerza si se toma en consideración el principio pro persona cuya finalidad es la interpretación y aplicación de criterios jurídicos atendiendo a la protección más amplia de los derechos humanos. No obstante, la expedición de más de un juego de copias certificadas, se encuentra condicionada a la justificación de uso que aporte la parte solicitante. Es decir, la solicitud de más de un juego de copias certificadas deberá acompañarse de las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición. En consecuencia, las autoridades jurisdiccionales podrán negar expedir todos los tantos de copias solicitados cuando se abuse de dicho derecho. Así, si la autoridad jurisdiccional advierte que la parte solicitante solicitó un número de copias excesivo, sin que se exponga alguna razón para justificar ese número de copias, se podrán expedir menos tantos de copias que los solicitados."

  4. Principal

    Ensenada, Baja California, veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve. Ensenada, Baja California, veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el diecisiete de octubre del año en curso, se requirió a la parte quejosa para que dentro del plazo de quince días hábiles siguientes a su notificación realizara lo siguiente: ".manifieste si desea señalar como autoridad responsable al Magistrado del Octavo Tribunal Unitario del Decimoquinto Circuito con residencia en Tijuana, Baja California, así como acuerdo de veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, emitido dentro del toca penal 59/2018, en el que ordenó al juez responsable hiciera saber al aquí quejoso el derecho a gozar de la libertad personal bajo caución en los términos del procedimiento penal bajo el cual se emitió el auto de plazo constitucional emitido en su contra." Con el apercibimiento que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior, se continuaría con el procedimiento en el juicio de derechos fundamentales en el que se actúa, únicamente en relación con la autoridad responsable y acto reclamado señalados en su escrito inicial de demanda. En ese sentido, agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito registrado con folio 10796; signado por Carlos Alberto Arias Vidaca mediante el cual da cumplimiento a la vista otorgada en treinta de octubre del año en curso; en consecuencia, ya que el promovente se encuentra en tiempo y forma, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII y XV de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 37, 107, 108, 111, fracción I, 112, 116, 117, 260 y relativos de la Ley de Amparo, se admite la ampliación de demanda de amparo por lo que hace a la autoridad responsable Octavo Tribunal Unitario del Decimo Quinto Circuito, con sede en Tijuana, Baja California, así como al nuevo acto reclamado consistente en el acuerdo veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, emitido por la citada autoridad. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, Julio de 2003, página 12 , cuyo rubro y texto es el siguiente: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE. La estructura procesal de dicha ampliación, que es indispensable en el juicio de garantías, se funda en el artículo 17 constitucional y debe adecuarse a los principios fundamentales que rigen dicho juicio, de los que se infiere la regla general de que la citada figura procede en el amparo indirecto cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, en el mismo se fundamente o motive el acto reclamado, o cuando dicho quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados, pudiendo recaer la ampliación sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación, siempre que el escrito relativo se presente dentro de los plazos que establecen los artículos 21, 22 y 218 de la Ley de Amparo a partir del conocimiento de tales datos, pero antes de la celebración de la audiencia constitucional." Toda vez que la parte quejosa solicita la suspensión del acto reclamado, provéase lo conducente en el incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo. En otro contexto, con fundamento en el artículo 117 de la ley de amparo, pídase informe justificado únicamente a la nueva autoridad señalada como responsable en relación con la ampliación de demanda que nos ocupa, al que deberán anexar copia certificada de las constancias que apoyen los mismos, mismas que deberán estar debidamente costuradas, selladas, foliadas y legibles; debiendo rendirlo dentro del plazo de quince días hábiles siguientes al en que reciban el oficio en el que se solicita, apercibidas que de no hacerlo se les impondrá una multa de 100 (cien) unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil diecinueve, en el Diario Oficial de la Federación; asimismo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables la pena en que incurren con la omisión de rendir el informe justificado en el término solicitado y el de afirmar hechos falsos u omitir los que les consten en relación con el acto reclamado, penas éstas previstas en el artículo 262 fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable, que si bien se le otorga un plazo de quince días hábiles para rendir su informe justificado, no menos cierto es que no existe disposición que le impida rendir tal informe en un término menor al indicado, antes bien la prontitud con que se rinda se encuentra acorde con el imperativo previsto en el artículo 17 constitucional, consistente en administrar justicia pronta y expedita, así como de acuerdo con los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la prerrogativa de las personas de contar con un medio de defensa sencillo y rápido, por lo que se le exhorta que en el momento que cuente con la información necesaria para rendir el informe que se le requiere, lo haga saber de inmediato a este órgano jurisdiccional, en la inteligencia de que deberá rendir el mismo con la anticipación debida para que las partes puedan imponerse de éste por lo menos con ocho días previos al señalado para la audiencia constitucional relativa, bajo apercibimiento que de no hacerlo se le aplicará la multa decretada. En ese orden, se hace saber a la autoridad responsable que tiene la obligación de recibir los oficios que se le giren en el presente sumario, aun cuando su denominación no sea la actual pero lleve a cabo la función de la autoridad que señala la parte quejosa; en el entendido de que de negarse a recibir el mismo, se harán acreedora a una multa de 100 (cien) unidades de medida y actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil diecinueve, en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 245 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, dígase a las autoridades responsables y demás partes, que tienen la obligación de informar la existencia de alguna causal de improcedencia y de remitir las constancias que así lo acrediten, en el entendido de que de no hacerlo, se harán acreedoras a una multa de 30 (treinta) unidades de medida y actualización, que equivale a la cantidad de $2,534.70 (dos mil quinientos treinta y cuatro pesos, setenta centavos), la que resulta de multiplicar por treinta la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil diecinueve, en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 251 de la Ley de Amparo. Asimismo, hágase de su conocimiento que se señalaron las nueve horas con cincuenta minutos del once de diciembre de dos mil diecinueve, para la celebración de la audiencia constitucional. Por otra parte, con fundamento en el artículo 5o, fracción IV de la Ley de Amparo, dése al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde y notifíquese este acuerdo así como, las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, en términos del numeral 26, fracción II, inciso c), de la Ley de Amparo, corriéndole traslado con copia simple del escrito de ampliación de demanda. Finalmente, córrase traslado a las partes con copia del escrito de ampliación de demanda para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente.

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