Carlos Alberto Angelino Barrón y Otros.

Expediente 706/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
706/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
14/10/2021

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Angelino Barrón
  • Carlos Alberto Angelino Barrón y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guarda el sumario en que se actúa, se advierte que mediante proveído de veintiuno de septiembre del año en curso, con motivo de que causó estado el auto de tres de septiembre de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda que dio origen al presente asunto, incorrectamente se hizo la observación que este expediente era susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años; sin embargo, lo correcto son seis meses, de conformidad a lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, así como en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; lo que se hace constar, para los efectos legales conducentes a que haya lugar. Cúmplase.

  2. Principal

    Vista la certificación de cuenta, así como el estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja previsto en el numeral 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, contra el auto de tres de septiembre de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda que dio origen a este juicio de amparo -únicamente respecto de los actos por los que este órgano de control constitucional aceptó la competencia declinada por el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México-; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha determinación ha causado estado; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, se hace constar que este juicio no es de relevancia documental y que después de una búsqueda minuciosa no se encontraron valores, ni documentos originales exhibidos por las partes. Asimismo, se observa que este expediente es susceptible de destrucción -una vez transcurran tres años-, en términos de lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, así como en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Finalmente, con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia, ARCHÍVESE este expediente como asunto concluido. Notifíquese.

  3. Principal

    Agréguese al sumario el oficio de cuenta recibido vía interconexión, procedente del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, con el que se acusa recibo de los autos del presente sumario, derivado de la competencia planteada; asimismo, informa que no insiste en declinarla por los actos y autoridades por los cuales no se aceptó la competencia en este juicio de amparo 706/2021; de lo que se toma nota. Notifíquese.

  4. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA Vista la boleta de turno 010341/2021, a la que se adjunta el oficio 8849/2021 del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México y el juicio de amparo 692/2021, de su índice, promovido electrónicamente por Yoanna Fonseca Valencia, en representación de ...; regístrese en el libro de gobierno con el número 706/2021 e intégrense los respectivos expedientes -físico y electrónico-. De las constancias que integran el juicio de amparo 706/2021, se obtiene que por acuerdo de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, el secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en funciones de juez de Distrito, se declaró incompetente por razón de materia para conocer del asunto. Analizada en su integridad la demanda de amparo presentada electrónicamente por Yoanna Fonseca Valencia, en representación de ..., de conformidad -dice- con el artículo 15 de la Ley de Amparo, se obtiene que reclama: 1. Del ".Director de la penitenciaria cdmx --- Subdirección Jurídica de la Penitenciaria cdmx --- Subdirección de Apoyo Técnico de la Penitenciaria cdmx --- Subdirección de Seguridad de la Penitenciaria cdmx--- Comité Técnico de la Penitenciaria cdmx--- Jefatura de Unidad Departamental del Centro de Diagnóstico Ubicación y determinación del Tratamiento de la Penitenciaria cdmx--- Subsecretaría de Sistema Penitenciario de cdmx--- Secretaría de Seguridad Ciudadana de cdmx--- Secretaría de Gobernación--- Secretaría de Gobierno de cdmx ---Secretaría de seguridad y protección ciudadana--- Presidente de México--- Gobernadores de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Colima, Chiapas, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Querétaro, Sinaloa, Sonora, San Luis Potosí, Tlaxcala, Tabasco, Veracruz, Yucatán, Zacatecas (sic)": a. El traslado de los quejosos de la "penitenciaría cdmx a otro centro diverso dentro de cdmx a otro centro diverso o fuera de cdmx". b. Represalias, de intimidación y tortura, c. Reubicación de Carlos Alberto Angelino Barrón del dormitorio cuatro, zona uno, estancia once, a otro dormitorio de diverso módulo y diversa área. d. Reubicación de Alejandro Díaz Madrid del dormitorio cuatro, zona uno, estancia once, a dormitorio ocho, zona tres, estancia cuatro, o a otro dormitorio de diverso módulo o área diversa. e. Discriminación por condición de concubino de ambos quejosos. 2. De los ".Jueces de distrito de amparo en materia penal de la cdmx del primero al décimo sexto, jueces de distrito en Aguascalientes, Colima, Chiapas, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Querétaro, Sinaloa, Sonora, San Luis Potosí, Tlaxcala, Tamaulipas, excepto el noveno de Tamaulipas, Tabasco, Veracruz, Yucatán, Zacatecas (sic)": a. Violación al principio pro persona b. Inaplicación de criterios internacionales pro persona. c. Discriminación. En ese contexto, se acuerda: Planteamiento sobre competencia Del artículo 48 de la Ley de Amparo, se obtiene que cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito y estime carecer de competencia, la remitirá de plano, con sus anexos, al que considere competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos en el órgano jurisdiccional de que se trate, se decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto; si lo hace, lo comunicará al declinante, previa notificación de las partes, en caso contrario, le devolverá la demanda, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. En estricto cumplimiento a lo mandatado en dicho artículo, comuníquese respetuosamente al juzgado declinante: I. No se acepta la competencia. Con independencia de si se comparten o no las razones planteadas, este órgano de control constitucional no acepta la competencia declinada y, en consecuencia, no se avoca al conocimiento asunto, por cuanto hace a los actos de autoridad identificados en el numeral 2 incisos a, b y c, consistentes en: a. Violación al principio pro persona b. Inaplicación de criterios internacionales pro persona. c. Discriminación. Lo anterior es así, pues aun cuando la parte promovente no es precisa en cuanto a qué acto en particular reclama de las autoridades que índica, los atribuye, entre otras, a los "Jueces de distrito de amparo en materia penal de la CDMX del primero al décimo sexto (sic)", entre los que se encuentra el que aquí provee. De ahí que, partiendo de la forma planteada en la demanda y a que se atribuyen los mismos actos a los ".Jueces de distrito de amparo en materia penal de la CDMX del primero al décimo sexto (sic) --- jueces de distrito Aguascalientes, Colima, Chiapas, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Querétaro, Sinaloa, Sonora, San Luis Potosí, Tlaxcala, Tamaulipas, excepto el noveno de Tamaulipas, Tabasco, Veracruz, Yucatán, Zacatecas, (sic)", debe atenderse al sentido de indivisibilidad, siendo por tanto evidente que el que suscribe no tiene competencia para conocer de la demanda de amparo que nos ocupa. Lo anterior es así, en atención a que en la especie se actualiza la hipótesis de incompetencia prevista en el artículo 38 de la Ley de la Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca." Advirtiéndose de lo anterior, que es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca, de ahí que, si este Juez Segundo de Distrito de Amparo en la Ciudad de México, se encuentra señalado como responsable, resulta legalmente incompetente para conocer de la demanda de que se trata. Apoya lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 88/2006 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Febrero de 2007, página 75, de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE RECLAMA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y SE SEÑALAN COMO AUTORIDADES RESPONSABLES A TODOS LOS JUECES DE DISTRITO DE UN MISMO ÁMBITO TERRITORIAL, SE SURTE A FAVOR DEL MÁS INMEDIATO. Cuando en una demanda de amparo se reclama una orden de aprehensión y se señalan como autoridades responsables a todos los Jueces de Distrito de un mismo ámbito territorial, éstos tendrán el carácter de autoridad responsable durante toda la secuela procesal conforme al artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, por lo que no puede operar la regla general para fijar la competencia establecida en el artículo 36, párrafo primero, de dicho ordenamiento, ya que el juzgador que ha sido señalado como autoridad responsable, independientemente de que ejerza jurisdicción en el lugar en que el acto reclamado podría ejecutarse, ya es parte en el juicio de garantías respectivo y no puede tener el doble carácter de parte procesal y Juez, pues se actualizaría el impedimento previsto en el artículo 66, fracción IV, de la Ley citada. En consecuencia, se concluye que en la hipótesis referida debe atenderse a la regla de excepción contenida en el artículo 42, primer párrafo, de la Ley de Amparo y señalar como competente al Juez de Distrito más inmediato. Incluso, recientemente -el trece de mayo de dos mil veintiuno-, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el conflicto competencial C.C.A. 11/2021, suscitado entre el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa y el Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal, ambos en la Ciudad de México, con motivo de la presentación de una demanda de amparo de contenido similar a la que aquí nos ocupa, resolvió: ".En ese sentido, de la demanda de amparo se advierte que los quejosos señalaron como actos reclamados, esencialmente, la orden de traslado de la Penitenciaria de la Ciudad de México a una diversa, así como amenazas, represalias e intimidación, los cuales son competencia de los jueces de distrito en materia penal; lo anterior, de conformidad con la tesis jurisprudencial P./J. 18/2012 (10a.), de rubro y texto: . Sin embargo, en el caso, los quejosos señalaron como autoridades responsables a los "Jueces de amparo en materia penal de CDMX"; de manera que, atendiendo al criterio previamente señalado, el juzgado competente para conocer de la demanda de amparo de mérito es el juez más próximo de la misma materia o no especializado de otro circuito. ." Por tanto, y ya que de conformidad con el numeral 48 de la ley de la materia, este juzgador únicamente debe limitarse a resolver si acepta o no el conocimiento del asunto -esto es, no prevé jurisdicción para establecer si algún otro órgano jurisdiccional es competente o no-, se ordena devolver al juzgado de origen el expediente remitido y, formar cuaderno de antecedentes, para que provea lo que corresponda en relación con los actos respecto de los cuales no se tiene competencia. De igual forma, se solicita a su titular tenga a bien acusar de recibo e informar lo que resuelva para los efectos legales a que haya lugar. II. Se acepta competencia. En virtud de que se comparten las razones planteadas, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, este juzgador se avoca al conocimiento de la demanda de amparo únicamente respecto de los actos de autoridad identificados en el numeral 1 incisos a, b, c, d y e, consistentes en: 1. Del ".Director de la penitenciaria cdmx --- Subdirección Jurídica de la Penitenciaria cdmx --- Subdirección de Apoyo Técnico de la Penitenciaria cdmx --- Subdirección de Seguridad de la Penitenciaria cdmx--- Comité Técnico de la Penitenciaria cdmx--- Jefatura de Unidad Departamental del Centro de Diagnóstico Ubicación y determinación del Tratamiento de la Penitenciaria cdmx--- Subsecretaría de Sistema Penitenciario de cdmx--- Secretaría de Seguridad Ciudadana de cdmx--- Secretaría de Gobernación--- Secretaría de Gobierno de cdmx ---Secretaría de seguridad y protección ciudadana--- Presidente de México--- Gobernadores de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Colima, Chiapas, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Querétaro, Sinaloa, Sonora, San Luis Potosí, Tlaxcala, Tabasco, Veracruz, Yucatán, Zacatecas (sic)": a. El traslado de los quejosos de la "penitenciaría cdmx a otro centro diverso dentro de cdmx a otro centro diverso o fuera de cdmx". b. Represalias, de intimidación y tortura, c. Reubicación de Carlos Alberto Angelino Barrón del dormitorio cuatro, zona uno, estancia once, a otro dormitorio de diverso módulo y diversa área. d. Reubicación de Alejandro Díaz Madrid del dormitorio cuatro, zona uno, estancia once, a dormitorio ocho, zona tres, estancia cuatro, o a otro dormitorio de diverso módulo o área diversa. e. Discriminación por condición de concubino de ambos quejosos. Y con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se acuerda: Desechamiento En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5°, fracción I, y 6°, ambos de la Ley de Amparo, así como 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El juicio de amparo se rige por el principio de "instancia de parte agraviada", lo cual significa que éste sólo puede instarse por la persona que resiente la afectación a su esfera jurídica por virtud de una norma general, acto u omisión que a su consideración es violatorio de los derechos fundamentales previstos en la Constitución General de la República o en los Tratados Internacionales de los que es parte el Estado Mexicano, salvo las excepciones enmarcadas en la propia ley de la materia. Es decir, sólo la parte quejosa (persona física o moral) directamente afectada por algún acto, es la que está en aptitud de demandar la protección de la justicia federal, en tanto el derecho subjetivo de acción en el juicio de amparo constituye un derecho personalísimo y, por ende, únicamente el titular del derecho vulnerado puede ejercitarla. En ese orden, se actualiza la causa de improcedencia en estudio, respecto de la demanda promovida electrónicamente por Yoanna Fonseca Valencia, en representación de ..., por cuanto hace a los actos señalados en este apartado, porque no se actualiza el principio de "instancia de parte agraviada". Lo anterior es así, puesto que el promovente no tiene legitimación activa en términos de la Ley de Amparo para instar la acción constitucional en nombre del directo agraviado, cuya esfera jurídica es la que, en todo caso, resentiría una afectación en virtud de aquéllos. La norma es clara en los citados preceptos: la legitimación para promover el amparo está acotada a que sea directamente la persona física a quien afecte la norma general o el acto reclamado, esto es, quien sea titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo (quejoso), siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados viola los derechos previstos en su artículo y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, por sí o por conducto de su representante legal o apoderado, lo que en el caso no se actualiza, pues no ocurre a esta instancia directamente ... Cierto, existe una excepción a todo lo anteriormente expuesto, ¿cuál?, la que se desprende de los artículos 3, último párrafo, y 109 de la Ley de Amparo, relativa a cuando se promueve el amparo en los términos del diverso 15 de esa Ley, supuesto en el que incluso no se requerirá de firma electrónica. Dicho numeral dispone que cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad, en cuyo caso el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado y, logrado esto, requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Precisado lo anterior, surge la siguiente interrogante: ¿se actualiza el supuesto de excepción a que se ha hecho referencia? La respuesta es No. Lo anterior es así, pues aun cuando pudiera estimarse que ... se encuentran imposibilitados para promover el juicio de amparo, esto únicamente por su condición de internos, y que por esa razón Yoanna Fonseca Valencia, presentó la demanda electrónicamente y sin firma electrónica, el traslado o reubicación ordenado por las autoridades administrativo-penitenciarias señaladas como responsables, no encuadran en alguno de los actos que el legislador prescribió en ese artículo 15 de la Ley de Amparo. Esto último, pues aun cuando en la demanda de amparo se refiere se emiten fuera de procedimiento, lo cierto es que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé una regulación especial, precisando las especificas hipótesis en las que de manera excepcional, se faculta a la autoridad administrativa para que los ordene y ejecute, por lo que en todo caso se trata de actos dentro de procedimiento. Apoya lo anterior, la tesis 1a. XXI/2021 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Undécima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Mayo de 2021, Tomo II, página 1760, de rubro: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. AL CONTAR CON UNA REGULACIÓN ESPECÍFICA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, CONSTITUYE UN ACTO DICTADO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO, AL QUE LE ES APLICABLE EL PLAZO GENÉRICO DE QUINCE DÍAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO [ABANDONO DE LAS JURISPRUDENCIAS 1a./J. 83/2015 (10a.) Y 1a./J. 58/2016 (10a.)]." Así como la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.) de esa misma Primera Sala, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 230, de rubro: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." Sin que el hecho de que se aduzca en la demanda que son actos que ponen en riesgo grave sus vidas, salud, integridad y dignidad, o que existan represalias o tortura, los ubique como de los prohibidos por los artículos 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 15 de la Ley de Amparo, pues deben analizarse atendiendo a su naturaleza, no a las potenciales consecuencias que el demandante pudiera atribuirles. Y en cuanto a la discriminación por condición de concubinos, nuevas reflexiones llevan a considerar que, en el caso que se analiza, no puede ubicarse como de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual al igual que el diverso 15 de la Ley de Amparo, se refiere a aquellos actos y omisiones que afectan gravemente a la dignidad e integridad personales (como pueden ser los actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes). Lo anterior es así, pues la discriminación recorre una amplia gama no reducible a un solo supuesto, desde aquéllos actos que generaran una distinción de trato que por sí no colocan a las personas en internamiento en una situación en la que su dignidad e integridad personal se encuentren gravemente comprometidas (por ejemplo, cambios de dormitorio por razones de seguridad, para el centro penitenciario o para el interno mismo, la edad, el estado de salud, duración de la sentencia, situación jurídica y otros datos objetivos sobre su persona tendientes a armonizar la gobernabilidad del mismo y la convivencia), hasta aquellos que, por su naturaleza o trascendencia, lo somete a cierto dolor físico y/o estado psicológico que, incluso, pudiera tener consecuencias irreversibles en su salud o la pérdida de su vida, sea factible que lo ubiquen en la situación apuntada. Sin embargo, en el contexto de las manifestaciones vertidas en la demanda de amparo, no existen bases suficientes que permitan afirmar categóricamente que la discriminación por condición que se señala, comprometa gravemente la dignidad e integridad personal de los directamente agraviados, al grado de equipararse tal situación a un tormento, por el contrario, se observa la señalan en el contexto de la posibilidad de que sean trasladados o cambiados de dormitorio, que conforme a la Ley Nacional de Ejecución Penal, de existir, tienen la presunción de fines constitucionalmente válidos. Apoya lo anterior, por las razones de fondo que se sostienen, la jurisprudencia 1a./J. 55/2019 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nació, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 69, Agosto de 2019, Tomo II, página 1270, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE CONCEDERSE CUANDO UN INTERNO RECLAMA DE LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS LA OMISIÓN DE BRINDARLE ATENCIÓN MÉDICA, SI SE ADVIERTE QUE ESA SITUACIÓN COMPROMETE GRAVEMENTE SU DIGNIDAD E INTEGRIDAD PERSONAL, AL GRADO DE EQUIPARARSE A UN TORMENTO. Es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la suspensión de oficio y de plano obedece a la necesidad de tutelar derechos fundamentales de especial relevancia de ataques que consumarían irreparablemente la violación en perjuicio del quejoso, haciendo imposible su restitución a través del juicio de amparo, como son los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, entre los que se encuentra el tormento de cualquier tipo, el cual se refiere a aquellos actos y omisiones que afectan gravemente a la dignidad e integridad personales (como pueden ser los actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes). Ahora bien, la omisión de proporcionar atención médica es un acto que recorre una amplia gama no reducible a un solo supuesto, pues puede abarcar desde los casos en que se pide en relación con actividades preventivas, que no colocan al quejoso en una situación en la que su dignidad e integridad personal se encuentren gravemente comprometidas, hasta aquellos que obedecen a actividades curativas, de rehabilitación, o bien, de urgencia médica, cuya falta de atención oportuna somete al quejoso a cierto dolor físico y/o estado patológico que, incluso, pudiera tener consecuencias irreversibles en su salud o la pérdida de su vida, por lo que sí es factible que lo ubiquen en la situación apuntada. Por lo tanto, el juez de amparo deberá conceder la suspensión de oficio y de plano, en los casos en que un interno reclame dicha omisión, si a partir de un juicio valorativo en el que pondere las manifestaciones vertidas en la demanda de amparo, advierte que la falta de atención médica que se reclama, compromete gravemente su dignidad e integridad personal, al grado de equipararse tal situación a un tormento." Por lo que, como se adelantó, los reclamados no encuadran en alguno de los actos que el legislador prescribió en ese artículo 15 de la Ley de Amparo. En tales condiciones, al no satisfacerse el principio de "instancia de parte agraviada", ni actualizarse algunos de los supuestos de excepción que contempla la norma, se actualiza la causa de improcedencia invocada, la cual resulta manifiesta e indudable atendiendo a las razones que anteceden, y con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha por notoriamente improcedente la acción constitucional planteada en contra de los referidos actos. De la parte promovente Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas de este órgano federal, ya que fue omiso en indicarlo; no obstante se deja a salvo su derecho para señalar cualquier otro. Exhorto a tramitar el asunto "en línea" y requerimiento de algún medio de comunicación Se exhorta a que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, esto es: a) Promover a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; b) Consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran sus expedientes de amparo; y, c) Solicitar la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. Para lo cual, deberán solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones. La actuación por este medio requerirá de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, se requiere propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Autorización de medios digitales Con fundamento en el artículo 2 de la Ley de Amparo y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, y en atención a lo dispuesto en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se permite fotocopiar los acuerdos que se emitan en el presente asunto a través del medio digital correspondiente, para lo cual se procurará evitar fotocopiar, fotografiar o escanear, las firmas y sellos que aparezcan en éstos; con excepción de las constancias respecto de las que, en su caso, se deba guardar sigilo, por lo que, únicamente las podrán tener a la vista en el plazo que para tal efecto establece la ley de la materia. Publicación de datos personales Con base a lo dispuesto por el artículo 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 9, 16, 68, 110, 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, este juzgado está constreñido a garantizar el acceso a la información pública, así como a proteger los datos personales con los que cuenta, con motivo de la demanda de amparo que se provee, llevando a cabo las versiones públicas correspondientes, en las que deberán testarse las secciones reservadas o confidenciales, ello en pleno respeto a una interpretación armónica de los artículos mencionados y en atención al principio pro persona, como así lo establece el último párrafo del artículo 6 del ordenamiento citado. Expedición de copias Desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos; para ello bastará: (i) que las soliciten al secretario del juzgado responsable de su expediente; y, (ii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. Habilitación al actuario Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilita al actuario judicial para que en su caso, en días y horas inhábiles, realice las notificaciones personales que se ordenen, las cuales deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese; y mediante lista a la parte promovente.

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