Carlos Alberto Angelino Barrón

Expediente 693/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
693/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
09/08/2021

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Angelino Barrón
  • Director de la penitenciaria CDMX

Actuaciones

  1. Principal

    En la Ciudad de México, a nueve de agosto de dos mil veintiuno. Se tiene por recibida la promoción electrónica de cuenta, en términos del artículo 48 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, con evidencia criptográfica del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en La Laguna, por medio del cual, solicita se le informe si este órgano jurisdiccional aceptó la competencia declinada por el juzgado oficiante. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda, tomando conocimiento de su contenido para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, del estado procesal que guardan los presentes autos, no se advierte que la demanda electrónica interpuesta por Carlos Alberto Angelino Barrón, haya sido turnada a este juzgado en razón de una competencia declinada por un órgano jurisdiccional diverso. No obstante lo anterior, se informa al juzgado oficiante que mediante acuerdo de ocho de junio de dos mil veintiuno, se desechó la demanda de mérito. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Alonso Antonio Hernández Flores, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos de lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con el oficio CCJ/ST/2625/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistido por el Secretario Francisco Javier García Hernández, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    En la Ciudad de México, treinta de junio de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por el Subdirector de Área en la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de la En la Ciudad de México, treinta de junio de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por el Subdirector de Área en la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de la República en representación de las autoridades responsables, por medio del cual, en atención al proveído de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, informa los correos institucionales a los que debe ser enviada la resolución dictada por el Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el recurso de revisión R.A. 30/2018. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda, tomando conocimiento de su contenido para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, y en razón de que se encuentra desahogando el requerimiento de fecha veinticuatro de junio del presente año, envíese el archivo electrónico de la ejecutoria dictada por el Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el recurso de revisión R.A. 30/2018, a los correos vladimir.solis@pgr.gob.mx y diego.herrera.@pgr.gob.mx por conducto del correo institucional de este órgano judicial. En el entendido de que el acuse de recibo se generará al momento de su envío, por ello no será necesario que reitere dicho acuse vía tradicional. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Alonso Antonio Hernández Flores, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    En la Ciudad de México, a ocho de junio de dos mil veintiuno. Vista la demanda electrónica de cuenta, recibida en términos del artículo 48 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, promovida por Carlos Alberto Angelino Barrón, contra actos del Director de la Penitenciaría Ciudad de México y otras autoridades fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 693/2021-II. Asimismo, con fundamento en los artículos 21 y 22, del "Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo", publicado en el Diario Oficial de la Federación, el doce de junio de dos mil veinte, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Ahora, conforme con el artículo 113 de la Ley de Amparo, resulta necesario analizar si es procedente o no la demanda de garantías en cuestión, para estar en aptitud legal de proveer lo que en derecho corresponda sobre su admisión o desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo a la letra dispone: ARTÍCULO 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Del dispositivo transcrito se advierte que el juez de amparo tiene la obligación de estudiar la demanda y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. De esta forma, en el caso, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 3°, de la ley de la materia, artículos que consagran la improcedencia del juicio de amparo, contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5°, de la Ley de Amparo y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Por su parte, el numeral 5°, fracción I, párrafo primero, dispone que tiene el carácter del quejoso, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la forma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, que en términos del artículo 2, fracciones XV y XVI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, la FIREL es la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, que se constituye en una manera segura y fiable la identidad del firmante con una llave pública, permitiendo con ello identificar quién es el autor o emisor de un documento electrónico. En suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia del Poder Judicial de la Federación, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. Es así´ que las promociones se deberán presentar por escrito y que siempre deberán de contar con firma electrónica o autógrafa; disposición de la que se obtiene que la firma resulta indispensable para acreditar la existencia de la manifestación de voluntad del quejoso para instar la acción constitucional, porque a través de ella, se exterioriza su propósito de promoverla; de tal manera que la ausencia de la misma, convierte a la promoción de que se trate, en un documento anónimo o privado de autenticidad. De manera que la falta de firma de la quejosa se traduce en la ausencia de exteriorización de la promoción de la demanda, lo que al mismo tiempo, evidencia su falta de interés jurídico y/o legítimo para promover el juicio, pues no queda evidenciada la existencia de un titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, y con ello se produzca una afectación real y actual a su jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por consiguiente, al recibir una promoción en un órgano jurisdiccional, el juzgador tiene la obligación de pronunciarse al respecto en el sentido que en derecho proceda; en el entendido de que, no cualquier escrito o documento puede considerarse como una promoción, sino sólo aquel que revele la voluntad del interesado de promover o intervenir de cualquier modo en un juicio o procedimiento; voluntad externada generalmente mediante signos distintivos como es la firma autógrafa del interesado o, en ciertos casos, con la impresión de una huella digital con la respectiva firma al ruego. En el caso, del análisis realizado a la demanda de amparo de cuenta, se advierte que existe ausencia de la evidencia criptográfica respecto de la firma electrónica de Carlos Alberto Angelino Barrón, de conformidad con lo previsto en el artículo 3° párrafo cuarto, de la Ley de Amparo; artículos 3°, fracciones I, II y V, y 45, del Acuerdo General 12/2020 citado, así como los artículos 5 y 6 del Acuerdo General Conjunto del propio Consejo 1/2013, en lo relativo a la firma electrónica, para lo cual, resulta conveniente imponerse de su contenido: Ley de Amparo. "Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito [...] Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. Acuerdo General 12/2020. "Artículo 3. La integración y consulta de los expedientes electrónicos regulados en el presente Acuerdo General se regirán por las siguientes bases: I. Todo documento que ingrese a un expediente electrónico deberá ser firmado con una Firma Electrónica que cuente conlos permisos necesarios. II. El expediente electrónico se integrará cronológicamente con las actuaciones judiciales, promociones y demás constancias que obren en el expediente respectivo. [...] V. Los documentos electrónicos o digitalizados ingresados por las partes a los sistemas electrónicos mediante el uso de certificados digitales de Firma Electrónica producirán los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa. [...] Artículo 45. Para la presentación de solicitudes, demandas y otros escritos iniciales de manera electrónica, con excepción de las señaladas en la sección previa, las personas usuarias ya registradas deberán ingresar al Portal, señalando el "Nombre de Usuario y Contraseña" que generaron al momento de registrarse conforme al artículo 16 del presente Acuerdo General, o bien, lo harán con su Firma Electrónica vigente. Hecho lo anterior, ingresarán al módulo para presentar demandas, solicitudes y escritos iniciales, y elegirán el apartado para presentar escritos de demanda, donde señalarán el nombre del quejoso, una cuenta de correo electrónico en caso de contar con ella, y seleccionarán la OCC de los órganos jurisdiccionales a los que se solicite el amparo o, en caso de que no exista, la Oficialía de Partes del órgano jurisdiccional. Posteriormente, deberán ingresar el archivo electrónico que contenga la demanda, utilizarán el formato predeterminado o llenarán el cuadro de texto en blanco que se encontrará a su disposición. Finalmente, agregarán a la solicitud o escrito de demanda su Firma Electrónica vigente, capturarán un código de seguridad y lo enviarán. Asimismo, podrán enviar los archivos electrónicos que contengan documentos anexos al escrito de demanda. Acuerdo General Conjunto 1/2013. CAPITULO SEGUNDO De la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial dela Federación (FIREL) "Artículo 5. Todas las demandas, promociones, recursos y cualquier escrito u oficio que envíen las partes en un juicio de amparo o en un diverso juicio de la competencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación deberán ir firmados mediante el uso de la FIREL. Para tal fin también podrá´ utilizarse un certificado digital de firma electrónica que hubiere emitido otro órgano del Estado, siempre y cuando el Poder Judicial de la Federación, a través de la Unidad, haya celebrado convenio de coordinación para el reconocimiento de certificados digitales homologados en términos de lo previsto en la legislación aplicable, en la inteligencia de que para acceder al Sistema Electrónico será necesaria la verificación en línea de la vigencia de los certificados correspondientes, sin que las fallas en el sistema del órgano emisor del certificado respectivo puedan encuadrar en las referidas en el artículo 30, fracción III, de la Ley de Amparo o en las disposiciones generales aplicables a los demás asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados. Los acuerdos, determinaciones, proveídos, resoluciones, sentencias, oficios y comunicaciones oficiales deberán ingresarse al Sistema Electrónico mediante el uso de la FIREL y deberán estar firmados electrónicamente por el servidor público que corresponda en términos de la normativa aplicable. Artículo 6. Las personas físicas legitimadas en términos de la legislación procesal aplicable, podrán utilizar la FIREL para promover, por su propio derecho, cualquier asunto. En el caso de las personas morales públicas o privadas, el certificado digital de firma electrónica para promover dichos juicios deberá´ corresponder a la persona física que legalmente las represente. Las personas que no promuevan por su propio derecho podrán actuar dentro de los asuntos respectivos mediante el uso del certificado digital de firma electrónica que les fue asignado, siempre y cuando, mediante proveído judicial dictado en el expediente respectivo, previamente se les haya reconocido capacidad procesal para tal fin. Cuando mediante resolución judicial se tenga por revocado el acto del que derive la capacidad procesal de las personas indicadas en el párrafo segundo de este Punto, el Sistema Electrónico no les permitirá ingresar con su certificado digital de firma electrónica al expediente electrónico respectivo." De ahí que ante la falta de la firma electrónica del promovente que establecen los preceptos en cita, no es procedente dar trámite a la demanda de amparo que nos ocupa. En esas condiciones, es indudable que un escrito así presentado no obliga al órgano jurisdiccional a proveer formalmente sobre su contenido ante la falta de firma de quien supuestamente lo formula, en la medida que, al no encontrarse firmado, debe considerarse como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad de ninguna naturaleza. Esto, tiene una concepción de índole constitucional, si se parte del hecho que la fracción I, del artículo 107 constitucional vigente, rige el principio de instancia de parte agraviada, es decir si el agraviado del acto de autoridad es quien por derecho presenta una solicitud de amparo tiene la ineludible obligación en dicho escrito donde expresa su voluntad de promover el juicio constitucional de asentar la firma como vínculo que lo compromete a la prosecución del juicio que insta. De lo que se sigue, que ante la ausencia material de dicho requisito de forma en el documento que expresa la voluntad de quien insta el juicio de amparo en su calidad de parte agraviada, implica por sí sólo la falta de interés o libertad de que así sea. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), de rubro: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. (Registro: 2019715, Décima Época, Instancia: Pleno, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 65, Abril de 2019, Tomo I, Página: 79, Materia: Común). No obstante, se impone destacar que el artículo 3° de la Ley de Amparo, prevé como excepción que en los casos en que la demanda se promueva en los términos del artículo 15 del mismo ordenamiento, no se requiere Firma electrónica; precepto que en lo conducente, establece: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así´ como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá´ hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad.[...]" De dicho precepto se obtiene que cuando la parte quejosa se encuentra imposibilitada para promover el juicio de amparo, puede hacerlo en su nombre cualquier persona, incluso un menor de edad, y por ende no se requiera de firma electrónica, siempre que se trate de los siguientes supuestos: 1. Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida; 2. Ataques a la libertad personal fuera de procedimiento; 4. Deportación o expulsión; 5. Proscripción o destierro; 6. Extradición; 7. Desaparición forzada de personas; 8. Alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 9. La incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. Ahora bien, el escrito de demanda que se atiende, se presentó de manera electrónica de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo; sin embargo, como se advierte de la certificación de cuenta, dicho escrito carece de la firma de Carlos Alberto Angelino Barrón, aunado a que evidentemente los actos reclamados en la demanda de amparo no se encuentran en alguno de los previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo y por ende, necesariamente tal demanda tenía que contener la firma electrónica de quien promueve, pues cabe destacar que esencialmente el quejoso reclama la omisión de las autoridades responsables de reparar gratuitamente la filtración de agua de desagüe y la instalación eléctrica en la estancia del quejoso, los cuales, como se adelantó, se estima no encuadran en ninguna de las hipótesis referidas, y en todo caso, constituyen meras apreciaciones subjetivas. En efecto, el quejoso aduce violaciones a su derechos humanos, en específico discriminación y principio pro homine, sin embargo, estos no se pueden tener como actos autónomos ni destacados en sí mismos, pues en todo caso constituyen argumentos tendentes a demostrar la inconstitucionalidad de las omisiones que pretende impugnar. Sirve de apoyo a la anterior, la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: ACTO RECLAMADO Y CONCEPTO DE VIOLACION. Si conforme a su definición el acto que se impugna se refiere a una conducta ( activa o pasiva), que se atribuye a una autoridad, el correcto señalamiento de él para los efectos del amparo consistirá en describirla. Los calificativos que a esa descripción se adjunten y los argumentos que se expresen para destacar sus aspectos circunstanciales no participan de la naturaleza propia del acto sino que constituyen el examen de la conducta, es decir, los razonamientos que se formulen en relación con ella para alcanzar una conclusión respecto de su juridicidad. Por esa razón en el estudio del acto reclamado, tanto para delimitarlo como para establecer su certeza, debe prescindirse de todos los elementos ajenos a él. Así, por ejemplo, cuando se señala como acto reclamado "las órdenes de comisión o de visita, en virtud de que jamás me fueron mostradas y mucho menos se nos dio copia, dejándonos en estado de indefensión", aparece en claro que los actos reclamados los constituyen "las órdenes de comisión o de visita", nada más. Lo relativo a si fueron mostradas y si se entregó copia de ellas o no, son cuestiones ajenas al dictado de esas órdenes, constituyen aspectos propios de otro acto: la ejecución del mandato. La conducta de las autoridades introduce a la realidad otros elementos que son la formulación de las órdenes y su ejecución. Por ende, la manera en que ésta última se haya desarrollado (la exhibición y entrega de las órdenes) no constituye el acto reclamado sino apreciaciones sobre él y, en el supuesto examinado, se trata de incipientes conceptos de violación. La distinción entre el acto reclamado y el agravio es más patente cuando se advierte que para apreciar la certeza del acto basta examinar el informe rendido, en su caso, y las pruebas existentes en autos cuando se trata de los que están sujetos a prueba o no son notorios; mientras que para determinar la exactitud de los calificativos y conceptos de violación se requiere de un proceso posterior que, subsumiendo la hipótesis legal al asunto concreto, viene a dilucidar la controversia. Época: Octava Época, Registro: 223603, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, Enero de 1991, Materia(s: Común, Tesis: I. 3o. A. J/26, Página: 69. En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 en relación con los diversos numerales 61, fracción XXIII y 6 de la Ley de Amparo, y 204 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley citada, interpretados estos últimos a contrario sensu, se DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda promovida por Carlos Alberto Angelino Barrón. Ahora bien, conforme a lo determinado en el Acuerdo General 11/2017, del cinco de septiembre de dos mil diecisiete, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se regulan los alcances de la protección del nombre de personas físicas o morales contenido en los distintos instrumentos jurisdiccionales, se determina que el presente asunto no guarda relación alguna con algún supuesto de información sensible, por lo que en la versión pública de este proveído y de los subsecuentes, así como en la lista de notificación respectiva, no deberá suprimirse el nombre de las partes. No obstante lo anterior, se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 108 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, aunque las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales distintos del nombre. Ahora bien, atendiendo a lo manifestado por el promovente en el sentido de que el quejoso se encuentra interno en la Penitenciaría de la Ciudad de México, con fundamento en el artículo 27, fracción I de la Ley de Amparo, y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al ordenamiento citado, por disposición expresa de su artículo 2°, se le tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente asunto. Notifíquese personalmente al quejoso Carlos Alberto Angelino Barrón quien se encuentra en la Penitenciaría de la Ciudad de México (Santa Martha Acatitla), dormitorio cuatro, zona uno, estancia once. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Alonso Antonio Hernández Flores, quien autoriza. Doy fe.

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