Carlos Alberto Angelino Barron
Expediente 776/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 776/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Carlos Alberto Angelino Barron
- Carlos Alberto Angelino Barron y Otros.
Actuaciones
- Principal
Se tiene al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Tampico, acusando recibo del oficio por el cual se le remitió el original del rpesente juicio de amparo; haciendo del conocimiento que aceptó la competencia planteada y se abocó al conocimiento del asunto. Archívese como asunto concluido. El presente cuaderno transcurrido tres años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, se destruirá en su totalidad, dado que se declinó la competencia. Notifíquese y personalmente a los quejosos en el lugar donde se encuentran internos, por conducto de su representante común.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por Yoanna Esther Fonseca Valencia en favor de Carlos Alberto Angelino Barrón, Luis Gabriel Jop Corzo, Eduardo Ampudia Fraustro, José Othón Ramiro Hernández Lima, Renán Hidalgo Echazarreta, Eduardo Altamirano Santana y Hugo Melchor Nieto, contra actos del director de la Penitenciaría de la Ciudad de México y otras autoridades. Fórmese el expediente 776/2021 y regístrese como corresponda. Vista la certificación de cuenta, se advierte que la demanda de amparo fue presentada a través del Portal Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación por Yoanna Esther Fonseca Valencia y carece de la firma electrónica de dicha promovente; sin embargo, atendiendo al sentido de esta determinación se acuerda. No procede conceder la suspensión de plano respecto de los actos reclamados porque su expresión es genérica, lo cual no permite inferir con claridad los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, pues la promovente omite señalar las circunstancias de ejecución (tiempo, modo y lugar) en que se han materializado cada uno de los actos por parte de las autoridades que señala como responsables. Lo cual es necesario para dar efectividad al mandato previsto en el artículo 22 constitucional, por ello, se deben exponer con claridad la forma en que se cometieron a fin de que este órgano jurisdiccional cuente con las bases necesarias para pronunciarse sobre la procedencia y alcances de la suspensión de oficio que, en su caso, se decrete de plano. Precisión que es de suma importancia porque dada la naturaleza de los actos que se pretenden reclamar, es fundamental que el quejoso sea lo más claro y certero posible para que, en su caso, este juzgador pueda allegarse de las pruebas necesarias sobre los hechos concretos materia del juicio de amparo. No basta referir como actos reclamados aquellos que podrían calificarse como prohibidos, sino que debe existir una mínima individualización para que las autoridades conozcan con exactitud el hecho que se les atribuye (cómo y cuándo aconteció), y este juzgador pueda resolver en consecuencia sobre las pretensiones concretas de la parte quejosa. En ese tenor, tomando en consideración las manifestaciones genéricas del promovente no se desprende que se esté en presencia de actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. Este juzgado se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo por las siguientes consideraciones. Uno de los presupuestos procesales es la competencia del órgano jurisdiccional para conocer de la acción. De la misma manera, uno de los pilares de la independencia judicial es que el juez no sea parte del mismo proceso. El evitar que en una misma autoridad recaiga la calidad de juez y parte constituye un axioma de justicia que otorga legitimidad al sistema judicial. En ese tenor, del escrito de demanda se advierte que fueron señalados como autoridades responsables, entre otras, los dieciséis Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, siendo parte integrante de ellos este Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, sin que pueda concentrarse en este órgano la calidad de juez y parte con relación al controvertido constitucional que se impulsó. Bajo esa óptica, este órgano de control constitucional declina competencia por el motivo expuesto, y toda vez que fueron señalados todos los jueces de distrito de amparo de esta ciudad, así como los ubicados en los Aguascalientes, Colima, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Chiapas, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Jalisco, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y Tamaulipas ?excepto el Juzgado Noveno de Distrito, con residencia en Tampico? de conformidad con el artículo 38 de la Ley de Amparo, se estima que corresponde al juez de Distrito inmediato. Por tanto, al estimar que este órgano de control constitucional carece de competencia para conocer de la demanda de amparo promovida, se ordena su remisión de inmediato al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Tampico, a efecto de que determine lo procedente, en términos del párrafo segundo del numeral en cita. En virtud que dicha jurisdicción territorial es la más cercana a este juzgado, pues el quejoso señaló a diversos jueces ubicados en diversas entidades federativas del Estado Mexicano. Con copia de las constancias de este expediente, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo para los efectos legales a que haya lugar. Solicítese de la manera más atenta al juez citado que haga del conocimiento si acepta la competencia del presente juicio. Se tiene como domicilio procesal el centro de reclusión en el que se encuentran internos los quejosos. Asimismo, como se solicitó en la demanda, se tiene como representante común de los quejosos a Carlos Alberto Angelino Barrón.
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