CARLOS ALBERTO ANGELINO BARRON y Otros.

Expediente 676/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
676/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
07/09/2021

Partes del expediente

  • CARLOS ALBERTO ANGELINO BARRON y Otros.
  • Carlos Alberto Angelino Barron

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el oficio signado por el Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Tampico, recibido vía electrónica en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), mediante el cual acusa recibo del diverso oficio por el que se le remitió el juicio de amparo 676/2021-III, promovido por ., en representación de .; del cual implícitamente informa que acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del juicio antes citado; en consecuencia, agréguese a los autos para que obre como corresponda. Por otra parte, visto los informes de cumplimiento a la suspensión de plano rendidos por las autoridades responsables; remítanse los mismos al Juez Noveno de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Tampico, lo anterior previa copia que de los mismos se deje en autos para constancia legal. Solicítese al Juez Noveno de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Tampico, remita el acuse de recibo correspondiente, vía correo electrónico (5jdo1ctoap@correo.cjf.gob.mx) y estafeta. Hágase del conocimiento de las partes que el presente asunto, es susceptible de depuración, en virtud de que el presente cuaderno de antecedentes fue formado por una determinación de incompetencia.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ., en representación de ., contra actos del Director de la Penitenciaría de la Ciudad de México y otras autoridades, fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número 676/2021-III. Ahora bien, este Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, se declara incompetente para resolver el juicio de amparo, al actualizarse la hipótesis contemplada por el artículo 38 de la Ley de Amparo. Para sostener lo anterior, debe partirse del conocimiento de que la parte quejosa señala como autoridades responsables, entre otras, a las siguientes: 1. "Jueces de distrito de amparo en materia penal de cdmx del primero al décimo sexto". 2. "Jueces de distrito de Aguascalientes Colima Chiapas Campeche Chihuahua Coahuila Durango estado de México Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco Morelos Michoacán Nayarit Nuevo León Oaxaca Puebla Quintana Roo excepto Cancún Querétaro Sinaloa Sonora San Luis Potosí Tlaxcala Tamaulipas excepto juzgado noveno de Tampico Tabasco Veracruz Yucatán Zacatecas (sic)". Ahora bien, en cuanto a las autoridades responsables que señala como "Jueces de distrito de amparo en materia penal de CDMX del primero al décimo sexto", es de colegirse que se trata de los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, entre los que se encuentra este órgano jurisdiccional, ello conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. De ahí que, partiendo de la forma que se encuentra planteada la demanda y a que se atribuyen los mismos actos a todas las autoridades, debe atenderse al sentido de indivisibilidad, siendo por tanto evidente que este juzgado de distrito no puede conocer de la demanda de amparo promovida por ., en representación de ., al ser señalado como autoridad responsable. En consecuencia, con apoyo en los artículos 38 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado considera que carece de competencia para conocer de la demanda de que se trata. Puntualizado lo anterior, es oportuno destacar que de la demanda de referencia se advierte que la parte quejosa también señaló como autoridades responsables a los "Jueces de distrito de Aguascalientes Colima Chiapas Campeche Chihuahua Coahuila Durango estado de México Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco Morelos Michoacán Nayarit Nuevo León Oaxaca Puebla Quintana Roo excepto Cancún Querétaro Sinaloa Sonora San Luis Potosí Tlaxcala Tamaulipas excepto juzgado noveno de Tampico Tabasco Veracruz Yucatán Zacatecas"; por lo cual un juez de Distrito de aquellos circuitos, también podría encontrarse impedido para avocarse al conocimiento de la demanda de amparo. En consecuencia, la demanda de amparo que promovida por ., en representación de ., debe conocer el Juzgado Noveno de Distrito del Estado de Tamaulipas, con residencia en Tampico, en razón de que resulta el más próximo a la residencia de este circuito judicial, excluyendo los circuitos también señalados como responsables. Por tanto, con fundamento en los artículos 38 y 48 de la Ley de Amparo, y en los numerales 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la suscrita Juzgadora Federal se declara incompetente para conocer de la referida demanda de amparo; y se ordena remitir el presente juicio de amparo, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Estado de Tamaulipas, con residencia en Tampico, para que sea turnada al Juzgado Noveno de Distrito del Estado de Tamaulipas, con residencia en Tampico, para que si lo estima procedente, se avoque al conocimiento del mismo, solicitándole se sirva acusar el recibo de estilo, previo cuadernillo de antecedentes que se deje como constancia. Sin que sea impedimento para darle el trámite correspondiente a la demanda de amparo que nos ocupa, el hecho de que carezca de firma electrónica; dado que en la misma se reclaman diversos actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, se concede a los directos quejosos ., la suspensión de plano de los actos reclamados consistentes en la tortura psicofísica y psicoemocional; así como los prohibidos por el artículo 22 constitucional; y para el debido cumplimiento de esta suspensión, prevéngase a únicamente a las siguientes autoridades responsables: Director de la Penitenciaria de la Ciudad de México, Subdirectora de Apoyo Técnico de la Penitenciaria de la Ciudad de México, Subdirector Jurídico de la Penitenciaria de la Ciudad de México, Subdirector de Seguridad de la Penitenciaria de la Ciudad de México, Comité Técnico de la Penitenciaria de la Ciudad de México, Jefatura de Unidad Departamental del Centro de Diagnóstico, Ubicación y Determinación del Tratamiento de la Penitenciaria de la Ciudad de México; para que de inmediato se abstengan de llevar a cabo dichos actos o cualquier otro de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, con la prevención a las mencionadas autoridades responsables para que dentro del término de veinticuatro horas hagan del conocimiento de este Juzgado de Distrito la forma y términos en que den cumplimiento a la suspensión aquí decretada; en la inteligencia que la violación a esta medida suspensional entraña la comisión de un delito conforme a lo dispuesto por el artículo 262 de la Ley de Amparo, por lo que de consumarse los mismos, de inmediato se dará vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación para los efectos legales a que hubiere lugar. En la inteligencia de que únicamente se requiere el cumplimiento a la suspensión de plano a las citadas autoridades; debido a que se estima que son las únicas que tienen injerencia con los actos por las que se concede la medida suspensional, al ser aquéllas las relacionadas con el lugar de reclusión del quejoso. En la inteligencia, que la integridad física de los quejosos ., es estricta responsabilidad de la autoridad penitenciaría ante la cual se encuentran privados de la libertad. Asimismo, atendiendo a que el quejoso señala en esta contienda constitucional actos de tortura en su contra, dese vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a fin de que haga la investigación correspondiente tal y como lo establece el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 1ª. CCVII/2014 (10ª), en la que se establece que cuando una autoridad tenga conocimiento de la manifestación de que una persona ha sufrido tortura o cuando tenga datos de ello, que es lo primero lo que acontece en el caso en concreto, deberá inmediatamente y de oficio, dar vista al ministerio público para que inicie la investigación de manera independiente, imparcial y meticulosa. Sin que haya lugar a conceder la suspensión de plano respecto del acto reclamado consistente en la orden de traslado, lo anterior, puesto que, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que, conforme al modelo actual de judicialización y régimen de penas, la orden de traslado urgente o excepcional ya no constituye un acto que afecte la libertad fuera de procedimiento, pues se cuenta con una regulación especial en la Ley Nacional de Ejecución Penal, que precisa las especificas hipótesis en las que de manera excepcional, se faculta a la autoridad administrativa para que emita y ejecute el traslado de personas privadas de su libertad de un centro penitenciario a otro, bajo requisitos específicos, con plazos precisos, así como para resolver las cuestiones que se den dentro de los centros penitenciarios y con el fin de que la correspondiente autoridad judicial realice el pronunciamiento respectivo. Misma consideración debe realizarse en torno al acto reclamado consistentes en la reubicación, pues se advierte que aquél no es de los contemplados por el artículo 22 constitucional y 15 de la Ley de Amparo; por el contrario, constituyen cuestiones de internamiento respecto de las cuales existe un medio ordinario de defensa previsto por la Ley Nacional de Ejecución Penal, que debe ser agotado previamente a la promoción del juicio de amparo y que prevé la suspensión de los mismos. No obstan las manifestaciones tendentes a señalar que las órdenes de traslado y de reubicación ponen en riesgo grave su vida, salud, la integridad y dignidad personal, así como psicoemocional, actualizándose actos prohibidos por el artículo 22 constitucional y 15 de la Ley de Amparo; pues del contenido de la demanda de garantías no se desprende la ejecución en contra de los quejosos de alguno de los actos previstos en los artículos 22 constitucional y 15 de la Ley de Amparo, por el contrario, los hacen depender del cumplimiento de la orden de traslado o de la reubicación que se pretende ejecutar, por lo que deben considerarse como actos futuros y de realización incierta; máxime, que en párrafos que preceden se concedió la suspensión de plano por los actos prohibidos del artículo 22 Constitucional, señalados por la parte quejosa. Por otra parte, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el centro de reclusión en el que se encuentra interno el directo quejoso. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Amparo, téngase como representante común de la parte quejosa a .; no obstante que no lo hayan señalado en su escrito de demanda, sin perjuicio de que la parte quejosa, si es su deseo, lo sustituya por otro, a través de la promoción correspondiente. En otro tenor, con fundamento en el artículo 21 párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario Judicial adscrito, en días y horas inhábiles a realizar las diligencias que surjan en este juicio de amparo, asimismo, se le faculta para firmar los oficios que se generen en el presente asunto. En otro orden de ideas, al advertirse de la demanda que la parte quejosa señala entre otras, como autoridades responsables a la suscrita y dado que en esta data se concedió la suspensión de plano, en este acto, se rinde el informe en cumplimiento a la suspensión de plano, en los siguientes términos: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 126 de la Ley de Amparo, comunicó para los efectos legales conducentes que: NO SON CIERTOS los actos reclamados por la parte quejosa, en virtud de que este órgano de control constitucional no ha instaurado proceso alguno en contra de los quejosos ., en el que se haya ordenado actos de la tortura psicofísica y psicoemocional; o en su caso, cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como puedan ser penas de muerte, mutilación, infamia, marcas, azotes, palos, tormento de cualquier especie, privación de alimentos y agua, así como tortura, golpes, malos tratos, privación de la vida y ataques a la salud, o cualquier otra pena inusitada y trascendental; ni está entre las facultades legales de esta autoridad emitir o ejecutar alguna resolución de tal naturaleza; por lo que no hay materia para cumplimentar la suspensión de plano concedida a la parte quejosa.

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