Carlos Alberto Angelino Barrón y Otros.
Expediente 800/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 16 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 800/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 15/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Carlos Alberto Angelino Barrón y Otros.
- Carlos Alberto Angelino Barrón
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio 987/2021, signado por el secretario de acuerdos del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, por medio del cual devuelve los autos originales del juicio de amparo 800/2021, y remite testimonio de la resolución pronunciada en el recurso de queja Q.P. 223/2021, interpuesto por el quejoso ... contra la resolución de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, donde la superioridad resolvió lo siguiente: "ÚNICO. Es infundada la queja." Sin acusar de recibo por no haberlo solicitado; intégrese a los presentes autos las actuaciones originales del cuaderno de antecedentes, por lo que a efecto de evitar su duplicidad, destrúyanse las copias restantes que integran dicho cuadernillo, y háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo. Se hace del conocimiento de las partes que este juicio no es de relevancia documental y que después de una búsqueda minuciosa en éste no se encontraron valores, ni documentos originales exhibidos por las partes. De igual forma, el presente asunto no es de relevancia documental y en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN- una vez transcurran tres años- al haberse al haberse otorgado la suspensión de plano y carecer de relevancia documental. Finalmente, con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia, ARCHÍVESE este juicio como asunto totalmente concluido. Notifíquese; y, personalmente al quejoso en su lugar de reclusión y defensora.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio suscrito por el secretario de acuerdos del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en atención a su contenido, se le tiene acusando recibo del diverso, por el que se remitió el original del juicio de amparo 800/2021-V, para la substanciación del recurso de queja interpuesto por el quejoso .., contra el proveído de veintisiete de octubre pasado, el cual fue admitido y registrado con el número Q.P. 223/2021, de lo que se toma de conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
Vista la constancia de notificación que antecede de la que se advierte que el quejoso ..., manifestó: "Recibí copia e interpongo queja contra auto" Por tanto, en términos del artículo 101 de la Ley de Amparo, ríndase el informe respecto a la queja interpuesta por el quejoso, en el sentido de que es cierto el acto impugnado; y, para justificar su legalidad, remítase la constancia de notificación y los autos que integran este sumario al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en turno; lo anterior, para la substanciación del medio de impugnación hecho valer. Notifíquese y, personalmente al quejoso en el lugar de su internamiento; así como, a la defensora de oficio.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito presentado por la asesora jurídica del quejoso . mediante el cual desahoga la prevención de veinte de septiembre del año en curso, por el que señala que el acto reclamado de tortura, consiste en que el: a. Cinco y once de diciembre de dos mil veinte, agresión física, ocasionando lesiones físicas. b. Nueve de diciembre de dos mil veinte, caso omiso de la pretensión de denunciar actos de tortura. c. Diez, veinte, veintiuno, veintidós y veintitrés de diciembre de dos mil veinte, intimidación y amenazas. d. Doce, dieciséis y veintiuno de enero de dos mil veintiuno, agresión física y verbal. e. Doce, diez, ocho y cinco de mayo de dos mil veintiuno, agresión física e intimidación. f. Cuatro de julio (sin especificar año), tortura emocional. g. Veinte de septiembre de dos mil veintiuno, desobediencia de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. h. Veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, intimidación. i. Trece de octubre de dos mil veintiuno, intimidación, amenazas. Que atribuyó al: 1) Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social OADPRS; 2) Comité Técnico de la Penitenciaria CDMX; 3) Subsecretaría del Sistema Penitenciario CDMX; 4) Director Ejecutivo de Seguridad Penitenciaria CDMX; 5) Director de la Penitenciaria CDMX; 6) Subdirector de Seguridad de la Penitenciaria CDMX; 7) Subdirector de Apoyo Técnico de la Penitenciaria CDMX; 8) Jefe de la Unidad Departamental del Centro de Diagnóstico Ubicación y Determinación del Tratamiento de la Penitenciaria CDMX, todas con residencia en esta ciudad. ANTECEDENTES: En principio es menester señalar los antecedentes que originaron el presente asunto: 1. Mediante escrito presentado vía electrónica el trece de febrero de dos mil veintiuno, . solicitaron el amparo y protección de la justicia federal contra la orden de traslado a diverso centro carcelario; la reubicación a diverso dormitorio -módulo de castigo-, que atribuyó al Presidente de México y otras. 2. En proveído de diez de mayo de dos mil veintiuno, el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, en el juicio de amparo 477/2021-C-5 determinó desecharla al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos ordinales 6°, del propio ordenamiento legal, y 45 del Acuerdo General 12/2020, toda vez que la demanda de amparo carece de firma electrónica vigente y reconocida, atribuible al promovente. 3. Inconforme, mediante notificación personal realizada al quejoso ., el catorce de mayo de dos mil veintiuno, por el actuario judicial adscrito al Juzgado Decimoquinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en el interior de la Penitenciaría en la Ciudad de México, indicó que en ese momento interponía recurso de queja en contra de la determinación que desecha su demanda de amparo. Por su parte, el quejoso ., no hizo alguna manifestación. 4. Medio de impugnación del que correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, que en sesión ordinaria por videoconferencia vía remota de once de junio de dos mil veintiuno, en el recurso de queja 156/2021 resolvió: ".39.En efecto, en lo referente a la orden de traslado de un centro penitenciario a otro; es de precisarse que, antes de la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuando no se contaba con una legislación especial que regulara la emisión de la orden de traslado, ni se preveía algún recurso para su impugnación, únicamente se tenía como parámetro verificar que la orden de traslado fuera calificada por una autoridad jurisdiccional de manera previa a su ejecución, y por ello, cuando el traslado se ejecutaba sin cumplir esa previsión, se consideraba un acto emitido fuera de procedimiento; y por ende, se debía de conceder la suspensión de oficio y de plano. 40. Ahora, ante la nueva regularización legal que opera en materia de traslados penitenciarios, las ordenes de traslado están sujetas a un procedimiento (plazos y reglas) indicado en la Ley Nacional de Ejecución Penal11, y por lo tanto, ya no se pueden considerar como actos dictados fuera del procedimiento; lo que trae como consecuencia que la orden de traslado ya no se encuentre prevista en los supuestos contemplados dentro del artículo 22 Constitucional y del numeral 15 de la Ley de Amparo, como de manera legal lo indicó el Juez de Distrito. (.) 43. Respecto al acto reclamado consistente en el cambio de módulo o celda o dormitorio, la determinación del juez de Distrito de desechar la demanda en su contra es conforme a derecho, ya que no constituye un acto de los enumerados en el artículo 15 de la Ley de Amparo ni se trata de uno prohibido por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino es una consecuencia de la orden de traslado que ya no es considerado un activo privativo de libertad fuera de procedimiento. 44. En otra parte, si bien en la demanda de amparo se aduce que los quejosos resentirán discriminación por condición, riesgo a la salud, a la vida, a la integridad y dignidad humana, angustia, dolor psíquico, amenazas, represalias e intimidación, así como actos prohibidos por los artículos 15 de la Ley de Amparo y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; no se trata de actos destacados, sino de derechos que a juicio de los quejosos se verán afectados con el traslado y reubicación en diverso lugar. 45. No obstante, de la lectura a los resolutivos de la demanda de amparo, se aprecia que se menciona lo siguiente: "[.] PRIMERO. Se solicita inspección judicial de archivos de la penitenciaria cdmx de los certificados médicos de cinco a treinta de diciembre de dos mil veinte que obran en expedientes 3634 y 5628 del servicio médico bitácoras de los dormitorios cuatro ocho y nueve y servicio médico de la penitenciaria cdmx de fecha cinco a treinta de diciembre de dos mil veinte. SEGUNDO. Se ofrecen como pruebas las denuncias en carpetas judiciales ante la FGJCDMX entre ellas la fsp-888-03/2021 y fsp-bt2- 0694-03/2015 interpuestas por diversos delitos cometidos por las responsables, por subordinados contra los quejosos. TERCERO. Se solicita inspección judicial de las fes actuariales de los vestigios de tortura de fechas de 7 a 30 de diciembre de dos mil veinte. [.]" Énfasis añadido. 46. Como puede apreciarse, existe una causa de pedir en relación con la investigación de actos de tortura, por lo que debe tenerse como acto destacado de manera autónoma, caso en que los órganos jurisdiccionales que conocen del juicio de amparo, se encuentran obligados a investigar dichas alegaciones allegándose de todos los elementos necesarios para poder determinar si se tiene por acreditada la misma. (.) 49. En ese tenor, con fundamento en los artículos 103 y 126, primer párrafo, de la Ley de Amparo, resulta procedente que este tribunal colegiado conceda la suspensión de plano y de oficio únicamente al recurrente quejoso ., respecto de los actos de tortura que pudiera estar resintiendo y que pueden materializarse a través de la violencia física o moral. 50. En consecuencia, con fundamento en el artículo 103 de la Ley de Amparo, procede declarar parcialmente fundado el recurso de queja. (.) 53. En términos de lo expuesto en la parte final del considerando que antecede, de conformidad con los artículos 103 y 126 de la Ley de Amparo, así como 22 constitucional, este órgano colegiado determina que resulta procedente conceder la suspensión de plano respecto de los actos de tortura que pudiera estar resintiendo el quejoso . II. Efectos 54. La presente suspensión de plano, se concede para el efecto de que las autoridades responsables que están en contacto directo con el quejoso, mismo que se encuentra interno en la Penitenciaria de la Ciudad de México, como son: 1) Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social OADPRS; 2) Comité Técnico de la Penitenciaria CDMX; 3) Subsecretaria del Sistema Penitenciario CDMX; 4) Director Ejecutivo de Seguridad Penitenciaria CDMX; 5) Director de la Penitenciaria CDMX; 6) Subdirector de Seguridad de la Penitenciaria CDMX; 7) Subdirector de Apoyo Técnico de la Penitenciaria CDMX; 8) Jefe de la Unidad Departamental del Centro de Diagnóstico Ubicación y Determinación del Tratamiento de la Penitenciaria CDMX, todas con residencia en la Ciudad de México; cesen de inmediato la ejecución de los actos de tortura que pudiera estar resintiendo el quejoso como es realizar cualquier acto de violencia física o moral, y se abstengan de realizarlos. 55. Finalmente, con base en lo antes desarrollado, se ordena al Juez Quinto de Distrito en el Estado, para que provea lo que estime conveniente en relación con la demanda de amparo promovida por el aquí recurrente, en términos de lo establecido en los artículos 15, 48 y 115 de la Ley de la Ley de Amparo. (.)" 5. En tal virtud, el catorce de junio del año en curso, el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, declino competencia, al estimar que el acto de tortura se puede estar ejecutando en contra del aquí quejoso por parte de las autoridades responsables que están en contacto directo con él, de donde refirió se desprende tiene su principio de ejecución y continúa ejecutándose en la Ciudad de México. 6. Remitiéndose el asunto al Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en esta entidad, que por auto de veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno lo registró bajo el juicio de amparo 1056/2021, no aceptó la competencia por materia al corresponder conocer del asunto a un juzgado en materia penal y ordenó devolver los autos a su homólogo en el Estado de Quintana Roo. 7. En tal virtud, el tres de septiembre de la anualidad que transcurre el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Quintana Roo nuevamente declinó competencia en el juicio 477/2021-C-5, ordenando la remisión de los autos vía interconexión al Juzgado de Distrito en Materia Penal en esta Ciudad. 8. Por cuestión de turno, correspondió conocer a este juzgado, que por auto de veinte de septiembre siguiente, se avocó a su conocimiento y requirió al quejoso a efecto de que precisara qué conductas de autoridad ha resentido en su esfera física y/o mental y que, a su consideración, estima constitutiva de actos tortura. 9. Previa asesoría de la defensora pública asignada en este juicio constitucional, . la desahogó en los siguiente términos: El acto reclamado de tortura, consiste en que el: a. Cinco y once de diciembre de dos mil veinte, agresión física, ocasionando lesiones físicas. b. Nueve de diciembre de dos mil veinte, caso omiso de la pretensión de denunciar actos de tortura. c. Diez, veinte, veintiuno, veintidós y veintitrés de diciembre de dos mil veinte, intimidación y amenazas. d. Doce, dieciséis y veintiuno de enero de dos mil veintiuno, agresión física y verbal. e. Doce, diez, ocho y cinco de mayo de dos mil veintiuno, agresión física e intimidación. f. Cuatro de julio (sin especificar año), tortura emocional. g. Veinte de septiembre de dos mil veintiuno, desobediencia de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. h. Veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, intimidación. i. Trece de octubre de dos mil veintiuno, intimidación, amenazas. Que atribuyó al: 1) Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social OADPRS; 2) Comité Técnico de la Penitenciaria CDMX; 3) Subsecretaría del Sistema Penitenciario CDMX; 4) Director Ejecutivo de Seguridad Penitenciaria CDMX; 5) Director de la Penitenciaria CDMX; 6) Subdirector de Seguridad de la Penitenciaria CDMX; 7) Subdirector de Apoyo Técnico de la Penitenciaria CDMX; 8) Jefe de la Unidad Departamental del Centro de Diagnóstico Ubicación y Determinación del Tratamiento de la Penitenciaria CDMX, todas con residencia en esta ciudad. DESECHAMIENTO: En el caso, este juzgador advierte que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XII, en relación con los ordinales 5, fracción I y 6, todos de la Ley de Amparo, porque atendiendo a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, como lo plantea, no se trata de actos que produzcan una afectación real y actual a la esfera jurídica de la parte quejosa. Dichos numerales, son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]" "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley." De donde se advierte, que para la procedencia del juicio de amparo, el acto reclamado ha de causar un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando aquel lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, lo que de manera concomitante es lo que da cause a la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse de forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse de forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto reclamado es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y actualmente sus bienes jurídicos. Luego, debe haber una afectación real y actual, esto es, el acto reclamado ha de causar una afectación al interesado, en el aspecto más amplio de tutela de derechos fundamentales, el que puede haberse producido, estarse efectuando en el momento de la promoción del juicio, o ser inminente, no simplemente eventual, aleatorio o hipotético. Siendo que en el particular, como se anticipó, el quejoso instó el presente juicio de amparo, el trece de febrero de dos mil veintiuno, contra actos de tortura (acto destacado por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito en el recurso de queja 156/2021), lo que originó se le previniera a efecto de que precisara qué conductas de autoridad ha resentido en su esfera física y/o mental y que, a su consideración, estima constitutiva de actos tortura y, en desahogo refirió: ".1. 5 y 11 de diciembre de 2020, agresión física, ocasionando lesiones físicas; 2. 9 de diciembre de 2020, caso omiso de la pretensión de denunciar actos de tortura; 3. 10, 20, 21, 22 y 23 de diciembre de 2020, intimidación y amenazas; 4. 12, 16 y 21 de enero de dos mil veintiuno, agresión física y verbal; 5. 12, 10, 8 y 5 de mayo 2021, agresión física e intimidación; 6. 4 de julio (sin especificar año), tortura emocional; 7. 20 de septiembre de 2021, desobediencia de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; 7. 29 de septiembre de 2021, intimidación; 8. 13 de octubre de 2021, intimidación, amenazas." De donde se advierte que no se tratan de actos reales y actuales, a efecto de la procedencia del juicio de amparo, atendiendo, se insiste, a la fecha de la presentación de la demanda. Conclusión a la que se arriba, sin soslayar las conductas señaladas en diciembre de dos mil veinte y enero de la anualidad en curso, que si bien pudieron haberse producido; empero, el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, al resolver el recurso de queja 156/2021, convalidó el desechamiento de la demanda por parte del Juez Quinto de Distrito en el Estado de Quintana Roo en el juicio de amparo 477/2021-C-5 respecto de la orden de traslado a diverso centro carcelario; la reubicación a diverso dormitorio -módulo de castigo-, que atribuyó al Presidente de México y otras y, en lo que interesa, resolvió que la discriminación por condición, riesgo a la salud, a la vida, a la integridad y dignidad humana, angustia, dolor psíquico, amenazas, represalias e intimidación, así como actos prohibidos por los artículos 15 de la Ley de Amparo y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que señaló; no los reclamó como actos destacados, sino de derechos que a juicio de los quejosos se verían afectados con el traslado y reubicación en diverso lugar, respecto de los cuales como se dijo, el juicio de amparo se desechó. A más de lo anterior, de una revisión al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) se advierte la existencia de los juicios de amparo 766/2020 del índice del Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta entidad y el diverso 74/2021 de los registros del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Quintana Roo, Cancún, promovidos por . contra actos de tortura. Lo anterior, constituye un hecho notorio de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2014, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de Judicatura Federal publicado, a través del cual, se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, con el objeto de generar una infraestructura suficiente para salvaguardar el derecho fundamental de una administración de justicia pronta, expedita, completa e imparcial, además, generar en los juicios de amparo certeza a las partes al integrar y acceder a un expediente de forma electrónica; lo anterior, en estrecha relación con los diversos Acuerdos Generales 29/2007 y 28/2001, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determinan el uso obligatorio del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En esas condiciones, con apoyo en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se ordena imprimir del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), las sentencias dictadas en los juicios de amparo de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. Es aplicable la tesis I.10o.C.2 K (10a.), Décima Época, de Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 2187, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo III, libro 18, mayo de 2015, conforme a los datos obtenidos de la Red Jurídica Nacional, de rubro siguiente: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS RESOLUCIONES DE LOS ÓRGANOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL QUE SE REGISTRAN EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE)." De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior la primera tesis XIII.3 o.4 consultable en la página 2679, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXII, de Diciembre de 2005, conforme a los datos obtenidos de la Red Jurídica Nacional de rubro: "HECHOS NOTORIOS. LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y LOS JUZGADOS DE DISTRITO PUEDEN INVOCAR OFICIOSAMENTE, COMO TALES, LOS EXPEDIENTES Y LAS EJECUTORIAS DE AQUÉLLOS COMO MEDIOS DE PRUEBA APTOS PARA DETERMINAR QUE SE ESTÁ EN PRESENCIA DE UN JUICIO DE AMPARO QUE RESULTA NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE" Ahora, de la sentencia dictada en el juicio de amparo 766/2020 del índice del Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta entidad, se advierte que se sobreseyó, en términos de la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo sustancialmente por lo siguiente: "(.) En la especie, este juzgador de amparo determina que no existen elementos para determinar la existencia de tortura como vulneración a los derechos humanos de la parte quejosa, así como de otros tratos degradantes tales como las represalias, ya que las diversas autoridades responsables negaron su existencia respecto de los actos que se les atribuyen respectivamente y de las constancias que obran en autos, no se advierte dato que permita demostrar su existencia, por lo que se expone a continuación. Obra en autos una razón actuarial de veintiuno de diciembre de dos mil veinte (foja 104), en la que la fedataria judicial adscrita a este Juzgado, en cumplimiento a la diversa diligencia ordenada por el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en Ciudad Valles, en el juicio de amparo 451/2020 de su índice, asentó lo siguiente: "(.) siendo las once horas con veinticinco minutos del veintiuno de diciembre de dos mil veinte, (.) me fue informado al momento de la notificación, el quejoso . manifiesta tener moretones en el cuerpo, esto es en brazos, piernas y abdomen, mismos que fueron mostrados a la suscrita (.).". Sobre el tema, es importante señalar que la notificación a las partes, es considerada como una formalidad esencial del procedimiento a que se refiere el artículo 14 constitucional. En este aspecto cobra relevancia la fe pública con la que cuenta el actuario judicial al ejercer su función, ya que lo que asienta en las constancias de notificación cuenta con presunción de veracidad; así, cuanta mayor certeza ofrezca los elementos considerados por el notificador, mayor será la garantía en la realización de la diligencia y su validez. Si bien, resulta exigible que el notificador asiente una razón pormenorizada de la diligencia, lo cierto es que esa formalidad no debe llevarse al extremo de señalar alguna o algunas características más concretas respecto de las manifestaciones de la parte quejosa y que requieran un análisis concreto de la materia de que se trata, como podría ser la medicina o cualquier otra ciencia, técnica o arte. Por tanto, no resulta indispensable que el notificador o actuario judicial haga una descripción detallada de lo que le manifiesta la parte quejosa, sino que solo es suficiente atender la diligencia que le fue ordenada y sin que ello pueda estimarse que su objeto sea lograr una plena identificación de lo que le expresan las partes; esto, sin perjuicio de que la diligencia evidentemente admitiría prueba en contrario, de manera que si al impugnarla se sostiene lo contrario, es decir, que no obstante lo asentado por el notificador sobre el dicho de la persona con quien se entendió la diligencia, tal aspecto pueda demostrarse. Lo anterior es así, ya que sujetar el desarrollo de la diligencia a formas excesivas podría conducir a invalidar actuaciones que cumplieron su objetivo, por ejemplo, la notificación de diversas actuaciones y asentar lo que se le expone con razonamientos concretos que no son de su materia, lo cual podría representar un exceso actuar manifiesto. (.) Así, en el asunto que se estudia, la actuaria judicial asentó en la razón que practicó, que el quejoso le manifestó que presentaba diversos golpes en las diversas partes de su cuerpo como brazos, piernas y abdomen, mismos que les fueron mostrados. Sin embargo, tal aseveración debió ser probada por éste, en relación directa con los actos que reclama (tortura y represalias), pues resulta en su propio interés recabar y aportar las pruebas necesarias para acreditar los hechos que aduce, pues el contenido de dicha diligencia judicial, como se destacó con antelación, únicamente goza de presunción de validez. No obstante lo anterior, conforme a la naturaleza de los actos que se reclaman, así como la situación que guarda el quejoso al ser parte de un grupo vulnerable, a efecto de determinar o no la veracidad de la manifestación que se realizó ante la fedataria judicial, este juzgador de manera oficiosa se allegó de diversas constancias que integran el expediente clínico del promovente, de los que se desprende lo siguiente: 1. Certificado de estado psicofísico, que se practicó a .., por el doctor Humberto Pastrana N., a las doce horas del veinte de diciembre de dos mil veinte, en el que se concluyó que a su exploración médica no se advirtieron huellas de lesiones externas (foja 259). 2. Certificado de estado psicofísico, que se practicó al quejoso por el doctor "Cervantes", a las diecisiete horas con quince minutos del veinte de diciembre de dos mil vente, del que se concluyó que a su exploración médica no se hallaron huellas de lesiones externas (foja 260). 3. Certificado de estado psicofísico, que se practicó al citado justiciable por el doctor Alonso Rama, a las veintiún horas con veinticinco minutos del veintiuno de diciembre de dos mil veinte, del que se concluyó que a su exploración médica no se encontraron huellas de lesiones recientes externas al momento de la exploración (foja 261). 4. Certificado de estado psicofísico, que se practicó al referido promovente por el doctor Alonso Rama, a los cincuenta y cinco minutos del veintidós de diciembre de dos mil veinte, del que se advierte que a su exploración médica se concluyó: "masculino, despierto, coherente, congruente, orientado, marcha y aliento no característico. Sin huellas de lesiones recientes externas. Sin clasificación de lesiones.". (foja 262). 5. Certificado de estado psicofísico, que se practicó al identificado quejoso por la doctora Estrada, a las veintitrés horas con cincuenta y ocho minutos del veinticuatro de dos mil veinte, del que se advierte que a su exploración médica se valoró medicamente como: "consciente, orientado, marcha normal. Sin huellas de lesiones externas visibles" (foja 263). Como se ve, de los certificados médicos expedidos por profesionales de la medicina, que obran agregados y que adquieren el carácter de documentales públicas, no se desprende la existencia de lesiones, moretones en el cuerpo como brazos, piernas y abdomen del quejoso los días veinte y veintidós de diciembre de dos mil veinte, esto es, un día antes y uno después de aquel en que el promovente "se los mostró" a la actuaria judicial. (.) De esta manera, ante el planteamiento de tortura, como se ha venido señalando, no se aprecian diagnósticos de lesiones físicas o psicológicas originadas por tratos degradantes de las autoridades responsables en su perjuicio, pues no se advierte que se haya obtenido una confesión o información para castigar o intimidar, o para cualquier otro fin que tenga por objeto menoscabar la personalidad o la integridad física y mental de la persona(.)" Mientras que del diverso 74/2021 de los registros del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Quintana Roo, Cancún, se obtiene que se tuvo por no presentada la demanda, porque el quejoso no desahogó la prevención formulada respecto a que aclarara el acto de tortura y autoridades a las que en específicos los atribuía. De donde se advierte que ha habido pronunciamiento respecto a actos relacionados con tortura, previo a la interposición del presente juicio de amparo. Por lo que hace a los actos precisados en mayo, julio, septiembre y octubre de este año, debe decirse que si bien, el propio tribunal colegiado destacó a la tortura como acto autónomo, respecto del que concedió la suspensión de plano también lo es que, dicha medida cautelar obedeció a la necesidad de tutelar derechos fundamentales de especial relevancia de ataques que consumarían irreparablemente la violación en perjuicio del quejoso, haciendo imposible su restitución a través del juicio de amparo; de ahí que, dicha medida al igual que el amparo, procede contra aquellos actos reales, actuales o inminentes, no contra futuros, inciertos o eventuales, pues ello, además que trastocaría el principio de agravio personal y directo, haría el juicio de amparo interminable. Así, la medida cautelar se concedió respecto de actos que se estaban ejecutando en el momento de la presentación de la demanda, no de actos futuros, por lo que, si con posterioridad, como es el caso, ocurren actos distintos, los cuales se pretenden incorporar a la litis en el desahogo de la prevención formulada, aunque puedan denominarse de la misma manera, que no son consecuencia ni derivados de los señalados inicialmente como reclamados, sino que tienen autonomía propia; en consecuencia, el juicio de amparo respecto de ellos es improcedente, ya que los actos deben ser actuales respecto a la fecha de presentación de la demanda de derechos fundamentales. Cabe destacar que esta determinación no deja en estado de indefensión a la parte quejosa, pues a fin de no hacer nugatorio su derecho, por auto de veinte de septiembre del año en curso, se digo vista al agente del Ministerio Público respecto de los actos de tortura que refirió; así también, de la certificación de cuenta, se obtiene que por lo menos del uno de diciembre de dos mil veinte a la fecha, el quejoso . ha promovido por lo menos cuatro mil ciento cuarenta dos juicios de amparos indirectos, esto casi a diario y vía electrónica, donde reclaman actos semejantes como los de la presente demanda de amparo y actos previstos en el artículo 22 constitucional, tanto en este circuito como en diversos del país, en los que se ha concedido la suspensión de plano y respecto de los cuales se han emitido diversos criterios, tanto por los Juzgado de Distrito como por los Tribunales Colegiados, en cuanto a la procedencia o no de esos asuntos. Resultando el más reciente el emitido en el juicio de amparo 505/2021 del índice de este juzgado, que también resulta un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en el que el veintiuno de junio del año en curso, al avocarse del asunto, se desechó la demanda al no actualizarse el principio de instancia agraviada, criterio que en la queja 114/2021 el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito compartió aunque por diversos motivos, al resolver el veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, que al carecer la demanda de la evidencia criptográfica de la firma electrónica del promovente . que se ostentó como representante legítimo del ahora aquí también quejoso (quien también es el que promueve del presente asunto en los mismos términos), se actualizaba la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación con el 6, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo y el diverso 107, fracción I de la Carta Magna y, respecto de los actos de tortura que refirió se señaló que lo procedente era que se diera vista a la representación social federal de la adscripción, para que iniciara una investigación diligente entorno a los probable hechos relacionados con actos de tortura alegados por el quejoso. Por lo expuesto, al actualizar de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5, fracción I y 6, todos de la Ley de Amparo; de ahí que, con fundamento en el diverso 113, se desecha la demanda de amparo materia del presente juicio, respecto del acto de autoridad reclamado. Notifíquese personalmente.
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