Carlos Alberto Angelino Barrón y Otros.
Expediente 348/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 348/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 08/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Carlos Alberto Angelino Barrón y Otros.
- Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito
Actuaciones
- Principal
En atención a la cuenta, se declara que la determinación de referencia ha causado estado. Archívese como asunto concluido. Se ordena el archivo del expediente conforme a la tabla que precede. Transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del expediente principal. Este expediente no es de relevancia documental. Se instruye a la actuaría para que notifique este acuerdo: Por lista.
- Principal
Ciudad de México, veinticuatro de abril de dos mil veintitrés. Recepción de constancias Intégrese el oficio proveniente del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Hidalgo con residencia en Pachuca de Soto, al que se acompaña: DocumentoPáginasExpediente original del juicio de amparo 589/2023 de su índice16 Acuse Acúsese el recibo de estilo. Se acepta competencia El dieciocho de abril de este año el homólogo oficiante consideró que un Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México debía conocer del juicio de amparo 589/2023 de su índice, en razón de territorio. Por razón de turno correspondió conocer a este órgano federal del asunto de referencia. Asume conocimiento Este órgano de control constitucional comparte el criterio del homólogo declinante y asume el conocimiento del juicio de amparo de cuenta promovido por los quejosos: Carlos Alberto Angelino Barrón; Edwin Daniel Guerra Córdoba; Iván García Mijares Hernández; Erick Adrián Rosas Gamiño; Luis Gabriel Jop Corzo; Axel García Bonilla; José Othón Ramiro Hernández Lima; José Antonio Contreras Chávez; Enrique Mejía Bello; Enrique Alvarado Saucillo; Eduardo Flores Castro; Luis Alberto Flores Maldonado; Luis Fernando Martínez Reyes; Cristian Eduardo Nava Verde; Juan Carlos Cárcamo Cano; Alejandro Díaz Madrid; y Hugo Melchor Nieto. Radicación Fórmese expediente 348/2023. Se validan actuaciones Se validan las actuaciones desahogadas por el homólogo declinante. Certificación De la certificación de cuenta se desprende que la demanda de amparo carece de firma electrónica o autógrafa de los promoventes. Por tanto, se provee: Precisión de los actos reclamados Jurisprudencialmente se ha establecido que para fijar los actos en materia de amparo debe realizarse una interpretación integral de la demanda. También se ha establecido que al analizar los alcances de la intención del promovente no deben atenderse los calificativos o enunciación que se haga sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos. Bajo ese contexto, de la lectura integral de la demanda inicial interpretada en comunión con sus argumentos de inconstitucionalidad se advierten como actos reclamados: Reubicación a diverso dormitorio respecto de los quejosos. Ataques y actos de coacción contra Carlos Alberto Angelino Barrón. Restricción de la reubicación a diverso dormitorio respecto de los quejosos: Iván García Mijares Hernández. Erick Adrián Rosas Gamiño Desacato de cumplir con las órdenes judiciales y las órdenes de suspensión. Traslado de los quejosos de la Penitenciaría de la Ciudad de México a otro centro diverso de reclusión. Discriminación. Violación al principio pro-persona. Inaplicación de criterios internacionales. Omisión de investigar actos constitutivos de delitos cometidos contra los quejosos. Omisión de suspender de sus funciones a los servidores públicos bajo investigación ministerial por la comisión de actos constitutivos de delitos. Encubrimiento de actos constitutivos del delito de tortura. Restricción de comunicación y de contacto y de convivencia entre quejosos. Inconstitucionalidad del reglamento que usan las autoridades. Audiencias de comité técnico sin presencia de asesores jurídicos. Negación de otorgar kits de limpieza y aseo personal a los quejosos. Negación del servicio médico y dental. Obligar a realizar fajina (trabajos forzados). Coacción para desistir de amparos y de recursos promovidos mediante escritos falsos. Restricción de entrega de colchones, ropa de lluvia y de invierno y de botas para lluvia. Negación de inscribir a los quejosos como víctimas en el RENAVI. Restricción de visita familiar. Sobreprecios de productos de la canasta básica. Alimentos proporcionados por la institución en mal estado. Falta de agua potable de consumo humano accesible. Revisiones fuera de procedimiento que llevan a la incautación y confiscación de bienes. Restricción de recibir remuneración económica por la comisión laboral ejercida. Sin que se tengan como actos destacados las manifestaciones: Violencia y agresiones psicoemocionales como medio de intimidación y de coacción. Actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal y 15 de la Ley de Amparo. Intimidación, castigos ilegales y agresiones como medio de represalia contra los quejosos. Actos de molestia, intimidación y represalia. Intimidación por su afinidad con Carlos Alberto Angelino Barrón Ataques y agresiones psicofísicas como medio de intimidación. Pues se tratan de expresiones genéricas que constituyen calificativos utilizados por los promoventes para resaltar la inconstitucionalidad de los actos primigenios. Máxime que de la narrativa esgrimida en la demanda no se advierte que impliquen una actividad diferenciada por parte de las autoridades señaladas como responsables. Sirve de ilustración la siguiente jurisprudencia: Registro digital: 192097 Instancia: Pleno Novena Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XI, Abril de 2000, página 32 Tipo: Jurisprudencia DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Análisis sobre causa de improcedencia Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se procede analizar si existe o no algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De acuerdo con la interpretación del Alto Tribunal, manifiesto e indudable son categorías de alta certidumbre, pero ello también implica que son conceptos cuya convicción emana de la inconformidad, lo cual es acorde con la esencia misma del sistema de justicia, el cual se basa en la experiencia y el conflicto, emergiendo como un sistema de comunicaciones, cuyas conclusiones son opiniones altamente probables, pero no absolutas. Improcedencia de los actos identificados con los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 14, 15, 16,17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25 y 26. Respecto de los actos reclamados resaltados en este apartado se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior. Uno de los principios que rigen el juicio de amparo es el de definitividad, consistente en la obligación del agraviado de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Ese principio tiene su justificación en el hecho de que el juicio de garantías es un medio extraordinario que procede contra actos definitivos, por lo que la parte agraviada debe acudir a las instancias comunes que puedan generar la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación antes de solicitar la protección constitucional. Naturaleza de la orden de traslado La Ley Nacional de Ejecución Penal prevé diversos regímenes relacionados con las personas internadas en un centro de reclusión, entre ellos el de los traslados voluntarios, involuntarios y los que ocurren de manera excepcional o urgentes, sin previa autorización judicial. Los primeros se actualizan cuando existe el interés de la persona recluida de ser trasladado a un centro de reclusión diverso, siempre que exista un acuerdo entre la entidad de origen y la entidad de destino, o en su caso, entre la entidad correspondiente y la Federación; en ese sentido, la petición la resolverá la autoridad jurisdiccional, quien verificará que se cumplan con los requisitos legales y constitucionales para su autorización. Conforme al artículo 51 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, el traslado involuntario es instaurado previamente por la autoridad penitenciaria ante un juez de ejecución o de control, según sea el caso, con el fin de que en audiencia pública se decida sobre la legalidad del traslado. En contra de la determinación jurisdiccional que se emita, procede el recurso de apelación. Finalmente, el traslado urgente o excepcional, se emite por medio de resolución administrativa, cuando se trate de los casos específicamente señalados en la ley, sin autorización judicial previa. El traslado urgente o excepcional implica una determinación administrativa cuando se trate de casos de delincuencia organiza, esté en riesgo la integridad y la salud de la persona privada de la libertad o esté en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario. En cualquiera de esos supuestos, la autoridad penitenciaria deberá notificar a la autoridad jurisdiccional dentro de las veinticuatro horas posteriores al traslado para que en un plazo de cuarenta y ocho horas, resuelva sobre la legalidad de la medida. Respecto la determinación administrativa proceden dos medios de defensa legal para combatirla: el recurso de apelación y la controversia judicial; cuya procedencia, depende del actuar del Juez de Control o de Ejecución, ya que una vez que esa autoridad ha sido notificada de la orden de traslado urgente o excepcional, cuenta con cuarenta y ocho horas para emitir la resolución en la que calificará la legalidad de la orden de traslado, y contra dicha resolución es procedente el recurso de apelación. En cambio, si la autoridad judicial es omisa en pronunciarse sobre la legalidad de la determinación administrativa que ordena el traslado dentro del término fijado, se actualizará la procedencia de la controversia judicial. En el caso, se infiere que se trata de un traslado urgente o excepcional regulado por el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, contra el cual, procede la controversia judicial. Al resolver el recurso de queja 36/2020, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó que cuando se presenten casos donde la persona privada de su libertad reclame una orden de traslado que no se materializó, ni se tenga certeza de la calificación que sobre su legalidad emita el Juez de Ejecución, en tanto que la presumible determinación administrativa se comunicó al quejoso por la propia autoridad administrativa de forma verbal, lo procedente será que el afectado promueva una controversia judicial a fin de que sea el Juez de Control o de Ejecución, quien resuelva respecto de sus derechos implicados. Ello, porque conforme a lo dispuesto por el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad podrán accionar la controversia judicial respecto de cuestiones relacionadas con sus derechos en materia de traslado, que podrá ejercerse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución cuando la persona privada de la libertad no hubiera sido notificada previamente. El último párrafo del citado artículo 117, prescribe que los traslados por razones urgentes, relacionados con la integridad física o la salud de la persona privada de la libertad, o bien, por cuestiones de seguridad del centro penitenciario, no requerirán autorización previa del Juez de Ejecución, sin perjuicio de que dicha determinación pueda ser recurrida, y en su caso, confirmada o revocada a través de los medios legales de defensa referidos (apelación o controversia judicial). En ese orden de ideas, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que contra la orden de traslado urgente o excepcional que se reclama a una autoridad administrativa, sin autorización judicial previa, es procedente la controversia judicial prevista en los artículos 52, último párrafo y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, porque ese medio de defensa legal tiene la potencialidad de confirmar, modificar o revocar la referida orden de traslado. Además, refirió que no se actualiza algún supuesto de excepción al principio de definitividad, pues de la Ley Nacional de Ejecución Penal se advierte: Contempla un recurso o medio de defensa a través del cual, la orden de traslado emitida por la autoridad administrativa puede ser modificada, revocada o nulificada; El recurso o medio de defensa que contempla tiene potencial para suspender los efectos del acto reclamado, con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva sin exigir mayores requisitos que los que consigna la ley de la materia para el otorgamiento de la suspensión provisional; Finalmente, el medio de defensa se encuentra previsto en la propia Ley Nacional de Ejecución Penal. Sirve de ilustración la jurisprudencia con datos de identificación: Registro digital: 2023190 Instancia: Primera Sala Undécima Época Materias(s): Penal, Común Tesis: 1a. XXIV/2021 (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tipo: Aislada ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 52 Y 117, FRACCIÓN III, DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ES EL MEDIO DE DEFENSA IDÓNEO PARA IMPUGNARLA, AUN CUANDO EL AFECTADO NO TENGA UNA RESOLUCIÓN TANGIBLE QUE RECURRIR Y, POR TANTO, DEBE AGOTARLO ANTES DE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Hechos: Una persona privada de la libertad en un centro penitenciario, promovió juicio de amparo indirecto con el argumento de que la autoridad administrativa le había notificado verbalmente una orden para trasladarlo del centro en que se encontraba interna a uno diverso. La demanda se desechó de plano, al considerar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa no agotó el medio de defensa regulado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes de promover el juicio constitucional. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que la controversia judicial, regulada en los artículos 52 y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, es el medio de defensa idóneo para combatir la orden de traslado que se emite sin autorización judicial previa, aun cuando el afectado alegue que sólo se le notificó verbalmente ese acto y no tenga una resolución tangible que recurrir, porque ese recurso tiene potencial para confirmar, modificar o revocar la determinación de traslado, sin rebasar los requisitos que la Ley de Amparo prevé en el artículo 61, fracción XX, y por ello, debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto. Justificación: El artículo 52, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que la autoridad penitenciaria tiene facultad para ordenar y ejecutar el traslado de un centro penitenciario a otro, sin autorización judicial previa, en los supuestos de urgencia y excepción que señala el primero de los preceptos citados, esto es, tratándose de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, ya que en esos supuestos se autoriza a la autoridad administrativa para que el control judicial se realice dentro de las veinticuatro horas siguientes a la ejecución del traslado. En ese contexto, dado que el control judicial se reserva para un momento posterior a que es ejecutado el traslado, es válido considerar que, sin perjuicio de las hipótesis enunciadas, cuando se presenten casos en que la persona privada de la libertad reclame una orden de traslado que no se materializó, ni se tenga certeza de la calificación que sobre su legalidad emite la autoridad jurisdiccional, como sucede cuando se alega que la autoridad administrativa sólo comunicó de forma verbal esa medida, lo procedente será que el afectado promueva la controversia judicial a que se refiere el precepto 52 en cita, ya que de conformidad con el artículo 117, fracción III y último párrafo, de la ley mencionada, la persona privada de la libertad puede intentar el aludido medio de defensa y hacer valer cualquier cuestión relacionada con la afectación a sus derechos en materia de traslado, en el momento de la notificación de ese acto, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando no hubiera sido notificado previamente. Asimismo, de los artículos 122 y 124, de la propia ley en cita, se destaca que el afectado puede solicitar la suspensión de la orden del traslado mediante petición simple en el escrito inicial de la controversia judicial y la autoridad judicial podrá, si lo considera pertinente, conceder la medida cautelar de manera inmediata hasta en tanto se resuelve en definitiva, o incluso, pronunciarse de oficio, con lo cual evitará que la controversia quede sin materia. De igual forma, se entiende que la referida orden de traslado sin autorización judicial previa no carece de fundamentación, ni se traduce en una violación directa a la Constitución General, porque las hipótesis en que puede ejecutarse están previstas en la citada ley especial, y se trata de un acto que emite una autoridad competente dentro del correspondiente procedimiento. Lo que lleva a concluir que la controversia judicial es un medio de defensa idóneo para impugnar y suspender los efectos de la orden de traslado urgente o excepcional cuando no se cuenta con la resolución en la que la autoridad judicial califique la legalidad del acto, ya que no rebasa las previsiones del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, sin soslayar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, en el artículo 132, fracción VII, prevé la procedencia del recurso de apelación en caso de inconformidad con la resolución que decida la controversia judicial, por lo que, el afectado tiene la obligación de agotar los referidos medios de defensa previamente a acudir a la instancia constitucional. Los argumentos expuestos en esta determinación son armónicos con las consideraciones esgrimidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el recurso de queja 36/2020. Recurso que deriva de la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción 837/2019, originada con motivo del juicio de amparo 879/2019, promovido ante la juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México. Naturaleza de la reubicación Por otra parte, el artículo 41 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé: Artículo 41. Sanciones Disciplinarias La persona privada de la libertad no podrá ser sancionada dos veces por los mismos hechos. Sólo podrán ser aplicadas las sanciones disciplinarias siguientes: I. Amonestación en privado o en público; II. Reubicación temporal a otro dormitorio o dentro de espacios en el mismo Centro; III. Aislamiento temporal. Esta sanción sólo se permitirá como una medida estrictamente limitada en el tiempo y como último recurso, cuando se demuestre que sea necesaria para proteger derechos fundamentales, como la vida e integridad de las personas privadas de libertad, salvaguardar intereses legítimos relativos a la seguridad interna del Centro Penitenciario o del personal de dichas instituciones; IV. Restricción temporal del tránsito en el interior del Centro Penitenciario; V. Prohibición temporal del uso de aparatos electrónicos públicos; VI. Restricción temporal de las horas de visita semanales. No se permitirá que las personas privadas de libertad tengan bajo su responsabilidad la ejecución de medidas disciplinarias, o la realización de actividades de custodia y vigilancia. Las restricciones temporales a las que hace referencia este párrafo, deberán atender a criterios de proporcionalidad, racionalidad y necesidad. La imposición de medidas disciplinarias deberá ser comunicada al organismo público de protección de los derechos humanos competente. Contra estas sanciones procede el mecanismo de control judicial ante el juez de ejecución en términos del numeral 48 del cuerpo normativo en cita. Pues dicho procedimiento judicial se encuentra encaminado a atender las solicitudes de las personas privadas de su libertad, referentes a la vulneración de sus condiciones de internamiento, ya sean cuestiones de salud, lugar de reclusión, cambio de módulos, estancias, dormitorios, alimentación, entrega de vestimenta, emisión de tarjetas informativas o reportes médicos, entre otros actos que son impugnables ante el juez de ejecución respectivo. Sin que en el caso se advierta que en el caso de los quejosos se haya agotado el recurso indicado. Por tanto, si de la narrativa de la demanda no se desprende que se hayan activado los mecanismos de control jurisdiccional previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal en contra de la reubicación, entonces se actualiza la causa de improcedencia que se invoca. Naturaleza de las peticiones administrativas Al resolver la contradicción de tesis 57/2018, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que conforme a la reforma constitucional al procedimiento de ejecución penal de dieciocho de junio de dos mil ocho, introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y la judicialización del régimen de penas, lo cual a la postre representó que se ejerciera un verdadero control judicial del sistema penitenciario. Bajo ese contexto estableció que una persona privada de su libertad, antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar el procedimiento establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal cuando reclame omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento. En el caso, abundó sobre las peticiones administrativas previstas en el artículo 107 del aludido cuerpo normativo. Esto porque el aludido mecanismo contiene dentro de su procedimiento la posibilidad de formular peticiones administrativas que cumplen con todas las características de un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, a través del cual, los internos se encuentran facultados para reclamar sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento. En consecuencia, concluyó que cuando una persona privada de su libertad reclame omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, antes de acudir al juicio de amparo indirecto, sí debe agotar el mecanismo de control previsto en el procedimiento de ejecución que regula la Ley Nacional de Ejecución Penal, el cual inicia con una petición denominada administrativa ante la autoridad correspondiente. Lo anterior, porque éste constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, a través de las cuales los internos, pueden ofrecer pruebas y la autoridad recabarlas de oficio; que el acto de ser urgente sea suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que el mismo cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, establece la posibilidad de que la respuesta a la petición sea impugnada a través de los recursos correspondientes, en caso de que considere que vulnera sus derechos; de ahí que se estime que el mismo debe ser agotado previamente a acudir al juicio de amparo indirecto. Es aplicable la jurisprudencia con datos de identificación siguiente: Registro digital: 2018548 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Común, Penal Tesis: 1a./J. 79/2018 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 230 Tipo: Jurisprudencia OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad. Sin que se advierta que en el caso de los quejosos se haya agotado el recurso indicado. Por tanto, si de la narrativa de la demanda no se desprende que se hayan activado los mecanismos de control jurisdiccional previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal en contra de la reubicación, entonces se actualiza la causa de improcedencia que se invoca. Improcedencia de los actos reclamados identificados con los números 7 y 8. Este órgano de control constitucional estima que respecto a los actos "violación al principio pro persona e inaplicación de criterios internacionales", se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al 1, fracción I, ambos de la Ley de Amparo. Tales preceptos señalan: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; . Lo anterior es así, pues no constituyen actos reclamados para efectos del juicio de amparo, más bien se tratan de principios jurídicos que como herramienta permiten una mejor aplicación del ordenamiento jurídico, más, en sí mismos, no tienen autonomía, pues siempre están subordinados a otro acto en el cual hayan sido aplicados, lo que en el caso no acontece ni puede señalarse de manera aislada. Lo anterior resulta armónico con lo resuelto por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito al resolver la queja penal 193/2022. Improcedencia de los actos reclamados identificados con los números 9 y 10. Ahora bien, quien resuelve estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya invocada Lo anterior, porque previo a instar el juicio de amparo, era obligación de la parte quejosa agotar el recurso previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales que establece: Artículo 258. Notificaciones y control judicial. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno. Del precepto transcrito se observa que durante la investigación de un delito, el imputado, su defensor y la víctima u ofendido, pueden solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos pues a través del medio de impugnación la víctima u ofendido puede inconformarse contra las siguientes determinaciones: Abstención de investigar. El archivo temporal. La aplicación de un criterio de oportunidad. El no ejercicio de la acción penal. Por ello contra los actos reclamados es procedente el medio de defensa a que alude dicho precepto legal. Luego, es necesario que la parte quejosa agote ese medio de impugnación previo a promover el juicio de amparo indirecto; el que procederá -en su caso- contra la resolución que emita el juez de control sin que opere algún supuesto de excepción al principio de definitividad. Situación que es más benéfica para la quejosa, ya que en términos de la legislación ordinaria, en una audiencia el juez de control resolvería lo conducente, y no conllevaría la dilación y complejidad técnica mayor que implica el trámite del juicio de amparo. Criterio que es armónico con lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el dieciocho de abril de dos mil dieciocho, al resolver la contradicción de tesis 233/2017. Pues la primera sala sostuvo que los artículos 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima y ofendido de un delito el derecho a impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en el citado código. En ese orden de ideas, precisó que de una interpretación funcional y extensiva de los artículos 16, párrafo décimo cuarto; 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal y los numerales 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional, permite concluir que las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el juez de control quien revise su legalidad. Esta circunstancia, afirmó, conduce a estimar que tales determinaciones no se limitan a la taxativamente previstas en dicho numeral (abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal), sino que en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto pues al no ser a atendidas las solicitudes de la ofendida por la representación social ocasiona la paralización de la indagatoria. En esas condiciones el peticionante de amparo puede ordenar que cese ese estado a través del medio de impugnación aludido ante el juez de control y, en consecuencia, que la Ministerio Público continúe realizando la investigación correspondiente. Por tanto, previo a la promoción del juicio de amparo indirecto, debe agotar el medio de defensa ordinario previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en observancia al principio de definitividad. Lo anterior en el plazo legal establecido para ello, es decir, a partir del momento en que tuvo conocimiento de la conducta omisiva de la autoridad investigadora, en aras de contribuir con el trámite y resolución ágil del procedimiento penal. En el caso, las omisiones y actos de autoridad reclamados conllevan la paralización de la actividad investigadora ministerial, lo cual, hace procedente el recurso del 258 en alusión como lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es pertinente invocar la siguiente jurisprudencia: Registro: 2017640 Instancia: Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Agosto de 2018, Tomo I Materia(s): Penal Tesis: 1ª./J. 28/2018 (10ª.) Libro: 57 Página: 943 SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad. Improcedencia del acto reclamado identificado con el número 13 Respecto del acto destacado de oficio se invoca la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; . Esto porque de manera genérica establece que reclama la inconstitucionalidad de un reglamento que usan las autoridades, instrumento que reviste el carácter de norma heteroaplicativa porque con su sola entrada en vigor no afecta a los quejosos de forma automática, sino que puede irrogarse algún perjuicio a los quejosos hasta que surja un acto concreto de aplicación. Por tanto, para combatir el cuerpo normativo aludido mediante el juicio constitucional se requiere, indefectiblemente, de un acto de autoridad a través del cual se haya aplicado algún supuesto normativo que en dicha norma se establece, pues sólo con ello puede acreditarse el perjuicio necesario para su impugnación; caso contrario como en el caso, se actualiza la causal de improcedencia en comento. Desechamiento En consecuencia, al actualizarse las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XII, XX y XXIII, este último con relación al diverso artículo 1, fracción I, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 del propio ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda. Acotación Con independencia de lo anterior, cabe precisar que respecto de los actos reclamados también se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6, ambos de la ley de la materia. Previo al desarrollo de esta causal, se precisa que respecto del acto reclamado identificado con el número 11 (encubrimiento de actos constitutivos del delito de tortura), este juzgado no advierte consistencia entre tal supuesto y lo narrado en la demanda, pues no se vierten argumentos que permitan equiparar tal acto como uno de aquellos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, en cuyo caso, la demanda que se promueva en su contra deberá contar con firma autógrafa o electrónica del directo agraviado. Ahora bien, la demanda de amparo no cuenta con la firma autógrafa ni electrónica de quienes la promueven, lo que equivale a la falta de voluntad para promover el juicio de amparo. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación es necesario que las personas interesadas cuenten con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación a través de la Unidad y se registren en el sistema. El artículo 2, fracciones II, IV y V, del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal establece qué debe entenderse con respecto a esos conceptos. Artículo 2. Para los efectos de este Acuerdo General Conjunto, se entenderá por: [.] II. Certificado Digital de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL): El Documento Electrónico expedido por alguna de las Autoridades Certificadoras Intermedias que asocia de manera segura y fiable la identidad del Firmante con una Llave Pública, permitiendo con ello identificar quién es el autor o emisor de un Documento Electrónico remitido mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación; IV. Documento Digitalizado: Versión electrónica de un documento impreso que se reproduce mediante un procedimiento de escaneo; V. Documento Electrónico: El generado, consultado, modificado o procesado por Medios Electrónicos; Luego, el artículo 3, cuarto y quinto párrafos, de la Ley de Amparo, establecen que los escritos enviados en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la firma electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. Dicho dispositivo establece que la firma electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y que producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. El artículo 6º de la Ley de Amparo establece: El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 79/2011 sostuvo que la firma es el medio idóneo para individualizar a la persona que suscribe un documento y cumple la función de exteriorizar su voluntad al aceptar la declaración que en él se contiene. Ya que la firma es el conjunto de signos manuscritos a través de los cuales las personas expresan su voluntad de realizar determinado acto en forma escrita y con ella se acredita la autoría del documento, siendo indispensable para dar validez a cualquier actuación escrita; en tanto que la firma electrónica produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, de conformidad con el artículo 3, quinto párrafo, de la Ley de Amparo. En el caso, la demanda fue presentada a través del Portal de Servicios en Línea, sin embargo carece de firma electrónica. Al respecto es aplicable la jurisprudencia con datos de identificación: Época: Undécima Época Registro: 2025488 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 18 de noviembre de 2022 10:29 h Materia(s): (Común) Tesis: P./J. 11/2022 (11a.) DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA DURANTE LA CRISIS SANITARIA ORIGINADA POR EL VIRUS SARS-CoV-2 (COVID 19), A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. DEBE DESECHARSE CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO, SALVO QUE SE ACTUALICE LA EXCEPCIÓN CONTEMPLADA EN EL ARTÍCULO 109 DE LA LEY DE AMPARO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes se pronunciaron sobre la falta de la firma electrónica en la demanda de amparo indirecto presentada durante la circunstancia extraordinaria de salud pública en el país generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) y arribaron a posturas contrarias, pues para un Tribunal debía desecharse de plano, en virtud de que existían otros medios para instar el juicio constitucional, esto es, por escrito, mientras que el diverso Tribunal estimó que era dable su admisión porque la vía electrónica constituía la única opción para instar el juicio constitucional, lo que generaba una excepción al principio de instancia de parte agraviada. Criterio jurídico: Aun en el contexto de la pandemia generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), debe desecharse la demanda de amparo indirecto presentada a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación que carezca de la firma electrónica del promovente, salvo que se actualice la excepción contemplada en el artículo 109 de la Ley de Amparo, es decir, cuando el juicio se promueva con fundamento en el diverso 15 del mismo ordenamiento legal. Justificación: Durante la pandemia por el virus COVID-19, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió la normativa para establecer el esquema de trabajo de los órganos jurisdiccionales para la prestación del servicio público de impartición de justicia como una actividad esencial, procurando la atención de casos urgentes bajo el estricto distanciamiento social y el trabajo a distancia. Por tal razón, a fin de dotar de seguridad jurídica tanto a los operadores jurídicos como a las personas justiciables, se emitió un catálogo enunciativo y no limitativo de los asuntos considerados como urgentes, respecto de los cuales podría promoverse indistintamente el juicio constitucional por medios impresos o electrónicos, de conformidad con el artículo 3o. de la Ley de Amparo. En ese tenor, no se advierte una razón suficiente para que, en la contingencia sanitaria, se dispensara de la firma electrónica para presentar la demanda de amparo mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, como una excepción temporal al principio de instancia de parte agraviada, toda vez que no era la única vía al alcance del justiciable para acudir al juicio constitucional, ya que la forma impresa también se garantizó para presentar demandas de amparo. No se desconoce, como hecho notorio, que en la crisis sanitaria se limitó la posibilidad de que los justiciables acudieran ante las autoridades competentes a realizar los trámites respectivos para obtener su firma electrónica y promover el juicio de amparo por esa vía; sin embargo, tal requisito no puede considerarse como una carga excesiva o desproporcional que impidiera el acceso a la justicia, en la medida en que la presentación por medios electrónicos de la demanda integraba una de las opciones para instar el juicio constitucional, ya que los justiciables estuvieron en aptitud de presentar el escrito inicial por cualquiera de las vías disponibles (electrónica o por escrito), de tal manera que el requisito de firmar electrónicamente la demanda en el esquema de contingencia para evitar la concentración de personas y la propagación del virus en los órganos jurisdiccionales, no puede catalogarse como una exigencia que imposibilitara la promoción del juicio de amparo en detrimento del derecho de acceso a la justicia. Sin que en el caso se actualice el supuesto de excepción previsto en el último párrafo del artículo 3 y el diverso 109, ambos de la Ley de Amparo, que señalan: Artículo 3. [.] No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley. Artículo 109. Cuando se promueva el amparo en los términos del artículo 15 de esta Ley, bastará para que se dé trámite a la demanda, que se exprese: I. El acto reclamado; II. La autoridad que lo hubiere ordenado, si fuere posible; III. La autoridad que ejecute o trate de ejecutar el acto; y IV. En su caso, el lugar en que se encuentre el quejoso. En estos supuestos, la demanda podrá formularse por escrito, por comparecencia o por medios electrónicos. En este último caso no se requerirá de firma electrónica. Pues respecto de los actos precisados en este apartado, la demanda no es promovida en términos del artículo 15 de la ley de la materia, el cual establece que cualquier persona puede promover demanda de amparo a favor del quejoso, cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales y que el directo agraviado se encuentre imposibilitado para promover la demanda por propio derecho. Se advierte que la demanda fue promovida por derecho propio y en la forma en que argumentan los quejosos no se desprende que se encuentren imposibilitados para signarla físicamente. Desechamiento En consecuencia, al actualizarse las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XII, XX y XXIII, este último con relación al diverso artículo 1, fracción I, y 6, todos de la ley de la materia, con fundamento en el artículo 113 del propio ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda. Domicilio procesal En la queja penal ******************** invocada previamente se advierte que el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito estableció que cuando se desecha la demanda por falta de firma en la demanda, no existe parte quejosa, pues no hay quién haya acudido al juicio. Por tanto estableció: No debe reconocerse a quejoso alguno; No debe nombrarse defensor; No debe ordenarse notificar en forma personal. En ese contexto, siguiendo el criterio apuntado, es que en este juicio no se reconoce a persona alguna como parte quejosa, no se designará asesor jurídico ni se ordenará notificar en forma personal el presente proveído, pues la demanda no fue firmada electrónicamente adecuándose a la hipótesis fáctica descrita por el Tribunal de Alzada. Invitación a modo electrónico Del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se advierte la necesidad de procurar el servicio jurisdiccional a través del esquema de juicio en línea. Por ello, con fundamento en el artículo 22, fracciones I y II, del acuerdo aludido, se invita a las partes restantes a transitar al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para lo cual es necesario solicitar la recepción de notificaciones de manera electrónica, proporcionando el nombre de usuario registrado en el portal citado. Se habilitan horas y días inhábiles Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilita a los actuarios de la adscripción para realizar las notificaciones que resulten de este expediente, incluso en días y horas inhábiles. Instrucciones para los actuarios de la adscripción Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilita a los actuarios de la adscripción para realizar las notificaciones que resulten de este expediente, incluso, en días y horas inhábiles; Se autoriza a los actuarios de la adscripción firmar los oficios que emanen de este expediente; Es obligación del área de actuaria verificar que las mesas entreguen las notificaciones personales u oficiales que son ordenados en los expedientes, en caso de que no hubiera ocurrido así, se ordena que el área de actuaría genere la notificación u oficio, toda vez que se encuentran facultados para firmarlos; Se encomienda a los actuarios que una vez que entreguen el oficio que contenga el acuerdo a notificar, deberán registrar cuál de los actuarios judiciales del juzgado fue el responsable de su entrega. La devolución de las constancias de notificación que practiquen deberán ser entregadas a la mesa de trámite dentro del horario laboral y a través de la respectiva libreta; y Cuando alguna parte procesal asiente una manifestación en la constancia de notificación, deberán ingresarla a la Oficialía de Partes de este Juzgado para que sea registrada como promoción y turnada a la mesa de trámite. Instrucción para los secretarios Los secretarios de la adscripción pueden firmar los oficios que emanen de este expediente, aunque ello es función primordial de actuaría; y Al quinto día hábil a partir de la fecha de emisión del presente acuerdo, deberán certificar que las constancias de notificación a las partes se encuentran completas; y si no requerir mediante oficio; y cada tercer día hasta que se encuentren completas. Transparencia Conforme al artículo 68, fracción I y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública hágase saber a las partes que la no publicación de datos personales requiere oposición expresa. Se encomienda a la actuaría de este juzgado, la notificación de este proveído: Por lista; y Mediante oficio al homólogo declinante. Acuerda el licenciado Juan Mateo Brieba De Castro, juez Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, ante Marco Antonio Pérez Vargas, secretario que da fe.
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