Carlos Alberto Angelino Barrón

Expediente 1125/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1125/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
19/12/2022

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Angelino Barrón
  • EDUARDO FLORES CASTRO y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede de la que se advierte, que transcurrió el plazo de cinco días que conceden el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, para interponer recurso de queja contra el auto dictado el siete de diciembre de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo, sin que dicho medio de impugnación se haya interpuesto, en tales condiciones, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la resolución de referencia HA CAUSADO ESTADO; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. ...

  2. Principal

    Ciudad de México, México, trece de diciembre de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con el numeral 2°, únicamente intégrese a los autos el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima, toda vez que en proveído de siete de diciembre de dos mil veintidós, se desechó la demanda de amparo.

  3. Principal

    Ciudad de México, México, siete de diciembre de dos mil veintidós. Visto el oficio y anexo de cuenta remitidos por el Actuario Judicial del Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, mediante el cual envía el acuero emitido en el C.C. 221/2022, así como los autos del juicio de amparo 977/2022, promovido por *****, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima; del que se advierte: "En consecuencia, lo procedente es declarar inexistente el conflicto competencial suscitado entre el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima y el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Madero y remitir loas autos del juicio de amparo indirecto 977/2022 al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México en turno." Acúsese recibo. En esa tesitura, en estricto acatamiento a lo resuelto por la Superioridad, se provee: Con fundamento en los artículos 35 y 48 de la Ley de Amparo y con apoyo en el Acuerdo General 48/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este Juzgado de Distrito se avoca al conocimiento del presente asunto. Vista la demanda de amparo promovida por C**** y otros, contra los actos del Director de la Penitenciaria de la Ciudad de México y otras autoridades, fórmese expediente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y regístrese con el número 1125/2022-V. Ahora bien, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXIII, 113 de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO POR SU MANIFIESTA E INDUDABLE IMPROCEDENCIA, por lo siguiente: ..... En el caso, de la demanda de amparo no se advierte la firma autógrafa ni electrónica de los quejosos Carlos Alberto Angelino Barrón, Edwin Daniel Guerra Córdova, Luis Arturo Zavala Rosas, Luis Gabriel Jop Corzo, José Othón Ramiro Hernández Lima, José Antonio Contreras Chávez, Enrique Mejia Bello, Enrique Alvarado Saucillo, Eduardo Flores Castro, Renan Hidalgo Echazarreta y Eduardo Ampudia Fraustro, conforme a lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Amparo, los diversos 3 a 6 del Acuerdo General Conjunto número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico. Por tanto, es evidente que se actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia, prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el 6°, del mismo ordenamiento legal, relativo al principio fundamental del juicio de amparo de instancia de parte agraviada, dado que sólo puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que esta ley lo permita expresamente, y sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su defensor y, en el caso, la demanda de amparo se equipara a un simple papel que no incorpora expresión de voluntad alguna, en virtud de que la firma entraña la manifestación de ésta, lo que obliga a desecharla. Además, es un hecho notorio que a la fecha en que se emite este acuerdo, el quejoso Carlos Alberto Angelino Barrón y varios de los presuntos quejosos, han promovido desde el uno de enero de dos mil veinte, más de diez mil juicios de amparo indirecto reclamando los mismos actos, lo que implica un ejercicio equivocado de esta garantía constitucional prevista en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues lejos de velar por el respeto y cumplimiento de los derechos fundamentales, está siendo utilizado para impedir la correcta administración y funcionamiento de un centro penitenciario, imposibilitando a las autoridades responsables cumplir con el mandato constitucional, consagrado en el numeral 18 de la Carta Magna, relativo a la operatividad del sistema penitenciario con base en el respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. En consecuencia, ante la inexcusable la falta de firma autógrafa o electrónica, al no observarse que los quejosos se encuentren impedidos para suscribir la demanda de amparo promovida propio derecho, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 6°, 112 y 113, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Sin que sea el caso de tener como representante común a Carlos Alberto Angelino Barrón, pues al no estar firmada la demanda por ninguno de los que aparecen como promoventes, no existe evidencia de que efectivamente hubieran designado al citado con ese carácter. En tal sentido, con apoyo en lo resuelto en la sentencia de quince de diciembre de dos mil veintiuno, en el recurso de queja 193/2021, por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 26, fracción III, y 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo practíquense las notificaciones por lista a los quejosos. De igual forma, con apoyo en la determinación del referido tribunal colegiado, no se hace mayor pronunciamiento, respecto de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO". Con apoyo en los numerales 1, 3, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la resolución que se dicte en este juicio de amparo, constituye información pública y considerando que la misma puede contener información reservada o confidencial, en términos de los artículos 110 y 113 de la citada legislación, se elaborará una versión pública de ella.

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