Carlos Alberto Angelino Barrón
Expediente 157/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 157/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 17/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Carlos Alberto Angelino Barrón
Actuaciones
- Principal
El secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en la ciudad del mismo nombre, remite el juicio de amparo **** de su índice. Por otro lado, se advierte que transcurrió el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja previsto en el numeral 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, contra el auto de siete de marzo de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda que dio origen a este juicio de amparo; en consecuencia, se declara que dicha determinación ha causado estado. Finalmente, con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia, ARCHÍVESE este expediente como asunto concluido. Notifíquese.
- Principal
Vista la papeleta de turno de demanda de amparo, expedida por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, y con el oficio 30577/2022, signado por el secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en la ciudad del mismo nombre, al que se adjunta el juicio de amparo 1267/2022 de su índice promovido por 1) ********************, 2) ********************, 3) ********************, 4) ********************, 5)********************6) ********************7) ********************8) ********************9) ********************10) ********************11) ********************12) ********************e 13) ********************, contra actos del Director de la Penitenciaría de la Ciudad de México y otras autoridades. Atento a lo anterior, regístrese con el número 157/2023; colóquese la caratula respectiva; acúsese recibo correspondiente; y, hágase saber al juzgado oficiante y a las partes que este juzgado federal se avoca al conocimiento del asunto. Por ende, se convalidan las providencias decretadas en autos. DESECHAMIENTO: Ahora, de la demanda de amparo se advierte que los quejosos señalan como actos reclamados y autoridades los siguientes: Reubicación de ********************, del dormitorio cuatro zona uno estancia once a otro diverso que le genera afectaciones a su salud y dignidad, así como afectaciones psicofísicas y emocionales y tortura psicofísica y emocional con fines intimidatorios de tracto sucesivo y como forma de coacción y es un acto de represalia por su activismo social y de derechos humanos y LGBTTTIQ. Ataques y actos de coacción contra ********************, por ser defensor y promotor de derechos humanos y LGBTTTIQ+ así como represalias y agresiones por custodios del segundo y tercer grupo y del director, subdirección jurídica, subdirección de apoyo técnico, subdirección de seguridad, jefatura de unidad departamental de centro de diagnóstico, ubicación y determinación de tratamiento y de jurídica y normativa de la Penitenciaria de la Ciudad de México, y de custodio Víctor Joel Palma Escalante, rondines del tercer y segundo grupos y líderes coordinadores de proyectos A y B del tercer grupo y segundo grupo de seguridad de la Penitenciaria de la Ciudad de México y con ello violación a la Convención de la Habana 1990. Reubicación de ********************, del dormitorio cuatro zona uno estancia once a otro diverso o área diversa que le genera tormento psicofísico y afectación psicoemocional de tracto sucesivo y coacción para desistirse de amparos judiciales y de reubicarlo a área de población, con contubernio del comité técnico así como agresiones del custodio de tercer grupo se seguridad de la Penitenciaria de nombre Rafael Mateo Arenas Tabares así como la reubicación obligada que el jefe de unidad departamental de centro de diagnóstico ubicación y determinación de tratamiento de la Penitenciaria de la Ciudad de México, Orlando Fabrizio Meza Trujillo quiere hacer del quejoso al área de Población ya que el quejoso NO HA SOLICITADO su reubicación a dicha área y en represalia por su activismo de derechos humanos y LGBTTTIQ. Reubicación de********************del dormitorio cuatro zona uno estancia cinco, a otro diverso que pone en riesgo su vida y genera tormento psicofísico y afectación psicoemocional de tracto sucesivo y en represalia por su activismo de derechos humanos y LGBTTTIQ. Reubicación de ********************del dormitorio cuatro zona tres estancia ocho a otro diverso que le genera tormento psicofísico y afectación psicoemocional de tracto sucesivo y en represalia por su activismo de derechos humanos y LGBTTTIQ. Reubicación de Enrique Mejía Bello y ********************del dormitorio cuatro zona tres estancia nueve, a otro diverso que le genera tormento psicofísico y afectación psicoemocional de tracto sucesivo y en represalia por su activismo de derechos humanos y LGBTTTIQ. Reubicación de ********************del dormitorio cuatro zona tres estancia doce, a otro diverso que le genera tormento psicofísico y afectación psicoemocional de tracto sucesivo y en represalia por su activismo de derechos humanos y LGBTTTIQ. Reubicación de ********************del dormitorio cuatro zona tres estancia siete a otro diverso que genera tormento psicofísico y afectación psicoemocional de tracto sucesivo y en represalia por su activismo de derechos humanos y LGBTTTIQ. Reubicación de ********************del dormitorio cuatro zona uno estancia diez a otro diverso que le genera tormento psicofísico y afectación psicoemocional de tracto sucesivo y en represalia por su activismo de derechos humanos y LGBTTTIQ. Diego Isaac Hernández González, reclama la restricción de reubicación del dormitorio nueve zona tres estancia tres al dormitorio ya que le genera afectaciones a su salud y dignidad personal así como lo pone en riesgo psicofísico y genera angustia, así como afectaciones psicofísicas y psicoemicional de tracto sucesivo y es un acto de discriminación y represalia por su afinidad con ******************** y en represalia por su activismo de derechos humanos y LGBTTTIQ. Violencia y agresiones psicoemocionales como medio de intimidación y de coacción por autoridades penitenciarias y en represalia por su activismo de derechos humanos y LGBTTTIQ. Desacato de incumplir órdenes judiciales y las órdenes de suspensión dictadas por jueces y tribunales federales. Traslados de los quejosos de la Penitenciaria de la Ciudad de México a otro centro diverso dentro y fuera de la Ciudad de México, con fines intimidatorios y por represalias que ponen en riesgo su vida y dignidad y les genera tormento psicofísico y afectación psicoemocional de tracto sucesivo y que por su activismo de derechos humanos es represalia. Actos prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos y 15 de la Ley de Amparo de tracto sucesivo. Intimidación, castigos ilegales y agresiones como medios de represalia contra quejosos y en represalia por su activismo de derechos humanos y LGBTTTIQ. Discriminación. Violación al principio pro persona. Inaplicación de criterios internacionales. Omisión de investigar actos constitutivos de delitos cometidos por servidores públicos contra los quejosos. Omisión de suspender de sus funciones a los servidores públicos bajo investigación ministerial por la comisión de actos constitutivos de delitos. Encubrimiento de actos constitutivos del delito de tortura. Restricción de comunicación, contacto y de convivencia entre quejosos como medio de coacción, intimidación y represalias atribuidas al comité técnico de esta penitenciaria. La inconstitucionalidad del reglamento de reclusorios 2006 y que usan las autoridades a su discrecionalidad y siempre en su perjuicio, siendo que no está armonizada con los Derechos Humanos más fundamentales y los tratados internacionales signados por México en ese sentido, colisionando además, con la Ley Nacional de ejecución de Sanciones Penales, que tampoco se respeta y en represalia por su activismo de derechos humanos y LGBTTTIQ. Intimidación y discrimación y coacción de parte de Orlando Fabrizio Meza Trujillo contra los quejosos. Audiencias de Comité Técnico sin presencia de asesores jurídicos y contrarias a las establecidas por la ley nacional de ejecución ya que se sesionan en protocolo de consejo técnico y no como Comité Técnico (presencia de más de seis funcionarios) lo cual es ilegal conforme a la ley de ejecución penal. ********************reclama reubicación del dormitorio cuatro zona uno estancia doce a otro diverso que le genera tormento psicofísico y afectación psicoemocional de tracto sucesivo. Negación del servicio médico y dental. Discriminación y actos de molestia e intimidación del custodio Manuel González Farias del tercer grupo de seguridad de la Penitenciaria de la Ciudad de México. Actos de molestia e intimidación y represalia por parte de custodios y rondín del segundo y tercer grupo de Seguridad de la Penitenciaría de la Ciudad de México y en represalia por su activismo de derechos humanos y LGBTTTIQ. Obligar a realizar fajina (trabajos forzados), a los quejosos por el custodio Rafael Mateo Arenas Tabares del tercer grupo de seguridad de la Penitenciaría. Coacción de Orlando Fabrizio Meza, contra el quejoso Diego Issac Hernández González, para reubicarlo forzosamente al área de población con ello poniendo en riesgo inminente su vida, integridad y dignidad sicofísica y sicoemocional y sin permitirle reubicarlo al dormitorio cuatro zona uno estancia once por motivos discriminatorios y de intimidación y en represalia por su activismo de derechos humanos y LGBTTTIQ. Coacción de Comité Técnico contra los quejosos para desistir de los amparos promovidos mediante escritos falsos donde supuestamente se desisten de los recursos. Intimidación contra ********************, por el Comité Técnico y el Jefe de Unidad Departamental de Centro de Diagnóstico y ubicación y determinación de tratamiento de la Penitenciaría de la Ciudad de México por su afinidad con ******************** y en represalia por su activismo de derechos humanos y LGBTTTIQ. Restricción de reubicar a ******************** y ********************, al dormitorio cuatro para proteger y salvaguardar su integridad personal y sicoemocional y en represalia por su activismo de derechos humanos y LGBTTTIQ. Intimidación contra ******************** y ********************, por el Comité Técnico y el Jefe de Unidad Departamental del Centro de Diagnóstico ubicación y determinación de tratamiento de la Penitenciaría de la Ciudad de México por su afinidad con ********************, así como reclama la restricción de reubicarlo al dormitorio cuatro zona uno estancia once para proteger su integridad personal y sicoemocional por su afinidad con ********************, y esto es discriminación plena y en represalia por su activismo de derechos humanos y LGBTTTIQ. Restricción de entregar colchones a los quejosos; así como ropa de lluvia y de invierno y de botas para lluvia. Omisión de auxilio durante alerta sísmica por personal de seguridad y custodia de Penitenciaría de la Ciudad de México. Actos de molestia de los médicos y personal de enfermería del servicio médico de la Penitenciaría de la Ciudad de México contra los quejosos como represalia por la certificación de estado sicofísico de los quejosos. Negación de inscribir a los quejosos como víctima de tortura en el RENAVI. Actos de molestia y discriminación por el médico ******************** contra los quejosos por las certificaciones. Consideración previa respecto a diversos actos reclamados. Respecto a las diversas reubicaciones de los aquí quejosos, éstos manifestaron que tal reubicación les genera "afectaciones a su salud y dignidad, así como afectaciones psicofísicas y emocionales y tortura psicofísica y emocional con fines intimidatorios¨, asimismo, que pone "en riesgo su vida y genera tormento psicofísico"; entre otras manifestaciones que se encuentran subrayadas en cada uno de dichos actos reclamados. Asimismo, respecto al acto consistente en el traslado de los aquí quejosos refieren lo siguiente: "(.) con fines intimidatorios y por represalias que ponen en riesgo su vida y dignidad y genera tormento psicofísico y afectación psicoemocional (...)." En relación con lo anterior, debe decirse que, las manifestaciones relacionadas con los actos reclamados por los quejosos, relativos al traslado o reubicación de éstos, se trata únicamente de actos futuros de realización incierta y, además, para que exista la posibilidad inminente de que dichos actos se realicen, primero se tendría que trasladar y/o reubicar a los quejosos, lo que tampoco ha sucedido en la especie de acuerdo a lo mínimamente narrado en la demanda, por lo que dichas manifestaciones se traducen en simples expectativas o suposiciones relacionadas por los quejosos a dichos actos. Ahora, por lo que hace a los actos consistentes en las ataques y actos de coacción en represalia por su activismo social, de derechos humanos y LGBTTTIQ, intimidación, y discriminación, tales "actos" no son de los que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, ni se trata de actos que, si llegaren a consumarse, harían físicamente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho violado, ya que su naturaleza deriva de la orden de traslado del centro penitenciario en el que se encuentran recluidos y/o del cambio de dormitorio, o bien, pudieran entrañar hechos con apariencia de delito los cuales pudieran ser investigados por las autoridades competentes, no así por los juzgados de Distrito; en conclusión, no se advierten indicios que se esté ante actos de los que importen peligro conforme al numeral constitucional referido. Por otro lado respecto al acto señalado como "actos prohibidos en el artículo 22 de la Constitución y 15 ley de amparo", los amparistas no mencionaron expresamente alguno de los actos prohibidos en el artículo 22 constitucional o del diverso precepto 15 de la ley de la materia. Máxime, que los justiciables no señalan ni siquiera indiciariamiente en los antecedentes de los actos cómo se han materializado éstos por las autoridades que señala como responsables. En ese tenor, únicamente pudiera inferirse que dichos "actos" se destacan como meras consecuencias de los actos reclamados primigenios consistentes en la orden de traslado y cambio de dormitorio, por lo que la situación de la discriminación, represalias y/o intimidación que refiere la parte quejosa al no señalarlos de manera fáctica, no pueden ser considerados de manera autónoma. Por lo anterior se desecha la presente demanda en relación con los actos reclamados respecto a todas las autoridades responsables. Ello es así dado que del escrito de demanda aparentemente promovido por 1) ********************, 2) ********************, 3) ********************, 4) ********************, 5)********************6) ********************7) ********************8) ********************9) ********************10) ********************11) ********************12) ********************e 13) ********************, carece de firmas autógrafas, huellas digitales o firmas electrónicas; es indudable que, no contiene la voluntad de éstos en comprometerse con su contenido, pues el acto de estampar el signo gráfico correspondiente a su firma o firma electrónica, sirve para que no quede duda acerca de la circunstancia de que las manifestaciones ahí vertidas son de la voluntad de la persona que aparece como suscriptor; toda vez que la firma no constituye un elemento de forma, sino un requisito esencial para dar validez a un documento. En ese tenor, al ser de estudio preferente se advierte que en el presente asunto se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción I de la Carta Magna, y con el diverso numeral 6o, de la Ley de Amparo. De conformidad con las disposiciones señaladas, el juicio de amparo, constituye un medio de control constitucional, que se inicia mediante la acción de una persona por sí o en representación de persona diversa, quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción o su legal representante; manifestación de la voluntad que se exterioriza, al asentar en la demanda de amparo o del documento respectivo, la firma autógrafa, o bien la firma electrónica de conformidad con el artículo 3o. de la ley de la materia. Atento a ello, es necesario precisar que la demanda que se analiza fue presentada de manera electrónica por medio de las herramientas tecnológicas instauradas para ello; ahora, dicha circunstancia no exime a la parte promovente de la obligación de manifestar su voluntad por medio de la firma, que será el medio por el cual se cumple con el requisito necesario de que la demanda sea promovida siempre a instancia de parte agraviada -principio de instancia de parte-. La firma electrónica de acuerdo a lo establecido en la ley de la materia, hará las veces de la firma autógrafa, es decir, será ésta la que acredite la voluntad de promover el juicio de amparo, en el caso de que las demandas sean presentadas vía electrónica. Asimismo, de conformidad con los artículos 59, 62, 64, 65 interpretado a contrario sensu, 72 y 76 todos del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se advierte que el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación es el sitio web a través del que las partes podrán promover demandas de amparo, promociones y recursos; para acceder a dicho sistema se deberá estar registrado en el mismo y contar con una firma electrónica emitida y reconocida por la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas. El registro de los usuarios en el sistema, así como la firma electrónica en el archivo que contenga la demanda de amparo, no serán exigibles cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; es decir, que en los demás casos, como el que se analiza, será exigible dicho registro, así como que el archivo que contenga la demanda de amparo sea firmado electrónicamente, PUES EN LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO COMO YA SE PRECISÓ, NO SE RECLAMA ALGUNO DE LOS ACTOS ANTES CITADOS. En virtud de lo anterior, al ser presentada la multicitada demanda a través de los medios electrónicos permitidos y no encontrarse firmada electrónicamente por los directos quejosos, no se encuentra manifiesta la voluntad de éstos y en consecuencia no se cumple con el principio de instancia de parte, previsto en la Ley de Amparo. Entonces, de conformidad con el artículo 107, fracción I, de la Carta Magna, en relación con los diversos 6 y 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de cuenta por su notoria e indudable improcedencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." En otro orden de ideas, aun cuando en la especie estuviera debidamente firmada la demanda, de cualquier manera procedería desecharla, al actualizarse motivos diversos. En efecto, conviene precisar que del análisis de la demanda, se aprecia que los promoventes no redactaron los antecedentes de los actos reclamados que atribuye a los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta Ciudad. De tal suerte, debe inferirse que los actos que les imputan a los mencionados Jueces de Distrito, lo hacen en su carácter de Juez de control constitucional. Partiendo de lo anterior, en términos del artículo 80 de la ley de la materia, en el juicio de amparo sólo se admitirán los recursos de revisión, queja y reclamación; y tratándose del cumplimiento de sentencia, el de inconformidad; siendo esto así, contra lo actuado por un Juez de Distrito en Materia de Amparo, proceden tales recursos como medio de impugnación vertical, a modo de revisar la actuación del juzgador. Por otro lado, se actualizaría otro motivo más de improcedencia, ya que no es factible conocer de un juicio de amparo presentado en contra de otro Juez de Distrito, debido a que, se insiste, contra sus actuaciones proceden los recursos mencionados y no una demanda independiente o autónoma. Asimismo, respecto a los actos reclamados consistentes en el traslado o reubicación de los amparistas, restricciones de comunicación, contacto y de convivencia entre quejosos, la realización de estudios, perfiles y entrevistas, audiencias del comité técnico de la penitenciaría de la ciudad de México, sin la presencia de los asesores jurídicos, negación del servicio médico y dental, obligar a realizar la fajina, restricción de entrega de colchones, ropa de lluvia e invierno, omisión de auxilio durante la alerta sísmica, se actualizaría la diversa causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya que los peticionarios no agotaron el principio de definitividad en forma previa a acudir a esta instancia constitucional, al no interponer en contra de dichos actos el medio ordinario de defensa contemplado en la Ley Nacional de Ejecución Penal. En efecto, la citada legislación prevé varios regímenes relacionados con el tema que regula el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial, siendo los principales los siguientes: Régimen de internamiento; en el que se reglamentan las condiciones de las personas privadas de su libertad que deberán garantizar una vida digna y segura. Este régimen se encuentra previsto en el capítulo II del título segundo de la legislación especial citada. Régimen disciplinario; en el cual se establece que la determinación de las faltas disciplinarias estará a cargo del Comité Técnico del centro penitenciario. Este régimen se encuentra previsto en el capítulo III del título segundo de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Traslados de las personas detenidas, en el que se regulan los voluntarios, involuntarios y excepcionales o urgentes. Este procedimiento está previsto en el capítulo V del título segundo de la legislación especial en análisis. En el particular, en régimen disciplinario es donde se ubicarían dichos actos reclamados pues forman parte de la reglas de disciplina, a cargo del Comité Técnico del centro penitenciario. Tiene aplicación de jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ORDEN DE TRASLADO Y PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ANTES DE PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, SE DEBE AGOTAR LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. Hechos: Un Tribunal Colegiado consideró que los traslados involuntarios de un centro penitenciario a otro en los que no interviene la autoridad judicial constituyen una violación directa a la Constitución, razón por la cual puede promoverse amparo indirecto sin agotar previamente el recurso ordinario. A diferencia de ese Tribunal Colegiado, uno diverso consideró que en contra de una posible orden de traslado emitida sin intervención judicial, procede un recurso ordinario previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por lo que debe agotarse dicho recurso antes de promover el amparo, de lo contrario éste será improcedente por no cumplirse con el principio de definitividad. Criterio jurídico: La orden de traslado de un centro penitenciario a otro que se emite sin intervención judicial es un acto que se dicta dentro del procedimiento; por lo tanto, antes de promover juicio de amparo indirecto en su contra, se debe agotar la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Justificación: El artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal regula la controversia judicial, recurso que se interpone ante el Juez de Control o de Ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver las controversias que surjan con motivo de los traslados de las personas privadas de la libertad. Por otra parte, el juicio de amparo, si bien puede promoverse contra actos de autoridad que vulneren los derechos de los gobernados, debe observar el principio de definitividad, según el cual, el amparo no procede contra violaciones cometidas en el procedimiento si en las leyes ordinarias se prevé un remedio legal por el cual puedan repararse, tal como sucede en el caso de las controversias judiciales establecidas en el ordenamiento penal en cita. Por lo tanto, cuando una persona privada de la libertad busque inconformarse con la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, emitida sin autorización previa de la autoridad judicial, antes de la promoción del juicio de amparo, debe interponerse la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para que sea el Juez de Control o de Ejecución, quien resuelva la legalidad de ese posible traslado. De esa manera se respeta el principio de definitividad que rige en el amparo.". En cuanto a las condiciones de internamiento, sirven de apoyo las tesis de la Primera Sala emitió la tesis 1a./J. 79/2018 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 61, diciembre de 2018, tomo I, pág. 230, de rubro: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." Así como, la Tesis PC.III.P. J/18 P (10a.), emitida por el Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo II, pág. de rubro: "PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. CUANDO RECLAMAN ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE SU INTERNAMIENTO, COMO LO ES LA FALTA O NEGATIVA DE ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA, YA SEA URGENTE O NO, DEBEN AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE PETICIONES Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO." Causa de improcedencia que se hace extensiva al reglamento reclamado, por no impugnarse como norma autoaplicativa ni por vicios propios. Así como respecto de la omisión de investigar delitos, pues conforme con el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, contra aquélla procede el medio de impugnación ahí previsto. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 28/2018 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, página 943, de rubro siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO." En tales condiciones, se itera, al no satisfacerse el principio de instancia de parte agraviada, ni actualizarse algunos de los supuestos de excepción que contempla la norma, se actualiza la causa de improcedencia invocada, por lo que SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de cuenta por su notoria e indudable improcedencia. Sin que pasa inadvertido que este órgano de control constitucional también se encuentra señalado como autoridad responsable; sin embargo, cabe precisar que dicho desechamiento es aplicable también a esta autoridad, toda vez que del análisis de la demanda de amparo no se advierte que se le atribuya algún acto con motivo de su función, es decir, algún acto en concreto, pues en el escrito inicial solamente se indica que se reclama violación al principio pro persona e inaplicación de criterios internacionales, cuyas expresiones son solamente indicativos del derecho o principio jurídico que resultaría violado sin que se aporte dato respecto al acto reclamado en sí mismo, motivo por el cual no se actualiza el supuesto previsto en el artículo 38 de la Ley de Amparo. Lo que impide emitir pronunciamiento sobre la suspensión de oficio y de plano, ni mucho menos concederla. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.1o.P.1 K (11a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la Undécima Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SI EL JUEZ DE DISTRITO DESECHA DE PLANO LA DEMANDA, NO PUEDE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA, NI MUCHO MENOS CONCEDERLA." Hechos: Un Juez de Distrito desechó de plano la demanda de amparo indirecto, al considerar actualizada de manera manifiesta e indudable una causal de improcedencia; sin embargo, en el auto en el que se emitió esta decisión, se pronunció respecto de la suspensión de oficio y de plano de los actos reclamados. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que si el Juez de Distrito desecha de plano la demanda de amparo indirecto, no puede pronunciarse sobre la suspensión de oficio y de plano, ni mucho menos concederla. Justificación: El desechamiento de plano de la demanda de amparo indirecto implica que jurídicamente no se dio trámite al juicio respectivo y, por ende, es improcedente que el Juez de Distrito se pronuncie sobre la suspensión de oficio y de plano de los actos reclamados, toda vez que ésta es una incidencia propia del amparo en lo principal. Ciertamente, por regla general, cuando se admite una demanda de amparo indirecto y con ello se da trámite al juicio constitucional, es factible que se provea sobre la suspensión de los actos reclamados, ya sea de oficio y de plano, o bien, a petición de parte y, excepcionalmente, la Ley de Amparo establece algunos casos en que sin que se haya admitido dicha demanda se provea sobre la suspensión de oficio y de plano, tales como que se presente por un tercero a favor del quejoso por existir incomunicación de éste, o se haya mandado hacer una aclaración al escrito de demanda e, incluso, cabe esa posibilidad en caso de que el Juez estime que es incompetente para conocer de la demanda, o bien, que se considere impedido; siendo éstos algunos de los supuestos en los que, aun cuando no se ha admitido la demanda de amparo, existe la posibilidad y obligación de pronunciarse sobre la suspensión de oficio y de plano; sin embargo, en caso de que se deseche el ocurso de amparo, no es factible que el Juez de Distrito lo haga, precisamente al depender esta medida del juicio en lo principal." DE LA PARTE QUEJOSA: Los quejosos señalaron como domicilio para oír y recibir notificaciones la Penitenciaría de la Ciudad de México; sin embargo, al no encontrarse firmada la demanda de amparo, se constata que no expresaron su voluntad para dar trámite a la presente demanda; por tanto, se tienen para esos efectos las listas que se publican en los estrados de este órgano federal. EXHORTO A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA" Se exhorta a que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, esto es: a) Promover a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; b) Consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran sus expedientes de amparo; y, c) Solicitar la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. Para lo cual, deberán solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones. La actuación por este medio requerirá de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, se requiere propongan formas especiales y expeditas de contacto, como servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. AUTORIZACIÓN DE MEDIOS DIGITALES: Con fundamento en el artículo 2 de la Ley de Amparo y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, y en atención a lo dispuesto en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se permite fotocopiar los acuerdos que se emitan en el presente asunto a través del medio digital correspondiente, para lo cual se procurará evitar fotocopiar, fotografiar o escanear, las firmas y sellos que aparezcan en éstos; con excepción de las constancias respecto de las que, en su caso, se deba guardar sigilo, por lo que, únicamente las podrán tener a la vista en el plazo que para tal efecto establece la ley de la materia. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES: Este juzgado está constreñido a garantizar el acceso a la información pública, así como a proteger los datos personales con los que cuenta, con motivo de la demanda de amparo que se provee; por lo que, llevará a cabo las versiones públicas correspondientes, en las que deberán testarse las secciones reservadas o confidenciales. HABILITACIÓN AL ACTUARIO: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilita al actuario judicial para que en su caso, en días y horas inhábiles, realice las notificaciones personales que se ordenen, las cuales deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal.
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