Carlos Alberto Angelino Barrón y Otros.
Expediente 939/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 939/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 19/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Carlos Alberto Angelino Barrón y Otros.
Actuaciones
- Principal
CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación que antecede de la que se advierte, que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, para interponer recurso de queja contra el auto dictado el seis de octubre del año en curso, por el que se desechó de plano la demanda de amparo, sin que dicho medio de impugnación se haya interpuesto; en tales condiciones, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la resolución de referencia HA CAUSADO ESTADO; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y ARCHÍVESE el expediente como asunto total y definitivamente concluido, se hace la indicación que el presente expediente es susceptible de destrucción, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente.
- Principal
Ciudad de México, México, seis de octubre de dos mil veintidós. Visto el oficio de cuenta, a través del cual el Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, informa el contenido del proveído de tres de octubre del año en curso, dictado en el juicio de amparo 1567/2022 de su índice, y remite los autos originales de dicho juicio, en atención a que ese órgano de control constitucional declinó competencia a favor del Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, en turno; en consecuencia, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 939/2022-IV. Ahora bien, analizadas las constancias que integran el juicio remitido por el homólogo declinante, este juzgado acepta la competencia declinada para conocer de la demanda y se avoca al conocimiento del asunto, dada la naturaleza penal de los actos reclamados, que supuestamente se ejecutan en esta Ciudad. Acúsese recibo y háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Se solicita al Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, la vinculación del juicio de amparo 1567/2022 de su índice. Ahora bien, vista la demanda de amparo supuestamente promovida por El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se actualiza cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo. Lo indudable resulta de la certidumbre que se tenga y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En la demanda de amparo que se provee no se advierte la firma autógrafa ni electrónica de los quejosos ****, conforme a lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Amparo, así como los diversos 3 a 6 del Acuerdo General Conjunto número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico. Por tanto, es evidente que se actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia, prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el 6°, del mismo ordenamiento legal, relativo al principio fundamental del juicio de amparo de instancia de parte agraviada, dado que sólo puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que esta ley lo permita expresamente, y sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su defensor y, en el caso, la demanda de amparo se equipara a un simple papel que no incorpora expresión de voluntad alguna, en virtud de que la firma entraña la manifestación de ésta, lo que obliga a desecharla. En ese sentido, cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, debe estar firmada electrónicamente con la FIREL de la parte quejosa, por lo que no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano. Asimismo, no se advierte que, los actos reclamados, se encuentren en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 22 constitucional, por lo que es indispensable la firma autógrafa o electrónica por parte de los quejosos, representante o persona que promoviera en su favor, ya que precisan combatir el cambio de dormitorio a diversas zonas y estancias; afectaciones psicológicas y emocionales con fines intimidatorios, sin precisar en qué consisten y qué autoridad las ejecuta; la orden de traslado a uno de los Centros de Reinserción Social ubicados en la Ciudad de México o en el interior de la República; ataques y actos de coacción; actos prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Política de loa Estados Unidos Mexicanos y 15 de la Ley de Amparo; intimidación; castigos ilegales y agresiones como medio de represalia; y, discriminación, sin precisar en qué consisten esos actos y qué autoridad los ejecuta. Conviene indicar que, no se observa que los quejosos se encuentren incomunicados, puesto que aparecen como promoventes de la demanda de amparo por propio derecho, lo que hace inexcusable la falta de firma autógrafa o electrónica; consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 6°, 112 y 113, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Además, es un hecho notorio que a la fecha en que se emite este acuerdo, el quejoso **** y varios de los presuntos quejosos, han promovido desde el uno de enero de dos mil veinte, más de diez mil juicios de amparo indirecto reclamando los mismos actos, lo que implica un ejercicio equivocado de esta garantía constitucional prevista en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues lejos de velar por el respeto y cumplimiento de los derechos fundamentales, está siendo utilizado para impedir la correcta administración y funcionamiento de un centro penitenciario, imposibilitando a las autoridades responsables cumplir con el mandato constitucional, consagrado en el numeral 18 de la Carta Magna, relativo a la operatividad del sistema penitenciario con base en el respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Finalmente, la contingencia sanitaria ocasionada por el virus de COVID-19 es una razón necesaria pero no suficiente para eximir a los recurrentes de cumplir con las normas que regulan el juicio de amparo. La pandemia es una realidad evidente y única en su especie que ha obligado al juzgador a analizar los casos concretos desde la perspectiva de que tanto los justiciables como los órganos jurisdiccionales no están en las condiciones ordinarias de trabajo en las que se tramitaría el juicio de amparo. Sin embargo, lo anterior no implica que las normas que lo rigen se invaliden sólo por ese motivo". En consecuencia, la existencia de la pandemia debida al virus COVID19 no puede justificar la falta de firma de la demanda, máxime que los supuestos promoventes lo hacen por propio derecho. De igual forma, con apoyo en la determinación de los referidos tribunales colegiados, no se hace mayor pronunciamiento respecto de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO.". NOTIFÍQUESE POR LISTA, tomando en consideración lo expuesto por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en el recurso de queja 193/2021, pues ante la falta de firma en la demanda, no existe parte quejosa y, por ende, no hay quién haya acudido al juicio. Con apoyo en los numerales 1, 3, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la resolución que se dicte en este juicio de amparo, constituye información pública y considerando que la misma puede contener información reservada o confidencial, en términos de los artículos 110 y 113 de la citada legislación, se elaborará una versión pública de ella.
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